11 de noviembre de 2009

Itakyry: Arcos y flechas contra el crimen organizado de los sojeros y sus representantes parlamentarios




Por Jorge Zárate

El dirigente de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas, acusó al productor sojero Tité Affonso de ser “el propietario del avión” desde el que se roció con veneno a unos 200 indígenas que ocupan unas 2.500 hectáreas de tierras ancestrales y se disputan otras 13.000 con los productores de soja en el distrito Itakyry. Se trata de 150 familias, que se dedican al cultivo de alimentos de autoconsumo como maíz, poroto, mandioca, etc…

“Alfonso es el principal responsable de esta barbaridad”, apuntó Zayas que acusó al sojero de ser “el ideólogo y ejecutor de todos estos atropellos contra indígenas y campesinos” que se dan en distintas zonas del Alto Paraná. “Usan los venenos para sacar a la gente de la tierra con la complicidad de las autoridades”, denunció. “Esta es otra acción de la mafia sojera”, agregó el dirigente. Los hermanos Affonso o Alfonso como se los conoce en la zona, son los vecinos de las comunidades Ava Guaraní de Loma Tajy, Ka’aguy Poty, Ka’aty Miní, Ka’aguy Roky y Formosa del Distrito de Itakyry que fueron rociadas desde un avión para quitarlas de sus tierras.

Como consecuencia de la agresión el líder Luciano Villalba de la comunidad de Ysaty y la adolescente Manuela Candia, de 12 años, se encuentran en grave estado, al igual que otros 5 indígenas, en tanto más de un centenar de miembros de la comunidad presentan malestares crecientes como ser cefalea, tos, gripe, dolor abdominal, molestias oculares, síndrome bronquial obstructiva, parasitosis, mialgias, diarrea y faringitis.

Zayas recordó que Affonso sería perseguido por la justicia brasileña acusado de dar “golpes de seguro”. Según comentó el hombre vendería a sus colegas sojeros máquinas agrícolas de segunda mano que trae del Brasil, mientras en el vecino país se denuncia que las mismas fueron robadas. “Este señor hizo muchísimo dinero, se transformó en un potentado y construyó un edificio que donó a la Fiscalía a cambio de que siempre se designen fiscales que hagan lo que los sojeros quieren y hasta ahora, las cosas son así”, comentó Zayas.

Mientras se espera una imputación por la criminal acción del rociado, el 10/11 la Fiscalía del Medio Ambiente imputó al brasileño Alair Afonso por “eludir medidas de mitigación de impactos ambientales, comercialización y uso no autorizado de sustancias químicas, maltrato de suelo y producción de riegos comunes”.

Según informó el portal democráticamente.com “la denuncia fue presentada por Hipólito Aceval, presidente de la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de la localidad de Loma Tajy, distrito de Itakyry. El fiscal Gustavo Sosa Ibarrola comprobó diversas irregularidades en la propiedad del extranjero que colinda con las tierras de los nativos”.

Agregó que “el cacique de la comunidad Formosa, Cristóbal Gauto, denunció que el 7 de noviembre pasado, al mediodía, una avioneta pequeña que tenía la inscripción “Edson Teixeira” procedió a realizar vuelo rasante fumigando directamente a la citada comunidad. La Fiscalía de Medio Ambiente igualmente pudo constatar que las plantaciones de soja llegan hasta escasos metros de las chozas de los indígenas sin contar con ninguna barrera viva de protección, transgrediendo disposiciones de SENAVE y del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

La organización defensora de la ecología y los derechos humanos, Amnistía Internacional emitió el 10/11 en Londres un comunicado en el que calificó de “preocupante” la actitud de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Ana Mendoza de Acha (PQ).
Allí se habría fijado el 6 de noviembre como fecha para un eventual desalojo que sobre la hora fue frenado por orden judicial. El propio Instituto del Indígena (Indi) cuestionó “la legitimidad de la reunión realizada a instancias de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reunión planteada para defender los supuestos derechos de inversores, en vez de defender los derechos inalienables de la población más vulnerable del Paraguay”.

Lucha histórica
Según informó oficialmente el INDI con su patrocinio, “las comunidades indígenas mantienen desde hace años un conflicto judicial sobre las tierras ancestrales, tituladas por el INDI, contra los brasileños Alair Affonso, Milton Affonzo, Oscar Ofelio Blanco, Carlos Augusto Nobili, Luis Alberto Jackier Cerdan y Mario Schmith. Los señores promovieron una acción de desalojo contra las comunidades indígenas completamente improcedente, razón por la cual la fiscala interviniente fue recusada, y, en consecuencia, el operativo de desalojo suspendido”.

Los ministros de Acción Social, Salud, Niñez y la Adolescencia, Interior, SEAM y el INDI respaldaron a las comunidades Ava Guaraní aunque las acciones se hacen esperar.
“Estas tierras comunitarias cuentan con una escuela a la que acuden los niños y niñas indígenas para cumplir con su escolaridad. Cuentan también con un Centro de Salud y un Jeroky Aty (lugar de culto). Es de extrema importancia destacar que allí también están los cementerios de sus antepasados, dominio sagrado para todos los pueblos guaraníes. Al respecto, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Paraguay por Ley 234/93, en su artículo 5º inc.a) expresa “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente””, expuso el Indi.

Informó a su vez que “se han promovido cinco juicios de nulidades de títulos por parte del INDI. En estos juicios se obtuvieron la medida cautelar de prohibición de innovar, todas ellas comunicadas e inscriptas en la Comandancia de la Policía Nacional, los juicios están pendientes de Resolución. Así mismo, se ha iniciado un juicio autónomo de medida cautelar, obteniendo la prohibición de innovar de hecho y de derecho a favor de las cinco comunidades, amparados en la Ley 43/89, especialmente promulgada para que dichas medidas se otorguen para proteger las tierras indígenas”.

Condenas
La Asagrapa emitió un comunicado en el que se señala: “condenamos este crimen y exigimos al gobierno de Lugo-PLRA que tome todas las acciones necesarias que conduzcan a un castigo ejemplar para los autores de este intento de homicidio masivo. Un atentado de este tipo no debe quedar impune”, dijo. Agregó que “lamentablemente no vemos ninguna medida de este gobierno en contra del uso de agrotóxicos ni a favor de los derechos indígenas”.

Pidieron entonces “medidas firmes y contundentes en contra del latifundio, el agronegocio y el consecuente uso de agrotóxicos. Es preciso poner un freno a las acciones criminales de la mafia sojera, mayormente ligada al narcotráfico, que amedrentan y matan con total impunidad en el campo”.
Recordó entonces que “los indígenas resistieron valiéndose de sus arcos y flechas con tal determinación que los guardias privados tuvieron que retroceder. Ante esta situación, los sojeros sacaron a relucir todo su odio, ensañamiento y desprecio total por la vida de aquellos humildes luchadores. Al estilo Hiroshima y Nagasaki, estos cobardes asesinos hicieron sobrevolar un avión rociando potentes agrotóxicos sobre niños, mujeres, ancianos y toda la comunidad”.

Por su parte, la diputada Aida Robles condenó el hecho: “La situación no es más que el desenlace de una prolongada lucha que las comunidades indígenas vienen manteniendo en defensa de sus derechos sobre tierras que ancestral y legalmente les pertenecen y que pretenden serles arrebatadas, con la complicidad de los órganos judiciales de la zona, por criminales que fungen de productores agrícolas”, expuso reclamando a la fiscalía “una rápida y profunda investigación con la imputación que se merezcan los salvajes que pretenden hacernos retroceder a tiempos que todos quisiéramos olvidar”.

La legisladora recordó que “esta comunidad indígena ha sufrido numerosos y premeditados atropellos, entre los cuales pueden destacarse la destrucción de la escuela y del sagrado cementerio de la comunidad, los que fueron reemplazados por plantaciones de soja”.

5 de noviembre de 2009

Nuevos Archivos del Terror certifican el Operativo Cóndor

Inédito: en una decisión sin precedentes en el continente, las Fuerzas Armadas de Paraguay pusieron a disposición de la justicia archivos que ayudan a probar el funcionamiento del Operativo Cóndor, un verdadero sistema interamericano para torturar y hacer desaparecer a militantes sociales y de la izquierda política durante las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980. El hecho surgió tras la recomendación de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) al presidente Fernando Lugo de abrir los archivos militares existentes para la investigación.
Luego de que el presidente Fernando Lugo dispusiera abrir los archivos militares de las décadas de 1970 y 1980, se catalogaron unas 200 carpetas de todo el material hallado en noviembre de 2008 en los sótanos del Ministerio de Defensa. Entre los papeles, que en su mayoría están en mal estado de conservación, hay registros de los personeros de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) sobre las represiones a las Ligas Agrarias, un movimiento campesino amparado en la Iglesia católica, con centro en el Departamento de Misiones, que fue brutalmente reprimido por la dictadura. Ante el pedido de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) al presidente Fernando Lugo de que se permitieran investigar los archivos militares en el país, se descubrió casi una tonelada de papel. En el operativo trabajó un equipo de especialistas, apoyado por las Naciones Unidas, que aportó las computadoras para sistematizar el trabajo. Se estudiaron unas 10 mil carpetas; 200 de las cuales contienen información que puede ayudar a esclarecer causas de derechos humanos en todo el continente. “Encontramos carpetas que hablan del grupo de inteligencia G2, encargado del Operativo Cóndor. Estos documentos pueden ayudar a investigaciones en otros países del continente y del mundo que investigan estos casos, como España e Italia”, apuntó Norma Barrios, integrante del equipo investigador, del que participan estudiantes de historia y bibliotecología. Los estudios se realizan en el marco de la cooperación entre el Ministerio de Defensa, de Hacienda, el programa de la ONU en Paraguay y la Fundación Celestina Pérez de Almada. Dentro de los archivos también se encontró un conjunto de carpetas históricas con los nombres de los 10.300 bolivianos prisioneros en la Guerra del Chaco de 1932 y detalles de cómo se compraron los barcos de guerra Humaitá y Paraguay. “Esto sería como la segunda parte de los archivos que prueban los vínculos entre los militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay”, expuso el educador Martín Almada, quien en 1992 descubrió los famosos Archivos del Terror. Almada agregó que “es sólo una punta del iceberg, porque existen otros archivos en Latinoamérica que nos van a ayudar a que esto no se repita nunca más”.
Implicancias
“Encontramos documentos originales de cómo el ministro de Defensa informaba a Stroessner de los movimientos subversivos”, resaltó Almada para explicar que estos papeles ayudarían, por ejemplo, en el caso contra el ex ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, que tiene arresto domiciliario y enfrenta seis procesos por delitos de lesa humanidad. El Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, aseguró que designará a un fiscal comprometido a revelar qué puede servir como evidencia en las causas del Estado contra las violaciones a los derechos humanos. En un comunicado público, el Ministerio de Defensa destacó su predisposición a colaborar “con los objetivos y funciones de las diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el debido esclarecimiento de los hechos que afectan a los derechos humanos ciudadanos”.
Las cifras del horror
En su informe final, entregado en agosto de 2008, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) estableció que las víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos entre 1954 y 1989 fueron 20.090 personas. De ellas 19.862 fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 fueron torturadas; 59 ejecutadas extrajudicialmente; 336 desaparecidas y 3.470 exiliadas. Si bien se advierte que una persona pudo sufrir más de una violación y se debe tener en cuenta que en estas cifras existe un enorme sub registro de exilio y de otras formas de violencia como las violaciones de derechos contra mujeres y niñas y la violación sexual, los números no dejan de ser graves. Paraguay tiene poco más de seis millones de habitantes. La CVJ estima que los familiares afectados –víctimas indirectas– fueron 107.987 personas entre familiares y allegados. Los cálculos del número de víctimas comparado con la población total de Paraguay que en promedio fue de 2,5 millones –1,3 en 1950 y 4,1 millones en 1992 y con la población adulta del país, que fue en promedio un millón 250 mil– arrojan los siguientes resultados: se detuvo en forma arbitraria o ilegal al 0,79% de la población total, una de cada 126 personas, uno de cada 63 adultos. Se torturó al 0,75% de la población total: a una de cada 133 personas, uno de cada 67 adultos. Se ejecutó en forma extrajudicial o se hizo desaparecer a una de cada 6.345 personas. Se envió al exilio a 1,4 por mil de la población, una de cada 721 personas. En síntesis, se violó en alguno de sus derechos humanos al 0,80% de la población, a una de cada 124 personas. La Comisión formuló diez denuncias entre mayo de 2006 y marzo de 2008. En su gran mayoría se encuentran en la etapa investigativa y sus abogados luchan por declarar imprescriptibles los delitos presentados por ser crímenes de lesa humanidad.
Desde Asunción, Jorge Zárate



Financistas
Los Archivos del Terror no sólo probaron el Operativo Cóndor, también la complicidad de los capitalistas paraguayos con los objetivos de la dictadura. Un documento esencial está publicado en las páginas 272/273 del libro Es mi informe. Los archivos secretos de la Policía de Stroessner, que escribieron Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González y Rosa Palau Aguilar. La Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL) estaba adherida a la Liga Mundial Anticomunista (Wacl, su sigla en inglés). La delegación paraguaya era presidida por Antonio Campos Alum y tenía como presidente de su comisión de prensa al actual senador colorado Martín Chiola (Asociación Nacional Republicana (ANR), nombre legal del Partido Colorado). El documento consigna los “Aportes comprometidos para el XII congreso de la Wacl, durante el encuentro sostenido con empresarios paraguayos el día 8 de marzo de 1979 en el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (Intn) a las 20.30” y enumera aportes desde 100 mil hasta 1,5 millones de guaraníes de la época de Nicolás Bo, Pilar SA (Alberzonni), Unión Industrial del Paraguay (UIP), Molinos Harineros, Grupo Consultor Alto Paraná, Apal, Repsa, Alberto Antebi, Bosch, Capsa, Aldo Zucolillo, Martel, Pepsi Cola, Hoeckle, Cervecería Paraguaya, Diesa, Coca Cola, Cornelius Walde, Bittar Hermanos, Madimpa, IBR y Juan Manuel Frutos, para totalizar 18,5 millones de guaraníes de la época, más de un millón de dólares.

Hallazgo en Brasil
Documentos con fichas de presos políticos y técnicas usadas contra la subversión durante la dictadura militar brasileña (1964-1985) fueron hallados en San Pablo. Este material refuerza la hipótesis de un plan represivo sistemático, tesis que es desmentida hasta ahora por las Fuerzas Armadas. El material fue encontrado en la estancia Boa Sorte, ubicada en Jaborandi, San Pablo y consta de fichas sobre 86 opositores al régimen militar y un Manual de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo, que actuaba en la represión política. La estancia era propiedad del ex comisario Tácito Pinheiro Machado El Manual de Subversión y Contra Subversión, señala el diario Estado de São Paulo, contiene indicaciones reveladoras sobre el accionar de los grupos represivos. Entre tanto, el gobierno lanzó una campaña televisiva alentando a la denuncia de hechos y entrega de materiales sobre los años de la dictadura. “El descubrimiento puede cambiar el rumbo de las pesquisas sobre la dictadura militar”, expuso el diario paulista, recordando que cada vez que los comandantes de las Fuerzas Armadas son consultados, aducen que los documentos de la dictadura “fueron quemados”. Brasil tiene un retraso importante en relación a otros países en la revisión del accionar de la dictadura, a tal punto que recién durante 2007 el gobierno del presidente Lula Da Silva consiguió editar un libro con testimonios de familiares de víctimas y ex presos políticos.