Por Jorge Zárate para América XXI (www.americaxxi.com.ve)
Desafío: a partir de los contratos firmados el 16 de agosto entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y Petróleos de Venezuela, Pdvsa se comprometió a entregar el combustible a consignación y con su propia flota. Los sectores de poder, vinculados al transporte y a la comercialización del hidrocarburo, se oponen a estos convenios porque representan la suspensión de ganancias extraordinarias. Actualmente el déficit del gasoil subsidiado, que llega a los 200 millones de dólares por año, es cubierto por el Tesoro Nacional. Los acuerdos serán analizados por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y si son aceptados pasarán a la Cámara Baja. El movimiento campesino, aglutinado en el Frente Social y Popular, anunció que se movilizará al Congreso para exigir la aprobación de los tratados.
Cuando el 16 de agosto pasado los presidentes Fernando Lugo y Hugo Chávez signaron los acuerdos de provisión de combustible, viejos esquemas comenzaron a crujir en Paraguay.
Según los convenios, “Petropar y Pdvsa unirán esfuerzos que aseguren la capacidad de almacenamiento y control de la distribución de productos refinados del petróleo”. La petrolera del Estado venezolano garantizó la provisión de 70 mil metros cúbicos de gasoil que ayudarán a sostener bajos costos para la producción agrícola y el movimiento de las ciudades (más del 80% del parque automotor se moviliza con este combustible). El presidente Chávez se comprometió a proveer a Paraguay “hasta la última gota de petróleo que necesite en este siglo para el desarrollo de su pueblo, su industria y su agricultura”.
Cíbar Granada, presidente de Petropar, afirmó que el beneficio mayor de los acuerdos es que el combustible será entregado a consignación, es decir, sólo se pagará lo que efectivamente se use. Tendrá también ventajas logísticas porque Pdvsa ofreció entregar el combustible con su propia flota, cuestión que preocupa a quienes obtienen ganancias con el transporte del hidrocarburo. Se estima que la empresa petrolera tiene una deuda de alrededor de 350 millones de dólares generada principalmente por el gasoil subsidiado, los altos costos de la importación de combustibles y los sobreprecios de los fletes externos e internos. La cuestión del subsidio es un elemento central en esta pérdida: el combustible se vende a 4.725 guaraníes por litro de gasoil (alrededor de 1,20 dólares) y Petropar subsidia con 0,25 centavos de dólar por litro. Esto establece un déficit de más de 200 millones de dólares al año que es cubierto por el tesoro nacional.
Contra las multinacionales
Héctor Fleitas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petropar (Sitrappar) dejó en claro que el gesto de Chávez ayudó a preservar la continuidad de la petrolera, coto de caza pretendido por las empresas transnacionales. “El acuerdo tiene ventajas importantes”, señaló.
Los empresarios le temen al llamado Acuerdo Energético de Caracas, firmado en 2004 e impulsado por Sitrappar, que contempla la posibilidad de la financiación de la deuda de Petropar a 15 años de plazo, a una tasa de interés de 2,3%, con dos años de gracia. “Este mismo fondo puede ser utilizado para la capitalización de la empresa local; la estatal venezolana se estaría haciendo cargo de la deuda”, comentó Fleitas.
“La petrolera estatal es una empresa que necesariamente debe seguir funcionando porque si hoy se libera totalmente el mercado, sin tener ningún tipo de participación en el precio, el sector podría concentrarse en unas pocas empresas distribuidoras y sería muy perjudicial”, agregó Guggiari, presidente de la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa). Algo parecido señaló la Asociación Nacional de Derivados del Petróleo al vicepresidente Federico Franco: “Vinimos a manifestarle nuestra preocupación, pues hay aparentemente un proyecto de ley en donde uno de los puntos dice que puede llegar a desaparecer Petropar”, dijo Fernando Berdichevsky, titular del gremio.
La petrolera paraguaya todavía no tiene estaciones de servicio con las que vender el combustible a consumidor final, dato que sirve para dar una idea de la fuerza del lobby empresario en el que se destacan la brasileña Petrobrás, la americana Esso y distintos emblemas nacionales como Barcos y Rodados, Petrosur, Lubripar/Texaco, Copeg, Compasa, Gas Corona e Integral, entre otras.
El negocio de los fletes
Desde la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines se dice que el gasoil debería venderse a su valor real de mercado, a través de una fórmula que sea ajustada mensualmente de acuerdo con las variantes del precio externo y del tipo de cambio. “Puede ser que el precio subsidiado del gasoil le pueda caer bien a algunas personas, pero llegado el momento perjudicará a todos, ya que la deuda que arrastrará Petropar será saldada finalmente por todos los que, de alguna manera, estamos pagando impuestos”, afirmó Guggiari.
En Sitrappar están a favor de precios diferenciados para el gasoil, eliminando el subsidio al agro, sector con ventajas impositivas considerables y estableciendo un sistema para el transporte, ya que la liberación del precio impactaría sobre el costo del pasaje de ómnibus, un elemento de alto impacto en los salarios de los trabajadores, en la canasta alimenticia y en la inflación en general.
El transporte de los combustibles, antes de la privatización de la flota mercante nacional, era realizado por barcazas del Estado que agregaban al precio final sólo la tasa de costo desde el Río de la Plata hasta los puertos de la Gran Asunción. Hoy ese flete fluvial es realizado por empresas navieras que son contratadas por licitaciones públicas siempre envueltas en denuncias de corrupción con elevados sobrecostos. Además hay otros fletes como el transporte de gasoil a la Planta de Hernandarias y de alcohol desde la Planta de Mauricio Troche hasta Villa Elisa, sede de Petropar, que se hace a través de empresas de flete terrestre cuando la empresa petrolera bien podría tener sus propios camiones. No es ningún secreto señalar que si el gobierno de Fernando Lugo atendiera estos dos problemas con decisión, gran parte del déficit de la petrolera estatal quedaría subsanado.
A futuro
Técnicos de Pdvsa tienen prevista una visita a la Refinería de Villa Elisa para incrementar su capacidad de refinación ya que actualmente procesa siete mil barriles de petróleo que pueden aumentar hasta 12 mil con adecuaciones tecnológicas en las que la petrolera venezolana se comprometió a colaborar.
El temor de los factores de presión es que Paraguay desarrolle una política petrolera que los deje sin el extraordinario negocio de cobrar por llevar y traer combustible y venderlo al consumidor final. Por eso se oponen a que Petropar tenga estaciones de servicio o que realice acuerdos con Pdvsa o cualquier otra petrolera grande para la prospección y exploración de petróleo crudo y gas natural en el territorio nacional.
Si prospera la adecuación técnica de la refinería de Villa Elisa, Petropar tiene planes para aumentar la producción de alcohol en la planta de Mauricio José Troche, reactivar la planta de gas licuado de petróleo, aumentar la producción de biodiesel, establecer plantas de almacenamiento y despacho de combustibles en el interior del país e intervenir en el mercado de Kerosene Jet y Fuel Oil. En todo ello puede ayudar Pdvsa. Cuando se rompen las cadenas, es inevitable que se escuchen ruidos.
(RECUADRO)
La reacción de la derecha
El presidente Fernando Lugo insistió en explicar que los acuerdos firmados con Venezuela fueron puestos a conocimiento del Congreso paraguayo y que están a disposición de la opinión pública, incluso, en la página web de la Presidencia (www.presidencia.gov.py).
Insistió a su vez que el ejecutivo solicitará la aprobación de estos acuerdos “en tanto y en cuanto veamos las urgencias y la necesidad del país”. Dejó así nuevamente fuera de juego al vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (Plra) que había comentado: “No conozco su contenido sólo me enteré por los medios de comunicación”. Franco dijo que el jefe de Estado no le remitió la copia y que se enterará recién de los pormenores cuando los 13 instrumentos suscriptos entre ambos países sean remitidos al Congreso.
Los acuerdos deberán ser analizados por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que elevará un dictamen para luego poner a consideración del plenario; si es aceptado pasará a ser analizado en la Cámara Baja.
Los acuerdos tienen un sólido apoyo campesino. Los dirigentes Luis Aguayo y Jorge Galeano, del Frente Social y Popular, anunciaron que se movilizarán del 4 al 6 de noviembre para exigir que el Congreso apruebe los convenios firmados el 16 de agosto. Los campesinos fundaron el pedido en los beneficios que establecen los acuerdos: el funcionamiento de una escuela agraria y cooperaciones de carácter productivo y energético.
“Los contratos forman parte de una columna de desarrollo como elementos para realizar la reforma agraria en nuestro país”, afirmaron Aguayo y Galeano.
Por su parte, el principal diario del país ABC Color, que tiene una tirada de 35 mil ejemplares por día, publicó en un suplemento que los acuerdos firmados por los presidentes Lugo y Chávez “atarían” la suerte de Paraguay a Venezuela. La polémica resultó inflamada por el propietario del medio de comunicación, Aldo Zucolillo, que tendría interés en la prospección de petróleo en el Chaco Paraguayo y vinculaciones con las empresas que venden y transportan combustibles al Estado.
Por su parte, el diario La Nación dio a conocer que el ex embajador de los Estados Unidos en Paraguay, James Cason volvió al país como director de una nueva compañía de prospección petrolífera denominada Quincy Energy. El diario informa, además, que Cason se reunió con el presidente del Congreso, Enrique González Quintana, perteneciente al partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos de Lino Oviedo, “con la intención de confirmar el interés de dicha firma en obtener un permiso para buscar hidrocarburos en el Chaco”.
“El plan de Quincy Energy apunta a realizar la exploración en zonas aledañas a la localidad chaqueña de Mariscal Estigarribia, sobre una superficie total de más de un millón de hectáreas, según dijo a la prensa el mismo Cason, quien estuvo acompañado, entre otros, por el presidente de su empresa, James Wade”, apunta el diario asunceño. Wade, que lleva 30 años en el mundo del petróleo, anunció que invertirían 15 millones de dólares en la prospección, asociados a la CDS Oil & Gas, que a su vez forma parte de la PetroSaudi Internacional.