Adherentes del Frente Guasu, el movimiento social y político que acompaña al presidente Fernando Lugo, colectaron unas 100 mil firmas para pedir al Congreso que habilite una enmienda constitucional que permita la reelección del mandatario. El Jefe de Estado reiteró que esta posibilidad no está en sus planes políticos, aunque pidió a la oposición atender la voz del pueblo que quiere expresarse dentro de una democracia participativa. La simple hipótesis de un nuevo mandato de Lugo preocupa al poder fáctico paraguayo que se opone a la iniciativa de manera frontal.
“La enmienda abre un camino, pero Fernando Lugo no tiene ningún interés en la reelección”, reiteró en varias ocasiones el Jefe de Estado. La reelección quedó vetada en la Constitución vigente, promulgada en 1992, tras el derrocamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner, quien gobernó entre 1954 y 1989.
Aun así, la polémica se incrementó a mediados de junio con la decisión del Presidente de remover a los ministros de Obras Públicas, Efraín Alegre y del Interior, Rafael Filizzola, dos aspirantes a la primera magistratura de la República en las elecciones de 2013.
Lugo defendió su decisión de separar a ambos ministros al sostener que “las labores del Gabinete deben centrarse en sus objetivos específicos, con resultados tangibles, amplios e incluyentes, honrando de esta manera la confianza de la ciudadanía”. Ambos ministros hacían campaña para sus aspiraciones, pero fundamentalmente, habían manifestado su oposición a la continuidad de Lugo más allá de 2013.
Filizzola fue reemplazado por el comisario retirado Federico Acuña en la cartera de Interior, mientras que en Obras Públicas, Alegre fue sucedido por Cecilio Pérez Bordón, quien hasta ese momento ocupaba el Ministerio de Defensa. El general retirado Catalino Luis Roy Ortiz fue designado, a su vez, para reemplazar a Bordón.
Esta determinación presidencial reavivó las voces de rechazo a una hipotética reelección. Empresarios de la Federación de la Producción, Industria y Comercio (Feprinco) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestaron públicamente su oposición a la enmienda constitucional que impulsan los sectores populares afines a Lugo. Esta postura fue acompañada por los medios de comunicación empresariales, que editorializaron en contra de un nuevo mandato.
El precandidato mejor posicionado del Partido Colorado, Horacio Cartes, declaró: “veo (a Lugo) como parte del eje del mal, ligado a Hugo Chávez (presidente de Venezuela) y Evo Morales (presidente de Bolivia)”.
Este empresario, sospechado de tener vínculos con el narcotráfico, aclaró que no se opone a la figura de la reelección presidencial, pero rechaza la posibilidad de que el presidente Lugo pueda acceder a ella. Un mes antes, el dirigente colorado se había mostrado sin temores sobre esta alternativa reeleccionista.
Cartes adelantó que los 13 diputados y 4 senadores que responden a su movimiento, Honor Colorado, cerrarían el paso a la enmienda. El diario opositor Abc Color completó la idea: “éste (anuncio de Cartes) deja el plan sin mayoría posible en ninguna de las dos Cámaras. Aun si cuentan con el sector de (el dirigente liberal) Blas Llano, sólo tienen hasta ahora cinco votos de los 23 necesarios en el Senado y 13 de los 41 que se requieren en Diputados”.
Las posibilidades de la enmienda, entonces, tendrán que ser analizadas con los legisladores colorados que responden al ex presidente Nicanor Duarte Frutos y al ex vicepresidente Luis Castiglioni, que en principio apoyarían la modificación constitucional. Y habrá que seguir de cerca la evolución en aquellos sectores del Partido Liberal (Plra), integrante de la alianza de gobierno, que pueden acompañar la iniciativa reeleccionista.
Una fórmula posible
El senador Blas Llano, presidente del Plra convocó a una convención de su partido para agosto, con la intención de decidir la postura sobre la reelección presidencial. Algunos sectores liberales consideran que Llano está en condiciones de acompañar a Lugo en el segundo período de Gobierno.
Para el presidente del histórico Partido Liberal “lo importante es continuar con el proceso”, abierto el 20 de abril de 2008, cuando con la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), liderada por Fernando Lugo con el apoyo del Plra, llegó al gobierno del Paraguay, tras vencer al Partido Colorado y acabar con más de 50 años de gobierno ininterrumpido de esta fuerza.
Llano disputa la candidatura presidencial dentro del Plra con el destituido Efraín Alegre y con el vicepresidente de la nación, Federico Franco, quien, a diferencia de los dos anteriores, se enrola en el ala derechista que enfrenta de manera frontal al presidente Lugo. Franco dijo que Lugo “marcha hacia el totalitarismo del siglo XXI”, al cuestionar los recientes cambios en los ministerios.
La convención liberal, conformada por 900 representantes de todo el país, analizará no sólo la estrategia de cara a las presidenciales de 2013, sino que también tendrá la responsabilidad de decidir si el Partido sigue en el gobierno, si se mantiene dentro de la Alianza Patriótica para el Cambio, y si, finalmente, apoya la reelección de Lugo.
Mientras tanto, el Jefe de Estado reitera su postura frente a la iniciativa popular de recoger firmas para una enmienda constitucional: “no quiero ni busco la reelección (…) tienen que pasar demasiadas cosas para que yo cambie de opinión”. De todas maneras, sostiene el mandatario, “el pueblo tiene derecho a expresar sus deseos (y) poco favor le harían quienes intenten acallar la voz de la ciudadanía”.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Polémico desembarco de la minera Río Tinto
La minera canadiense Río Tinto Alcan (RTA) sondea la posibilidad de instalar una planta de aluminio en Paraguay, con una inversión de 4 mil millones de dólares. Las negociaciones primarias con el gobierno se iniciarán en agosto. El representante del Ministerio de Industria y Comercio, Diego Zavala, estimó que los primeros acuerdos podrían concretarse en diciembre. Tras una reunión que mantuvieron los empresarios con el presidente Lugo, el funcionario aclaró que “el precio de la energía va a ser determinado por el Gobierno”. Se informó que una consultoría, a un costo de 550 mil dólares, determinará las alternativas de uso de la energía eléctrica y los posibles escenarios donde se instalará la planta de aluminio. Una de las alternativas es que la planta se instale en la región oriental del país, cerca de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Importaría materias primas de Brasil y exportaría los productos de aluminio, ya elaborados. Sectores sociales agrupados en el sitio www.elpueblodecide.wordpress.com alertan que RTA pediría una tarifa subsidiada de 25 dólares esta-dounidenses por Megawatt/hora (U$D/MWh), cuando el precio de mercado en el Brasil es de 80 U$D/MWh. Agregan que este valor sería fijo por al menos 20 años. “No es conveniente, con el mismo subsidio podemos triplicar la cantidad de empleos con la industria nacional”, dijo un especialista que pidió mantener reserva. Fuentes del Gobierno sostienen que la inversión canadiense para la instalación de la fábrica de aluminio sería de 1.500 millones de dólares. A esto se sumaría la mano de obra para la construcción, que insumiría 1.500 millones en forma directa y otros 900 mil en la instalación de la planta. Río Tinto Alcan es uno de los cinco grupos de productos de la multinacional minera Río Tinto, líder mundial en producción y abastecimiento en bauxita, alúmina y aluminio. El debate alrededor de la instalación de una planta de aluminio coincide con el anuncio oficial de que Paraguay contará con una nueva línea de transporte de la energía de Itaipú que, según el presidente Fernando Lugo, servirá para cambiar la matriz productiva. “Cuando se instale todo el sistema de la línea de 500 Kv que estamos iniciando, el Paraguay tendrá posibilidades reales, no teóricas, de dejar de ser un país solamente agroexportador, para convertirse en un país industrializado. Ya no venderemos solamente nuestros productos del agro sin valor agregado. El país estará en condiciones de producir e industrializar productos manufacturados, para el consumo local y para la exportación”, dijo el jefe de Estado.
