Viejas recetas para viejos problemas

Intrigas: Horacio Cartes asume la presidencia de uno de los países más pobres de América Latina. El regreso al poder del Partido Colorado implica nuevos y viejos desafíos para las corporaciones del agronegocio, los dirigentes que responden a Washington y los sectores populares. Tierra, pobreza, justicia, educación, salud y reforma impositiva dominan las prioridades. La derecha también presiona para que el nuevo régimen abandone definitivamente el Mercosur a favor de la Alianza del Pacífico. La agenda con la que debuta el nuevo gobierno consolida las sospechas sobre las verdaderas razones del golpe parlamentario de junio de 2012 contra el presidente Fernando Lugo.

El problema de la tierra es el primero de una agenda difícil que deberá enfrentar Horacio Cartes desde el momento en que asuma la presidencia del país, el 15 de agosto. Paraguay ostenta la más injusta distribución de parcelas del mundo. El 3% de la población posee el 88% de las tierras del país, una desigualdad histórica que el poder oligárquico no estuvo ni está dispuesto a discutir. Lo demuestran las declaraciones públicas, las acciones oscuras y el juicio contra una docena de campesinos acusados para desviar el montaje de la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, donde murieron 11 campesinos y seis policías, hecho que una semana más tarde desencadenó el golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo.

La elección de Cartes el 21 de abril pasado legitimó una acción que, un año y un mes después, se consagra con su asunción. El nuevo presidente carece de alguna propuesta parecida a la necesaria Reforma Agraria que reclama insistentemente el campesinado. Por el contrario, a partir de su consagración como futuro mandatario se sucedieron al menos cinco asesinatos de dirigentes campesinos entre los que destaca el de Benjamín Lezcano.

A esta cuestión se suma la necesidad de una resolución en justicia del caso que al cierre de esta edición se estaba juzgando (la masacre de Curuguaty) en la que están imputados más de 50 campesinos en una acusación a todas luces inconsistente del fiscal Jalil Rachid, que debería concluir en la nulidad del juicio. En todos estos meses Cartes no dijo nada consistente sobre la masacre y tampoco sobre el tema tierras. Él mismo es un terrateniente importante.

Los técnicos del equipo de transición de Cartes expusieron ante empresarios un plan en el que se fijaron una meta de inversión de 31.843 millones de dólares en diferentes sectores, con énfasis en el social. La idea que muestran es poder reducir la pobreza rural del 44,8% al 7% en cinco años y alcanzar en 2018 un crecimiento económico del 9,9%. Se estima que las inversiones provendrían de créditos externos dentro de un esquema que se sigue basando en el agronegocio, principalmente en la exportación de soya y carne.

Impuestos

En las semanas previas a la asunción del nuevo presidente, se profundizó el debate sobre el aumento de impuestos de hasta un 10% a la exportación de soya en bruto. “No juguemos a las escondidas y paguemos”, reclamó Cartes a los líderes del agronegocio tras la aprobación por parte de los senadores de un proyecto en ese sentido motorizado por los legisladores del Partido Colorado.

Los productores de soya le pidieron una reunión al entonces presidente electo y consiguieron que exponga una posición más favorable a otro proyecto que se trata en Diputados que sólo grava las ganancias de los exportadores, una diferencia sustancial. “Sigo creyendo no tener que gravar la exportación (de granos). Vamos a tener dos proyectos y si el de Diputados no vuelve a ser modificado, será uno de los primeros decretos que va a firmar el presidente entrante. Es aquello que se conversó y se pactó, que no sea cercenado”, explicó Cartes. También propone la generalización del Impuesto al valor Agregado (IVA) “para la formalidad de nuestra economía, de manera que haya IVA contra IVA como todas las empresas”.

“Puedo asegurar que tenemos todas las herramientas para tener un país mejor y vamos a tener la herramienta genuina producida en Paraguay para que lleguen (los recursos) y podamos combatir flagelos que todos queremos solucionar, llámese pobreza, que es nuestra gran bandera”, añadió.

Pero una de las grandes banderas de la nueva administración son las privatizaciones, una amenaza que comenzó con la idea de enajenar la Administración de Electricidad (Ande), la principal empresa pública del país. La participación privada en Ande fue detenida por una importante movilización de un frente de trabajadores liderados por el sindicato de la estatal Sitrande.

El nuevo Ejecutivo también analiza la posibilidad de concesionar los aeropuertos. El nuevo ministro de Hacienda, Germán Rojas, aclaró que esta concesión se haría “dentro de una ley de alianza público-privada”. El funcionario detalló que el aeropuerto de Asunción, Silvio Petirossi, ubicado en la ciudad de Luque, “no es la mejor carta de presentación del país que tenemos”. Anticipó a su vez que se prevé la construcción de un aeropuerto en la zona de Chaco’i, ciudad ubicada frente a Asunción, del otro lado del río Paraguay.

Realidad

Los números de la economía social de Paraguay lo ubican entre los sitios más pobres del planeta. En 2011 el país registró un 49% de la población en situación de pobreza de acuerdo al informe Panorama Social de América Latina 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los últimos datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo (Dgeec) hablan de un 32% de población pobre y 18% bajo la línea de pobreza extrema. El desempleo abierto en la Gran Asunción es de 8,3%.

El 17,1% de la población económicamente activa que se encuentra con problemas de subempleo equivale a unas 221 mil personas que dedican a sus actividades económicas un número menor de 30 horas a la semana, desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo.

El nuevo gobierno insiste en que el único objetivo es torcer esta realidad social. Con Cartes asumen las mismas estructuras partidarias que durante más de 60 años controlaron el verdadero poder en el país. En el medio, entre el último gobierno colorado y el actual apenas pasaron cinco años, un intento frustrado de experiencia popular y un golpe parlamentario. Las necesidades sociales son las mismas y las recetas son las mismas.

Desde Asunción, Jorge Zárate
 

Presión por derecha contra el Mercosur   A partir de su asunción como presidente, Horacio Cartes deberá decidir si acepta o rechaza la propuesta del Mercosur para que Paraguay se reincorpore al bloque regional. Los gobiernos de los Estados miembros consideraron en la cumbre de Montevideo que una vez que el mandatario electo asuma, se levantará la suspensión aplicada tras el Golpe contra Fernando Lugo. El 17 de julio, cinco días después de la reunión de Montevideo, Cartes emitió un comunicado bastante confuso y ambiguo, en el que señalaba: “Ellos dicen que Paraguay tiene que entrar de hecho y es el esfuerzo que vamos a seguir haciendo, que el derecho, es lo que tenemos que entender, que pedimos simplemente un Estado de Justicia para que realmente podamos llegar al ansiado Estado de Derecho”. Cartes rechazó que Venezuela integre el Mercosur y mucho menos que lo presida, pero sus cuestionamientos –y los del gobierno de Federico Franco, instaurado tras el golpe a Lugo– fueron desairados por los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. El nuevo mandatario argumentó que la República Bolivariana se sumó al Mercosur cuando Paraguay estaba suspendido. “Voy a insistir con mucho interés en estas relaciones bilaterales, necesitamos andar bien con los países. Todo lo que pedimos es derecho, que es justicia. Lo que es de Paraguay es de Paraguay, lo que es de Venezuela es de Venezuela, eso es justicia”, señaló a mediados de julio. Agregó que “lo que queríamos es el Estado de Derecho, el respeto al Paraguay y a la propia institucionalidad del Mercosur”. Cartes (Partido Colorado) contó con el apoyo del gobierno saliente (Partido Liberal) y con las corporaciones terratenientes, industriales y del agronegocio, como la Asociación Rural (ARP) y la Unión Industrial (UIP). Eduardo Felippo, presidente de la UIP, dijo que “la cosa es muy simple, hay que seguir como estamos ahora (porque) el Mercosur se llenó de reglas y tratados que nunca se cumplieron”. Agregó que los gremios empresariales “estamos totalmente de acuerdo con las manifestaciones de ambos presidentes paraguayos con respecto al Mercosur, nos deja muy tranquilos lo expresado por el presidente electo Horacio Cartes de que el Paraguay no puede transigir con su dignidad”, expresó. El dirigente industrial señaló que “hace un año, cuando recién suspendieron al Paraguay, propuse que miráramos hacia la Alianza del Pacífico. Hoy Paraguay es miembro observador y están en plenas negociaciones con México, eso es lo que queremos”. Para Germán Ruiz, presidente de la ARP, hay otros “mercados receptivos” a los que puede apelar Paraguay.

Caso Curuguaty: por libertad e inclusión

El fiscal del caso Curuguaty, Jalil Rachid, huyendo de un escrache.

El Poder Judicial es el último refugio de las oligarquías en todo el mundo al punto de que hay ejemplos grotescos en donde el lector quiera elegir. Es algo que queda clarito cuando las trasnacionales vienen a robar recursos naturales y establecen los juzgados de sus países para litigar porque, claramente, son los que ellos compraron para ganar cualquier juicio que acontezca.

Pero mal de muchos es consuelo de tontos. Así que es importante analizar las groserías de Jalil Rachid que ocurren avaladas por la caterva conservadora de las facultades de Derecho de la Universidad Católica (UCA), en la que el fiscal del caso Curuguaty “enseña” Derecho Agrario, y de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), por señalar las principales.

Porque aunque no se crea, el único manifiesto en contra de que este señor siga burlándose de la Constitución y las leyes provino de sus propios alumnos en principio y de los profesores de la Facultad de Filosofía de la UCA.

¿Y las asociaciones de abogados, y los nucleamientos que reúnen a jueces, a especialistas del derecho? ¿Dónde están? Le temen a los personeros de la corrupción que conducen el Poder Judicial. Masónicos, ladrones, muy lejos del estudio, estos gobiernan en el miedo que genera la discrecionalidad de poder hacer del trámite judicial lo que se les ocurra.
Todos los días.
Se paga para que el expediente siga adelante, se paga por fallos aberrantes.
Todo se paga y se sabe.

De allí que identifican plenamente las performances que hicieran los familiares de los detenidos de la masacre, los familiares y víctimas de Ycuá Bolaños. Dinero tapando sus bocas, cheques por miles de millones para los jueces, una representación que es verdad popular, a voces. Es que en este modelo de concentración extrema de la riqueza, el pueblo y sus derechos molestan.

Rachid y su, a esta altura, incalificable actuación en el caso que juzga la Masacre de Curuguaty, constituyen un resultado de este aserto. Ahí lo tienen en la foto que dice más que mil palabras. Obtuso.

Tiene que cumplir con su apá Bader y todos los compinches, tiene que quitar galones de defensor acérrimo del neostronismo posgolpe de junio de 2012 porque no es extraño que la actualidad nos entregue estos personajes: Hugo Rubin es otro ejemplo de esta patética actitud.

Más papistas que el Papa, ridículos, como Franco condecorándose a sí mismo, personajes de idéntico fascismo amenazan con florecer después del 15 de agosto en una farsa que ya está siendo enfrentada con altivez en la calle porque nada serio es dable esperar de ellos.

La batalla es por la libertad y por la defensa de un país inclusivo.

Una masa crítica del pueblo ya entendió que la causa de Curuguaty no debe llegar a juicio, porque nada se hizo bien.

La imagen de la revuelta popular tras el fallo de la primera amañada sentencia del caso Ycuá Bolaños puede multiplicarse en todo el país y no es el mejor escenario para la asunción de Horacio Cartes.

Todo tiene límites.

Jorge Zárate

9 Aniversario del Ykua Bolaños “La justicia se vendió por monedas”

Cheques del Banco de la Impunidad para los jueces de la causa.
Foto de Roberto Ovando/La Nación

En un sentido manifiesto las víctimas y familiares del Ykua Bolaños calificaron al intento de los abogados de Paiva de quitarlos del memorial “como el último arrebato de estos carroñeros” señalando que el local “ya fue pagado con nuestros 400 muertos”. Insistieron en la necesidad de que el terreno del edificio siniestrado sirva para la memoria nacional. “Tenemos que demostrar que la justicia no es un privilegio para quien la puede comprar”, señalaron al tiempo de presentarse en el escenario con billetes cubriendo sus bocas y con unos cheques ficticios del “Banco de la Impunidad” librado a favor de los jueces de la causa con la firma de Juan Pío Paiva.

Los condenados recibieron penas menores que muchos abigeatos, se recuerda, Daniel Paiva, hablando por celular a salvo, en la vereda de en frente al local que se incendia, ordenando cerrar las puertas en la memoria popular.

“¡Cuatrocientos muertos, eso no se olvida, no se queda impune!”, cantó la gente emocionada interrumpiendo la lectura del manifiesto. “¡Las puertas se cerraron, los Paiva lo ordenaron!”, otro cántico emblemático también se encendió un tanto cuando se recordaba cómo jueces y fiscales intentaron sostener que las puertas del supermercado no se habían cerrado con mil y una tretas que fueron desmontadas por la lucha persistente por verdad y justicia de este colectivo ejemplar.

“¡Poder Judicial, corrupto y criminal!”, se escuchó.

Emotivo discurso de Ña Pancha recordando la desaparición de su hija y sus tres nietos en ese fatídico instante. Su rezo recuerda que somos todos un mismo cuerpo, una idea que se hace presente cuando a las 11.25 suenan las sirenas de las autobombas y las lágrimas cubren los rostros de la mayoría de la concurrencia.

“Solidaridad”, piden y recuerdan la matriz de injusticia que se repite con las víctimas del marzo, con los soldados muertos en el servicio militar, con los más de un centenar de campesinos muertos en la lucha por la tierra, con los familiares y víctimas de la masacre de Curuguaty.

En los cantos, en los llantos, se siente que este coraje cívico de los vecinos de Trinidad crece y es ejemplo para la lucha profunda de reformar la justicia, condición indispensable de un país mejor.

Repudiaron ausencia de Samaniego

“Nos envió una carpeta con cuatro hojas como toda respuesta a la ciudadanía sobre la seguridad de los edificios”, se quejaron las víctimas y familiares al explicar la ausencia del intendente Arnaldo Samaniego durante el acto del 9 recordatorio de la tragedia del Ykua Bolaños. También condenaron “la pretensión del gobierno que asumirá próximamente de proponer como candidato al Consejo de la Magistratura al ex intendente Enrique Riera, que nunca hizo nada por nosotros, que nunca vino a dar la cara”, indicaron. 

“Que la plata no nos separe”

“Los invito a reflexionar con buen espíritu sobre la situación que estamos pasando porque fue la plata, el afan de lucro, lo que provocó esta masacre y es por la plata que hoy se pretende dividir esta lucha”, dijo Carmen Rivarola de la Coordinadora de Víctimas de la tragedia del Ycuá Bolaños. Las recurrentes trabas judiciales interpuestas por los abogados de Juan Pio Paiva, que era dueño del supermercado, al igual que en el juicio penal, impidieron que el procedimiento de demolición del edificio pueda concretarse. En el juzgado existen varias acciones impulsadas para evitar ejecutar esta ley. Uno de los planteamientos de los abogados Luis Escobar Faella y Raúl Netto Parodi, es que el Estado abone 2 millones de dólares a Paiva, cuestión para la que trabajan buscando convencer a otros nucleamientos de familiares y víctimas. Rivarola recordó que merced a la ampliación de la ley todavía resta resarcir a los abuelos y hermanos “por lo que están quedando unas 100 personas sin cobrar las indemnizaciones del estado y también falta resarcir a los trabajadores”, expuso.

Jorge Zárate 

9 Aniversario de Ykua Bolaños: “La obsesión de Paiva era que no se robe”

Cristian Díaz, en el escenario de la tragedia. Sobrevivió porque ese día le tocaba el turno tarde. Foto de Pánfilo Leguizamón/La Nación

“Mirá, esto parece que no tiene salida”, le comentó el panadero Cristian Díaz a su compañero tratando de entender por dónde se escapaba el calor de los hornos que le estaban dando forma al pan. “Y a nosotros qué nos importa”, le respondió su cuate.

Era el 31 de julio de 2004. Al otro día un incendio voraz como la ambición que mandó cerrar las puertas del supermercado Ykua Bolaños dejaba anotada en la historia la tragedia más importante en tiempos de paz que sufriera el país.

“Jamás me hubiera imaginado esto”, cuenta Díaz que se salvó por solo dos horas de ser una de las víctimas. “Yo entraba a la tarde, tuve esa suerte”, dice en una recorrida por las ruinas.

“De 10 panaderos que éramos nos salvamos 3”, cuenta recordando cómo dos de sus compañeros alcanzaron a romper los vidrios de una pequeña puerta metálica que había en el fondo de la panadería, alcanzaron a escapar hacia el baño y prender las duchas que los salvaron de algo peor.

“Igual tragaron mucho humo y estuvieron en riesgo”, cuenta.

Las víctimas y sus familiares reclamarán este jueves la expropiación del terreno y la justa indemnización, materias pendientes del estado para con ellos, lucha que acompaña Cristian desde el primer día. “Todavía no cobre mi indemnización como trabajador de este lugar que es lo que me deben, pero aquí hubo gente que perdió a su familia, cosas muy graves que no se repararon adecuadamente”, dice.

Díaz camina señalando las paredes ajadas, resecas por la acción del fuego, un peligro de derrumbe nunca tenido en cuenta por autoridades que siguen sin inspeccionar a las decenas de mega establecimientos que hoy en día siguen repitiendo la arquitectura de muerte del Ykua Bolaños.

“Fijate que aquí, entre la panadería, la confitería y la cocina, nos cerraban la conexión “para evitar que se robe”, la obsesión de Juan Pío Paiva, el único que paga condena en prisión por haber ordenado cerrar las puertas del supermercado apenas que se desató el incendio.

“La gente uso carritos llenos para romper el blindex y luego se topó con la reja, murieron apiñados y quemados, fue espantoso”, dice Díaz en la escalera de la muerte había apenas 3 salidas para más de 900 personas que se estima estaban allí en esa hora trágica.

Seguimos en deuda. 

Jorge Zárate