Terror: el alcalde Nelson Acosta, del partido de Gobierno,
imputado por narcotráfico, está acusado de participar en el asesinato de un
periodista del diario ABC Color y de una joven que viajaba con él en el momento
del homicidio. Pablo Medina y Antonia Almada fueron asesinados el 16 de octubre
en una carretera del departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil. El
trabajador asesinado investigó el tráfico de marihuana en la zona y sus
supuestos vínculos con políticos locales. Había recibió amenazas de Acosta y
otros dirigentes del Partido Colorado. La zona donde es alcalde Acosta es
controlada por los narcos, en la frontera con Brasil.
Los asesinatos del periodista del diario ABC Color Pablo
Medina y de su asistente Antonia Almada evidenciaron como nunca antes los nexos
entre el poder político y el narcotráfico en Paraguay. El alcalde de la
localidad de Ypejhu, Nelson “Neneco” Acosta, del gobernante Partido Colorado,
es buscado por ese homicidio y fue imputado por narcotráfico una semana después
del crimen. Medina había recibido varias amenazas tras sus artículos sobre
tráfico de marihuana y supuestas implicaciones con políticos locales. Varias de
esas amenazas fueron realizadas por el propio Acosta.
Medina, de 53 años, y Almada, de 19, fueron asesinados el 16
de octubre cuando viajaban en automóvil en un camino vecinal del departamento
de Canindeyú. Dos hombres vestidos de militares interceptaron el vehículo de
Medina y cuando el periodista se detuvo recibió una descarga de balazos que le
provocó la muerte en el acto. Su asistente, Antonia, fue también víctima de la
balacera y murió camino al hospital. En la camioneta Mitsubishi que manejaba el
periodista, corresponsal del diario ABC Color, había una tercera tripulante que
milagrosamente salvo su vida. El hecho ocurrió a unos 45 kilómetros de
Curuguaty, unos 300 kilómetros al noreste de Asunción.
Una semana después del homicidio la Fiscalía acusó a Acosta
de narcotráfico después de que se encontraran tres toneladas de marihuana en
proceso de elaboración y casi 150 kilogramos distribuidos en panes en una
estancia propiedad de la familia. Según los cargos, en ese lugar también se
encontraron elementos para preparar los paquetes como prensas, gatos
hidráulicos, fumigadoras, garrafas y zarandas. También fueron imputados dos
hermanos del alcalde, Wilson Acosta y Vidal Yuner Acosta. Los tres estaban con
paradero desconocido al cierre de esta edición.
Reacciones
El homicidio conmocionó a la población que, gracias a la
movilización inmediata de periodistas y trabajadores de prensa, acompañados por
la difusión omnipresente de los medios de comunicación, se mostró horrorizada
por tener tan cerca un fenómeno que en general se oculta en el país: la
narcopolítica.
Nelson Acosta es el principal sospechoso de ser el autor
moral del hecho y todo indica que fue protegido en su huida por la ex
gobernadora del departamento Canindeyú y actual diputada nacional Cristina
Villalba, también del Partido Colorado.
La población de Ypejhu tiene ocho mil habitantes que viven
en el terror. Es una localidad que tiene frontera seca con Paranhos, Estado de
Paraná, Brasil. Ambas poblaciones conforman una sola unidad urbana por la que
se pasean los capos del narcotráfico. Del patio de la casa del padre de
“Neneco”, el también ex intendente Vidal Acosta, se retiraron huesos y cabellos
humanos de una fosa común. Sus hermanos fueron víctimas de asesinatos dignos de
una película de mafiosos de Hollywood.
Este reinado de las mafias es denunciando de manera
sistemática por las organizaciones sociales del país, pero nunca como antes
llegó a estar como ahora, tema principal de agenda. Los grandes medios
patronales revisaron entonces la presencia en el Congreso de legisladores con
vínculos o sospechas de tenerlos con el narcotráfico, desatando una campaña que
ilumina sobre los tentáculos del narcotráfico no sólo en el legislativo, sino
también en el ejecutivo, el judicial y el ministerio público.
Cómplices
El presidente Horacio Cartes negó que su partido vaya a
ocultar a los sospechosos del crimen: “El Gobierno está para hacer todo lo que
se tenga que hacer, a pesar de los que dicen que hay un partido que esconde a
esta gente”, dijo. “El pulso no nos va temblar en un homicidio que nos tocó a
todos”, señaló. “El Gobierno tiene toda la energía para vivir en paz...Paraguay
es un país pacífico”, agregó.
El propio jefe de Estado fue sospechado de tener vínculos
con el narcotráfico y el lavado de dinero antes de llegar a la primera
magistratura del país. Al menos tres cables diplomáticos de los Estados Unidos,
filtrados por WikiLeaks, nombraron a Cartes: uno, del 5 de enero de 2010,
informó que la Administración sobre las Drogas (DEA) se infiltró en presuntas
redes de lavado de dinero provenientes del narcotráfico que habrían sido
manejadas por Cartes. Otro, del 27 de agosto de 2007, menciona que el ex
director de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) Hugo Ibarra, había acusado
a Gabriel González, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), de
lavar dinero para el banco Amambay, en nombre del hoy presidente. El tercero de
ellos dice que uno de los supuestos hombres fuertes del cártel de Sinaloa
detenido en Paraguay tenía la intención de invertir en el país en cooperación
con un empresario de apellido Cartes.
La sociedad paraguaya atribuye el asesinato de un periodista
del diario más influyente del país a la impunidad con que el narcotráfico se
fue expandiendo en Paraguay con la complicidad del Partido Colorado. El tirano
Alfredo Stroessner en principio y luego Andrés Rodríguez; y el tándem Juan
Carlos Wasmosy/Lino Oviedo, fueron los controladores de un sistema que
permaneció lo suficientemente oculto hasta llegar, en el gobierno de Nicanor
Duarte Frutos, a consolidarse como un movimiento donde pequeños jefes políticos
locales comenzaron a hacerse cargo de sus zonas con dinero del narcotráfico.
Esta realidad parece explotar hoy con Cartes a la cabeza del
Ejecutivo. Será muy difícil que, más allá de las persecuciones fiscales y
policiales que el Gobierno realizará contra los culpables del asesinato de
Medina, pueda establecerse una política concreta de intervención del Estado en
los departamentos productores de droga. El tema ni siquiera aparece en agenda,
pese a que los asesinados por el narcotráfico, sólo en Canindeyú, durante los
últimos cinco años superan las 35 personas, según organizaciones
departamentales.
Desde Asunción, Jorge
Zárate
En dos décadas fueron
asesinados 16 periodistas
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) se mostró
“convencido” de que “el asesinato del compañero Pablo Medina es acción directa
de traficantes de drogas y rollos, entre otras ‘mercaderías’”, pues ya había
recibido algunas amenazas de muerte, motivo por el cual, solía contar con
custodia policial. La entidad gremial cargó también contra las patronales que
no se hacen responsables de la situación de inseguridad en que trabajan los
periodistas en el interior del país. Santiago Ortíz, secretario general del
gremio, recordó que “el SPP reclama desde hace tiempo la necesidad del seguro
de vida para las y los colegas que desarrollan sus tareas en zonas riesgosas
para su integridad física pero que los empresarios minimizan y hasta se burlan
de tal necesidad”, recordó.
Pablo Medina engrosa la terrible nómina de periodistas
acallados por los asesinos: Santiago Leguizamón (1991), Calixto Mendoza (1997),
Benito Román Jara (2000), Salvador Medina (2001), Yamila Cantero (2002), Samuel
Román (2004), Ángela Acosta (2006), Alberto Tito Palma (2007), Martín Ocampos
(2009), Merardo Romero (2011), Carlos Manuel Artaza (2013) y Fausto Gabriel
Alcaraz (2014). También Marcelino Vázquez, dueño de la radio “Sin Fronteras” de
Pedro Juan Caballero, fue asesinado el año pasado.
“Lamentablemente
estos ataques y amedrentamientos se producen también en otras regiones del
país, con similar trasfondo: el intento de acallar a las y los trabajadores de
prensa que denuncian todo tipo de negocios ilegales, negocios que, en la mayoría
de las ocasiones, tienen respaldo de los operadores políticos y autoridades
públicas”, señaló el SPP.
La extrema derecha en
las calles
En un hecho de extrema gravedad que alcanzó repercusión
internacional, el fiscal Cristian Bernal imputó al dirigente estudiantil
chileno Patricio Flores por “perturbación a la paz pública”, pidió su prisión
preventiva e inclusive su expulsión del país por haber filmado la toma
simbólica que hicieran jóvenes de la Federación de Estudiantes Secundarios (Fenaes)
en el Ministerio de Educación (MEC) en los primeros días de octubre pasado.
Según relató Flores, al detenerlo lo trataron de “chavista
de mierda” y le dijeron: “tenés suerte de que no estamos en dictadura”. Después
le inquirieron si lo “financiaba” Venezuela y hasta llegaron a preguntarle si
él no era “el que colocaba bombas” en su país.
La policía dijo que el muchacho fue detenido porque no portaba
documentación en el momento del arresto.
