Contradicciones del Plan Anticrisis

Por Jorge Zárate para América XXI (www.americaxxi.com.ve)



Polémica: el Plan Anticrisis presentado por Lugo ha sido entendido por algunos movimientos sociales como una recurrencia al endeudamiento externo. Esto preocupa a quienes entienden que sólo servirá para financiar las pérdidas de los poderosos sin que se verifique una reactivación económica integral.

“Si en tiempos normales siempre hemos sentido la cooperación de los organismos internacionales, mucho más (esperamos la ayuda) en estos momentos difíciles, no solamente para nuestro país. Gracias por el interés y gracias porque creo que van a responder eficiente y generosamente a las peticiones que en su momento les vamos a hacer llegar”, expresó Lugo en una reunión en el Palacio de Gobierno con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica).

Entre los objetivos declarados del plan figura: defender el empleo a través de la ejecución de obras públicas y concesiones de crédito al sector privado sin generar grandes desequilibrios macroeconómicos; proteger a los sectores más vulnerables con la expansión de las transferencias condicionadas y el financiamiento pleno de la política social (educación y salud); facilitar líneas de créditos para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la agricultura familiar a través de la banca pública, dar liquidez al sistema financiero y velar por su solidez.

Esta vía de acción fue trazada por el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, el mismo que condujo la política económica durante los primeros años del precedente gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Según los anuncios del Ministro, ya estarían disponibles 500 millones de los 1.185 millones de dólares de un préstamo requerido al BID. El representante del Banco Interamericano, Vladimir Radovic, recordó que las tasas de los “créditos de contingencia son más altas y los plazos más cortos”.

Entre los objetivos declarados del plan figura: defender el empleo a través de la ejecución de obras públicas y concesiones de crédito al sector privado sin generar grandes desequilibrios macroeconómicos; proteger a los sectores más vulnerables con la expansión de las transferencias condicionadas y el financiamiento pleno de la política social (educación y salud); facilitar líneas de créditos para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la agricultura familiar a través de la banca pública, dar liquidez al sistema financiero y velar por su solidez.

Paraguay tiene una deuda externa de poco más de 2.200 millones de dólares. Con los 1.185 millones del nuevo crédito, aumentaría a más de 3 mil millones, y en proporción crecerían los pagos al exterior. Tiempo atrás Lugo se había mostrado partidario de revisar la legalidad de la deuda.

Promesas y alertas

Otra parte del plan prevé privatizaciones bajo el rótulo de “concesiones”. Según expresa Borda: “estamos con la figura de la concesión. Este es el primer proyecto que acercó Obras Públicas, que prevé inversiones en las rutas 1, 2 y 6, por 400 millones de dólares. También concesiones para los aeropuertos Silvio Pettirossi y Guaraní por 62 millones a lo que se agrega el dragado del cauce del río Paraguay por 40 millones de dólares”.

El ministro de Hacienda describió su gestión económica señalando que la primera acción fue garantizar el dinero en circulación y la recaudación fiscal. La segunda acción tiene que ver con créditos a la producción que se ejecutarán con los fondos a conseguir. Habrá también inversión en infraestructura por el orden de los 223,4 millones de dólares que serán ejecutados por el ministerio de Obras Públicas, el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Acción Social (SAS). Prometió también destinar 50 millones de dólares a 120 mil familias en extrema pobreza.

El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) prestaría 30 millones de dólares para 30 mil pequeños productores; el Banco Nacional de Fomento (BNF) haría lo propio con los sectores productivos prestando 125,4 millones más otros 46 millones de dólares que se requerirán al Congreso. Estos serían volcados a la producción primaria aunque no se determinó cuánto a los latifundistas soyeros y ganaderos y cuánto a los pequeños productores, cuánto a las cooperativas y cuánto a las Pymes.

Otro agente de crédito, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), prestaría 155 millones de dólares y entre abril y mayo se requerirá al Congreso la aprobación de créditos por 300 millones de dólares.

Mientras tanto, el poder adquisitivo del salario se licua mes a mes y están cumplidas las condiciones legales para un reajuste de al menos un 10% general. La Central Nacional de Trabajadores (CNT) señaló que hay una diferencia de al menos 570 mil guaraníes (1 dólar = 5.100 guaraníes) entre lo que necesita un trabajador y lo que gana. “El salario actual no cubre las necesidades mínimas de alimentación de una familia obrera de cinco miembros. Tampoco cubre los gastos de salud, educación, transporte y vestimenta”, asegura la organización sindical. Las centrales obreras tienen estudios que demuestran que el salario del trabajador perdió poder adquisitivo en más de un 26% a partir de 1989, por lo que consideran justo un 25% de reajuste que, afirman, se puede percibir de manera escalonada. No obstante, Borda dice que “este no es año para aumentos salariales”. Esta situación, sumada al hecho de que no se observan medidas para fortalecer las empresas públicas existentes y crear nuevas para administrar el potencial energético del país, ha dado lugar a un creciente debate en las organizaciones sociales respecto del futuro de Paraguay.

Desde Asunción


Contexto

• Paraguay tiene seis millones de habitantes y más del 60% vive en la pobreza. • Es el país con peor distribución de tierras en el mundo: el 1,7% de la población tiene más del 77% de las tierras, mientras el 40% de los campesinos con menos de cinco hectáreas posee apenas el 1%. 350 mil familias no tienen tierra en tanto 351 propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas. • Tiene una desocupación del 6%, según los indicadores oficiales, aunque un 47,6% de los asalariados tienen ingresos laborales inferiores al salario mínimo (1.341.775 guaraníes, unos 260 U$S) cuando el promedio regional es de sólo 11,3% de trabajadores que no alcanzan el mínimo. • Hay alrededor de un 20% de sub empleados y sólo un 17,2% del total de los ocupados cotiza al sistema de jubilaciones y pensiones cuando el promedio regional alcanza el 60,8% • En la estructura laboral predomina el trabajador por cuenta propia (36,7%), seguido de los trabajadores familiares no remunerados 12,5% y el empleador o patrón.