Pierde fuerza la amenaza golpista

Lugo recobra espacio tras la liberación del ganadero Fidel Zavala

Resolución: finalizado el secuestro del hacendado Fidel Zavala, el gobierno paraguayo desató un fuerte operativo para intentar encontrar a los integrantes del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP). Aunque las organizaciones sociales celebraron la liberación, temen que las fuerzas de seguridad se ensañen con dirigentes sociales y campesinos de las zonas más pobres del país. Todo en un año electoral en el que se elegirán 230 intendentes y en el que comienzan a tejerse alianzas y asoman discusiones programáticas como la reforma constitucional.

Tras la liberación del ganadero Fidel Zavala, después de 94 días de permanecer secuestrado, el gobierno de Fernando Lugo pretende revertir el escenario golpista que venía preparando la oposición durante los últimos meses. El Presidente reiteró que el Gobierno es y será inflexible con el crimen: “Creemos y estamos convencidos de que este trabajo de recuperación con vida se ha cumplido, primero por la seriedad con que se ha hecho y segundo, porque creemos que todos hemos cooperado”. Lugo insistió a su vez en que “la pesadilla del secuestro debe terminar. Comenzaremos a trabajar de inmediato para que estos delincuentes sean juzgados y encerrados. Este gobierno no va a descansar hasta devolverle a la ciudadanía la seguridad y la auténtica paz que se merece”. Zavala fue liberado el domingo 17 de enero a las 15 horas, a 20 kilómetros de Rancho Z, uno de sus establecimientos ganaderos. La familia pagó al denominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) entre 550 mil y un millón de dólares estadounidenses aunque todavía no se precisó la cifra y el Gobierno negó haber puesto a disposición fondos del Estado, tal como deslizara la oposición, principalmente algunos dirigentes del Partido Colorado. Otras exigencias fueron que se librara la zona de los efectivos militares que la rodeaban y que se entregaran 30 reses a comunidades carenciadas de Asunción y del departamento de Concepción. Zavala dijo haber recibido buen trato de los secuestradores. El hacendado se transformó en un personaje mediático y parece dispuesto a sacar partido de la contingencia: “Yo me considero una persona política, si bien mi familia es de tradición liberal, yo creo que acá no tenemos que ser extremistas. Todos los movimientos, el socialismo, el comunismo, el neoliberalismo, tienen sus virtudes y sus defectos. Ningún modelo es perfecto”. Agregó entonces: “Yo creo que este país tiene que cambiar rumbos necesariamente. Nuestra gente tiene que surgir. Tienen que volverse a los valores. Tenemos que dejarnos de la politiquería barata… hay muchas cosas que tenemos que cambiar. El tema de las listas sábanas es algo que perjudica al país. Tenemos muchos senadores y diputados que no han presentado nunca un proyecto serio para beneficiar a este país. La Ley del Impuesto a la Renta Personal es algo que tal vez a nosotros nos castigue el bolsillo, pero es necesario para que el gobierno pueda recaudar y aplicarlo a los sectores carenciados. Dejemos que el Gobierno dirija los rumbos de este país. Y ayudemos a que este barco pueda llegar a destino”, expuso. Zavala insistió en señalar que “sin dudas tenemos junto con las autoridades nacionales una gran tarea pendiente. El Estado tiene que estar presente en todos los sentidos para que nuestro pueblo pueda surgir, levantar cabeza y realmente podamos hacer que este pueblo que tanto se merece pueda salir adelante. Tiene que estar presente con salud, con educación, con cooperativas, con los servicios de extensiones, con escuelas”.

Temor en las organizaciones sociales

Como derivación del caso, el ministro del Interior, Rafael Filizzola buscará aprobar en el Congreso una ley Antisecuestro que bloquea las cuentas de los familiares de los secuestrados y autoriza al Gobierno a realizar escuchas telefónicas cuando se negocia con los captores, entre otros elementos. También se dio un alerta internacional para el seguimiento del dinero obtenido por los captores y se lanzó un operativo que al cierre de esta edición tenía nueve detenidos, la mayoría dirigentes campesinos y hasta una ingeniera agrónoma del Ministerio de Agricultura, por sospechas de vinculación con el EPP en los departamentos de San Pedro y Concepción. Ante esta situación, varias organizaciones sociales conformaron un “grupo de investigación” para monitorear las intervenciones de la policía. Luis Aguayo, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc) explicó que el grupo buscará “evitar actos de brutalidad por parte de los agentes”. Tras explicar que no se oponen a las intervenciones policiales, recordó la larga historia de abusos de las fuerzas policiales contra la organización ya que existen más de 110 campesinos muertos en la lucha por la tierra desde la apertura democrática en 1989. Tas celebrar la liberación de Zavala y condenar las acciones del EPP, la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) dijo que “espera que se realice una investigación seria y responsable para el esclarecimiento de estos crímenes evitando violaciones a los derechos civiles, torturas, abusos físicos y psíquicos, principalmente contra dirigentes sociales y miembros de organizaciones campesinas”. También demandó que “se desmantelen las redes de criminalidad organizada que operan en la zona, como las del narcotráfico, el abigeato, el tráfico de maderas, armas y autos que dificultan el desarrollo y la convivencia pacífica en esta zona del país” y que “la intervención estatal no se limite exclusivamente a brindar seguridad policial, sino además a atender las urgentes necesidades de las comunidades de acceder a servicios eficientes de salud, educación, vivienda digna, trabajo, tierra y agua potable garantizados constitucionalmente. Más aún, teniendo en cuenta que la mayoría de la población de Concepción y de San Pedro viven en situación de pobreza”, señaló en un comunicado.

Año electoral, punto de inflexión

El escenario se completa con la preparación de elecciones municipales previstas para noviembre cuando se elijan los 230 intendentes de Paraguay. El gobierno tiene una nueva oportunidad para consolidar una base de poder local. El Congreso no se renueva a mitad de mandato por lo que Fernando Lugo convivirá hasta el fin de su período presidencial en 2013 con la actual composición del parlamento: el Partido Colorado tiene 30 diputados y 14 senadores, el Liberal, 29 diputados y 14 senadores, el Unace, del militar Lino Oviedo, 15 diputados y seis senadores, y Patria Querida, cuatro diputados y cuatro senadores. Lugo cuenta con el apoyo directo de las diputadas Aida Robles (Tekojoja) y Desiree Masi (Demócrata Progresista (PDP), esposa del ministro del Interior, Rafael Filizzola) y tres senadores: Alberto Grillón (PDP), Carlos Filizzola (País Solidario) y Sixto Pereira (Tekojoja). Las elecciones municipales son claves para la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), herramienta que permitió la victoria del 20 de abril de 2008. De los 230 municipios, el Partido Colorado gobierna 156. Otros 68 están en manos del Partido Liberal y los restantes conducidos por alianzas vecinales. La APC es el resultado del acuerdo entre Liberales y del hoy llamado Espacio Unitario-Congreso Popular (EUP) que al cierre de esta edición se estaba constituyendo. El agotamiento del principal rival, el Partido Colorado, ya puso en marcha una fuerte interna entre los seguidores del ex presidente Duarte Frutos y los del ex vicepresidente Luis Castiglioni. Esa disputa ayudó mucho a la victoria de Lugo y los integrantes de la APC y es presumible que el escenario se repita. También se percibe la oportunidad de intentar una consulta popular para la necesaria reforma constitucional: Tekojoja, integrante del EUP, ya adelantó su intención (ver recuadro). Si bien la concreción de la alianza parece compleja, la idea es que una vez elegidos los candidatos del EUP para la intendencia de Asunción como para otros distritos del interior del país se busque acordar con el Partido Liberal Radical Auténtico (Plra) un mecanismo para alcanzar candidaturas únicas, la conformación de listas de concejales y otras modalidades que permitan el apoyo recíproco para obtener un triunfo electoral que consolide al gobierno de Fernando Lugo.

Desde Asunción, Jorge Zárate

Proyecto para reformar la Carta Magna

Tekojoja: “Es necesaria otra Constitución para un nuevo Paraguay”

Llegó el momento de impulsar la Reforma Constitucional para avanzar con los cambios iniciados el 20 de abril, superar un modelo de Estado en crisis, subdesarrollado, dependiente, sumido en la pobreza, cautivo de una clase política tradicional conservadora y prebendaria que mantiene el poder real y formal de la república en varios organismos como el Poder Judicial, el Congreso, la Justicia Electoral, la concentración de la tierra en manos de pocos, una dictadura parlamentaria y judicial que lleva al desequilibrio de poderes y la ingobernabilidad, entre otros, utilizando al Estado como un feudo privado frenando el desarrollo nacional. Abramos las puertas al cambio con la participación ciudadana. Es el único camino para conquistar las transformaciones históricas que el pueblo paraguayo exige. La Constitución de 1992 tiene fisuras a superar para responder a los tiempos de cambio. En ella se estamparon artículos que representan una etapa de la cultura autoritaria cuya cadena necesitamos romper en el presente. Se establecieron límites a los derechos de participación ciudadana, haciendo formulaciones meramente enunciativas y declarativas. El papel del ciudadano quedó reducido al de simple espectador, en manos de una clase política voraz. Recuperemos nuestra soberanía y nuestros derechos plenos como ciudadanos. Esta Constitución cumplió su ciclo, ahora para avanzar necesitamos una nueva Carta Magna que responda a las nuevas exigencias de la sociedad paraguaya. Algunos puntos que consideramos deben ser revisados: - Democracia Representativa, Participativa y Pluralista. En la actual Constitución, la democracia participativa es sólo enunciativa. - Los artículos 121 y 122 de la Constitución perfilan un referendo muy limitado y acotado ya que sólo el Congreso puede autorizarlo. Ningún otro órgano o poder del Estado, ni el pueblo o fracción significativa del cuerpo electoral puede aprobar la convocatoria a referendo. El artículo 121 C, por demás escueto, sólo se refiere al referendo legislativo aclarando que sólo puede autorizarse por ley del Congreso. Que el resultado del referendo sea o no vinculante está sólo en manos del mismo Poder Legislativo. El referendo no puede ser propuesto por la ciudadanía y sólo puede plantearse sobre leyes o proyectos de ley que se sometan a consulta; en consecuencia, no puede plantearse sobre cuestiones no normativas, cuestiones políticas o de hecho. Pueden proponerlo exclusivamente el Poder Ejecutivo, cinco senadores o diez diputados. De modo que ningún otro órgano del Estado o fracción electoral significativa pueden siquiera solicitarlo (artículo 260). Se prohíbe su celebración durante el Estado de Excepción y los noventa días subsiguientes, así como durante otras elecciones, incluso noventa días antes y hasta noventa días después (ib art. 260). - Con relación a la democracia representativa se deben estudiar mecanismos que devuelvan al pueblo su soberanía cedida en representación a los mandatarios: la revocatoria debe ser incluida en nuestra Carta Constitucional como mecanismo efectivo para retirar el mandato a quienes se hayan extralimitado en las atribuciones y competencias. - El voto de los paraguayos en el extranjero es otra de las asignaturas pendientes. - La modificación del sistema de elección, la calidad de la representación también se encuentra seriamente debilitada por un sistema que no permite al elector sino optar por las famosas listas sábana sin poder excluir o tachar a quienes a través de estas listas se han camuflado. Se deben desbloquear las listas. - La reelección es también un instituto que debe ser incorporado a la CN, permitiendo a los ciudadanos/as dar nuevamente su voto a quien se encuentre desempeñando el cargo con éxito. - El balotaje, figura que otorga una mayor legitimidad a la elección del ejecutivo no se encuentra contemplado en nuestra legislación. - Con respecto al juicio político, obviamente debe ser debidamente reglamentado a los efectos de garantizar la estabilidad y evitar el chantaje político. Actualmente una simple mayoría parlamentaria puede destituir al Presidente sin mayores argumentos jurídicos ni políticos. - En cuanto a la Organización del Estado, se deben equilibrar las competencias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. También se deberá plantear una verdadera descentralización del Estado. - Las competencias del Poder Legislativo actualmente cercenan claras competencias exclusivas del Poder Ejecutivo: se debe restablecer el equilibrio entre poderes y entender que el nuestro es un régimen presidencialista no un régimen parlamentario. - Y por último, con respecto a la Reforma Agraria, se deben establecer nuevos mecanismos legales para impulsar un modelo de desarrollo rural democratizando la posesión de la tierra y el combate al latifundio.

Desde Asunción, Aníbal Carrillo, Secretario Político del Partido Popular Tekojoja