El presidente Fernando Lugo envió un refuerzo de 100 efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía (Fope) a los departamentos de San Pedro y Concepción, en el norte de Paraguay. Se trató, en definitiva, de la respuesta del Poder Ejecutivo a las presiones para intentar dar con los responsables de la muerte de dos policías que cayeron en un presunto enfrentamiento con miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en Kurusú de Hierro, departamento de Concepción, el 17 de junio. El ministro del Interior, Rafael Filizzola, tras una reunión con jefes policiales anunció un nuevo operativo “con incursión en los montes”, un reclamo que se le venía haciendo a las fuerzas públicas tras el secuestro del ganadero Fidel Zavala, quien estuvo cautivo durante 94 días, entre octubre de 2009 y enero pasado. El saldo del enfrentamiento propició una crítica intensa contra el Presidente por parte de los medios de comunicación empresariales, que no pierden ocasión para exigir “mano dura” de parte del Gobierno. El propio jefe de Estado pasó un mal momento cuando los familiares le reclamaron con abucheos por la suerte de los caídos. Alguien llegó a arrojarle una botella de plástico, cuando se acercó a ofrecer condolencias en el sepelio del agente Lilio Giménez. En la ceremonia de despedida de la otra víctima, el agente Carlos Cardozo, su madre reclamó que no se envíen más jóvenes a las zonas donde se realizan las operaciones. Todo indica que el Gobierno volverá a analizar la posibilidad de declarar el estado de excepción, tal como sucedió el 24 de abril pasado. La ley, aprobada por el Congreso, permitió que durante 30 días las fuerzas policiales y militares intensificaran sus operativos en cinco regiones del Centro y Norte del país en busca de guerrilleros. La policía dijo que el enfrentamiento del 17 de junio se produjo cuando sus agentes descubrieron el campamento que habrían establecido los líderes de la presunta guerrilla en Kurusú de Hierro, en el que se encontraron ochenta vainas de proyectiles. El informe policial señala que, tras ultimar a los policías Cardozo y Giménez, los guerrilleros habrían incautado un fusil y municiones. La Fiscalía se hizo en el lugar de una cámara con fotos y vídeos, uniformes, una computadora, tres teléfonos, apuntes y datos de presuntos futuros secuestros, en un supuesto “descuido”, que no deja de sorprender y da pie a sospechas respecto de la veracidad de toda la operación. Trascendió que en esas listas figuran políticos, fiscales, funcionarios, empresarios y un ministro de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Lugo promulgó una ley antisecuestro que, entre otras cosas, congela los bienes de personas víctimas de secuestro para impedir el pago de rescate. La ley, que busca atemperar las críticas, establece que un fiscal podrá pedir al juez que congele la disposición de familiares sobre los bienes, tan pronto como tenga conocimiento de algún secuestro. La idea es impedir así el pago del rescate y dejar la negociación con los secuestradores a cargo de la policía, elementos que desalentarían el delito. También se dispone que los Bancos informen en menos de seis horas sobre las operaciones de los familiares de las víctimas, fijando multas elevadas para el que incumpliera la disposición. Promulgada en junio, la norma había sido aprobada por el Congreso paraguayo en diciembre pasado.
Otros muertos, otros cómplices
Una de las curiosidades del caso es que los operativos del Gobierno no indagan la actividad en la zona de mafias del narcotráfico, como los grupos brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que se enfrentan entre sí en los departamentos de Amambay, San Pedro y Concepción, desde hace más de una década. Estos enfrentamientos, que han dejado decenas de muertos y desaparecidos en el eje entre las ciudades de Pedro Juan Caballero y Concepción, no fueron convenientemente investigados por los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo vuelca los fusiles militares y policiales hacia el EPP para mantener a raya los discursos desestabilizadores. Mientras tanto, narcotraficantes de probada actividad se convierten en dueños de latifundios donde se explota ganadería de alta genética y soya. Las enormes extensiones de tierra permiten, además, construir pistas de aterrizaje en las que operan avionetas que traen cocaína de Bolivia que luego es llevada hacia el mercado brasileño. Todos estos grupos tienen personal fuertemente armado que bien podrían confundirse con la guerrilla fantasma. De hecho, esta hipótesis es sostenida por los lugareños, en su mayoría campesinos pobres y sin tierra, pero no consiguen que las autoridades indaguen a fondo en esta delicada cuestión. Sólo el gobernador de San Pedro, José Ledesma sostuvo la necesidad de seguir esta línea con seriedad. Un dato que alimenta esta hipótesis se conoció el 20 de junio, cuando Niño Salvador Saldívar, de 31 años, se entregó a las autoridades en el departamento de Concepción. Se trata de un hombre que asegura ser miembro del EPP, pero que aclara que el ataque contra los policías fue obra de narcotraficantes que operan en esas regiones boscosas del país, donde proliferan los cultivos ilegales de marihuana. El posible análisis serio por parte de las autoridades de semejante hipótesis requerirá de audacia política y compromiso. No hay mucho margen para el Poder Ejecutivo, que debe encontrar una respuesta ante la ausencia de resultados en la lucha contra el EPP. La alegada incapacidad gubernamental para desarticular a la supuesta guerrilla pretende ser utilizada para llevar a un juicio político al Presidente. Tras esta escenificación hay una derecha agazapada, empeñada en terminar con el gobierno de Fernando Lugo.
Desde Asunción, Jorge Zárate
El IVº Foro Social de las Américas (FSA) reunirá en Asunción, entre el 11 y el 15 de agosto próximo, a alrededor de 15 mil representantes de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, intelectuales y artísticas de toda la región. En esas jornadas serán tratados temas tales como soberanía alimentaria, la necesidad de reformas agrarias que garanticen el acceso a la tierra y el cumplimiento de las normas laborales, entre otros.
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