Las elecciones municipales de noviembre pasado, que determinaron una derrota electoral para el presidente Fernando Lugo, provocaron, previsiblemente, algunos movimientos en el ámbito interno de la alianza electoral que llevó al ex obispo al poder.
El más fuerte de todos los movimientos observados al comenzar el año fue la decisión del Partido Comunista Paraguayo (PCP) de quitarle el “apoyo crítico” que venía dando al Gobierno, por considerar que el Poder Ejecutivo gira “a la derecha” con algunos anuncios recientes. Cuestionó la privatización de los aeropuertos y las intenciones del ministro de Obras Públicas, el liberal Efraín Alegre, de avanzar con el proyecto de explotación minera canadiense Río Tinto Alcan, que busca construir una planta de aluminio con una inversión de 3.500 millones de dólares para producir 670 mil toneladas al año.
El PCP, sin embargo, no se retiró del Frente Guasu (Frente Grande), la organización popular que se conformó antes de las elecciones de noviembre para apoyar al Presidente desde el campo social. “Continuaremos acompañando el proceso de cambio”, aclaran los miembros del PC.
Al conocerse esta decisión, el partido oficialista Tekojoja (Igualdad), liderado por el senador Sixto Pereira, reclamó acciones concretas para evitar que la grieta en la coalición oficial se profundice. El Presidente decidió remover del cargo de secretario de Acción Social al sacerdote Pablino Cáceres, muy criticado por las organizaciones que luchan por vivienda (Sin Techos) y las propias comunidades campesinas, ante lo que consideraban falta de respuesta a los reclamos de los asentamientos.
Lugo nombró para esa área de gobierno a Hugo Richer, secretario general de Convergencia Popular Socialista (Pcps) un partido que tiene como principal base a las organizaciones campesinas del departamento San Pedro, lideradas por los hermanos Elvio, Ernesto y Diosnel Benítez.
Con este movimiento, el Ejecutivo espera “frenar el desbande” de los partidos del Frente Guasu de la alianza de Gobierno, como confió una fuente del Palacio de López. Sin embargo, Richer se hace cargo de una secretaría de Acción Social a la que le fue recortado el presupuesto y en la que será difícil diseñar los planes necesarios para asistir a más de un millón de paraguayos que actualmente viven en la pobreza extrema.
El Jefe de Estado también envió una señal a los movimientos campesinos que reclaman la compra de siete mil hectáreas para el desarrollo de un asentamiento modelo. Las tierras son propiedad del brasileño Ulisses Rodrígues Teixeira, cuya tenencia es considerada ilegal por las organizaciones de San Pedro.
Esta adquisición es duramente cuestionada por la prensa empresarial y se trata de una de las pulseadas principales que sostiene el Gobierno con el establishment local. Se trata de un asunto más simbólico que importante en el marco de las necesidades de tierra de más de 300 mil familias que demandan campos para labrar.
En medio de esta pulseada, el flagelo de los agroquímicos volvió a cobrarse una nueva víctima: Rubén Portillo Cáceres, de 26 años, poblador de Colonia Yeruti, en el departamento de Canindeyú, a unos 260 kilómetros al sur de Asunción. Agricultores brasiguayos rociaron los campos y afectaron al menos a 16 personas que se presentaron en el Centro de Salud local con síntomas clásicos de este tipo de intoxicaciones.
Esto motivó el repudio de las organizaciones campesinas, que recordaron al presidente Lugo la necesidad de restablecer el decreto que él mismo había dictado, que disponía reglas para el uso de agroquímicos. La norma fue dejada sin efecto cuando el Presidente cedió a la presión de los grandes productores de soya, la principal fuente de ingresos de divisas al país. Por exportación de grano en bruto, durante 2010 se generaron más de 3 mil millones de dólares. Pero los productores prácticamente no tributan impuestos directos en una de las más notorias injusticias que se verifican en el país.
Colorados agitados
En una escandalosa Convención Extraordinaria, el Partido Colorado decidió habilitar para las candidaturas electivas a afiliados que tengan poco más de un año de pertenencia partidaria, al dejar atrás una antigua normativa que requería de 10 años de afiliación para acceder a las candidaturas.
Con imposiciones, sillazos, botellazos, y la permanente sospecha sobre la compra de votos, la decisión partidaria favorecerá principalmente al empresario Horacio Cartes, novato integrante de esa fuerza que aspira a la Presidencia de la República. “El Partido fue alquilado” dijo Luis Castiglioni, quien será su principal contrincante en la carrera para las internas presidenciales de 2013.
La resolución de la Convención Extraordinaria colorada fue celebrada por buena parte del establishment paraguayo, que admira en Cartes definiciones como: “hay que mirar los países que funcionan. A algunos pocos les gusta Venezuela, Bolivia, Ecuador, pero la gran realidad histórica del mundo nos dice que debemos mirar a Estados Unidos”. Desde los medios de comunicación acuñados por el propio poder establecido, muchos opinadores ya pusieron a Cartes en la carrera presidencial.
Horacio Cartes es un empresario que en menos de dos años de militancia colorada, consiguió una plataforma importante para su candidatura presidencial. Fue el principal financista de las elecciones municipales de noviembre en las que la Asociación Nacional Republicana (ANR), nombre formal de los colorados, se impuso en la mayoría de los distritos.
Cartes sobrelleva sospechas de vínculos con el narcotráfico, que serían la fuente de su explosión económica. Otras investigaciones extraoficiales lo vinculan con la venta de cigarrillos de contrabando de sus empresas Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) y Tabacos del Paraguay S.A. Según publicaciones de 2005 del diario La Nación de Argentina, la marca Rodeo fabricada por Tabesa representaba el 60% de los cigarrillos incautados en ese período.
Cartes también es uno de los propietarios del Banco Amambay, cargo en el que se hizo famoso por despedir a trabajadores que ejercieron su legítimo derecho formar un sindicato. También tiene importantes establecimientos ganaderos y la industria de gaseosas Pulp, una antigua empresa paraguaya que recuperó con importantes inversiones. Se destaca a su vez como dirigente deportivo: es presidente del Club Libertad y director de Selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
La derecha unida para asilar a Cossío
El ex gobernador de Tarija, Mario Cossío, consiguió finalmente el asilo político en Paraguay tras recibir el respaldo de toda la derecha paraguaya, incluido el vicepresidente del país, Federico Franco. La Comisión Nacional de Refugiados de Paraguay (Conare) fue el organismo encargado de pronunciarse sobre el pedido de Cossío, investigado por la justicia boliviana por casos de corrupción. La ahora ex integrante de la Conare, la diputada Aída Robles (del oficialista partido Tekojoja) denunció que el prófugo boliviano tuvo altos respaldos paraguayos para conseguir el estatus. “Un senador paraguayo dijo que el ex gobernador boliviano llegó a Paraguay con su ayuda y la del director de un periódico”, manifestó Robles en entrevista para Telesur. La legisladora justificó su renuncia a la Conare al señalar que hubo “presiones políticas y de empresarios, así como de otros interesados en darle refugio a Cossío sin ningún tipo de estudio y análisis”. En marzo de 2009, el gobierno de Bolivia solicitó la detención del entonces gobernador de Tarija. Las acusaciones realizadas ante la Justicia, a través del Ministerio de Transparencia, se referían a pagos anticipados por proyectos millonarios con la verificación de avances limitados en las obras. También se lo acusaba de comprar generadores eléctricos en mal estado y contratar obras ejecutadas con sobreprecio. Cossío fue reelecto en el cargo en las elecciones de abril de 2010, pero fue suspendido en diciembre pasado para que enfrente un juicio por presunta corrupción. Tras denunciar ser víctima de un “golpe” por parte del gobierno boliviano y luego de una fugaz huelga de hambre que duró menos de 24 horas, Cossío partió al Paraguay, prófugo de la justicia de su país. Tras la resolución adoptada el 20 de enero, el presidente de la Conare, Felipe Robertti, admitió que para otorgar el refugio el organismo no consideró las más de 20 denuncias y procesos por presunta corrupción contra Cossío.
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