Colectivos y política

La inversión en colectivos es una de las favoritas de los que se apropian de los fondos públicos aunque se constituye en realidad en una falsa opción porque se agota en si misma. Dura el tiempo en que se destruyen los diez colectivos que compran, el tiempo durante el que contribuyen con sus coimas a los funcionarios del orden. Mentira es que sea empresa, es daño.
Los colectivos juegan un rol fundamental en lo político electoral porque ayudan a movilizar masas, tanto en los actos como en el día de las elecciones.
También hay otras cuestiones.
Vale hacer un poco de historia y recordar cuando el entonces interventor de la Secretaría de Transportes (Setama), el también gobernador del departamento Central, Carlos Amarilla (PLRA) llegó a pedir a los políticos “que se dejen de joder con los pedidos para habilitar tal o cual colectivo que es del correligionario o el amigo tal, son muchas las presiones en este sentido”, admitió aunque no dio nombres de los involucrados en los pedidos.
Amarilla había impulsado la instalación del boleto electrónico en los colectivos, un negocio de más de 20 millones de dólares de inversión inicial por el que la empresa concesionaria se iba a llevar el 7,5% de valor de cada pasaje cortado, pero los roces entre los grupos de empresarios pudieron más que su fuerza política y Fernando Lugo terminó destituyéndolo.
Hoy Amarilla aboga por la salida del Partido Liberal (PLRA) del gobierno y no falta la mala lengua que dice que es por esta cuestión.
Durante el gobierno de Amarilla, se dio un intrincando juego de intereses entre “nuevos” administradores ligados al gobierno de Lugo y los “antiguos” poderosos del sistema.
Por ejemplo hubo una huelga en julio de 2010 de los trabajadores de las empresas afiliadas al Centro de Empresarios del Transporte (Cetrapam) que comenzó ante el temor de que Amarilla, diera curso a una solicitud de su aliado Miguel Zayas, dirigente sindical de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) en la que habría requerido la cancelación de unas 30 empresas permisionarias de Cetrapam.
Amarilla se defendió señalando que estas empresas “no se avienen a firmar los contratos de sus concesiones con el estado” y culpó a Juan Carlos Aveiro del que dijo “fue jefe de transportes de la campaña de Nicanor (Duarte Frutos)”, de todo el movimiento.
Por esta posición, el grupo de trabajadores, en consonancia con los empresarios nucleados en Cetrapam acusaron al interventor Amarilla de trabajar con la Unica Central de Empresarios del Area Metropolitana (Ucetrama), el otro gremio de empresarios para “quitarles” las concesiones a las líneas en que desempeñan sus tareas.
Por ello salieron a reclamar el cese de la intervención a cargo del también gobernador del departamento Central, reclamando que se cumpla la Ley 1.590 que establece que la Setama se gobierna por un consejo integrado por los gobernadores de Central y el Bajo Chaco, las municipalidades del área metropolitana, empresarios y trabajadores.
A la caída de Amarilla, la intendente de Asunción, Evanhy de Gallegos tomó un rol clave buscando volver a establecer un poder “colorado” en la Setama con el apoyo de los intendentes del área metropolitana.
Finalmente el presidente Lugo mediante decreto se reservó la potestad de fijar o no el aumento del pasaje, nombró a Luis Pereira, un especialista en transporte de alto perfil técnico para desactivar las rencilias políticas.
Allí surgió el esquema de subsidios a las empresas que se implementa y que apunta a reestructurar los grupos de poder mediante una suerte de "blanqueo" de empresas.