Huelga general contra la política económica

Temperatura: una serie de medidas económicas anunciadas durante enero por el presidente Horacio Cartes y la reacción del Ejecutivo ante las movilizaciones populares generaron rechazo y detonaron la convocatoria a una huelga general para fines de marzo. Los puntos desencadenantes fueron el aumento del 20% en el caótico transporte público; congelamiento salarial y violentos hechos represivos en el campo y la ciudad. El descontento popular va en aumento. Desde que Cartes asumió en agosto pasado se muestra aferrado a políticas conservadoras, presentadas como panacea para sacar a Paraguay de la pobreza. La primera huelga general en 20 años busca recomponer el maltrecho movimiento sindical y frenar la persecución a las organizaciones obreras.

Apenas siete meses después de la asunción del gobierno por el Partido Colorado, la plenaria de centrales sindicales de Paraguay está en fase de preparación de una huelga general, la primera en el país en el siglo XXI. La protesta se llevará a cabo a fines de marzo, convocada por la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (Cut-A), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), la Central General de Trabajadores (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (Cesitp). Tras casi 20 años de la última realizada a nivel general, este llamado a la huelga es un esfuerzo por recomponer el maltrecho movimiento sindical, en un escenario de constante persecución a las organizaciones obreras.

“Por el reajuste salarial del 25% y control de precio de la canasta básica; contra la suba del pasaje, de productos y servicios públicos; por la libertad sindical; por la derogación de la ley de Alianza Público Privada (APP) y contra el modelo neoliberal del gobierno de Cartes”, son las consignas expuestas por los convocantes a la huelga general.

La articulación con el movimiento estudiantil y campesino también es una de las tareas a ejecutar para la jornada nacional de protesta, convocada para el 26 de marzo. La fecha tiene gran significación pues se trata del día en que fueron asesinados varios jóvenes durante el denominado “Marzo paraguayo”, de 1999.

En el mismo plan se encuentra la Corriente Sindical Clasista (CSC), estrechamente ligada a la Federación Nacional Campesina (FNC) una de las mayores organizaciones campesinas del país. Precisamente la FNC lleva realizadas desde 1994 marchas anuales sobre Asunción, con militantes procedentes de diversas regiones del país, y que este año bien podría confluir el 26 de marzo, para aunar fuerzas contra el modelo neoliberal del presidente Horario Cartes (Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado), en el poder desde agosto pasado.

“Aquí sólo existen dos vías: movilizarnos y luchar por defender los intereses populares, o entregarse. Y nosotros estamos convencidos que el primero es nuestro camino”, expresó Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), una de las organizaciones que trabaja por la convocatoria.

Campo y ciudad

La frase preferida de Cartes fue pronunciada por primera vez al momento de tomar el poder y resuena permanentemente en diferentes actos públicos. “Ya no les puedo pedir paciencia, les pido sana rebeldía. Si este presidente no cumple, hagan lío; hagan lío, jóvenes. Ustedes son el presente”. Sin embargo, las posibles consecuencias de la rebeldía no fueron enunciadas. Violentas e ilegales agresiones fueron desatadas en Asunción durante enero por los agentes policiales contra manifestantes que se oponían a la suba del precio del transporte público, operado por empresarios muy cuestionados por el pésimo servicio que brindan.

El periodista del periódico de interpretación y análisis E´a, Paulo López, fue víctima de torturas en la sede de la comisaría policial 3ª de la capital paraguaya. Había concurrido allí para interiorizarse de la situación de varios jóvenes detenidos durante una marcha realizada el 3 de enero. Fue despojado de su cámara fotográfica por los policías, en la que estaban guardadas varias escenas de la represión. Su denuncia ya fue radicada ante la Organización de las Naciones Unidas.

En la norteña localidad de Capiibary, departamento de San Pedro, varios campesinos que reclaman la titularidad de parte del Estado de tierras ocupadas por el abogado y empresario Gustavo de Gásperi, fueron brutalmente apaleados por los agentes policiales luego de que se retirara una delegación parlamentaria, presente para revisar la marcha judicial del caso. Los trabajadores rurales sufrieron fracturas, lesiones en diversas extremidades y golpes en la cabeza. Las trabajadoras rurales, por su parte, denunciaron a los policías también por el robo de su dinero y equipos de trabajo de peluquería.

Este tipo de casos está siendo documentado por una comisión especial creada en el Senado, a fin de intentar poner freno a tanto abuso policial, fiscal y judicial, que opera al servicio de los grandes latifundistas foráneos y los cuestionados empresarios locales.

Los estudiantes universitarios convocaron a una multitudinaria manifestación, con epicentro en Asunción y con puntos de referencia en varias otras ciudades del país, para repudiar el alza del precio del transporte de pasajeros, así como para exigir la implementación del boleto estudiantil universitario. Antecedió a esta protesta, una particular expresión de repudio contra Cartes, a través de una manifestación frente a la residencia privada del Presidente, engalanada con papel higiénico ante la desesperación de los escasos agentes policiales que a esas horas custodiaban el lugar.

Desde que asumió, Cartes acumuló normas que conforman el eje de su plan económico: la llamada Ley de Alianza Público-Privada (APP); modificación de la Ley de Defensa Nacional; Ley de Responsabilidad Fiscal; y otras resoluciones para supuestamente atraer inversiones extranjeras al país. Marzo mostrará entonces la capacidad del movimiento popular para poner o no freno al embate oficialista.

Desde Asunción, Vicente Páez

Gerentes privados en asuntos de Estado

La presencia en el Estado de varios directivos de las empresas particulares del presidente Horacio Cartes motivó una serie de reclamos. Hugo Portillo, presidente del Banco Amambay, participó en su carácter de “asesor” de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad, oficina antidrogas) de un procedimiento antinarcótico en el norte del país, en un hecho que fue calificado de totalmente irregular por varias organizaciones políticas. El Banco en cuestión fue investigado, años atrás, por su supuesta vinculación con el lavado de dinero procedente del tráfico de estupefacientes.

El senador liberal Miguel Abdón Saguier denunció la adjudicación directa de contratos públicos a empresas vinculadas con asesores del Presidente. Tal fue el caso de Francisco Barriocanal, gerente de Pulp, compañía propiedad de Cartes, que obtuvo un contrato de cerca de un millón de dólares con la estatal Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Varios legisladores exhibieron fotografías donde asesores nombrados por Cartes, como José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este SA (Tabesa); y Francisco Barriocanal, gerente de Pulp; participaron de los encuentros de ministros y otras reuniones de alto nivel. Otros hombres cercanos a Cartes con actividades en el Estado son Carlos Cañete, dirigente del club Libertad, que asesora en Petropar; y el dirigente deportivo Marcos Caner, que es asesor en Yacyretá. La presencia de empresarios privados en el gabinete del mandatario fue calificada como un “juego peligroso para la democracia”, por el senador del Frente Guasu (izquierda), Hugo Richer.