Paraguay paralizado por una huelga histórica

Presente: la primera huelga general en 20 años fue histórica, activa y pacífica. Incluyó una fuerte movilización, cortes de caminos y convergencia de diferentes organizaciones sindicales y campesinas. La protesta paralizó las principales ciudades reforzada con miles de personas sin tierra llegados de todas las regiones del país. Las jornadas pusieron a prueba la unidad contra políticas neoliberales del presidente Horacio Cartes y animaron a los organizadores a pensar en acciones conjuntas para enfrentar una etapa que incluye privatizaciones, ingreso irrestricto de capitales multinacionales, apertura a la especulación financiera, flexibilización laboral y mayor judicialización de la protesta social. Tras el paro el gobierno abrió una mesa de diálogo.

Una importante adhesión registró la Huelga General en Paraguay, la primera en 20 años, convocada por organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad para protestar contra el “Nuevo Rumbo” del presidente Horacio Cartes. Fue una jornada histórica por la participación activa y a la vez pacífica de decenas de miles de personas en todo el país. Varias agrupaciones del fragmentado frente social recuperaron la capacidad de movilización y se fortalecieron para iniciar una nueva etapa.

“Por la Reforma Agraria, el reajuste salarial del 25% y control de precios de la canasta básica; contra la suba del pasaje, de productos y servicios públicos; por la libertad sindical; por la derogación de la ley de Alianza Público Privada (APP) y contra el modelo neoliberal del gobierno de Cartes”, fueron las consignas expuestas por los convocantes en decenas de piquetes que se distribuyeron por todo el país.

Los organizadores evaluaron que la huelga general tuvo una adhesión del 90%. El secretario general del Sindicato Central Unitario de Trabajadores-Auténtica (Cut-A), Víctor Ferreira, señaló que la convocatoria “ha sido un éxito” con un “acatamiento total por parte de la ciudadanía” y admitió que “es algo que vemos con mucho optimismo porque no esperábamos semejante éxito”. El relevamiento de este sindicato, uno de los más importantes de Paraguay, determinó que las escuelas y la mayoría de comercios se han sumado a la protesta, en especial en la capital del país. “Asunción ha amanecido casi vacía, con sólo un 10% de circulación de vehículos y con la mayoría de colegios cerrados”.

En marcha

Miles de personas se concentraron desde temprano el 26 de marzo en varios puntos de Asunción y en otras ciudades. En la capital la marcha finalizó en la céntrica Plaza de la Democracia. A esta convocatoria se sumaron miles de personas llegadas de todo el país como parte de la tradicional Marcha del Campesinado Pobre que este año hizo coincidir su XXI edición con las movilizaciones de los sindicatos. Los trabajadores rurales y sin tierra de la Federación Nacional Campesina (FNC) denuncian el modelo agroexportador de las grandes plantaciones de soya y reiteraron su histórico reclamo de reforma agraria.

La Marcha del Campesinado Pobre recoge cada año la reivindicación de la reforma agraria y la protesta contra las políticas que destruyen las explotaciones agrícolas familiares o comunitarias. El dirigente Isabelino Garcete, coordinador de la FNC en el departamento de Canindeyú, señaló que la movilización de este año “buscó conseguir que el Gobierno y la ciudadanía escuchen nuestro reclamo contra el modelo de producción que deja más pobres a una mayoría y más ricos a una minoría”.

El Partido Colorado pidió a sus afiliados que se negaran a participar de la protesta. Esto provocó que una mayoría de sindicatos del sector público siguieran a pie juntillas la “orden partidaria”. Además, la Policía Nacional desplegó para esa protesta a sus 26 mil agentes. Pese a ambas decisiones los sindicatos y las fuerzas campesinas coincidieron en que la jornada se desarrolló en forma masiva y pacífica.

La convocatoria fortaleció a los sindicatos que decidieron participar de la mesa de diálogo convocada por el Gobierno encabezada por el vicepresidente Juan Afara. “El hecho de que nos hayan convocado quiere decir que el presidente de la República (Horacio Cartes) y su gabinete se han dado cuenta de que el clamor es muy fuerte”, señaló Ferreira, de la Cut-A. El principal planteo al Poder Ejecutivo es “la derogación o una revisión de la Ley de APP (Alianza Público-Privada, aprobada por el Congreso el año pasado)” que abre las puertas a la privatización de las empresas estatales. También exigen “aumento del 15% en el salario mínimo (sumado al 10% ya otorgado por el Ejecutivo) y exigencias en materia de salud, transporte, educación”.

El presidente de la Corriente Sindical Nacional Clasista, Eduardo Ojeda, denunció que la ley APP “amplía la posibilidad de las concesiones en salud, educación, carreteras, ríos y cárceles a las empresas privadas; que pone en juego nuestra soberanía y enajena al sector público”. Agregó que “la política de Cartes va a sangrar los recursos del Estado, una política laboral igual que la de los gobiernos anteriores, con trabajo esclavizado e impunidad empresarial”.

Para evaluar

Las organizaciones consideraron al movimiento un punto de partida para una lucha que se presenta difícil y desigual contra un gobierno que cree en la doctrina de la represión.

“Paraguay Para” fue una de las consignas para dejar en claro el amplio acuerdo en el que se buscará de ahora en más reunir a trabajadores, campesinos, indígenas, sectores populares, ciudadanos, estudiantes, pobladores y desempleados en un plan de lucha que ayude a vencer la impronta conservadora que se instaló en el país desde el golpe de Estado contra Fernando Lugo el 15 de junio de 2012.

Entre las organizadores que trabajaron para estas jornadas históricas se cuentan a la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (Cut-A), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), la Central General de Trabajadores (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (Cesitp).

En el mismo plan se encuentra la Corriente Sindical Clasista (CSC), estrechamente ligada a la Federación Nacional Campesina (FNC) una de las mayores organizaciones campesinas del país. Precisamente la FNC lleva realizadas desde 1994 marchas anuales sobre Asunción, con militantes procedentes de diversas regiones del país, y que este año confluyeron en la protesta pero sin mayores actos unitarios, una de las necesidades a ser evaluadas para futuras acciones. La necesidad de la articulación con las organizaciones de Sin Techo, otrora fuertes en el país que tiene un déficit de más de 450 mil viviendas, es otro punto a señalar.

Desde Asunción, Jorge Zárate.

Dieciseis muertos desde el golpe a Lugo Eusebio Carlos Torres fue asesinado en marzo por sicarios tras participar activamente en la detección de tierras públicas que son utilizadas por empresarios soyeros en el departamento de Alto Paraná. Estos terrenos deberían ser destinadas a la reforma agraria y en eso trabajaba el dirigente campesino junto a autoridades del Instituto de la Tierra (Indert). Torres, de 64 años, ayudó al presidente del Indert, Justo Cárdenas, y a los técnicos de la institución a identificar los lotes de la Colonia Santa Lucía, que en total configuran 3.187 hectáreas explotadas ilegalmente por ocupantes no sujetos de la Reforma Agraria. También otras seis mil hectáreas de la colonia Laureles que el Estado se comprometió a recuperar. Desde junio de 2012, al menos 16 dirigentes campesinos fueron asesinados por sicarios en varios puntos del país. El más reciente, antes del asesinato de Torres, ocurrió en febrero pasado cuando ultimaron a Nery Benítez en la Colonia Luz Bella, departamento de San Pedro. Las organizaciones campesinas y de derechos humanos denuncian que los asesinatos dejan en claro el afán del agronegocio de seguir utilizando tierras malhabidas, que deberían destinarse a la reforma agraria como base de su acumulación rentística. La Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) expresó en un comunicado: “El asesinato de Eusebio Torres marca lamentablemente la continuidad de atentados contra la vida de campesinos –más de 100 dirigentes y miembros de organizaciones fueron asesinados desde la caída de la dictadura stronista hasta la actualidad– y contra el accionar de las organizaciones campesinas y sociales que siguen exigiendo al Estado la implementación de una verdadera reforma agraria en nuestro país. Esta reforma  debe incluir la recuperación de millones de tierras malhabidas así como la adopción de políticas concretas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina, profundamente afectada por la pobreza”. El documento recuerda que “Paraguay cuenta con una altísima concentración de la tierra según datos oficiales: el 2,6% de los propietarios posee el 85% de las tierras del país. Y la existencia de tierras malhabidas es una de las principales causas de la elevada concentración de tierras señalada”.