El frente social y político paraguayo, aunque desarticulado,
cuestiona en las calles al Gobierno que asumió hace tres años.
Desempleo, persecución y narcopolítica, en el eje de los reclamos.
El Congreso Democrático del Pueblo (CDP)
pidió la renuncia del presidente Horacio Cartes al considerar que en
sus primeros años de gobierno está en deuda en el aspecto social. “Sólo
ha gobernado para los ricos”, plantearon sus principales dirigentes
durante una manifestación realizada en coincidencia con el tercer año al
frente del Ejecutivo.
El coordinador del CDP, Ermo Rodríguez, evaluó que “Horacio Cartes está reprobado como presidente de la República. El país sigue en la miseria, en la falta de empleo. El error es que sólo gobierna para los ricos y nada para los pobres”. El Congreso Democrático del Pueblo está integrado por la Federación Nacional Campesina (FNC), el Partido Paraguay Pyahurã y otros movimientos desprendidos del Frente Guasu que lidera el ex presidente Fernando Lugo.
La marcha coincidió con el repudio a la sentencia por la Masacre de Curuguaty en la que fueron condenados una decena de campesinos por los hechos ocurridos en junio de 2012. La protesta se realizó el 15 de agosto e incluyó al Palacio de Justicia, el Palacio de López (sede del Ejecutivo) y el Congreso Nacional. “Nos pone contentos la presencia masiva. Tenemos la convicción de que estamos luchando por un Paraguay diferente”, se entusiasmó Rodríguez.
Rodríguez, uno de los oradores en el cierre del acto, señaló que el gobierno “sólo nos trajo más pobreza, más agronegocio, mas persecución a los campesinos y ningún avance social”. Pidió que “todos los sectores honestos se pongan las pilas” y cuestionó a los partidos tradicionales porque sólo piensan en Paraguay “cuando se necesita hacer coyunturas políticas de cara a las elecciones”.
Entre las preocupaciones en este tercer aniversario apareció también el tema de la “narcopolítica”, término con el que se menciona la penetración en los partidos políticos tradicionales de pequeños y grandes traficantes de drogas. Este fenómeno se da fundamentalmente en el interior del país y principalmente en el Partido Colorado aunque también del Partido Liberal. Las disputas por negocios turbios y otras cuestiones terminaron con el asesinato, amenazas o agresiones de intendentes, concejales y periodistas.
El último homicidio fue el 5 de agosto pasado cuando Miguel Louteiro, intendente de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, fue acribillado a balazos. Estaba en compañía de su secretario Celso Carballo, también asesinado, mientras hacían el reconocimiento de las reparaciones que necesitaba un puente en un camino vecinal.
Principalmente estos aspectos y la marcha de la economía quedaron reflejados en una encuesta de Ibope Cies, donde el 64% de la población rechazó la gestión de Cartes. El trabajo indica que el 41% de la ciudadanía califica de mala a la actual administración mientras que el 23% considera que es muy mala. Empleo, seguridad y salud aparecen como las áreas más sensibles y en las que no se notan avances significativos.
El coordinador del CDP, Ermo Rodríguez, evaluó que “Horacio Cartes está reprobado como presidente de la República. El país sigue en la miseria, en la falta de empleo. El error es que sólo gobierna para los ricos y nada para los pobres”. El Congreso Democrático del Pueblo está integrado por la Federación Nacional Campesina (FNC), el Partido Paraguay Pyahurã y otros movimientos desprendidos del Frente Guasu que lidera el ex presidente Fernando Lugo.
La marcha coincidió con el repudio a la sentencia por la Masacre de Curuguaty en la que fueron condenados una decena de campesinos por los hechos ocurridos en junio de 2012. La protesta se realizó el 15 de agosto e incluyó al Palacio de Justicia, el Palacio de López (sede del Ejecutivo) y el Congreso Nacional. “Nos pone contentos la presencia masiva. Tenemos la convicción de que estamos luchando por un Paraguay diferente”, se entusiasmó Rodríguez.
Rodríguez, uno de los oradores en el cierre del acto, señaló que el gobierno “sólo nos trajo más pobreza, más agronegocio, mas persecución a los campesinos y ningún avance social”. Pidió que “todos los sectores honestos se pongan las pilas” y cuestionó a los partidos tradicionales porque sólo piensan en Paraguay “cuando se necesita hacer coyunturas políticas de cara a las elecciones”.
Entre las preocupaciones en este tercer aniversario apareció también el tema de la “narcopolítica”, término con el que se menciona la penetración en los partidos políticos tradicionales de pequeños y grandes traficantes de drogas. Este fenómeno se da fundamentalmente en el interior del país y principalmente en el Partido Colorado aunque también del Partido Liberal. Las disputas por negocios turbios y otras cuestiones terminaron con el asesinato, amenazas o agresiones de intendentes, concejales y periodistas.
El último homicidio fue el 5 de agosto pasado cuando Miguel Louteiro, intendente de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, fue acribillado a balazos. Estaba en compañía de su secretario Celso Carballo, también asesinado, mientras hacían el reconocimiento de las reparaciones que necesitaba un puente en un camino vecinal.
Principalmente estos aspectos y la marcha de la economía quedaron reflejados en una encuesta de Ibope Cies, donde el 64% de la población rechazó la gestión de Cartes. El trabajo indica que el 41% de la ciudadanía califica de mala a la actual administración mientras que el 23% considera que es muy mala. Empleo, seguridad y salud aparecen como las áreas más sensibles y en las que no se notan avances significativos.
Endeudamiento
El Frente Guasu (FG), que conduce el actual senador Fernando Lugo, también hizo su propio balance de los tres años de Cartes. Consideró que el Presidente “intento instalar la fantasía de un Paraguay que crece y combate la pobreza a través de la captación de inversiones para la generación de puestos de trabajo (pero) desde los hechos podemos corroborar que esas promesas no pasaron de ser una ilusión que se sostiene principalmente sobre el endeudamiento del Estado”.
El párrafo hace referencia a la fallida Alianza Público Privada (APP), un sistema promovido en una de las primeras leyes que envió Cartes al Congreso en el que se prometía que grandes inversores vendrían al país para desarrollar su economía. El FG agregó que el “modelo neoliberal fallido del gobierno colorado de Cartes, con una situación de desabastecimiento en los hospitales, estancamiento del comercio nacional, falta de una política tributaria que mitigue las tremendas desigualdades sociales del país, y por ende la falta de una política de inversión social para la disminución de la pobreza y la atención a los sectores desprotegidos, pone en evidencia la insustentabilidad de su proyecto”.
En el documento que la fuerza política hizo público en relación al tercer aniversario recordó el rechazo del mandatario al impuesto a la exportación de granos en estado natural que “hubiese significado para nuestro país el ingreso de casi 400 millones de dólares anuales sobre el sector que mayor renta genera y que sin embargo hoy día aporta no más que un 3,7% de los ingresos tributarios a nuestro Estado”. La organización política recordó que “esta ley, sancionada por el Congreso, fue vetada por el presidente Cartes” y que “en el caso de la Ley de tabaco realizó un intenso lobby para frenar los impuestos y continuar por debajo de lo que se tributa en los países vecinos”.
La oposición al binomio Partido Colorado-Partido Liberal también alerta sobre el alto endeudamiento externo. Un reporte de la Sociedad de Economía Política (Seppy) recordó que “a junio de 2016 el saldo de la deuda pública total llegó a más de 6.109 millones de dólares, creció más del doble (125%) respecto del 2011 y 73% respecto del 2012”.
El documento de Seppy consideró que “el peligro que representa la deuda pública actual y su acelerado crecimiento está relacionado, en primer lugar, con el aumento de las obligaciones de deuda del Estado y la práctica del ‘bicicleteo’”. Recordó que “el plazo de vencimiento de los (bonos emitidos) es en 2023 (780 millones de dólares); 2026 (600 millones de dólares), y 2044 (1.000 millones de dólares). El pago total en concepto de interés según cada serie de bonos “soberanos” colocados superará el monto total de los mismos, al sumar 2,454.2 millones de dólares, debido a que los bonos no son amortizables y los intereses se calculan sobre el monto inicial, nominal”.
Se expone allí que esa política de endeudamiento pone en peligro a las futuras generaciones y que de no darse un cambio sustancial en las políticas económicas, la situación social puede agravarse más temprano que tarde.
El Frente Guasu (FG), que conduce el actual senador Fernando Lugo, también hizo su propio balance de los tres años de Cartes. Consideró que el Presidente “intento instalar la fantasía de un Paraguay que crece y combate la pobreza a través de la captación de inversiones para la generación de puestos de trabajo (pero) desde los hechos podemos corroborar que esas promesas no pasaron de ser una ilusión que se sostiene principalmente sobre el endeudamiento del Estado”.
El párrafo hace referencia a la fallida Alianza Público Privada (APP), un sistema promovido en una de las primeras leyes que envió Cartes al Congreso en el que se prometía que grandes inversores vendrían al país para desarrollar su economía. El FG agregó que el “modelo neoliberal fallido del gobierno colorado de Cartes, con una situación de desabastecimiento en los hospitales, estancamiento del comercio nacional, falta de una política tributaria que mitigue las tremendas desigualdades sociales del país, y por ende la falta de una política de inversión social para la disminución de la pobreza y la atención a los sectores desprotegidos, pone en evidencia la insustentabilidad de su proyecto”.
En el documento que la fuerza política hizo público en relación al tercer aniversario recordó el rechazo del mandatario al impuesto a la exportación de granos en estado natural que “hubiese significado para nuestro país el ingreso de casi 400 millones de dólares anuales sobre el sector que mayor renta genera y que sin embargo hoy día aporta no más que un 3,7% de los ingresos tributarios a nuestro Estado”. La organización política recordó que “esta ley, sancionada por el Congreso, fue vetada por el presidente Cartes” y que “en el caso de la Ley de tabaco realizó un intenso lobby para frenar los impuestos y continuar por debajo de lo que se tributa en los países vecinos”.
La oposición al binomio Partido Colorado-Partido Liberal también alerta sobre el alto endeudamiento externo. Un reporte de la Sociedad de Economía Política (Seppy) recordó que “a junio de 2016 el saldo de la deuda pública total llegó a más de 6.109 millones de dólares, creció más del doble (125%) respecto del 2011 y 73% respecto del 2012”.
El documento de Seppy consideró que “el peligro que representa la deuda pública actual y su acelerado crecimiento está relacionado, en primer lugar, con el aumento de las obligaciones de deuda del Estado y la práctica del ‘bicicleteo’”. Recordó que “el plazo de vencimiento de los (bonos emitidos) es en 2023 (780 millones de dólares); 2026 (600 millones de dólares), y 2044 (1.000 millones de dólares). El pago total en concepto de interés según cada serie de bonos “soberanos” colocados superará el monto total de los mismos, al sumar 2,454.2 millones de dólares, debido a que los bonos no son amortizables y los intereses se calculan sobre el monto inicial, nominal”.
Se expone allí que esa política de endeudamiento pone en peligro a las futuras generaciones y que de no darse un cambio sustancial en las políticas económicas, la situación social puede agravarse más temprano que tarde.
Sin oportunidades
El senador Hugo Richer (FG) evaluó que, de acuerdo al estudio de la Seppy, el principal programa del gobierno “Sembrando Oportunidades” no llega al 3% de las fincas de menos de 20 hectáreas como así tampoco al 1% de los que tienen 20 hectáreas o más. En esta franja se ubica la Agricultura Familiar Campesina (AFC), otro sector de los más afectados por las políticas de Cartes. “Sembrando Oportunidades” fue presentado por el Ejecutivo como “el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema que tiene como objetivo aumentar los ingresos y el acceso a los servicios sociales de las familias que viven en situación de vulnerabilidad”. Cuando lanzó esta iniciativa, en septiembre de 2013, el Ejecutivo definió “como prioridad la meta de reducción de la pobreza extrema del 18.8% al 9% para el 2015”. En efecto, Cartes asumió con el compromiso de combatir la pobreza pero según datos actuales 22.2 % de los paraguayos vive en pobreza, es decir, un millón y medio de personas.
En esta materia los movimientos sociales y campesinos cuestionan que el gobierno de Cartes dejó fuera de agenda la discusión de la Reforma Agraria, reclamada por el movimiento campesino y las fuerzas sociales de este país que tiene la peor distribución de tierras del mundo, donde el 3% de los propietarios tiene el 88% de las tierras.
El trabajo mencionado consigna que lejos de favorecer a los campesinos y a la Agricultura Familiar “la importación de alimentos es cada vez mayor, lo cual se refleja en los altos precios de dichos productos y sus bruscas oscilaciones; importamos más del 50 % del tomate que consumimos, 30 % del repollo y más del 90 % del ajo, la cebolla y la papa, por citar solo algunos rubros de consumo cotidiano”.
La protesta social trasciende a los campesinos y a los trabajadores irregulares. Además de las masivas marchas estudiantiles que se iniciaron el año pasado para comienzos de septiembre estaba prevista una huelga y marchas de los médicos del servicio público. Prometen atender sólo casos de urgencia en los hospitales más importantes.
Los profesionales de la salud pública cuestionan la falta de respuesta a sus reclamos. El dirigente médico, Lirio Irala, explicó que desde hace dos años piden aumento del presupuesto de Salud y también una baja de 40 a 25 años de aporte jubilatorio de los profesionales. “Así como estamos, esto significa que tendremos compañeros trabajando hasta los 75 u 80 años de edad para jubilarse y eso es inhumano”, denunció.
El senador Hugo Richer (FG) evaluó que, de acuerdo al estudio de la Seppy, el principal programa del gobierno “Sembrando Oportunidades” no llega al 3% de las fincas de menos de 20 hectáreas como así tampoco al 1% de los que tienen 20 hectáreas o más. En esta franja se ubica la Agricultura Familiar Campesina (AFC), otro sector de los más afectados por las políticas de Cartes. “Sembrando Oportunidades” fue presentado por el Ejecutivo como “el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema que tiene como objetivo aumentar los ingresos y el acceso a los servicios sociales de las familias que viven en situación de vulnerabilidad”. Cuando lanzó esta iniciativa, en septiembre de 2013, el Ejecutivo definió “como prioridad la meta de reducción de la pobreza extrema del 18.8% al 9% para el 2015”. En efecto, Cartes asumió con el compromiso de combatir la pobreza pero según datos actuales 22.2 % de los paraguayos vive en pobreza, es decir, un millón y medio de personas.
En esta materia los movimientos sociales y campesinos cuestionan que el gobierno de Cartes dejó fuera de agenda la discusión de la Reforma Agraria, reclamada por el movimiento campesino y las fuerzas sociales de este país que tiene la peor distribución de tierras del mundo, donde el 3% de los propietarios tiene el 88% de las tierras.
El trabajo mencionado consigna que lejos de favorecer a los campesinos y a la Agricultura Familiar “la importación de alimentos es cada vez mayor, lo cual se refleja en los altos precios de dichos productos y sus bruscas oscilaciones; importamos más del 50 % del tomate que consumimos, 30 % del repollo y más del 90 % del ajo, la cebolla y la papa, por citar solo algunos rubros de consumo cotidiano”.
La protesta social trasciende a los campesinos y a los trabajadores irregulares. Además de las masivas marchas estudiantiles que se iniciaron el año pasado para comienzos de septiembre estaba prevista una huelga y marchas de los médicos del servicio público. Prometen atender sólo casos de urgencia en los hospitales más importantes.
Los profesionales de la salud pública cuestionan la falta de respuesta a sus reclamos. El dirigente médico, Lirio Irala, explicó que desde hace dos años piden aumento del presupuesto de Salud y también una baja de 40 a 25 años de aporte jubilatorio de los profesionales. “Así como estamos, esto significa que tendremos compañeros trabajando hasta los 75 u 80 años de edad para jubilarse y eso es inhumano”, denunció.
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