Ejecutivo y Legislativo confrontan por presupuesto, endeudamiento y reelección

Santiago Peña, ministro de Hacienda, junto al presidente Horacio Cartes.

La colocación de bonos soberanos y una tenue mejora en la calificación de riesgos puso feliz al presidente Horacio Cartes, muy apegado a los pronunciamientos del sistema financiero internacional.

El gobierno de Paraguay volvió a emitir “bonos soberanos”, títulos de deuda externa por 500 millones de dólares. Pero esta vez la decisión no fue avalada por el Congreso, como lo establece la Constitución, y transformó el episodio en uno más de los que agravan la estabilidad institucional en el país.
Los bonos lanzados a un plazo de 10 años y con una tasa de interés del 4,7%, fueron colocados por el Citigroup que dijo haber tenido oferentes por hasta 3 mil millones de dólares. El anuncio se realizó un día después de que los bonos recibieran la calificación Ba1 de la agencia Moody’s, una decisión que puso feliz al presidente Horacio Cartes, muy apegado a los pronunciamientos del sistema financiero internacional.
El Ministerio de Hacienda señaló en un comunicado que la emisión de bonos incrementará los niveles de endeudamiento de Paraguay cuya deuda pública supera los 6,7 mil millones de dólares. Explicó que la deuda sigue siendo baja y que el país mantiene déficits fiscales moderados. El dinero obtenido de la emisión de deuda pública –informó– podrá invertirse en la administración de pasivos y proyectos de infraestructura.
Ante las quejas del Senado por la falta de consulta sobre la emisión de bonos el Ejecutivo argumentó que no era necesaria la aprobación de la Cámara Alta porque se aprueban a través de la ley del presupuesto, que para 2017 rige el de 2016.
El asunto no está zanjado ya que a comienzos de marzo el Senado aprobó una resolución que autoriza a su presidente, Roberto Acevedo, “a recurrir en representación del Poder Legislativo ante organismos y tribunales internacionales competentes” si el Ejecutivo incumple con la Constitución para la emisión de bonos.

Disputa
El incidente coronó una puja entre el Senado y el Ejecutivo que comenzó con el estudio del presupuesto para este año. El Gobierno envió su propuesta con números muy ajustados, el Senado incorporó las demandas salariales de médicos y maestros, entre otros rubros y finalmente Cartes lo vetó.
A partir de allí los montos para endeudamiento, que deben fijarse en la ley de presupuesto, quedaron anulados, según la interpretación de algunos y sujetos a las cifras previstas en el presupuesto de 2016, según otros. Para zanjar la discusión el Ejecutivo consultó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que avaló la emisión, según algunos juristas por encima de sus atribuciones.
Con este monto la deuda pública está muy cerca de llegar al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) si se suman a las anteriores las emisiones desde 2013 que ya alcanzan los 2.380 millones de dólares. El total de la deuda es de 6.794,3 millones de dólares de acuerdo a cifras oficiales.
En medio de tanta colocación de bonos el Ejecutivo está muy pendiente al pronunciamiento de las agencias internacionales de calificación. La Standard & Poor’s mantiene la nota BB para los bonos en tanto que la calificadora Moody’s los considera Ba1. Para S&P, una obligación calificada con ‘BB’ “es menos vulnerable a incumplimiento que otras emisiones especulativas”. Sin embargo, aclara, “enfrenta constante incertidumbre y exposición ante situaciones adversas financieras, económicas o del negocio, lo que puede llevar a que el emisor tenga una capacidad inadecuada para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación”.
Para Cartes fue todo un éxito: “el mundo se hace eco de la confianza que transmite Paraguay, bonos colocados a una de las mejores tasas de Latinoamérica, 4,7%”, describió en su cuenta de Twitter. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, acompañó: “luego de varios días de intensas reuniones en Londres y Nueva York cerramos una emisión exitosa. Paraguay se destaca a nivel internacional (…) hoy 150 inversores mostraron interés de invertir en Paraguay”.

Peligros
La Sociedad de Economía Política (Seppy), una organización no gubernamental, consideró en un documento del año pasado que “el peligro que representa la deuda pública actual y su acelerado crecimiento está relacionado, en primer lugar, con el aumento de las obligaciones de deuda del Estado y la práctica del ‘bicicleteo’”.
Recordó que “el plazo de vencimiento (de los bonos emitidos) es en 2023 (780 millones de dólares); 2026 (600 millones de dólares), y 2044 (mil millones de dólares). El pago total en concepto de interés según cada serie de bonos “soberanos” colocados superará el monto total de los mismos, al sumar 2.454,2 millones de dólares, debido a que los bonos no son amortizables y los intereses se calculan sobre el monto inicial, nominal”.
Se expone allí que la actual política de endeudamiento pone en peligro a las futuras generaciones y que de no darse un cambio sustancial en las políticas económicas, la situación social puede agravarse más temprano que tarde.

Freno
Mientras se tensaban las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo por la colocación de bonos y el veto del presidente Cartes al presupuesto 2017, hacía agua la discusión sobre la reforma a la Constitución para buscar la reelección presidencial. A mediados de marzo la Cámara de Senadores levantó la sesión ante la falta de quórum mientras prosigue la incertidumbre sobre la fecha en la que el oficialismo presentará un proyecto de enmienda constitucional para facultar la reelección presidencial.
El presidente del Congreso, Roberto Acevedo (Partido Liberal Radical Auténtico, Plra) reiteró las críticas al Gobierno porque “el pueblo paraguayo hoy está clamando para que trabajemos por algo más productivo, por la educación, por la salud por la seguridad”. Dejó así en claro que persistirá la resistencia de su grupo a la posibilidad de tratar un proyecto de ley de enmienda con el que el oficialismo viene amenazando desde comienzos de año.
El ex presidente y actual senador Fernando Lugo, principal referente del Frente Guasú y otro de los que se beneficiaría con la posibilidad de la reelección, abandonó la discusión sobre una enmienda constitucional. “Ya venció, ya murió, ya no tiene más sentido”, dijo.
La consideración de Lugo, aunque no hubo pronunciamiento oficial de su partido, fue importante entre otras cosas porque las encuestas publicadas en la prensa dan favorito al ex obispo. Por caso, el diario Ultima Hora expuso que el destituido presidente es el candidato preferido para un 52,6% de los consultados en la muestra. Se trata de un piso considerable si se tiene en cuenta que en caso de que la enmienda fuera aprobada, el resultado debe ser sometido a un referendo.
La senadora oficialista Lilian Samaniego no se da por vencida; dijo que el Partido Colorado todavía está en plazo para una eventual presentación. “Averiguamos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y ellos tienen hasta el 22 de agosto para comunicar el resultado del referendo y necesitan 60 días para convocar al mismo, por lo tanto hay tiempo para presentar el proyecto”, indicó.
Rechazada en general, aunque no en documentos fundados por la mayoría de los gremios económicos, la enmienda seguirá siendo un agotador tema de discusión al menos en buena parte de este año.
Desde Asunción, Jorge Zárate

Pedirán al Focem que escuche a bañadenses
El diputado Ricardo Canese (Frente Guasú) anunció que propondrá al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) no entregar más recursos para la construcción de la Avenida Costanera de Asunción mientras no se ejerzan medidas de protección a las miles de familias afectadas en los barrios bajos de la ciudad, llamados popularmente Bañados.
Los bañadenses reclaman que, aprovechando la obra, se construya una defensa costera que evite que sus casas queden bajo agua como ocurrió hace apenas un año y medio. El Focem es una institución del Mercosur mediante la cual, con aporte mayoritario de Brasil y Argentina, se financian proyectos sociales y de infraestructura fundamentalmente en Paraguay y Uruguay.
El pedido insta al gobierno paraguayo “a suspender las obras, hasta tanto sus ejecutores no acepten implementar modificaciones del proyecto y medidas complementarias para mejorar las condiciones de vida de la población afectada”.
La propuesta fue presentada luego de la Audiencia Pública organizada por la Comisión de Infraestructura del Parlasur, que se llevó a cabo el 15 de marzo en esta capital. Tal como explica la declaración mocionada por Canese, la Audiencia surge “ante las graves denuncias de reiteradas, sistemáticas y no mitigadas violaciones a los derechos humanos de las miles de familias afectadas a la obra de la Avenida Costanera II en Asunción, Paraguay, financiada con aportes del Focem”.
En la mencionada reunión, representantes de más de 100 organizaciones de los Bañados de Asunción, donde viven más de 100 mil personas que resultaron mayoritariamente inundados, “concurrieron masivamente, y manifestaron su disgusto por la ausencia de las instituciones que justamente son las principales responsables de la riesgosa situación de vida y trabajo que soportan sus familias”, explicó.