En el tramo más intenso de la campaña presidencial en Paraguay el oficialista Partido Colorado busca dar la idea de una unidad cerrada de todas sus filas hacia las elecciones del próximo 22 de abril. La estrategia para el candidato colorado, Mario Abdo Benítez hijo, consiste en conseguir el voto de sus más de un millón de afiliados, con lo que, piensan, lograrían vencer a la alianza entre el Partido Liberal (Plra) y el Frente Guasu (FG), que lidera Efraín Alegre.
Sin embargo, ese caudal de votos es insuficiente. Están habilitados para votar poco más de 4.260.000 electores por lo cual el electorado histórico del partido oficialista no alcanza para ganar una elección frente a una oposición que crece en las encuestas en base a las impopulares medidas del presidente Horacio Cartes.
Campaña sucia
La posibilidad de una victoria de la dupla de la alianza opositora Gran Alianza Nacional Renovada “Ganar” integrada por Efraín Alegre y Leo Rubín motivó las primeras señales de una campaña sucia de parte de las huestes de Abdo Benítez.
En Paraguay se comenta que la campaña del Partido Colorado cuenta con el asesoramiento del venezolano Juan José Rendón, conocido en América Latina como “el rey de la propaganda negra”, experto en desinformación y propaganda de desprestigio para erosionar al adversario político de turno.
El primer golpe fue contra Rubín cuando apareció denunciado por no reconocer la paternidad de una niña indígena. La cuestión tuvo gran repercusión mediática pero que se diluyó cuando la mujer rehusó a practicarse la prueba de ADN a la que el candidato a vicepresidente se sometió de inmediato.
De manera simultánea, su compañero de fórmula, el liberal Alegre comenzó a construir compromisos con las comunidades indígenas con las que admitió una “deuda histórica” durante una reunión con la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Fapi). “Sabemos que es una comunidad que ha sido históricamente excluida y sin las atenciones debidas”, dijo.
Agregó que “sabemos que el Instituto Nacional del Indígena no cumple mínimamente la misión que le corresponde para atender a todos estos compatriotas”. De los 120 mil indígenas censados en el país, 76% vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en mayoría desposeídos de sus tierras ancestrales.
El segundo golpe de campaña, y ya a través de la plataforma mediática del Grupo Nación, propiedad de la familia del presidente Horacio Cartes, se fundó en señalar “vínculos” de algunos dirigentes del Frente Guasu (FG) con el fantasmagórico ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que actuaría en los tres departamentos del norte de la Región Oriental del país: Concepción, San Pedro y Amambay.
Alegre acusó a quienes “arman esto para desviar la atención” y explicó: “en el tema tráfico de cigarrillos y marihuana Cartes está hasta el cuello”. Además, calificó al diario La Nación como “un pasquín” y aseguró que “al EPP, a Cartes y al crimen organizado los queremos vencer con este gran proyecto de unidad, con esta gran alianza que traerá días mejores al pueblo paraguayo”.
Rubín señaló que el candidato colorado a la presidencia “está cooptado por Cartes y como ahora apoya al presidenciable Mario Abdo Benítez, pone a ‘disposición’ esos medios para ese candidato, machacando la independencia de los medios”, señaló.
Malestar social
El aumento del costo de vida a partir de una suba en los combustibles que se trasladó al precio del transporte público sacudió en enero pasado a la población. El malestar no alcanzó, sin embargo, para que las centrales sindicales motorizaran una demorada huelga general que permanece latente. Un llamado a la reunión del Consejo del Salario Mínimo terminó licuando la protesta organizada.
Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (Cut-A), calificó a la suba de gasoil y del pasaje como “un golpe bajo de este gobierno que se va. Es una medida injusta. Automáticamente, suben el pasaje. Se incrementará el precio de los productos de primera necesidad. Va a generar una inflación galopante”. El dirigente también alertó que “el poder adquisitivo del salario se perdió un 30% en los últimos cinco años”.
También la falta de resolución de la deuda de buena parte de la agricultura familiar campesina reeditó en Asunción las marchas del año pasado. Los trabajadores de la tierra exigen la condonación en base a la Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar sancionada en 2017 luego de más de un mes de protestas en las calles.
Las organizaciones campesinas presentaron una lista con 62 mil nombres para ser beneficiarios pero el Ministerio de Agricultura pidió hacer una depuración. Quitó a ocho mil personas por ser menores de edad, duplicación de nombres o porque estaban ya fallecidos. De los restantes 54 mil, el gobierno consideró que sólo 18 mil son agricultores mientras continúa la verificación de los restantes 36 mil, situación que provocó serias molestias al interior del campo.
Se intentó paliar el descontento con la entrega de cajas de alimentos que se inició en el departamento de San Pedro, el que tiene los mayores índices de pobreza en el país, pero beneficiando a sólo nueve mil personas.
La posibilidad de una victoria de la dupla de la alianza opositora Gran Alianza Nacional Renovada “Ganar” integrada por Efraín Alegre y Leo Rubín motivó las primeras señales de una campaña sucia de parte de las huestes de Abdo Benítez.
En Paraguay se comenta que la campaña del Partido Colorado cuenta con el asesoramiento del venezolano Juan José Rendón, conocido en América Latina como “el rey de la propaganda negra”, experto en desinformación y propaganda de desprestigio para erosionar al adversario político de turno.
El primer golpe fue contra Rubín cuando apareció denunciado por no reconocer la paternidad de una niña indígena. La cuestión tuvo gran repercusión mediática pero que se diluyó cuando la mujer rehusó a practicarse la prueba de ADN a la que el candidato a vicepresidente se sometió de inmediato.
De manera simultánea, su compañero de fórmula, el liberal Alegre comenzó a construir compromisos con las comunidades indígenas con las que admitió una “deuda histórica” durante una reunión con la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Fapi). “Sabemos que es una comunidad que ha sido históricamente excluida y sin las atenciones debidas”, dijo.
Agregó que “sabemos que el Instituto Nacional del Indígena no cumple mínimamente la misión que le corresponde para atender a todos estos compatriotas”. De los 120 mil indígenas censados en el país, 76% vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en mayoría desposeídos de sus tierras ancestrales.
El segundo golpe de campaña, y ya a través de la plataforma mediática del Grupo Nación, propiedad de la familia del presidente Horacio Cartes, se fundó en señalar “vínculos” de algunos dirigentes del Frente Guasu (FG) con el fantasmagórico ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que actuaría en los tres departamentos del norte de la Región Oriental del país: Concepción, San Pedro y Amambay.
Alegre acusó a quienes “arman esto para desviar la atención” y explicó: “en el tema tráfico de cigarrillos y marihuana Cartes está hasta el cuello”. Además, calificó al diario La Nación como “un pasquín” y aseguró que “al EPP, a Cartes y al crimen organizado los queremos vencer con este gran proyecto de unidad, con esta gran alianza que traerá días mejores al pueblo paraguayo”.
Rubín señaló que el candidato colorado a la presidencia “está cooptado por Cartes y como ahora apoya al presidenciable Mario Abdo Benítez, pone a ‘disposición’ esos medios para ese candidato, machacando la independencia de los medios”, señaló.
Malestar social
El aumento del costo de vida a partir de una suba en los combustibles que se trasladó al precio del transporte público sacudió en enero pasado a la población. El malestar no alcanzó, sin embargo, para que las centrales sindicales motorizaran una demorada huelga general que permanece latente. Un llamado a la reunión del Consejo del Salario Mínimo terminó licuando la protesta organizada.
Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (Cut-A), calificó a la suba de gasoil y del pasaje como “un golpe bajo de este gobierno que se va. Es una medida injusta. Automáticamente, suben el pasaje. Se incrementará el precio de los productos de primera necesidad. Va a generar una inflación galopante”. El dirigente también alertó que “el poder adquisitivo del salario se perdió un 30% en los últimos cinco años”.
También la falta de resolución de la deuda de buena parte de la agricultura familiar campesina reeditó en Asunción las marchas del año pasado. Los trabajadores de la tierra exigen la condonación en base a la Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar sancionada en 2017 luego de más de un mes de protestas en las calles.
Las organizaciones campesinas presentaron una lista con 62 mil nombres para ser beneficiarios pero el Ministerio de Agricultura pidió hacer una depuración. Quitó a ocho mil personas por ser menores de edad, duplicación de nombres o porque estaban ya fallecidos. De los restantes 54 mil, el gobierno consideró que sólo 18 mil son agricultores mientras continúa la verificación de los restantes 36 mil, situación que provocó serias molestias al interior del campo.
Se intentó paliar el descontento con la entrega de cajas de alimentos que se inició en el departamento de San Pedro, el que tiene los mayores índices de pobreza en el país, pero beneficiando a sólo nueve mil personas.
Servicio militar
El candidato colorado Abdo Benítez es hijo del homónimo político que fuera por décadas secretario privado del sangriento dictador Alfredo Stroessner y también un importante dirigente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, nombre en los papeles del partido oficialista).
A medida que avanza la campaña, el tema se le hace más urticante, y en la exposición pública va revelando este fondo ultraconservador, católico y oligárquico del que proviene. Cuando tuvo oportunidad reivindicó el régimen stronista aunque dijo que estaba “aplazado en derechos humanos”, una obviedad para salir del paso.
Sus declaraciones más polémicas en este sentido tuvieron que ver con su propuesta de restablecer el servicio militar obligatorio (SMO) con el objetivo de “disminuir la delincuencia”.
Su planteo resultó un cachetazo a las madres y familiares de las 147 víctimas del SMO que se pudieron relevar a partir de estudios del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) que todavía buscan se repare adecuadamente esta situación.
En el país el SMO sigue vigente y los jóvenes consiguen evitarlo mediante un formulario por el que plantean la objeción de conciencia. La Federación Nacional de Centros de Estudiantes, otra de las organizaciones activas del Paraguay, rechazó “el autoritarismo, la obediencia ciega, la sumisión, la intolerancia, la xenofobia, el machismo, la relación jerárquica y la muerte” que encierra la propuesta de Benítez.
Desde Asunción, Jorge Zárate
El FMI y el acuerdo con la UE se cuelan en la campaña
En plena campaña electoral el gobierno paraguayo espera para mediados de marzo a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. “Es una eminencia en lo que respecta a la mujer en el campo económico y también es una persona que ha traído a la agenda económica el crecimiento inclusivo y la inclusión de la mujer”, anticipó la ministra de Hacienda de Paraguay, Lea Giménez.
“Estoy encantada de visitar Paraguay”, dijo Lagarde a través de su cuenta de Twitter en la que mostró sus deseos de reunirse con la ministra Giménez y el presidente del Banco Central, Carlos Fernández, para ver “cómo podemos trabajar juntos para lograr una economía cada vez más fuerte para todos los paraguayos”.
Paraguay aprobó en el Presupuesto General de la Nación la emisión de deuda por algo más de 600 millones de dólares para 2018. De esa cifra, 500 millones se subastarán en el mercado internacional a través de los bonos soberanos y el resto se colocará en la Bolsa de Valores con bonos a cuatro y siete años.
También se verá en marzo la posibilidad cierta de que se cumpla uno de los deseos del gobierno de Cartes para los últimos meses de su gestión: cerrar “un compromiso serio y firmado” entre el Mercosur y la Unión Europea, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga.
“Cuando me refiero a un acuerdo político es a esa voluntad política de decir: señores hemos llegado a un acuerdo, aunque eso se traducirá después ya en el documento que tendrá que ser suscrito posteriormente”, intenta explicar Loizaga.
Ambos bloques han confirmado tras las últimas negociaciones realizadas en Bruselas (Bélgica) a finales de enero que hay predisposición y es “el momento político adecuado” para concretar este acuerdo que vienen negociando desde hace más de 19 años. La UE y el Mercosur negocian desde 1999 un amplio acuerdo de asociación que incluye este tratado comercial, pero las conversaciones estuvieron bloqueadas completamente entre 2004 y 2010 y sólo se retomaron en 2016.
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