Desactivar las imputaciones, un imperativo del movimiento social

Arnaldo Ayala de la FNC y Jorge Zárate del SPP

Se cuentan por miles, no hay un registro acabado, pero es vergonzoso el número de dirigentes campesinos y populares imputados por el Ministerio Público como manera de desactivarlos para las diversas luchas reivindicativas, principalmente la de la tierra.

Se hace importante entonces generar esa información, tener mediante un hábeas data un mapeo de ese universo y plantearse seriamente el estudio de una amnistía que devuelva su estatus político a miles de compatriotas que tienen cercenados sus derechos constitucionales.
Este elemento puede corroborarse en el estudio “Judicialización y Violencia contra la Lucha Campesina” de Abel Areco y Marielle Palau en el que datos recogidos en el campo demuestran como la imputación funciona como un dispositivo paralizante de los principales activistas de la disputa por la tierra.
Así se lo recordó en el “Ciclo de Análisis sobre Pensamiento Crítico” en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas en un panel debate sobre el tema “La Criminalización de la Lucha Social. Poder Jurídico y Mediático, presos políticos y movimientos populares en el Paraguay: El caso de Genaro Meza”.
La situación de Meza, el cocinero del Partido Paraguay Pyahura (PPP) que cumplirá, el próximo 19 de octubre, un año de reclusión en la cárcel de Coronel Oviedo fue el disparador de una reflexión sobre cómo se construye prisión política para los disidentes del modelo del agronegocio en el país.
Arnaldo Ayala, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), expuso claramente cómo la organización demostró con pruebas que Meza en ningún caso pudo estar donde el Ministerio Público consideró, cocinando para el fantasmagórico Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), porque simplemente estaba cumpliendo sus tareas en otros lugares para la organización, situación probada por testigos, fotos y videos.
Vidal Acevedo del Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) recordó los efectos de la actuación de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en el norte del país, con su saga de atropellos a la población que ya tienen muertos y torturados en su haber.
Al que esto escribe le tocó realizar un acercamiento al “Por qué los medios invisibilizan a los presos políticos”, oportunidad en que se apuntó que la altísima concentración de la riqueza en el país, determina que los propietarios de los aparatos comunicacionales sean los mismos latifundistas que acuerdan en un todo con el modelo criminal del agronegocio. Ellos tienen un plan de expansión desde las 3,5 millones de hectáreas que ocupan hoy, hasta las 4 millones en el mediano plazo.
La Agricultura Familiar Campesina (AFC) es entonces su enemiga y la tratan como tal, para su gente, para los luchadores no hay justicia. Tampoco palabra, sólo criminalización burda y mentirosa.
Es decir, juegan un rol fundamental al silenciar el dispositivo de la imputación sistemática y la prisión política.
En el debate con estudiantes, egresados, profesores y público en general se reclamó la anulación de la Ley Antiterrorista sancionada en el 2010 que se podría ser utilizada contra el movimiento popular y se contaron casos de criminalización en la organización campesina y a raíz de la militarización del Norte.
También se reiteró que Genaro Meza “es un campesino luchador, abuelo de 64 años, que sufre dolores de columna vertebral que se agravaron en los últimos tiempos, obligándolo a venir desde su colonia Tava Jopói (Canindeyú) a vivir a Asunción durante 69 días, para obtener diagnóstico y tratamiento en los hospitales públicos, siguiendo el vía crucis de todo pobre en Paraguay”.
El 18 de octubre de 2017, la Fiscalía Antisecuestro y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) “irrumpieron a la madrugada, armados hasta los dientes y causando destrozos, en su humildisima vivienda en Tava Jopói, y se lo llevaron acusándolo de terrorista y secuestrador. Dijeron que era el tío de Magna Meza, y era mentira. No existe parentesco. Dijeron que la voz de Genaro Meza es la que se escucha en un audio del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP). Hemos presentado ante la opinión pública un video con la voz de Genaro Meza, que no se asemeja en absoluto” recordó Ayala.
La sospecha es que el dispositivo “eligió” a Genaro como una señal hacia toda la organización. Si se llevan detenido a este pobre hombré “qué me podría pasar a mí”, es la siembra del temor su base de sustento.
En el prólogo del estudio de Base de Investigaciones Sociales (Base Is) de Areco/Palau, escribe Juan Martens que la imputación “recae de manera particular sobre aquellas que lideran la movilización o sobre quienes integran alguna comisión, inscripta ante los organismos administrativos. Precisamente, a través del sistema penal se busca estigmatizar a los actores más visibles de las demandas e intimidar a aquellos que ven en las movilizaciones posibilidades de acceso a sus reivindicaciones”.
También que la criminalización “no es un fenómeno reciente ni se ha mantenido uniforme. En cada periodo de gobierno ha ido variando de técnicas y estrategias, aunque de manera sostenida ha venido endureciéndose, buscando disciplinar y atemorizar cada vez más con sentencias y castigos aleccionadores. Ciertamente, en este último periodo se dictaron sentencias con las penas más altas en casos de supuesta invasión de inmueble ajeno, pero que analizadas las circunstancias y el discurso en torno a las acciones desplegadas por los manifestantes, bien podrían encuadrarse en el ejercicio del derecho a la protesta”.
El informe promete actualizarse este año por lo que se invita a estar atentos al desenvolmiento de este dispositivo actuando para revertirlo. “De manera reiterada, en violación a los mandatos constitucionales y de los principios que rigen el sistema penal en Paraguay, los operadores y operadoras de justicia, principalmente del Ministerio Público y del Poder Judicial, defienden los intereses de los poderosos de las regiones (municipios, departamentos) en casos de conflictos de intereses que involucran al sector campesino, aunque éstos tengan razón y el ejercicio de la acción directa sea el mecanismo extremo para hacer oír sus voces y reclamos”.
Se recuerda allí que “las condenas y prisiones que se han dictado han sido de las más altas, por los mismos tipos penales que se vienen usando desde hace más de diez años: invasión de inmueble ajeno, coacción, coacción grave a los que se agregaron, como se ve en el estudio, los de tentativa de homicidio y homicidio doloso. En estos casos, las penas alcanzaron 30 años y se aplicaron medidas de seguridad”.
Se entiende entonces que “la intención subyacente en el proceso de criminalización secundaria no responde a la necesidad de determinación de responsabilidad en los hechos, sino que más bien busca sumergir a miembros de organizaciones y de las comunidades dentro del sistema penal y, con ello, generar mecanismos de restricciones y controles que conlleva el procesamiento…Un elemento clave que explica este fenómeno son los procesos penales arbitrarios, ya que introduce a los militantes más activos al proceso penal, con lo cual se obstaculiza la reivindicación de las demandas, neutraliza las actividades de los dirigentes y envía un mensaje desmovilizador a los demás miembros”.

El caso de los 6
En el Panel se refrescó la realidad de los seis campesinos presos acusados de haber participado en el secuestro de Cecilia Cubas, detenidos sin pruebas que permitan siquiera un aproximación a la acusación.
Alojados en Tacumbú, Augustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón siguen resistiendo.
Vale recordar sus casos: De los 6 campesinos imputados por “omisión de aviso de hecho punible”, cinco eran del Partido Patria Libre (PPL) y el restante del Movimiento Agrario Popular (MAP).
Después de la acusación arbitraria de la justicia fueron a Argentina donde solicitaron asilo político al Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE). En mayo de 2006, tres días después de la solicitud, el pedido es negado y los seis campesinos son enviados a una cárcel argentina.
En 2008 son extraditados, en el 2010 en un proceso de arbitrariedad manifiesta, la acusación les es cambiada de “omisión…” a “secuestro y asesinato”.
En 2011, tras 5 años de “prisión preventiva” se pidió su liberación de acuerdo a los términos procesales establecidos en la norma nacional, con respuestas rocambolescas de la justicia, denegando la posibilidad.
En 2012 se reclamó la extinción de la causa, que fue denegada y recién en julio de ese año fueron condenados en primera instancia a 25 años y a 10 años de medidas de seguridad, sentencia confirmada en segunda instancia en mayo de 2014.

Jorge Zárate