Todavía no lo puede creer. Su mirada de asombro tiene también algo de escozor: “Me sorprendió que la cámara Penal establezca prescripciones en causas de derechos humanos, eso no permiten las Naciones Unidas (ONU). Está prohibido en la Constitucion Nacional”, dice Martín Almada, galardonado con el Premio Right Livelihood, también llamado «Premio Nobel alternativo» en el año 2002. Fue en reconocimiento a su memoria, que terminó probando la existencia del Plan Cóndor, y a su tosudez, que permitió el hallazgo del “Archivo del Terror”, la contabilidad de las víctimas, el espionaje que se hacía sobre los opositores al régimen que encontrara en una comisaría de Lambaré, una de las ciudades de la Gran Asunción.
Habla del fallo del Tribunal de Apelaciones, conformado por Emiliano Rolón, Bibiana Benítez y Pedro Mayor Martínez que “extinguió” la causa y dictó el sobreseimiento definitivo de los torturadores Camilo Almada Morel, alias “Sapriza”, y Eusebio Torres Romero, el 21/5/2019.
“Me sorprende porque se trata de dos camaristas que he respetado siempre como Pedro Mayor Martínez y Emiliano Rolón, que han tenido una conducta coherente en defensa de los derechos humanos (DDHH). Me duele porque en el Paraguay nos llenamos con oficinas de DDHH, existe una en todos los ministerios y después no los respetamos, hasta la policía y el ejército tiene una dependencia. Resulta que ahora, ninguno de estos organismos se ha manifestado y mucho menos la Fiscalía General”, dice.
Los magistrados revocaron la opinión de la jueza de primera instancia, Sandra Farías de Fernández, del 12 de diciembre de 2007, en la que dijo que no se podía “extinguir” la causa que investigaba casos de homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad, ocurridos entre abril de 1976 y mayo de 1979, que fuera promovida por el ciudadano Santiago Rolón en 1995.
Rolón dijo que “no son prescriptibles por Constitución, pero sí extinguibles”. También en el escrito manifestaron que lo hacían por la “extremada dejadez del Ministerio Público”.
La Constitución paraguaya de 1992 dice en su artículo 5 que el genocidio, la tortura, la desaparición forzosa, el secuestro y el homicidio de personas por cuestiones políticas “son imprescriptibles”.
La Fiscalía alegó que la causa se desarrolló regida por un Código Penal anterior, que no reconocía al Ministerio Público como órgano acusador “por lo que la competencia plena para llevar adelante los actos investigativos la tenía el Poder Judicial”.
Qué hacer
Los organismos de derechos humanos reaccionaron de inmediato, en especial la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) que incluso analiza apelar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser necesario.
Antes, vale señalar, deberá expedirse la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que todavía está a tiempo de reparar la aberración.
Antonio Pecci, de la Mesa de Memoria Histórica, invitó a movilizarse frente al Poder Judicial para “exigir que la CSJ tome el expediente y lo analice”.
Martín Almada entiende que hay una complicidad política imperdonable: “El Congreso tiene también su comisión de derechos humanos, ¡hay un silencio cómplice increíble!. Esto es un peligro para esta democracia de fachada que tenemos porque el 2 y 3 de febrero (de 1989) no se produjo la democracia sino la impunidad porque cayó (Alfredo) Stroessner y nada ha cambiado, hoy por ejemplo está vigente una ley que dice que se debe dar atención médica gratuita a las víctimas de la dictadura y no se cumple, fue sancionada en 1992 y hasta ahora nos dicen que no hay plata y no se cumple. Pero bien que hay dinero para robar en el Instituto de Previsión Social (IPS)”, se queja dejando en claro que él es una víctima también de este “olvido”.
Recuerda entonces que “en estos 30 años hubo algunas condenas, recuerdo la de (Ramón) Duarte Vera (1), el único que nunca pisó la cárcel porque siempre presentaba parte de enfermo. Después los camaristas le bajaron la pena de 14 a 4 años. Siempre hubo una complicidad del Poder Judicial sometido al intereses de los políticos y los poderes trasnacionales también”, apunta.
“Hay una política de desmemoria, porque el ministerio de Educación debió ocuparse de instalar el tema de los DDHH en todas las escuelas. El Archivo del Terror que descubrí es un museo de papeles, así no le sirve a nadie. Deberían ir al interior del país y mostrar cómo fue esa represión brutal. Las fotos, la información, y al final es una oficina escondida en el Poder Judicial en la que le crean problemas a la gente que va a pedir sus papeles, a investigar. Vienen los campesinos y le piden la cédula autenticada. ¡Es una locura!”, dice recordando que todavía mucha gente de Paraguay adentro es principalmente guaraní parlante.
Almada entiende que se trata de una cuestión continental, un nuevo acuerdo por la desmemoria, una suerte de apéndice del Còndor. “Es lamentable el panorama en Paraguay y América Latina porque arrecia la furia neoliberal, criminal. A mi me preocupa lo que pasa en Brasil, en Colombia, la campaña salvaje, criminal contra Venezuela, un país revolucionario que pelea en defensa de su petróleo, sus minerales preciosos. Un tipo dice soy presidente (Juan Guaidó) y 50 países del mundo dicen “es el presidente” y no lo votó nadie. Aquí la prensa nacional se presta a eso, es muy preocupante”, consideró.
Jorge Zárate
https://www.ultimahora.com/la-fantastica-muerte-ramon-duarte-vera-n1088210.html
http://www.abc.com.py/especiales/25-aniversario-del-golpe-de-1989/la-justicia-solo-alcanzo-a-algunos-torturadores-1204190.html
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