Se necesita un plan para las grandes mayorías

Por Jorge Zárate
Publicado en América Latina en Movimiento, revista de la Agencia Latinoamericana de Información (Alai)

Cobrar impuestos directos, hacer la reforma agraria, crear nuevas empresas públicas, hay alternativas económicas para superar la crisis en Paraguay. Para hablar de economía en serio es necesario superar las barreras de un país meramente rural, latifundista y agroexportador, que impone la oligarquía desde hace décadas.
Sin embargo, la primera medida económica anunciada por el Ministro de Hacienda del Gobierno de Fernando Lugo, Dionisio Borda, el polémico Plan Anticrisis, se vuelve a recurrir al endeudamiento externo como supuesta solución a los problemas estructurales, fue recibido con preocupación por los sectores sociales que entienden que el mismo sólo servirá para financiar las pérdidas de los poderosos sin proyectar una apuesta real a la reactivación económica integral.
Un punto esencial para revertir el modelo es recaudar, ya que administrar pobreza o distribuir la riqueza es la disyuntiva para el presidente Fernando Lugo y su equipo de gobierno que están sentados sobre un Estado diseñado para lo primero.
El presupuesto nacional es de sólo 6 mil millones de dólares anuales y se compone casi en su totalidad por la recaudación de impuestos regresivos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Con eso, es poco lo que se puede hacer y menos pensar en algún cambio estructural.
Explica bien el periodista Julio Benegas al hacer un análisis sobre el Estado, que este esta controlado por el 1% de personas que concentra el 77% de las tierras: “no pagan impuesto por la tierra, no pagan impuesto por exportación en bruto, el Banco Nacional de Fomento está organizado básicamente para otorgarles créditos, al igual que el Fondo Ganadero. El Ministerio de Agricultura es un organismo de asistencia para grandes productores. El Estado que conocemos está al servicio del latifundio, la agroexportación y la reexportación. Los demás no existimos, prácticamente. Por eso digo que el Estado es un almacén de este reducido grupo”.
En Paraguay, al contrario de lo que dice la oligarquía, el Estado es pequeño, la mayoría de los chicos apenas termina la primaria, no hay programas de vivienda, las obras públicas son escasas, no hay créditos para la pequeña y mediana industria, entre otros elementos. Este Estado sostiene un modelo económico latifundista y agroexportador que expulsa a miles de campesinos por año hacia los grandes centros urbanos del país y hacia el exterior. Permite el contrabando, la importación y triangulación de productos, el tráfico de drogas y otras lindezas que hacen que la economía informal compita de igual a igual con la formal y en muchos casos la supere.
Cobrar impuestos directos es una salida que el gobierno debería tener entre sus prioridades, además de diseñar un modelo de crédito dirigido a sectores más necesitados. Usar parte de las reservas que hoy superan los 3 mil millones de dólares para planes que incentiven la producción y el empleo, puede ser otra medida que implique un comienzo de respuesta para una población que votó esperanzada en un cambio de modelo.
En principio, se pueden utilizar los fondos en defensa de la soberanía alimentaria, apoyando la diversificación de los cultivos, la defensa de las semillas originarias, y en apoyo a los pequeños productores. Se pueden hacer Bancos de Semillas en los distintos departamentos, protegiendo las especies autóctonas contra el avance de los transgénicos de los agroexportadores, que son una amenaza de muerte.
“Se debe impulsar la reforma agraria y se debe fomentar sustancialmente la producción agroindustrial para dejar de vender materias primas y pasar a comercializar alimentos con todo el control de calidad necesario”, expuso el economista Ricardo Franco Lanceta, presidente del Instituto de Estudios Tesis Nacional.
La creación de fondos de financiamiento a la producción es una gran necesidad. Una porción sustancial de las reservas internacionales del país debe destinarse a la compra de maquinarias y otros bienes de capital para la producción. Se debe contratar técnicos para la asistencia y se debe fomentar la producción colectiva. “Pero para ello la política del país debe ser expansiva, no debe ser fiscalista tal como defiende el ministro de Hacienda”, sostuvo asimismo Lanceta.
“Con una serie de medidas pueden llegar a generarse unos 300.000 puestos de trabajo en un año, con el fomento de la agroindustria, y como cuestión coyuntural la construcción de obras públicas, principalmente las viviendas. Esto hará posible la ocupación de millares de trabajadores y paliará el elevado déficit habitacional imperante en Paraguay”, mencionó tambien Franco Lanceta.

Reforma agraria y catastro
La Reforma Agraria Integral es la demanda más genuina y poderosa del país y por suerte, para Fernando Lugo, es innegable. Sin embargo, todavía no se hizo siquiera el catastro.
El catastro es la medición de todas y cada una de las propiedades del país y es una tarea pendiente de carácter fundamental ya que de este instrumento depende en gran parte la posibilidad de detectar las tierras malhabidas, planificar la reforma agraria, las obras públicas y la vigilancia ambiental. Con la tecnología de las fotos satelitales se puede saber si se realizaron desmontes, si hay construcciones en las propiedades, e inclusive si se provocaron incendios, como ocurriera durante el año 2007 en la región Oriental.
El catastro es un instrumento público de gran valor para diseñar políticas de gobierno ya que cada ciudadano tiene el derecho de consultarlo libremente y saber quién es quien en relación a la tenencia de las tierras en el país. El catastro define correctamente los límites distritales y ayuda a la hora de calcular los impuestos inmobiliarios y el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Imagro). Concluirlo puede costar entre 50 y 60 millones de dólares si se lo realiza con técnicos del gobierno. Si se recurriere a los bancos internacionales, otorgaría créditos que podrían elevar esos costos al menos al doble.
En junio del año 2000 se concluyó el catastro de 30 distritos de Itapúa y 11 de Alto Paraná Sur. Estos son hasta el momento los únicos trabajos de este tipo que posee el Servicio Nacional de Catastro (SNC). Es información completamente digitalizada y abarca sólo el 15% del territorio nacional.
Pequeño como es, el trabajo permitió determinar muchísimas irregularidades en las propiedades de Itapúa, la mayoría de ellas por superposición de títulos.
De ese total de tierras mensuradas, un 20% son fiscales y los técnicos del gobierno aseguran que es posible asentar al 50% de los campesinos sin tierra de Itapúa en esas parcelas.
De la experiencia en la aplicación del catastro en Itapúa se tiene que mejoró la recaudación de impuesto de manera sustancial, se regularizaron las hipotecas y también se pudo, al menos, tener vigilados a los que deberían pagar el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Imagro), aunque se sabe que es el impuesto que menos se paga en el país.
Volviendo a la tarea inconclusa, en total, incluyendo los 41 distritos informatizados, el Servicio Nacional de Catastro (SNC) tiene información sobre 115 distritos de los poco más de 230 en que se subdivide el país. Los 74 restantes están relevados en base a ortofotocartas que deberían actualizarse.
El SNC, en conjunto con el Instituto Geográfico Militar (IGM) y sus técnicos e instrumentos, podría concluir esta importante tarea de ordenamiento en poco tiempo, ya que la tecnología de catastro evolucionó sustancialmente en los últimos tiempos mediante las fotografías satelitales y las posibilidades de la informática.
A ellos podrían sumarse los técnicos del Instituto Nacional de Tierras (Indert), el ministerio de Agricultura (MAG), el Ministerio de Obras Públicas -a través de su departamento de Geodesia-, gobernaciones y municipalidades.
Una vez delimitadas las tierras, será sustancialmente más fácil avanzar en la reforma agraria.

Empresas públicas
Cómo cambiar el modelo sigue siendo la pregunta a responder. Entre las mentiras favoritas de la oligarquía está decir que el primer rubro de exportación del país es la soja, luego la carne y después algún comoditie de turno, algodón o trigo por ejemplo. Es falso.
Paraguay vende energía eléctrica en primer lugar, producción que será un elemento clave del siglo XXI. Por ello las negociaciones que se están llevando a cabo para percibir mejores precios por la energía que se vende desde las hidroeléctricas binacionales Itaipú (con Brasil) y Yacyretá (con Argentina), son importantes, así como también el prepararse para transportar los megawatts que corresponden al Paraguay. En ese sentido, resulta fundamental fortalecer las empresas públicas y crear otras nuevas para administrar el potencial energético del país.
Todos los analistas coinciden en que después de mucho pelear, inclusive en tribunales internacionales, se puede lograr un acuerdo con Brasil por mejorar el precio que paga por la energía paraguaya, hoy a precio de costo. En cambio, hoy el Tratado habilita a usar la energía propia, haciéndose necesarias las obras que demandan inversiones superiores a los 500 millones de dólares, para que la Administración de Electricidad (Ande) esté en condiciones de transportar al menos una tercera parte de los 60 millones de Megavatios/Hora (Mw/h) de los que es dueño Paraguay.
Surge necesario impulsar un plan que posicione a Paraguay como eje de la interconexión eléctrica de Mercosur, lo que le permitiría, a su vez, desarrollar una industria propia. «Debemos propulsar la radicación de agroindustrias e industrias de autopartes, que agregan valor y generan empleos de calidad. No debemos exportar más materias primas, sino productos industrializados», plantea Ricardo Canese, diputado del Parlasur y negociador por el gobierno paraguayo en las hidroeléctricas.
Paraguay puede construir un modelo diferente pero para ello necesita planear con claridad la salida.
Vale mostrar las ofertas que vienen del sistema financiero internacional para que el país ponga todo lo que le queda en venta a través de privatizaciones.
El grupo chino Crown Americ Development Corp, promete invertir en ferrocarriles, petróleo y cemento unos 19.000 millones de dólares que se expresarían «en proyectos como fábricas de aluminio, tabacalera, de cemento, una red ferroviaria y exploración y explotación de pozos petrolíferos, entre otros planes», según contó el diario La Nación.
Quieren la Industria Nacional del Cemento (INC), la refinería de Petropar y Alex Schlessingerman, presidente de la corporación, mostró interés en las reservas de petróleo al criticar el hecho de que «los suelos están todos concesionados y se mantiene todo parado para que el Paraguay no crezca».
No son los únicos, también hay capitalistas árabes, estadounidenses, europeos, latinoamericanos, etc., interesados en lo mismo. Los que los apoyan, omiten señalar que el Estado puede conseguir financiación para hacer todo lo que esta gente promete teniendo en claro que este momento histórico reclama el fortalecimiento de las la capacidad de gestión de las empresas públicas existentes, creando nuevas en la medida de las necesidades. No hay por qué regalar nada.
Energía eléctrica, gas, petróleo, e inclusive el uranio que se prospecciona en Yuty (centro del país), pueden ser la base de la estructuración de un modelo energético que cambie la suerte del país, porque los recursos son del pueblo y a él deben volver.

El plan de Borda
Modelos
El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, configuró un paquete económico que incluye préstamos por más de 1.185 millones de dólares, con el que confía poder detener los impactos que causará la crisis en rubros importantes de exportación. Vale insistir que el rubro principal del país es la energía, con los problemas que ya se conocen.
Después le siguen la soja y la carne, que tendrán retracciones y generarán problemas financieros a un sector que clama por auxilio y se niega a pagar los mínimos impuestos por el uso de los recursos naturales que son propiedad de todos los paraguayos. A ellos y a industriales que incumplen sistemáticamente con las leyes laborales y ambientales, va dedicado el núcleo central del paquete.
Tiene, eso si, un componente de asistencia a familias en situación de pobreza, rurales y urbanas, lo cual es inédito, quizá como elemento que ayude a calmar los reclamos sociales y, quizás, pueda ser un pequeño punto de partida para consolidar organizaciones productivas, hoy muy precarias entre nuestros campesinos.
Tanto el Partido Liberal (PLRA) como el Colorado (ANR) dieron el ok. El plan tendrá pequeñas correcciones y, como todos saben, inyectará fondos para dar un “alivio”. Será una aspirina en un sistema diseñado para absorver toda la plata que circula y girarla casi de inmediato a los centros financieros del continente y del mundo.
Este sistema no se reactiva, lo sabe el equipo económico. Ni el ganado, ni la soja, ni la gran industria robotizada ayudarán a dinamizar la economía.
Es necesario fundar las bases de un nuevo modelo. Paraguay tiene 6 millones de habitantes, de los que una minoría absurda es riquísima, la clase media es exigua y son muchos los pobres.
Falta dinero para la reforma agraria integral, para incorporar tecnología para producción intensiva, para la pequeña y mediana industria, que son los únicos sectores que van a ocupar a la gente en el corto plazo.
Pero Lugo, como casi todos los trabajadores y campesinos, le terminó pidiendo la plata al usurero. Si él quiere, puede hacer que eso ya no se repita.

Demandas sociales
Reactivación
No se definió una política de reactivación económica», reclamó Bernardo Rojas, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (Cut-A). El sindicalista dijo que el sector trabaja una propuesta para usar al menos 100 millones de dólares –del total de 600 millones- de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS), para reactivar la construcción y sectores de la industria. «No queremos que la plata vaya a los sojeros y ganaderos, sino a la producción», indicó, señalando que «el gobierno debe implementar medidas urgentes para resolver el problema del empleo».
Rojas reclamó la creación de un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque «los derechos laborales siguen siendo conculcados, se despide a dirigentes por intentar sindicalizarse, no se respetan la 8 horas, ni la contratación colectiva, ni el salario mínimo, ni la seguridad social y esto es en parte por la ineficacia del actual Ministerio y de las debilidades de las propias organizaciones sindicales», indicó.

En tres años«No tenemos plazos pero tenemos metas, estamos convencidos de que todo lo que planteamos se puede hacer en tres años», expuso Eladio Flecha, de la Federación Nacional Campesina (FNC).
Asentar a 100 mil campesinos «en un nuevo modelo de asentamiento» es el objetivo principal que el sector pretende para los próximos tres años, en el marco de un plan integral que prevé el aumento de la superficie de algodón hasta las 300 mil Ha, la industrialización del mismo en parques industriales que agreguen valor, mayor inversión en educación y salud, entre otros elementos que se señalaron.
Los delegados hicieron especial hincapié en la necesidad de contar con un servicio universal de agua potable.