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| Reporte en la edición diciembre11/enero12 |
El presidente Fernando Lugo nombró Fiscal
General del Estado a Javier Díaz Verón y dio así fin a una pulseada
política que desconcertó a propios y extraños. El nuevo titular del
Ministerio Público es miembro del opositor Partido Colorado y hombre de
confianza de su correligionario, el fiscal saliente Rubén Candia
Amarilla, cuyo mandato venció en agosto pasado.
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El cargo es clave, ya que desde allí se
decide, entre otras cosas, cuándo reprimir la protesta social. En
general, durante el gobierno de Lugo, el ministerio siguió los
lineamientos trazados por Candia Amarilla, implacable perseguidor de las
luchas campesinas.
Vale recordar que unos dos mil dirigentes
sociales permanecen imputados en causas derivadas de la lucha por la
tierra, el principal problema político del país, donde el 3% de los
propietarios concentra el 85% de las tierras.
La Fiscalía es también complaciente con el
avance del agronegocio: no ha dudado en actuar a favor de los grandes
soyeros y en contra del movimiento campesino en actuaciones escandalosas
que han sido denunciadas de manera permanente por el movimiento social.
Los desalojos con fuerte intervención policial se convirtieron en una
imagen común en los últimos años ante cada disputa por terrenos entre
empresarios de la soya y campesinos o indígenas.
Otra área sensible de la tarea fiscal es la
investigación y seguimiento de las actividades del Ejército del Pueblo
Paraguayo (EPP), a cuyos integrantes persiguen fuerzas militares y
policiales amparadas en el estado de excepción que dictara el gobierno
para los departamentos de San Pedro y Concepción. “Existe una política y
vamos a seguir como garantes y responsables de lo que establecen la
Constitución y la ley. Hay que hacer un combate frontal a esta banda
criminal que utiliza métodos terroristas para poner en zozobra a la
población. Vamos a ser inclaudicables en nuestros principios en pro de
la sociedad y trabajar en forma coordinada con la seguridad y las
Fuerzas Armadas”, dijo Díaz Verón, que prometió incrementar el personal,
la infraestructura y combatir la “inseguridad ciudadana” al asumir.
Tensiones legislativas
El fiscal fue designado en una polémica sesión
del Senado en la que votaron juntos los colorados, luguistas y el
sector que responde a Blas Llano, presidente del Partido Liberal Radical
Auténtico (Plra). Los senadores de Patria Querida, del Unace de Lino
Oviedo y el sector liberal que responde al vicepresidente Federico
Franco, no participaron de la sesión consagratoria de Díaz Verón e
intentaron impugnar dicha elección aduciendo problemas formales. En su
particular lectura consideraron que la elección se trata de un acuerdo
para garantizar impunidades futuras cuando Lugo deje el gobierno en
2013.
Fuentes oficialistas justificaron el
nombramiento en la necesidad política de sostener el difícil equilibrio
de poder con un Congreso que vota sistemáticamente en contra de las
normas que promueve el Gobierno. Como argumento citan el recorte que la
Cámara de Diputados determinó en el presupuesto del programa Tekoporá
(“vivir bien” en guaraní) para 2012.
La nueva alianza en el Senado podría revertir
este cuadro y devolver la esperanza de cubrir las necesidades de las
poco más de 93 mil familias beneficiadas. Tekoporá está dirigido a los
hogares en situación de extrema pobreza del área urbana y rural.
Otro foco de conflicto se generó luego que los
diputados ampliaran en 683 millones dólares el proyecto de presupuesto
2012 enviado por el Gobierno, lo que ya comenzó a disparar las
preocupaciones sobre un inminente déficit fiscal. Además, el Congreso se
negó a sancionar impuestos progresivos que habían sido propuestos, como
el de gravar la renta personal y las exportaciones de granos y
oleaginosas en bruto, que nada tributan en el país.
Desde Asunción, Jorge Zárate
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