Paraguay: Rechazo al uso de dinero de jubilados para obras de infraestructura

Rentas: organizaciones políticas y sociales plantean alternativas impositivas para mejorar la recaudación destinada a obras y lograr fondos que, de otra manera, saldrán del sistema previsional. Falta dinero para infraestructura pero existen partidas presupuestarias mal ejecutadas en las áreas sociales, de salud y educación. La discusión no sólo busca determinar de dónde sale el dinero sino también la forma en que se distribuye. 

La vieja receta tiene en el presidente Horacio Cartes un anacrónico ejemplo continental. Ahora arremetió con la posibilidad de utilizar mil quinientos millones de dólares que tiene el Instituto de Previsión Social (IPS) en obras de infraestructura. La iniciativa despertó la rápida reacción de organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda y centro-izquierda.
Tras movilizaciones y manifiestos de los trabajadores organizados del campo y la ciudad el asesor jurídico de la presidencia, Sergio Godoy, aclaró que el Ejecutivo no tiene intenciones de utilizar los fondos jubilatorios. “Que vean los jubilados a través del consejo de administración la forma de obtener la rentabilidad que sea conveniente”, expresó. Ante la posibilidad de que se concrete la operación, las organizaciones plantean la derogación de la Ley 5.074 que habilita a usar fondos jubilatorios para financiar inversiones.
La posibilidad se disparó con la renuncia del presidente del IPS, Aníbal Filártiga, quien tras haber asumido apenas 15 días antes reiteró que había avisado que dimitiría en caso de proponérsele el uso de estos fondos. Las presunciones cobraron forma cuando el renunciante fue reemplazado por Benigno López, un hombre que tiene en sus antecedentes haber sido parte del órgano de gobierno del Banco Central del Paraguay (BCP) y director paraguayo de la Binacional Itaipú, dos sitios a los que arribó merced a su manejo de lo financiero.Las organizaciones políticas y sociales anticiparon que la lucha continuará. Para el cierre de esta edición se preparaban movilizaciones de protesta en las principales ciudades del país. Habían comprometido asistencia a las marchas médicos, docentes, trabajadores públicos y privados y las principales organizaciones campesinas del país.
Esto era interpretado por los organizadores como un ensayo para una segunda huelga general tras la exitosa jornada del 26 de marzo pasado, cuando tras 20 años se paralizó el país en demanda de aumentos salariales, baja del pasaje del transporte público, reforma agraria y un sinnúmero de demandas clásicas de una plataforma reivindicativa.

Impuestos a los ricos

El presidente Cartes se escuda en la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, un corset aprobado el año pasado, condición del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para aventurarse a votar a libro cerrado. La excusa es que esta norma establece un límite de déficit fiscal de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) que el proyecto del Ejecutivo ya contempla.Esto significa que no se podrán superar los 62 billones de guaraníes (unos 14 mil millones de dólares) que en su gran mayoría serán destinados a salarios e insumos para las instituciones.
El Ministerio de Hacienda asegura que incrementó en 14% el gasto social, cuestión que sin embargo no es garantía de que finalmente se ejecute. Sucede que en Paraguay el presupuesto, de por sí bajo, no alcanza al 3% del gasto en educación, ni al 5% el de salud. Y no suele ejecutarse completamente en las áreas sociales.El Frente Guasú (FG) presentó un proyecto de ley que aumentaría hasta un 15% la exportación de granos en estado natural, especialmente soya, maíz y trigo.
La iniciativa es rechazada por los líderes del agronegocio en el país, que merced a un fuerte lobby traban legislaciones similares desde hace más de una década en el corrupto congreso paraguayo.Otro de los proyectos pretende el aumento de la alícuota a la tenencia de inmuebles tanto en el área urbana como rural. Este Impuesto Inmobiliario ha sido trabajado durante cuatro meses con diversas organizaciones campesinas, indígenas y sociales, “para una alternativa que considere el enfoque de la función social de la tierra, la protección de la agricultura familiar, los asentamientos y los propietarios urbanos de escasos recursos”.
La propuesta del FG considera también que “en la Cámara de Diputados se están trabajando proyectos de modificación que empeorarían las condiciones fiscales para estos sectores”.Otros proyectos hablan de la desconcentración de la propiedad de los capitales y de los medios de producción como son la tierra, la tecnología y los canales de venta y también el aumento al impuesto al tabaco, que en Paraguay es el más bajo de toda la región.“La recaudación final favorecería, entre otras cosas, la compra de tierras para la reforma agraria, el apoyo a la producción familiar campesina y más inversiones en salud en el campo paraguayo”, expresó el Frente Guasú.

Participación social
Si bien las presentaciones son simbólicas, van ofreciendo respuestas del arco social a la ortodoxia fiscal del Gobierno que pretende se apruebe “a libro cerrado” un presupuesto a todas luces deficitario en las áreas de salud, educación y asistencia social.El enojo de los trabajadores públicos viene a raíz de la decisión oficial de negar todo aumento salarial en el próximo año. “Las trabajadoras y trabajadores de la educación no nos dejaremos arrinconar en nuestras aulas por este gobierno autoritario.
Levantaremos nuestra voz de protesta y rebeldía, ganaremos las calles y participaremos activamente en los dos días movilizaciones” expresó Blanca Avalos, secretaria general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-SN)También se reclama una política de infraestructura ya que el Ministerio de Educación tiene presupuesto para construir 850 escuelas y “las autoridades en su manejo autoritario pretenden ejecutar estas construcciones de manera arbitraria. La Otep-SN reclama que el MEC dé a conocer públicamente la política y plan de cobertura de construcciones de escuelas, para brindar participación a la comunidad educativa y la sociedad nacional”.

Desde Asunción, Jorge Zárate

Indígenas discriminados La Coordinadora Nacional de la Pastoral Indígena (Conapi) de Paraguay denunció la expulsión de sus tierras de los nativos de varias regiones del país y que, cuando llegan a Asunción y Ciudad del Este, son víctimas de pobreza y racismo. Raquel Peralta, integrante de la organización, señaló que “la mitad de los más de 112 mil indígenas que hay en Paraguay no tiene tierras, son expulsados”. Detalló que este fenómeno social “es un tema relativamente nuevo y cada vez mayor en las ciudades paraguayas”. Son expulsados por grandes productores de soya y ganado ante la nula protección del Estado. Agregó que los damnificados “vienen a la ciudad y acá se encuentran con otras graves situaciones, pues la ciudad no los acoge, la gente no acepta su presencia, fruto del racismo”. La Conapi denunció que “los indígenas en situación de calle en Asunción y Ciudad del Este enfrentan problemas hasta hace poco ajenos para ellos, como el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución”. Durante el Seminario “Indígenas en Zonas Urbanas”, que tuvo lugar en el centro cultural Juan de Salazar de Asunción, se estimó que el 75% de los indígenas vive en condiciones de pobreza extrema. El encuentro contó con la participación de miembros de comunidades indígenas que viven en la ciudad, quienes relataron su experiencia y sus necesidades. Por otra parte organizaciones indígenas y ecologistas alertaron sobre el impacto ambiental y humano causado año a año por la competencia automovilística del Rally Transchaco que se realizó a fines de septiembre, con la participación de casi 80 automóviles. Tagüide Picanerai, de la comunidad ayoreo, detalló que “el problema es que cuando acaba el rally nos dejan una gran cantidad de basura. No aporta nada, ni a las comunidades indígenas y no indígenas. Pero el impacto medioambiental es muy fuerte cuando no se nos consulta a las comunidades sobre su paso”. La organización ecologista Guyra Paraguay instó a la gente que sigue la carrera se abstenga de cazar especies animales vulnerables del Chaco, como han hecho en otras ediciones. Yolanda Granada señaló que a esta asociación le preocupan en particular el yaguareté, el jaguar paraguayo, y otras que pueden ser cazadas con la licencia correspondiente, como el pecarí.