Trece campesinos son juzgados por la matanza que disparó el golpe legislativo contra el presidente Fernando Lugo. Una vigilia acompaña el proceso denunciado internacionalmente por irregularidades
El juicio por la llamada Masacre de Curuguaty comenzó con el anuncio de que la mayoría de los campesinos acusados renunciaba a sus abogados defensores. Ocurrido en junio de 2012, este hecho dio lugar a un juicio político exprés y determinó el desalojo del presidente Fernando Lugo del poder.
A poco de la apertura del juicio el 27 de julio los acusados decidieron dejar de contar con los servicios de los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, que venían ejerciendo una defensa que fue elogiada por su alto valor técnico, pero cercada por acciones del propio Poder Judicial. Ambos admitieron luego que no esperaban el pedido de renuncia de sus defendidos y entendieron que esa decisión “obedece a una estrategia” de los propios campesinos.
Desde diciembre de 2014 los dos abogados estaban apercibidos por la Justicia por lo que entendían eran prácticas dilatorias en un sumario en el que hasta podrían llegar a perder su matrícula, de acuerdo a lo que se especulaba en tribunales. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, decidió mantener abierto el sumario en espera de la conclusión del juicio. Los abogados denunciaron que se trata de una clara coacción al derecho a la defensa.
El 29 de julio el abogado Víctor Azuaga asumió la defensa de 11 de los acusados que renunciaron a sus patrocinantes. Esto demoró una semana el inicio formal del juicio. Otro de los acusados, Felipe Nery, es representado desde el inicio de la causa por el defensor público Joaquín Díaz.
Sólo campesinos
La masacre ocurrió el 15 de junio de 2012. Ese día más de 300 efectivos policiales se movilizaron hasta Curuguaty, departamento de Canindeyú (norte de Paraguay), para desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban tierras. Durante el operativo de desalojo se produjo un tiroteo que acabó con la vida de 17 personas (seis policias y 11 campesinos).
A tres años de aquel hecho comenzó el juicio en el que sólo se acusa a campesinos pero a ningún policía ni funcionario público. El proceso es seguido por una vigilia popular a través de pantallas gigantes en la plaza ubicada frente al Palacio de Justicia en el barrio de Sajonia, de Asunción.
La investigación judicial fue sistemáticamente denunciada por ilegal tanto en el país como en el exterior por los abogados de los acusados y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En el juicio se espera la comparecencia de unos 120 testigos incluidos en la acusación fiscal, la mayoría de ellos policías y funcionarios públicos. Personas que estuvieron en el lugar de los hechos cuando se produjo el tiroteo y que podrían aportar información sobre el actuar policial no se atrevieron a testificar por miedo a sufrir represalias. Varios campesinos que fueron testigos de los hechos y que podrían haber aportado elementos para la causa enfrentaron órdenes de captura por presuntos vínculos con la violencia. Organizaciones defensoras de los derechos humanos afirmaron que varias denuncias de la defensa sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, e incluso el uso de armas de fuego contra campesinos cuando la violencia ya había terminado, no han sido consideradas por la Fiscalía. El fiscal a cargo de la investigación estimó que “la actuación de la policía fue en respuesta al supuesto ataque de los campesinos y que eso habría ocasionado la muerte de los mismos, por lo que la conducta de los policías no fue investigada”.
En marzo de 2013 se conoció un informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que urgió al Estado paraguayo a llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre las muertes y sobre todos los incidentes relacionados denunciados por las víctimas, incluidos los alegatos de tortura, detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso.
La Coordinadora por los Derechos Humanos de Paraguay es una de las organizaciones que pidió la nulidad del juicio y denunció “numerosas irregularidades” en el proceso, entre ellas la ocultación de pruebas. Afirmó que existe “una sola línea de investigación” promovida por el fiscal que busca esclarecer la muerte de los policías pero no así de los campesinos.
Menor de edad
De manera paralela a la instrucción de la causa contra los campesinos también se juzgó a la joven identificada como Rrvo, quien al momento de ocurrir la Masacre de Curuguaty era menor de edad. El proceso quedó suspendido hasta noviembre. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que lleva la defensa de la joven, sostiene que la causa abierta contra ella es totalmente nula. Denuncian que no se realizó la evaluación psicológica, una diligencia fundamental en el proceso penal adolescente, a fin de determinar el grado de madurez en que se encontraba y si al momento del episodio era consciente de los hechos que se le atribuyen. La organización recordó que la omisión de esta diligencia es causal de la anulación del proceso.
La joven está acusada de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. El fiscal Jalil Rachid la acusa de haber hecho de “señuelo” con su hijo en brazos para supuestamente crear un ambiente de confianza en los más de 300 policías a fin de tomarlos desprevenidos y proceder a emboscarlos. El periódico digital E´a explicó que la acusación fiscal basa su hipótesis en que, ante una supuesta señal dada por el dirigente campesino Rubén Villalba, la joven corrió poco antes de iniciarse el tiroteo.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Victoria oficialista en el Partido Colorado
El candidato del presidente Horacio Cartes, el diputado Pedro Alliana, resultó electo como nuevo titular de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), nombre oficial del Partido Colorado y sucederá en el cargo a la senadora Lilian Samaniego también oficialista.
El vencido, Mario Abdo Benítez (h), es el presidente del Congreso paraguayo y titular del “Grupo de los 15”, un conjunto de senadores colorados que actúa en disidencia con el Gobierno.
El candidato oficialista logró el 48,5% de los votos colorados (507 mil) frente al 37,6% de Abdo Benítez (394 mil) según el recuento difundido por la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
Alliana se consideró ganador de la elección interna del partido de Gobierno al señalar que “no hay palabras para agradecer”. Dijo sentir “una emoción indescriptible e impagable” y pidió “que la tranquila y emocionante alegría les inspire a seguir esta batalla (en la que) somos los mejores soldados y defenderemos al Partido Colorado”.
El presidente Cartes dijo tras el triunfo de su candidato que “los votos están hablando” y pidió que se concrete “el abrazo republicano con el equipo de Mario (Abdo Benítez)”. “Nosotros tenemos los brazos abiertos hace rato”, dijo abriendo una pequeña puerta para una reconciliación que se estima demorará más de lo pensado.
Este 26 de julio se realizaron por primera vez en el país elecciones simultáneas para todos los movimientos y partidos políticos que aprovecharon la oportunidad para renovar autoridades y elegir candidatos para las próximas elecciones municipales que se realizarán en noviembre próximo.
El presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Jaime Bestard, señaló que el Partido Colorado contó con 50% de participación electoral y que la del Partido Liberal se situó en el orden del 25%. Con datos más firmes, se supo que 1.224.000 afiliados colorados no sufragaron, un 53% de los habilitados y 119 no votaron por ninguno de los candidatos, cuestión que dibuja claramente un escenario de competencia de dos maquinarias electorales que gastaron, según fuentes del propio partido, más de 10 millones de dólares en la campaña que concluyó.
“Decían que tiramos tantos millones de dólares (en la campaña). En primer lugar hay que dejar saber que esta es la primera vez que no se hace una campaña con el dinero del Estado. Se hizo con el dinero del presidente de la República”, dijo Cartes.
El derrotado Benítez dijo que peleó “contra una gran estructura, contra las presiones, contra un dinero incalculable… Hay más colorados dignos dentro del Partido Colorado, hemos luchado todos contra una gran estructura”. Prometió no descansar “hasta compensar a aquellos colorados que fueron sacados de sus trabajos por pensar diferente”.
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