El ex fiscal Jalil Rachid fue designado
viceministro de Seguridad Interna de Paraguay por
el presidente Horacio
Cartes.
Su nueva responsabilidad desató la indignación de los
movimientos sociales que lo acusan
de llevar adelante una acción
notoriamente parcial y criminal contra campesinos en el caso
de la Masacre de Curuguaty.
Su designación provocó fuertes
cuestionamientos y además una movilización de protesta frente a la sede
del Ministerio del Interior en Asunción. “Rachid culpable, tus manos
tienen sangre”, cantaba una multitud indignada. “Parece mentira”, se
lamentaba una mujer, cartel en mano.
El ex fiscal acusó a 13 hombres y
mujeres, todos campesinos, por la muerte de seis policías en la masacre
del 15 de junio de 2012 cuando dos comandos de la policía ingresaron a
un terreno a desalojar a labriegos que lo ocupaban. Aquel día murieron
11 campesinos y seis policías. Sin embargo, Rachid no imputó a nadie por
la muerte de los campesinos pese a que había pruebas de que hubo
ejecuciones extrajudiciales y que sólo la policía estaba allí como para
cometer esos crímenes.
El defensor de los campesinos acusados
de la Masacre, Víctor Azuaga, alertó que el caso que investigó el ahora
ex fiscal no concluyó y todavía no hay fallo. En efecto, el nombramiento
ocurre mientras en el juicio se le toman declaraciones a los policías
que estuvieron en el terreno. El abogado advirtió que es posible que
Rachid desde su nuevo cargo oculte pruebas. “Será el jefe directo de los
policías involucrados. Va a seguir manipulando el juicio desde el
Ministerio del Interior, que es el que almacena una gran cantidad de
pruebas que nunca salieron a la luz”, agregó.
Durante el juicio que aún se lleva a
cabo están surgiendo datos importantes como el aportado por el policía
Antonio Gaona, quien dijo que todo el procedimiento fue filmado por el
departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sin
embargo el video nunca fue aportado a la causa.
Nexos familiares
Dos meses después de la masacre, la
Secretaría Antidrogas (Senad) halló 40 hectáreas de marihuana lista para
cosechar a escasos 30 kilómetros del lugar donde se produjo la matanza.
El entonces secretario de Antidrogas y hoy ministro del Interior,
Francisco de Vargas, opinó que “se debía investigar la posible
existencia de vínculos entre el hallazgo y la masacre”. Sin embargo el
fiscal Jalil Rachid relativizó los dichos del Ministro y descartó esta
hipótesis.
La prensa paraguaya recuerda que “entre
las reservas Mbaracayú y Morombi existe un corredor que los agentes
fiscales de la zona denominan ‘el corredor de la ilegalidad’ y que por
allí pasan drogas, armas y rollos sin ningún tipo de control. El fiscal
de Curuguaty, Cristian Roig, dijo en una nota periodística que se trata
de una zona en donde manda lo ilegal y los vínculos entre políticos,
policías y traficantes hacen que el trabajo del Ministerio Público sea
imposible”.
El periodista José María Quevedo señaló
que el fiscal Roig “agregó que el organismo (la Fiscalía) ha sido copado
por hijos y parientes de políticos que tienen como principal tarea
proteger a las mafias”. “Este dato serviría quizás para explicar por qué
para investigar la masacre que se produjo en tierras apropiadas por el
ex presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme, el fiscal general
Javier Díaz Verón designó al agente Jalil Amir Rachid Lichi, hijo de
Bader Rachid Lichi, también ex titular de la ANR (Asociación Nacional
Republicana, nombre oficial del Partido Colorado)”, concluyó.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de
junio de 2012 cuando unos 340 policías iniciaron un violento desalojo
de las tierras públicas ocupadas por campesinos como parte de la larga
lucha de los pequeños agricultores por acceder a terrenos donde poder
trabajar. Aquel hecho derivó, una semana más tarde, en un golpe de
Estado parlamentario con la forma del juicio político contra el entonces
presidente Fernando Lugo.
El Frente Guasu (FG), alianza que lidera
Lugo, actual senador, denunció que la designación de Rachid “constituye
un flagrante atropello a la racionalidad más elemental”. Un comunicado
de la agrupación señaló que “la función de Jalil Rachid como fiscal de
esa causa estuvo y sigue estando impregnada de sórdidos mecanismos para
forzar la acusación y consecuente condena a un grupo de campesinos que
fueron víctimas de aquel luctuoso acontecimiento”.
“Desde el comienzo del vergonzoso
proceso, este fiscal adoleció de pruebas consistentes que pudieran
vincular a esos campesinos en los delitos de los que se les imputa, con
la clara intención de impedir una investigación profunda que conduzca al
esclarecimiento del hecho y, sobre todo, a la identificación de los
verdaderos responsables de la masacre de Curuguaty”, agregó el FG.
La agrupación política condenó “de forma
rotunda el nombramiento por parte del Poder Ejecutivo ejercido por
Horacio Cartes”; ratificó “su solidaridad con los campesinos que hoy
están siendo injustamente juzgados” y denunció “ante la opinión pública
nacional e internacional este flagrante atropello a los derechos humanos
en Paraguay”. Por último, el FG alertó que “hoy el pueblo paraguayo se
siente mucho más inseguro en cuanto a la preservación de su vida e
integridad”.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Repudio venezolano
El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, calificó de “irrespetuoso” el comunicado de la Cancillería
paraguaya sobre un supuesto trato denigrante a familiares del golpista
Leopoldo López, quien permanece detenido en una cárcel venezolana. La
República Bolivariana de Venezuela no descartó aplicar medidas
diplomáticas contra Paraguay por “sumarse a la agresión imperial”.
Maduro, a través de su Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Exteriores, calificó de “infundado,
insidioso e irresponsable” el comunicado emitido por la Cancillería
paraguaya sobre el supuesto “trato denigrante” que recibieron la esposa y
la madre del detenido cuando intentaron visitarlo en la cárcel.
“Desdice mucho de la buena fe de la
Cancillería paraguaya pronunciarse de manera apresurada y prejuiciosa
sobre hechos a todas luces falsos e inscriptos en la agenda de agresión
imperial contra Venezuela”, expresó en el comunicado el jefe de Estado
bolivariano.
“Llama la atención que no haya primado
un mínimo de racionalidad y atención a las formas diplomáticas por parte
de las autoridades paraguayas, que ni siquiera se tomaron la molestia
de solicitar información a las autoridades venezolanas sobre estos
falsos hechos”, enfatizó.
“El Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores expresa su más enérgico rechazo al irrespetuoso
comunicado de la Cancillería paraguaya, en virtud de lo cual se reserva
las medidas diplomáticas a que hubiera lugar para responder a esta
reprochable posición”, concluyó el texto.
FAO reclama combate a la pobreza
El director general de la ONU para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), Graziano Da Silva, expresó al
presidente de Paraguay, Horacio Cartes, la preocupación del sistema de
Naciones Unidas con la disponibilidad de informaciones para el monitoreo
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados para 2030.
Da Silva se reunió con Cartes en
Asunción durante un encuentro en el que ambos destacaron como prioridad
el combate a la pobreza y el hambre, “que coincidimos como fundamental”,
explicó en conferencia de prensa. “También hay prioridad en el tema de
agua, de educación y en cada uno de los objetivos del milenio, que son
un reto en sí mismos”, agregó el funcionario.
El titular de la FAO estuvo acompañado
por la representante de las Naciones Unidas en Paraguay, Cecilia Ugaz.
La delegada de la ONU mencionó que la pobreza en el país se concentra
mayormente en el campo, por lo que es en esas regiones que hay que
trabajar más para mejorar las condiciones de vida de la población, así
como incrementar la producción de alimentos.
Los representantes de la ONU abordaron
también con el jefe del Ejecutivo paraguayo el impacto del cambio
climático en la región y en particular en Paraguay, que ve cómo aumenta
la frecuencia de las emergencias climáticas. También coincidieron en la
necesidad de trabajar en sistemas de prevención para evitar la
destrucción de los medios de vida de las personas que dependen de la
agricultura.
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