La muerte de dos niñas de la Colonia Huber Duré, departamento de Canindeyú, ocurrida pocos días después de una fumigación de un campo de soya generó repudios de organizaciones sociales y políticas paraguayas e internacionales. Además movilizó la convocatoria a una marcha para los días 13, 14 y 15 de agosto contra un modelo “cada día más violento”.
Una de las organizaciones políticas y sociales que se expresó tras la muerte de las dos menores fue el Frente Guasu (FG), nacida de las expresiones progresistas y de izquierda que acompañaron al derrocado presidente Fernando Lugo. El FG señaló que “estos lamentables hechos se suman a la escalada de luto que viene ocasionando el agro negocio en Paraguay, en un modelo que prioriza el lucro sin ninguna consideración hacia la vida, a pesar de todas las denuncias fundadas por parte de entidades especializadas en el tema”.
La organización señaló en un comunicado que “los hechos denunciados demuestran a las claras que el gobierno de Horacio Cartes, lejos de representar a la sociedad en su conjunto, está pensado y ejecutado para responder a los intereses de la porción del empresariado que más acumula en el país, con una prácticamente nula tributación, a costa de vidas de paraguayos y paraguayas”.
El FG llamó a una movilización nacional que convocó para los días 13, 14 y 15 de agosto en coincidencia con el aniversario de la asunción de Cartes y “contra un modelo de país que violenta cada día más a nuestro pueblo”.
Insistió entonces en considerar que “una proporción importante de la grave situación que atraviesa nuestro país, pasa por la insostenible concentración de la tierra y el criminal e insustentable modelo de agroexportación, generador de pobreza, marginación y deterioro de nuestro medio ambiente”. El texto del FG expuso que “la resolución de esas dos cuestiones debe ser el punto de partida de alguna política que pretenda demostrar su voluntad de sacar a nuestro país de la postración. Todo lo demás resulta una forzada retórica para estafar a un pueblo que está llegando a los límites de su tolerancia”.
Sin control
La muerte de las niñas del Asentamiento Huber Duré fue denunciada por la Federación Nacional Campesina (FNC), que informó que “más de una treintena de personas del lugar fueron intoxicadas de igual manera”.
La organización campesina más grande del país reclamó al Servicio de Sanidad Vegetal (Senave) la planilla de registro de los productos “agroquímicos” que utilizan las empresas soyeras situadas alrededor del asentamiento Huber Duré.
La Organización de Lucha por la Tierra de Paraguay (OLT) se solidarizó “con la Federación Nacional Campesina, que viene denunciando estos hechos (las fumigaciones) y sólo ha recibido imputaciones, cárcel y represión”. Además condenó la muerte de las dos niñas del departamento de Canindeyú “quienes fallecieron a consecuencia de las fumigaciones de los soyeros de la zona”.
En un comunicado señaló que “este hecho enluta nuevamente Paraguay, país en el que ya se ha perdido la cuenta de las víctimas de la intoxicación por los agrotóxicos que utilizan los empresarios del agro-negocio; empresarios impunes que gozan de la complicidad de los tres poderes del Estado”.
Esta presión política y social se da sobre un gobierno como el de Cartes que permite la utilización de policías para garantizar la fumigación de soyales en decenas de casos denunciados internacionalmente.
Desde el golpe de Estado a Fernando Lugo en junio de 2012 se revirtió por completo la política de mínimos controles de los productos transgénicos que se utilizan en el campo y de los insecticidas y herbicidas que se habían desarrollado durante esa gestión.
El gobierno de facto de Federico Franco, que sucedió a Lugo, aprobó la utilización de semillas transgénicas de algodón, soya y maíz, que en otros países todavía están en estudio por sus posibles impactos en otros cultivos.
Cartes tiene como ministro de Agricultura a Jorge Gatini, un técnico de fuertes vínculos con el agronegocio que ha defendido siempre el uso de agroquímicos. Esto le valió que en febrero pasado la FNC se ofreciera a fumigar el jardín de su casa con los herbicidas que se usan en los cultivos de soya. También se lo invitó a tomar tereré (infusión popular paraguaya) con agua contaminada de los arroyos de las cercanías de cultivos de soya. El ministro quedó oculto y en silencio.
Indolencia
El uso del Estado mediante la fuerza pública para favorecer el agronegocio es el detalle más escandaloso de un gobierno que descuida de manera indolente el grave problema de pobreza que vive el país.
Esto se puede ver claramente en los campamentos de damnificados por las inundaciones que crecieron en Asunción y en otras ciudades del país como consecuencia de las crecidas de los ríos Paraguay y Paraná que afectaron a más de 300 mil personas en todo el país.
En una recorrida por los refugios en Asunción se observa de manera notable cómo las propias organizaciones de los Bañados Sur y Norte de la capital, hacen lo que pueden para garantizarse alimento, abrigo y condiciones mínimas de higiene en sus precarias locaciones. La ausencia de funcionarios públicos de la municipalidad de la capital y de los distintos ministerios del gobierno central asombra y genera indignación en la gente.
“Si al 40,5% de la población que se encuentra en la categoría de vulnerables sumamos el 32,8% que ya se encuentra en situación de pobreza, tenemos que el 73,3% de la población enfrenta altos niveles de vulnerabilidad en Paraguay, es decir un total de 4,9 millones de los 6,7 millones de paraguayos que componen la población total del país”, dijo Verónica Serafini, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía (Cadep). En su consideración unas 2,7 millones de personas pueden volver a la pobreza rápidamente a causa de la inacción estatal.
Cartes asumió la presidencia de Paraguay el 15 de agosto de 2013 con el compromiso de reducir la pobreza sensiblemente. Salta a la vista que está muy lejos de cumplir.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Usurpador de tierras |
