Estados Unidos trata de recuperar un enclave en Suramérica
Avanzada:
con el apoyo del Partido Colorado y otras expresiones de la derecha
local, Estados Unidos produjo un golpe en el corazón de Unasur, donde
pierde terreno desde comienzos del siglo XXI. Las nuevas autoridades,
así como otras voces del poder real, no demoraron en declarar su
intención de establecer un tratado de libre comercio con la Casa Blanca,
a la vez que sostuvieron la necesidad de que Washington reactive la
base militar en Mariscal Estigarribia, instale allí aviones F-118 y cree
nuevas bases militares en el Chaco paraguayo. La resistencia popular ya
comenzó y queda planteada la batalla electoral de abril próximo en la
medida en que el nuevo gobierno cumpla con los plazos constitucionales.
Con la celeridad y precisión de una operación
largamente preparada, bajo la forma de un juicio parlamentario el 22 de
junio fue depuesto Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay. Lugo
admitió inicialmente la destitución. Su lugar lo ocupó Federico Franco,
hasta ese momento vicepresidente. En un amañado juicio político de menos
de 36 horas la suerte del ex obispo quedó sellada por 39 votos por la
condena y cuatro por la absolución en el Senado constituido en tribunal.
A los pocos minutos de la sentencia, la policía disparaba gases
lacrimógenos y balas de goma contra alrededor de siete mil personas que
se congregaban en las plazas del Congreso. Las fuerzas de seguridad
parecieron no reparar que entre la multitud había mujeres y niños. “Este
gobierno ilegítimo nace disparando contra la gente”, reclamaron los
manifestantes.
Días después, en entrevista con Radio Nacional de Argentina respecto
de la eventual injerencia del Departamento de Estado estadounidense para
derrocarlo, Lugo respondió: “Los países que nos enviaron su solidaridad
están señalando una gran injerencia de otros países. Hoy, el gobierno
que está instalado en Paraguay señala que no permitirá injerencias, pero
sin duda que en ningún lugar del mundo un golpe es genuinamente
nacional. Siempre hay insinuaciones o efectos de que está hecho con la
participación, o por lo menos la anuencia de países, no de la región
sino de un poquito más hacia el norte”.
Más directo fue Domingo Laíno, ex parlamentario y principal dirigente
del Partido Liberal Radical Auténtico, encabezado ahora por el
presidente de facto Federico Franco: “Pareciera que tanto Argentina como
Brasil no se dieron cuenta de que la estrategia del imperio es tener
como enclave a Paraguay, que le permite tirotear todo el proceso de
integración regional y debilitar las dos economías más fuertes de
América Latina. Lo que Washington no ha logrado con la medialuna
boliviana, ni con Honduras, ni con la militarización de las bases en
Colombia, ni con la desestabilización en Ecuador, ni con el golpe y
sabotaje en Venezuela, lo está logrando a través de Paraguay. Porque
Paraguay es un país pequeño, con ubicación estratégica, inmejorable en
el Cono Sur, con una histórica debilidad del Estado y una oligarquía
absolutamente medieval que en su afán de dominio sobre este territorio,
incluso por encima de su codicia, le hace el juego a las pretensiones
del Norte”.
Réplica inmediata
Sin explicitarlo, la mayoría de los gobiernos de la región
coincidieron con el veterano político paraguayo, cuyo hijo Luis Domingo, renunció a su
cargo de embajador en Cuba en rechazo al golpe de Franco. El nuevo
Ejecutivo no fue reconocido por ninguno de los países latinoamericanos,
que retiraron o llamaron a consulta a sus embajadores en Asunción. El
presidente ecuatoriano Rafael Correa se adelantó y desde Río de Janeiro,
donde participaba de la cumbre Río+20 declaró que, con prescindencia de
la decisión de Lugo, e incluso de la postura que tomara Unasur, Ecuador
no reconocería al nuevo gobierno paraguayo. Simultáneamente el primer
mandatario boliviano Evo Morales adoptó idéntica posición, reiterada en
instantes desde Caracas por el presidente Hugo Chávez. Por caso, a la
sazón recrudecía en Bolivia un motín policial sumado al conjunto de
conspiraciones que constantemente tratan de desgastar el poder de Evo
Morales.
Reunidos en Río+20, los cancilleres de Unasur respaldaron con firmeza
a Lugo y una nutrida delegación viajó a Asunción mientras todavía la
parodia de juicio estaba llevándose a cabo. Su misión fue infructuosa,
aunque a la semana siguiente, reunidos en Mendoza, definieron la
separación de Paraguay del Mercosur y Unasur (ver pág. 14).
El gobierno de facto insiste en señalar el carácter legítimo de su
ejercicio, amparado en un cerrado apoyo institucional que se comenzó a
configurar con el rechazo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del
planteo de inconstitucionalidad al reglamento del juicio que habían
interpuesto los defensores de Lugo.
También el Superior Tribunal de Justicia Electoral (Tsje) dictaminó
la legitimidad del gobierno de Franco y señaló que éste debe concluir el
período presidencial en agosto de 2013, tal como estaba previsto. El
fallo cerró así la posibilidad de un adelanto de las elecciones, una de
las salidas que propusieron algunos mandatarios y miembros de la
comunidad internacional. El nuevo régimen tiene a su vez el respaldo de
la prensa patronal que manejó la situación comunicacional como manda el
manual del buen golpe de Estado Latinoamericano: “Todo está tranquilo”,
titularon en reiteradas oportunidades.
Azuzar viejos temores
Los sucesos de Curuguaty, donde 17 personas resultaron muertas tras
un presunto enfrentamiento entre campesinos y policías, fueron
oportunamente azuzados para despertar temores de un levantamiento
campesino y dar otro tipo de justificativo al golpe de Estado.
Es que Curuguaty fue el punto más sensible, el que cerró las filas de
los antiguos partidos tradicionales de derecha y centro derecha para
asegurar en primera instancia el éxito del un juicio político.
La derecha, aglutinada, sostiene que los 50 campesinos que ocuparon
Curuguaty infiltraron tiradores del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)
para ejecutar al jefe y el subjefe del Grupo Especial de Operaciones
(GEO) de la Policía Nacional y a cuatro de sus colaboradores, en una
emboscada considerada de alta planificación.
Testimonios recogidos por defensores de derechos humanos y militantes
de organizaciones sociales indican, sin embargo, que bien podrían haber
sido matones del terrateniente Blas N. Riquelme, ex senador y ex
presidente del Partido Colorado, que se atribuye las tierras ocupadas, o
fuerzas paramilitares los que dispararon la tragedia. Esta es una
hipótesis que los investigadores hasta el momento no tienen en cuenta,
dado que probaría el montaje de una provocación como justificación del
golpe palaciego.
El presidente Lugo había decidido nombrar una comisión de notables a
cargo del periodista Alcibíades González Delvalle para llevar adelante
una investigación independiente sobre el caso Curuguaty. La comisión fue
disuelta por Franco, en una de sus primeras medidas de gobierno.
Resistencias
Apenas se inició el proceso de juicio político, nació la resistencia
popular a lo que finalmente sería un golpe institucional. La primera
protesta ciudadana de magnitud se registró en la mañana del sábado 23 de
junio, cuando comenzó a concentrarse gente frente al edificio de la TV
Pública, en defensa de la libertad de expresión. Unas horas antes un
enviado del gobierno de Franco, acompañado de una comitiva policial,
intentó interrumpir la programación. Por la tarde del sábado,
manifestantes y trabajadores de los medios públicos se congregaron
espontáneamente frente al “Micrófono Abierto” que se instaló en la sede
del canal de televisión. La transmisión continua se transformó en un
fenómeno que desbordó las fronteras del país y alentó el reclamo y la
movilización en todo el país en defensa del proceso democrático.
El gobierno de facto cambió las autoridades de la TV Pública, lo que
descomprimió la manifestación, aunque las movilizaciones crecieron en
las distintas capitales departamentales.
El bloqueo del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con la
brasileña ciudad de Foz de Iguazú, por más de un millar de
manifestantes, fue otro hecho destacado de la resistencia en la primera
semana posterior al golpe.
Por otra parte, el grueso del movimiento social, que sostuvo el
gobierno de Lugo, tendrá posibilidades crecientes de organizarse y ganar
la calle, ahora que está liberado de la carga de ser oficialista.
Flanco externo
El canciller Jose Félix Fernández adelantó que el gobierno de facto
de Federico Franco recurrirá todas las acciones que tomen Mercosur y
Unasur, a sabiendas que al país no le conviene un aislamiento regional.
No obstante, tras la resolución de ambos organismos regionales de
separar a Paraguay, se sumaron las voces del Ejecutivo para sostener que
ahora Asunción se siente emancipada: “al ser suspendido, Paraguay está
liberado de tomar decisiones. Vamos a hacer lo que más convenga a
Paraguay”, declaró Franco al conocer la decisión. “Ahora se terminó el
tutelaje de los países vecinos”, agregó en referencia a Brasil y
Argentina. Después aclaró que evaluará costos y beneficios de la
decisión regional. Otros funcionarios afirmaron la decisión oficial de
concertar inmediatamente acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y
China.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo
Felippo, retomó una de las banderas de la oligarquía paraguaya: “nos va a
beneficiar grandemente salir del Mercosur”. Aventuró que Paraguay
logrará “mayores opciones; vamos a desarrollar nuestro músculo para
exportar a otros países, vamos a lograr que nuestros socios para el
futuro sean otros países y no nuestros vecinos que, nos guste o no nos
guste, fueron parte de la Triple Alianza”.
La prensa empresarial consagró la idea de que los países que
reaccionaron ante el juicio político a Lugo constituyen una suerte de
Triple Alianza, la unión de ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay que
asoló a Paraguay en la década de 1870.
Esta tesis tomó cariz diplomático en la exposición del embajador
paraguayo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Hugo
Saguier Caballero, que prácticamente reprodujo las palabras de Felippo, y
que fuera reproducida en editoriales de diarios, en las redes sociales y
por comunicadores de medios electrónicos. Es un viejo programa de la
derecha paraguaya profundizar una alianza directa con Estados Unidos,
con la formalización de una base de aviones F-118 en Mariscal
Estigarribia, como parte principal del acuerdo. En el mismo sentido, el
diputado José López Chávez, del partido Unace (Unión Nacional de
Ciudadanos Éticos), reiteró su deseo de que Estados Unidos instale bases
militares para frenar lo que denominó “carrera armamentista” boliviana.
Vale recordar que el 5 de agosto del año pasado 21 generales
estadounidenses sostuvieron una reunión con la Comisión de Defensa
Nacional, Seguridad y Orden Interno de la Cámara de Diputados de
Paraguay. Esta comisión parlamentaria es presidida por López Chávez e
integrada, entre otros, por Artemio Barrios (ANR, Partido Colorado), que
en las horas del golpe catalogó al destituido presidente Lugo de
“traidor a la patria”. También participaron de aquel encuentro de agosto
de 2011 los senadores Julio César Franco (Plra, liberal), hermano del
presidente de facto, y José Manuel Bóveda (Unace).
“Hablamos con ellos (con los militares estadounidenses) de la
intención, que en algún momento podría darse, de instalar una base
militar en el Chaco y otras cosas más”, afirmó López Chávez en aquellos
días. Debe entenderse que se refería al Chaco paraguayo, y no a la
provincia argentina en la que funciona desde el año pasado una sede
operativa donada por Washington. Una base estadounidense en Paraguay
-expuso el legislador- ayudaría a “librarse de las presiones, de las
amenazas de Bolivia; y más aún de amenazas que están surgiendo,
permanentemente, del bolivariano Hugo Chávez (presidente de Venezuela)”.
Buena parte de la derecha paraguaya, hoy más unida que nunca, piensa de
manera semejante.
Por eso, el propio Lugo declaró antes de las reuniones de Unasur y
Mercosur en Mendoza: “He tenido una reunión con un grupo de campesinos
que venden piñas, mandioca, en la región, y yo no querría que los más
olvidados, a quienes hemos privilegiado en nuestro gobierno, sean
también perjudicados con una sanción económica”, dijo. A pesar de ello,
pidió “un llamado de atención” de la comunidad internacional para
aquellos que se juntaron para derrocarlo.
Desde Asunción, Carlos Cáceres y Jorge Zárate