Vecinos acusan a obra de secar los históricos manantiales de Trinidad

Ligia Sosa muestra como se está secando la pileta natural que durante más de un siglo mantuvo su familia . "Era el tesoro del lugar", contó. La causa sería la contrucción del edificio Palacio de Los Patos en la Avenida Santísima Trinidad casi Itapua. Foto Pánfilo Leguizamón, publicada en La Nación

“¡Es un crimen!”, repite Ligia Sosa mostrando la fuente de la quinta familiar secándose lentamente. “Aquí teníamos pececitos, había tortuguitas, venían las aves, es un sitio histórico porque mi gente vivió aquí desde antes de la Guerra de la Triple Alianza, la gente venía a buscar agua con cántaros”, cuenta la mujer con esa sensación que dejan los daños intangibles. Lo que no se puede asir, lo que no tiene precio.

Desde mayo pasado, el manantial cesó. Lo mismo les pasó a los Cañisa, familia señera del barrio de Trinidad. El almacén, el cine, el corazón de la vieja estación del tren tienen la impronta de los herederos de Don José. Este pionero que hace más de un siglo tuvo el buen tino de construir un sistema hidráulico que permite distribuir el agua de manantial a los vecinos estableciendo el primer sistema de agua corriente, quizá, de la ciudad.

En estos días Nicasio Cañisa que está por cumplir 96 años tuvo que pedir una conexión a la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) porque el sistema funciona gracias al declive natural, canales y piletas, dejó de prestar su inestimable servicio. “Y qué vamos a hacer, ya está hecho el daño”, se lamenta Alberto, su hermano en la puerta del viejo almacén. En la casa familiar el antiguo canal de piedra ya está seco para pena de la hermana “Muñeca”.

Todo surgió con la construcción de un edificio bautizado “El Palacio de los Patos” en un predio vecino ubicado sobre la avenida Santísima Trinidad. Desde que se anunció la obra los vecinos quisieron saber de qué se trataba, protestaron, hicieron todo lo posible pero no hubo caso. “Es un edificio que tiene 3 subsuelos, un pozo de 14 metros de profundidad”, explica Antonio Spiridonoff, un ingeniero forestal que acompañó el movimiento ciudadano. En algún momento de la construcción se habrían topado con canales de este reservorio fuente y es allí que comenzó a plantearse este problema.

Héctor Dami Cañisa dice que es la repetida historia del poder del dinero, en nombre del progreso, contra toda otra razón u argumento. “El concejal (Carlos) Galarza pidió informes pero es difícil cuando todos se hacen los desentendidos. Ellos hicieron un alcantarillado para poder bombear las aguas que les brotan en el pozo que están haciendo para los subsuelos y nadie les dice nada”, reclama.

La señora Sosa quiere que al menos la empresa constructora le asista con agua para el tanque de la familia. “Ellos nos dicen que en un año más o menos la situación se va a normalizar. Después de todo ¿Quién les puede creer? Imagine lo que vale una conexión de Essap aquí. ¿Quién nos repara todo este daño?”, se preguntó.

Arroyo Trinidad

Estos manantiales vertían sus aguas al arroyo Trinidad que hace poco también fuera intervenido por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) a un costo de más 2.800 millones de guaraníes. “Es la típica intervención que se hace al parece con el solo criterio de gastar dinero. Destruyeron todo el entorno del arroyo, la plaza Carancho, el espacio de la vieja estación”, se lamenta Antonio Spiridonoff. “Todos los políticos que pasan por Trinidad se llenan la boca y se emocionan hasta las lágrimas y después no hacen nada, nos dejan abandonados, pasó con Evanhy de Gallegos y ahora con Arnaldo Samaniego”, dice.

Carta a Siloe

Esta es la carta que escribió Felicinda “Muñeca” Cañisa de Dami para homenajear al manantial que desde mayo dejó de brotar en su casa: “Me entristeció hasta las lágrimas ver caer las últimas gotas de mi preciado manantial, al cual yo llamaba Siloe (estanque milagroso de origen bíblico ubicado en Jerusalén).

Me remontaba al pasado, con gratos recuerdos en mi memoria, de vecinos que se surtían del líquido vital, el cual mi padre, Don José Cañisa, con satisfacción proveía a su familia y al vecindario.

En su entorno, disfrutábamos con mi amado marido Gil Dami Serna, de la naturaleza y del sonido relajante de la vertiente de agua. Hoy aquello enmudeció, el manantial se extinguió, ya no hay plantas, peces, ni aves, la vida ahí terminó, es tan triste en su alrededor.

Hoy, mi familia y yo nos sentimos avasallados e impotentes ante lo que se podría considerar un grave daño ecológico en todo el barrio, ya que se secaron todos los manantiales de la zona, en nombre del “progreso” y con el amparo de las autoridades pertinentes. Y me pregunto finalmente, quien reparará el daño cometido de dejar incluso sin agua a mucha gente que se proveía de ella”.  

Jueces meditan sentencia para Lucía Sandoval

Lucía Sandoval

Está presa hace 3 años, 6 meses y poco más de una semana por un delito que asegura no haber cometido. Desde ese fatídico día en que su marido, Huber Martínez, cayó muerto por un disparo, no puede ver a sus hijos.

 “El tenía una orden de restricción y no se podía acercar a 500 metros de la casa”, contó Lucía Sandoval que fue una mujer golpeada, que denunció las golpizas y había conseguido que la justicia la proteja un poco, al menos en los papeles.

Tenían dos hijos pequeños, una nena de 8 y un varón de 3. Ese 11 de febrero de 2011 les había dado de cenar y los había llevado a acostar. Cuando volvió a la cocina se topó con el marido, según su testimonio, borracho y con un arma de fuego.

“Cuando entré en la cocina, ahí estaba con un arma. Dijo que no se iba por nada del mundo, que primero me iba a matar”, declaró. Allí se dio un forcejeo y el disparo. El hombre cayó muerto.

Lucía se aferra a la clave del caso.

“Yo jamás disparé un arma, me salió negativo la prueba de la parafina, inclusive los médicos de la fiscalía se ratificaron en ello”, contó en la radio. Su abogado Jorge Bogarín recordó que la Fiscalía comenzó acusándola de dispararle a su marido por la espalda, para ahora, finalmente, terminar exponiendo que el disparo fue de frente.

La fiscala María José Pérez requirió 25 años de prisión en la convicción de que Sandoval disparó contra su marido por la trayectoria de la bala, que de acuerdo al informe pericial dice que ingresó a la altura del pecho con orificio de salida en la espalda. Para más datos, de manera perpendicular a una distancia de 70 a 75 centímetros.

Refuerza esta situación con la declaración de Jazmín, que era una niña de 8 años cuando sucedió el hecho y hoy tiene 12. La misma fue tomada en una cámara Gesell, una habitación de dos ambientes separados por un vidrio que permite analizar las reacciones de los testigos.

Allí la niña dijo: “Mi mamá le disparo a mi papá por la espalda”.

Pérez acusa a pesar de esta contradicción insalvable, señalando que la mujer no tenían rastros de agresión a pesar de haber declarado haber recibido un culatazo y otros golpes en medio de una lucha desigual.

“Yo no dispare, solo quise defenderme”, reitera Lucía.

Organizaciones como Amnistía Internacional, y el CLADEM reclamaron la liberación de Lucía, en la convicción de que la trágica escena final de este caso, es en gran medida el acumulativo de una violencia contra la que el estado protege poco. Condenar a Lucía, sería entonces en esta interpretación, un acto de revictimización.

“Que el estado cumpla con su obligación, nadie tiene que morir”, pide Lucía a los micrófonos de la prensa.

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces penales Julio César Granada, que es su presidente, Oscar Rodríguez Masi y Daniel Ledesma medita el veredicto que dará a conocer este miércoles 27 de agosto de 2014.

“Quiero ver a mis hijos”

Aquí el testimonio directo de Lucía Sandoval: “Al día siguiente de lo que sucedió conmigo, con mi caso, mis suegros se llevaron a mis hijos bajo mentiras, dijeron que una psicóloga recomendó que ellos tenían que despedirse de su papá, tenían que hacer un duelo, entonces mi mama les entregó a mis hijos y a la noche cuando fueron a buscarlos ya no les entregaron y al día siguiente pidieron lo guarda y la jueza se las dio… fue todo muy rápido… A los tres meses cuando comencé a preguntar por ellos me comentaron que estaban con mis suegros…Ni por teléfono puedo hablar… Ni para mi mamá que tiene un régimen de relacionamiento siempre fue muy dificil, después nos dimos cuenta que la intención era hacer hablar a mi hija de que yo le disparé a su papá por la espalda…Ellos le meten cosas en la cabeza, en el juzgado de 1a instancia diciembre de 2011 a cargo de Cristina Aquino, nos otorgó un régimen de relacionamiento, pero ellos apelaron, diciendo que una psicóloga recomendó que no me vea. Yo sé que mi hija sabe en su corazón lo que sucedió… Me da pena que justicia tenga que estar utilizando a una criatura… de parte de la fiscalía, están para representar a la sociedad, mis hijos también son víctimas…Claro que si quieren verme mis hijos, es un derecho natural…quiero decirles que les amo… que yo soy su mamá, quiero salir,curarles, sanarles, ya son muchos años de sufrimiento…Sigo confiando en la justicia…Se que todo no está tan podrido en nuestro país, confío en las pruebas, se que se va a hacer justicia conmigo…”

“Soy inocente”

Lucia escribió una carta desde el Buen Pastor dirigida a toda la comunidad. Aquí el texto: “Mi agradecimiento infinito a todas las organizaciones sociales que creyeron en mi inocencia desde el primer momento en que ocurrió el hecho, además quiero agradecer a la gente común que aun si conocerme me hacen llegar su apoyo, decirles a esas personas que nadie tiene que morir ni nadie tiene que ir a la cárcer si el sistema de justicia cumple con el deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia. En estos 3 años 6 meses y 12 días de estar privada de mi libertad, con dolor e impotencia siguen ocurriendo casos similares al mío que pudieron ser evitados si el Estado actúa con la diligencia debida. Les animo a las mujeres a que no callen, que denuncien cualquier tipo de violencia y que reclamen en el cumplimiento de esos derechos. El día miércoles 27 de agosto va a ser un día memorable para mí y muchas otras mujeres, confío en que ese día conseguiré justicia despúes de tanta lucha en búsqueda de mi libertad, porque ‘Soy Inocente’ Lucía Sandoval. Buen Pastor 23-08-2014″.

Jorge Zárate

Relojes para un viaje en el tiempo se exhiben en una muestra peculiar

Elías Balladares es el mentor de la original exposición que puede verse en la Dirección de Contrataciones Públicas. Foto Alejandro Fretes publicada en La Nación

La mayoría de pared de origen estadounidense y alemán, tienen valores que oscilan entre los 600 y los 8 mil dólares.

Obsesivo, el hombre pretendió atrapar el tiempo en los relojes. En las partículas que va marcando el inquebrantable sonido de las máquinas de precisión. Esas que siguen admirando y generando respeto.

“Hay mucho trabajo para los relojeros”, dice Elías Balladares, el joven que ideó esta muestra fuera de lo común que puede apreciarse en la sala de exposiciones de la Dirección de Contrataciones Públicas, Estados Unidos 961, hasta el 31 de agosto.

La misma es un viaje en el tiempo en el que se pueden apreciar antiguos relojes de pared estadounidenses y alemanes cuyos valores oscilan entre los 600 y los 8 mil dólares. Destacan la simpleza de las líneas, la modernidad de un Waterbury de 1892 que hace pensar en un edificio de Nueva York hasta un reloj cucú alemán que recrea las cacerías en la Selva Negra coronado por un ciervo con prominente cornamenta.

“Mucha gente los tiene y no sabe dónde repararlos, entonces se nos ocurrió que mostrando que pueden volver a funcionar podíamos generar la idea de revivir antiguos relojes”, cuenta Elías, hijo de Armando Balladares, un relojero paraguayo reconocido en el mundo.

“Nosotros podemos restaurar las cajas y también hacer las piezas que haya que reponer”, cuenta.

La misma cosa para los relojes de cadena, aquellos para bolsillo de chaleco y los de pulsera. La colección es más que interesante y brilla un cronógrafo Patek Philippe de 1920 cuya máquina es toda una metáfora de la precisión suiza.

Hay una artesanía en la que se encerró una máquina Omega en una esfera de cristales bombee y bronce para darle al reloj todo lo absoluto que dicha forma implica.

También un Jaeger-Lecoultre de mesa que es una pieza de alto diseño artístico en la que las agujas y la maquinaria hacen parte de la miniescultura en que se convierte el reloj de acrílico que partió siendo como objeto.

“Desde los 15 años que estoy viendo y aprendiendo junto a papá”, recuerda para describir cómo se fue haciendo en este oficio que tiene en la paciencia su valor principal. “Tenés que estar preparado para hacer 10 veces la misma cosa porque puede ser que en la 11 encuentres la solución a lo que tanto te estaba costando”, explica. Admite que algo especial tienen los relojeros con el tiempo: “Hubiese querido tener un reloj que detenga el tiempo porque todo va muy rápido en estos tiempo, en esta época”, confiesa.

Experto hoy en estética, terminación y control de calidad de los trabajos de relojería, este muchacho de 24 años asegura que el reloj pulsera tiene todavía larga vida y que “cada vez hay más importación de relojes que van a requerir mantenimiento”. A ello apuesta desde la firma familiar El Relojero que auspicia la muestra.

Jorge Zárate

Referencia mundial
“Mi padre, Armando Balladares, es uno de los expertos en Rolex en el mundo”, cuenta Elías recordando una anécdota. “Hace poco vino un cliente con un Rolex de 18 mil dólares, una verdadera joya de oro macizo que pudimos reparar después de un mal servicio que había tenido en Miami, Estados Unidos. Entonces, no siempre es cierto aquello de que afuera se hacen mejor las cosas que aquí”, expone. “Podemos traer muchos relojes a la vida, como estos que son de la colección particular de mi padre, los esperamos para dar un pequeño paseo por aquí”, dijo. La muestra está abierta al público de lunes a jueves de 7.30 a 16 y los viernes de 7.30 a 13 en la sala de exposiciones de la
Dirección de Contrataciones Públicas sita en Estados Unidos 961.

Aferrarse a la tierra, resistir y plantar alimentos, salidas populares al hambre que azota el mundo.

Nilciney Tora, Claudia Korol, Raúl Zibecchi y la moderadora Marielle Palau en el debate público frente al Panteón de los Héroes en el centro de Asunción. Foto Natalia Ruiz Díaz.

En 61 muestras de leche materna tomadas en una investigación sobre el uso de agroquímicos en el Brasil, el 100% tenía al menos un tipo de veneno. El 85% entre 2 y 6 tipos distintos de venenos registrados.

“Lo más sagrado de la salud y la alimentación humana, que es la lactancia materna, ya comienza también a ser una manera de envenenarnos también desde el comienzo”.

Nilciney Tora, Movimiento Sin Tierra (MST) del Brasil.

“No acabará esta especie maligna de la sola-persona hasta que la persona-muchedumbre suba a imponer todo su derecho sobre lo torcido y venenoso de la especie humana”.

Augusto Roa Bastos, Yo El Supremo.

El público desafió al frío del miércoles 13 de agosto. Foto Natalia Ruiz Díaz.

Sobre el Seminario Internacional sobre Agronegocio en el Cono Sur: Resistencias y Alternativas

“Once mil compañeros salieron a interrumpir el tráfico, a cortar 7 diferentes rutas”, cuenta Nilciney Tora del Movimiento Sin Tierra (MST) del Brasil insistiendo en que la Reforma Agraria Popular es la única alternativa para los campesinos de todo el cono sur. “Y esto se logra con luchas permanentes, masivas y unitarias”, expone ante un auditorio en mayoría urbano que se constituyó frente al Panteón de los Héroes desafiando el viento helado de la tardenoche del miércoles.

Un debate más que importante al cumplirse un año del gobierno de Horacio Cartes donde el uso del Estado mediante la fuerza pública para favorecer el agronegocio aparece como el detalle más escandaloso de un gobierno que descuida de manera indolente el grave problema de pobreza que vive el país.

Era el cierre del Seminario Internacional sobre Agronegocio en el Cono Sur: Resistencias y Alternativas que organizado por las Ongs. Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Base de Investigaciones Sociales (Base IS) y apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo se desarrolló en la semana en nuestra capital.

Desde el golpe de Estado a Fernando Lugo en junio de 2012 se revirtió por completo la política de mínimos controles de los productos transgénicos, de los insecticidas y herbicidas que se utilizan en el campo. El gobierno de facto de Federico Franco, que sucedió a Lugo, aprobó la utilización de semillas transgénicas de algodón, soya y maíz, que en otros países todavía están en estudio por sus posibles impactos en otros cultivos.

La muerte de las niñas Adela y Adelaida en el asentamiento Huber Duré son en gran medida el disparador de las jornadas de protesta que se están llevando a cabo en todo el país en este momento.

Por eso la propuesta del brasileño Tora forma parte de una respuesta posible ante un avance implacable de un modelo financiero de la agricultura en el que de ninguna manera interesa dar de comer a un mundo donde más de la mitad de la población, miles de millones de personas, vive con hambre.

Así lo recuerda Claudia Korol de Pañuelos en Rebeldía de Argentina exponiendo la necesidad de enfrentar a la idea de “Las repúblicas unidas de la soja”, aquel aviso publicitario de la transnacional Syngenta que muestra toda el area sojera del cono sur sin fronteras.

“Todos juntos tenemos que enfrentar a ese enemigo que nos está matando, la integración de los pueblos es lo único que los va a derrotar”, señala.

Se destaca entonces el ejemplo de los pobladores del Barrio Malvinas Argentinas de Córdoba, la palabra de Esther Quispe, una de sus dirigentes principales. “Le mojamos la oreja a Monsanto”, cuenta la mujer y reseña años de lucha para evitar que se instale en el barrio una planta de la transnacional que hizo de un agroquímico de uso militar, el agente naranja, un utilitario agrícola al que quiere presentar como inofensivo a pesar de las miles de vidas que ya se cobró en el mundo.

Todo indica que la planta ya no se construirá en un barrio en el que la mayoría de la gente se dedica a la producción hortícola.

Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina (FNC) recuerda que para una sola de las siembras de soja se utilizan una cantidad tan grande de agroquímicos que si se los divide por la cantidad de habitantes a cada uno nos tocaría 5 litros. “Como dicen los compañeros, a fortalecer las luchas”, insta.

El periodista y analista uruguayo Raúl Zibecchi había abierto el panel analizando las triunfantes luchas en Argentina, Chile y Colombia contra la gran minería, situación a la que presentó como ejemplo de que es posible enfrentar el agronegocio que responde a “este modelo de muerte, a esta fase del capital financiero que es brutal”.

Lo dice de manera sencilla. “O frenamos el agronegocio o nos mata, por eso hay que aferrarse a la tierra, defender la agricultura familiar campesina, movilizarse generando una situación política que haga insostenible este modelo”.

Somos capaces, tenemos que hacerlo.

Jorge Zárate

Fotos: Natalia Ruiz Díaz

Movilización nacional en Paraguay en rechazo a privatizaciones y agronegocios

Aniversario: el Frente Guasu convocó a una movilización nacional para mediados de agosto “contra un modelo de país que violenta cada día más a nuestro pueblo” y en coincidencia con el primer año de gobierno del presidente Horacio Cartes. La muerte de dos niñas en una zona rural luego de la fumigación de un campo de soya generó nuevos rechazos a las políticas históricas de Paraguay: agronegocios, persecución a campesinos, concentración de riquezas y privatizaciones. Las inundaciones que afectaron a más de 300 mil personas dejaron en evidencia los graves problemas sociales del país, corroborados por datos estremecedores sobre pobreza y vulnerabilidad. 

La muerte de dos niñas de la Colonia Huber Duré, departamento de Canindeyú, ocurrida pocos días después de una fumigación de un campo de soya generó repudios de organizaciones sociales y políticas paraguayas e internacionales. Además movilizó la convocatoria a una marcha para los días 13, 14 y 15 de agosto contra un modelo “cada día más violento”.

Una de las organizaciones políticas y sociales que se expresó tras la muerte de las dos menores fue el Frente Guasu (FG), nacida de las expresiones progresistas y de izquierda que acompañaron al derrocado presidente Fernando Lugo. El FG señaló que “estos lamentables hechos se suman a la escalada de luto que viene ocasionando el agro negocio en Paraguay, en un modelo que prioriza el lucro sin ninguna consideración hacia la vida, a pesar de todas las denuncias fundadas por parte de entidades especializadas en el tema”.

La organización señaló en un comunicado que “los hechos denunciados demuestran a las claras que el gobierno de Horacio Cartes, lejos de representar a la sociedad en su conjunto, está pensado y ejecutado para responder a los intereses de la porción del empresariado que más acumula en el país, con una prácticamente nula tributación, a costa de vidas de paraguayos y paraguayas”.

El FG llamó a una movilización nacional que convocó para los días 13, 14 y 15 de agosto en coincidencia con el aniversario de la asunción de Cartes y “contra un modelo de país que violenta cada día más a nuestro pueblo”.

Insistió entonces en considerar que “una proporción importante de la grave situación que atraviesa nuestro país, pasa por la insostenible concentración de la tierra y el criminal e insustentable modelo de agroexportación, generador de pobreza, marginación y deterioro de nuestro medio ambiente”. El texto del FG expuso que “la resolución de esas dos cuestiones debe ser el punto de partida de alguna política que pretenda demostrar su voluntad de sacar a nuestro país de la postración. Todo lo demás resulta una forzada retórica para estafar a un pueblo que está llegando a los límites de su tolerancia”.

Sin control

La muerte de las niñas del Asentamiento Huber Duré fue denunciada por la Federación Nacional Campesina (FNC), que informó que “más de una treintena de personas del lugar fueron intoxicadas de igual manera”.

La organización campesina más grande del país reclamó al Servicio de Sanidad Vegetal (Senave) la planilla de registro de los productos “agroquímicos” que utilizan las empresas soyeras situadas alrededor del asentamiento Huber Duré.

La Organización de Lucha por la Tierra de Paraguay (OLT) se solidarizó “con la Federación Nacional Campesina, que viene denunciando estos hechos (las fumigaciones) y sólo ha recibido imputaciones, cárcel y represión”. Además condenó la muerte de las dos niñas del departamento de Canindeyú “quienes fallecieron a consecuencia de las fumigaciones de los soyeros de la zona”.

En un comunicado señaló que “este hecho enluta nuevamente Paraguay, país en el que ya se ha perdido la cuenta de las víctimas de la intoxicación por los agrotóxicos que utilizan los empresarios del agro-negocio; empresarios impunes que gozan de la complicidad de los tres poderes del Estado”.

Esta presión política y social se da sobre un gobierno como el de Cartes que permite la utilización de policías para garantizar la fumigación de soyales en decenas de casos denunciados internacionalmente.

Desde el golpe de Estado a Fernando Lugo en junio de 2012 se revirtió por completo la política de mínimos controles de los productos transgénicos que se utilizan en el campo y de los insecticidas y herbicidas que se habían desarrollado durante esa gestión.

El gobierno de facto de Federico Franco, que sucedió a Lugo, aprobó la utilización de semillas transgénicas de algodón, soya y maíz, que en otros países todavía están en estudio por sus posibles impactos en otros cultivos.

Cartes tiene como ministro de Agricultura a Jorge Gatini, un técnico de fuertes vínculos con el agronegocio que ha defendido siempre el uso de agroquímicos. Esto le valió que en febrero pasado la FNC se ofreciera a fumigar el jardín de su casa con los herbicidas que se usan en los cultivos de soya. También se lo invitó a tomar tereré (infusión popular paraguaya) con agua contaminada de los arroyos de las cercanías de cultivos de soya. El ministro quedó oculto y en silencio.

Indolencia

El uso del Estado mediante la fuerza pública para favorecer el agronegocio es el detalle más escandaloso de un gobierno que descuida de manera indolente el grave problema de pobreza que vive el país.

Esto se puede ver claramente en los campamentos de damnificados por las inundaciones que crecieron en Asunción y en otras ciudades del país como consecuencia de las crecidas de los ríos Paraguay y Paraná que afectaron a más de 300 mil personas en todo el país.

En una recorrida por los refugios en Asunción se observa de manera notable cómo las propias organizaciones de los Bañados Sur y Norte de la capital, hacen lo que pueden para garantizarse alimento, abrigo y condiciones mínimas de higiene en sus precarias locaciones. La ausencia de funcionarios públicos de la municipalidad de la capital y de los distintos ministerios del gobierno central asombra y genera indignación en la gente.

“Si al 40,5% de la población que se encuentra en la categoría de vulnerables sumamos el 32,8% que ya se encuentra en situación de pobreza, tenemos que el 73,3% de la población enfrenta altos niveles de vulnerabilidad en Paraguay, es decir un total de 4,9 millones de los 6,7 millones de paraguayos que componen la población total del país”, dijo Verónica Serafini, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía (Cadep). En su consideración unas 2,7 millones de personas pueden volver a la pobreza rápidamente a causa de la inacción estatal.

Cartes asumió la presidencia de Paraguay el 15 de agosto de 2013 con el compromiso de reducir la pobreza sensiblemente. Salta a la vista que está muy lejos de cumplir.

Desde Asunción, Jorge Zárate

 

Usurpador de tierras El periódico digital E’a reveló que la empresa Agrotabacalera de Paraguay, del presidente Horacio Cartes, se habría apropiado de tierras que fueron donadas al Estado paraguayo por el gobierno de Italia para la reforma agraria. El informe señala que los terrenos fueron transferidos en 2012 mediante un acuerdo por el cual Italia había cedido 17.343 hectáreas en San Pedro del Ycuamandyyú a cambio de un inmueble para la delegación diplomática italiana en Asunción. Pero ésta y otras cláusulas del compromiso no fueron cumplidas por el Estado paraguayo. La publicación reveló que “una investigadora del tema, que solicitó el anonimato, detalló que la planta se extiende sobre dos propiedades públicas. La primera pertenece a una fracción de la colonia Corpus Christi, del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), inmueble inscripto a un funcionario del ente agrario de nombre Porfirio Valiente, ya fallecido. El predio original tiene unas 24 hectáreas, pero se fue extendiendo sobre ambas colonias”. A través de un cartel ilustrado con una fotografía del presidente, la empresa admite que las tierras efectivamente se encuentran dentro de la Colonia Barbero: “Grupo Cartes construye aquí. Centro de cura Jhugua Guazu Barbero. Trabajo campesino que marca un nuevo rumbo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Grupo Cartes”. Las 17.343 hectáreas que conforman la actual Colonia Barbero fueron donadas en 1951 por el médico Andrés Barbero al gobierno italiano para la radicación de colonos del país europeo. Se estableció como condición que las utilidades de una fracción sean destinadas al mantenimiento del hospicio italiano en Paraguay. Sin embargo, el proyecto nunca fue concretado y el gobierno de Italia volvió a donar esas tierras al Estado paraguayo para los fines de la reforma agraria el 14 de junio de 2012.

10 Años de Ycua Bolaños: Repudio a la clase política y pedido de justicia

“Podemos ir en paz”, dijo el sacerdote al concluir la misa recordatoria y el presidente del Congreso, Blas Llano emprendía rauda huída del memorial del Ycua. Rodeado de guardaespaldas y policías que lo cubrían del repudio se escapó así de los familiares enojados por el “oportunismo” del político liberal. En dosis menores recibieron la misma repulsa la senadora Blanca Ovelar (ANR) y Eduardo Petta (EN) que a pesar de pasar un mal momento, al menos dieron un poco la cara.

El hecho marcó el recordatorio de los 10 años de la tragedia del Ycua y se hizo expreso en el manifiesto que las organizaciones dieron a conocer a la población en la condena a los “sectores políticos y económicos que se aprovechan de las necesidades de la población de nuestro país. Repudiamos el despilfarro del dinero que aportamos y que debería ser destinado para mejorar las áreas de salud, trabajo y educación pero que van a los bolsillos de quienes se enriquecen a nuestra costa y planifican nuestro sometimiento y nuestra miseria social”.

Ese dolor por el país que se manifiesta en la presencia de Mariano Castro, padre de una de las víctimas de la Masacre de Curuguaty y de dos de los presos, llevando su digna solidaridad, su palabra noble para con las casi 400 víctimas, los más de 700 heridos, los más de 200 huérfanos, los trabajadores, los familiares.

“Injusticia” es la palabra que más repite la gente en los diálogos informales y no sólo se remite al caso particular, sino a la condición del país, de los vecinos de Tablada y del Bañado Norte que claman por una asistencia seria ahora que la crecida del Río Paraguay los sacó de sus casitas.

Esa sensación que hace que se tome con pinzas la noticia dada por la Procuraduría de que los terrenos que albergan el edificio siniestrado fueron inscriptos a nombre del estado. “Es una inscripción provisoria, también hoy la Cámara de Apelaciones (2a Sala), dice que el estado debe pagar por la expropiación del edificio a Paiva y sus socios, es una cuestión para seguir vigilando”, dice Liz Torres, histórica dirigente de víctimas y familiares.

Una buena cantidad de vecinos se acercó a acompañar el momento, pero la presencia no fue tan nutrida como en anteriores ocasiones. Igual importante para aplaudir que al menos se haya cambiado la ordenanza de seguridad que rige en la Muncipalidad de Asunción.

Pero a pesar de todo permanece inmanente la poderosa fuerza del reclamo que se expresa al alzar la gigante bandera tricolor que tiene las fotos de las víctimas en un momento bien acompañado por el canto de Ricardo Flecha y el piano de Oscar Fadlala.

Vendrá después la lectura del manifiesto antes citado en el que se insiste en el pedido de Justicia, quizá el grito más profundo de este grupo de valientes que enfrentó a un gigante que no consiguió corromperlo en profundidad como lo hace con casi todo.

“Nos indigna convivir en un estado privatizado, con un Poder Ejecutivo, con un Parlamento, un Poder Judicial que es solo una oportunidad de negocios aprovechado y controlado por un pequeño grupo de personas”, denuncian, levantan la voz contra la impunidad.

Enseñan: “Aquella justicia que tanto anhelamos la haremos con nuestras propias manos, con nuestras propias voces, con nuestros propios pasos”.

Asi sea.

“No pagaremos a los asesinos de nuestros seres queridos”

Las organizaciones de Víctimas y Familiares del Ycua Bolaños recordaron en un pronunciamiento que “hubo orden de cierre de puertas y murieron calcinadas 400 personas; A 10 años, aún quedan 6 personas desaparecidas. Urge que la Fiscalía correspondiente realice las gestiones necesarias, para que las familias afectadas al fin puedan cerrar su necesario duelo. El crimen en Ycuá tiene responsables particulares: Juan Pío Paiva y asociados. Tiene un responsable técnico: el Arquitecto y constructor Bernardo Ischmachowiez. Y también tiene responsables políticos: Los ex intendentes Martín Burt y Enrique Riera” en un documento que hicieron público dos adolescentes en representación de los más de 200 huérfanos que dejó la tragedia.

“Lamentablemente, nuestra exigencia de justicia y castigo ejemplar a estos responsables siempre tuvo trabas, gracias a intereses políticos y económicos. Como premio a la impunidad, desecharon la investigación a los ex intendentes y brindaron el privilegio de la mínima condena a una parte de los responsables. Esto se dio gracias a la colaboración de ciertos profesionales del Derecho, sicarios judiciales, cuya reacción automática es la de negociadores y apostadores en un casino”, señalaron.

“Actualmente cientos de familias de víctimas han perdido sus causas en el ámbito civil y están obligadas a pagar honorarios a los abogados de los responsables del crimen. Pero nuestra posición es firme: No pagaremos la negligencia de los abogados, no pagaremos a los asesinos de nuestros seres queridos”, aseguraron.

Insistieron en que “la Ley de expropiación a favor del Estado, está trabada gracias a la pretensión de Paiva de cobrar por el valor total del edificio. Si esto ocurre, Juan Pío Paiva habrá tenido una ínfima condena por la muerte de 400 personas y por causar centenares de sobrevivientes, sin siquiera asumir su culpabilidad, despreciando a las víctimas y familiares y, encima, obteniendo ganancias monetarias”.

Concluyeron señalando que “el local del ex supermercado Ycuá Bolaños ya ha sido pagado suficientemente con la sangre de 400 personas. Esa sangre es el cimiento para seguir reconstruyendo la Memoria, la Vida y la Justicia. No pagaremos a los asesinos. No pagaremos la impunidad. No le pondremos precio a las vidas de nuestros seres queridos. ¡No hay paz sin justicia!”.

(Link)

Aquí se puede leer el manifiesto completo

“Testigos de la falta de buena asistencia”

“Creemos que la Justicia cometió más injusticia que justicia en estos diez años”, indicó el pastor Francisco Verón en nombre de los 1900 pastores de las 2 mil iglesias Cristianas Evangélicas en un mensaje que dieron a conocer ayer en el 10 aniversario de la tragedia. “Hemos sido testigos de la falta de solidaridad y buena asistencia por parte del estado. Pedimos a las autoridades del Poder Judicial una justicia pronta, barata y satisfactoria para traer consolación, paz y restauración a las víctimas del incendio del Ycua Boñlaos, por lo menos desde ahora en adelante”, manifestaron. Recordaron a su vez que “en la Biblia dice el Rey Salomón que la justicia engradece a la nación, pero la injusticia (pecado) es la deshonra y vergüenza de las naciones (Proverbios 14:34) y no estamos lejos de esta calificación”. Pidieron a su vez ayuda para los damnificados por las inundaciones y por la inmediata liberación de Arlan Fick.  

Medios de comunicación y poder en Latinoamérica

Reporte desde Paraguay para el programa Continentes

(Click para ver el video)

En esta emisión, ponemos al descubierto la vulnerabilidad de las audiencias ante los medios de comunicación y la falta de conocimiento sobre el derecho a la información. Cynthia Ottaviano, relata experiencias argentinas sobre la nueva Defensoría del Público, que sirve de plataforma para muchos países de la región, como un marco fundamental para la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios.

Además, el filósofo mexicano Fernando Buen Abad señala el paralelismo regional en materia de comunicación. Discursos neoliberales, provenientes de laboratorios del lenguaje, que pueden utilizarse tanto para generar agendas informativas afines a intereses económicos como campañas políticas carentes de contenido.

Los medios de comunicación, como una herramienta de poder, intentan disfrazarse de neutralidad. Aunque son la cara visible y, a veces, amable de corporaciones multinacionales. Ejemplos que se repiten en Paraguay y Colombia, desde donde llegan valiosos testimonios.

Una mirada cruda sobre la realidad mediática, que es presentada con nombre y apellido por Sebastián Salgado.

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Postergan en Paraguay el juicio por la masacre de Curuguaty

 Avance: luego de una fuerte presión social que incluyó manifestaciones, festivales y la presentación de recursos jurídicos el tribunal que juzga a una decena de campesinos por la llamada Masacre de Curuguaty suspendió las audiencias hasta noviembre próximo. El asesinato de 11 campesinos y seis policías se produjo el 15 de junio de 2012 y allanó el camino para que la derecha destituyera una semana después mediante un golpe de Estado parlamentario al presidente Fernando Lugo.

El tribunal de Saltos del Guairá suspendió hasta noviembre las audiencias por el polémico caso que investiga a 10 campesinos acusados de participar en la llamada Masacre de Curuguaty donde murieron 11 civiles y seis policías el 15 de junio de 2012. Las organizaciones sociales y políticas del Paraguay piden la nulidad del juicio que se centró en la muerte de los uniformados pero que en ningún momento investigó la muerte de los 11 trabajadores rurales que también cayeron en aquella jornada.
 Vicente Morales, abogado de los campesinos informó que el juicio fue reprogramado para el 17 de noviembre. Explicó que “solicitamos la suspensión y el cambio de sede a Asunción. El Tribunal consultó al fiscal Jalil Rachid, quien se opuso a ambas cosas, pero nos concedió la suspensión porque no puede celebrarse sin que se resuelva primero la disputa entre el Estado y la empresa Campos Morombí por la titularidad del terreno donde se produjo la masacre.

Las tierras de Marina Kue (viejas tierras de la marina, en guaraní), tal como se conoce popularmente al campo de dos mil hectáreas ubicado en Curuguaty, son probadamente públicas. Así lo reafirmó en estos días el titular del Instituto de Tierras (Indert), Justo Cárdenas, para recordar la posesión por parte del Estado de aquella franja ubicada en el departamento de Canindeyú, a poco más de 320 kilómetros al sureste de la capital del país.

Basados en esa certeza, un grupo de campesinos había ingresado al terreno a principios de 2012 y montado un pequeño asentamiento reclamando que el mismo se destine a la reforma agraria y que luego se titule a nombre de los ocupantes.

Por venalidad, un juez de Curuguaty dio proceso a un pedido de usucapión de dichas tierras por parte de la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia del fallecido Blas Riquelme, dirigente del Partido Colorado, cómplice del dictador Alfredo Stroessner y sospechado de ser propietario de miles de hectáreas de tierras mal habidas.

El juicio increíblemente llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya que debió haber sido rechazado in límine porque no cabe prescripción adquisitiva alguna, pues es de suyo que no hay posesión de buena fe sobre tierras públicas.

En base a este precario juicio, se había librado la orden de cateo, por la que 300 policías ingresaron al terreno a desalojar a una treintena de campesinos que sostenían el asentamiento en Marina Kue aquel 15 de junio de 2012.

Irregularidad procesal

Tras discusiones entre los policías que en realidad ejecutaron un desalojo al que no los autorizaba la orden judicial y los campesinos que pedían que se les exhibiera un título de propiedad para salir de las tierras, comenzó la trágica balacera.

Nunca se descartó que la cuestión pudo haber comenzado por disparos de francotiradores. A tal punto que el ex presidente de facto, Federico Franco, que asumió el poder tras el golpe a Lugo, dijo en una entrevista con la agencia de noticias española Efe que el hecho fue “fraguado” y “preparado”. Admisión tardía, puesto que Franco era el vicepresidente de Lugo y apoyó el juicio político para su destitución.

Actualmente están imputados 13 campesinos, 10 de ellos acusados de intento de homicidio de los policías. Todos enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, mientras que no hay imputados por la muerte de los 11 labriegos. Como bien puede entenderse no hay ninguna invasión de inmueble ajeno porque las tierras son públicas.

Este hecho es el que la defensa pretende dilucidar como primer punto para atacar la parcial y arbitraria investigación del fiscal Jalil Rachid, hijo de Bader Rachid Lichi, dirigente colorado, amigo personal de Blas Riquelme que tiene por esta razón claras inhabilidades para llevar adelante esta tarea.

El abogado Morales expuso que el juicio “se basa en toda una serie de irregularidades procesales, entre ellas la ocultación de pruebas”, haciendo referencia a que se escondieron evidencias de que hubo ejecuciones sumarias de la mayoría de los 11 campesinos muertos. Con la suspensión, el juicio oral y público se dará en la ciudad de Salto del Guairá, también en Canindeyú, a unos 400 kilómetros de Asunción.

Dos años de terror

El fiscal Rachid sostiene un libreto poco creíble, pero que guarda relación con una necesidad de la oligarquía paraguaya: los campesinos prepararon una emboscada y los policías resistieron al ataque.

Durante estos dos últimos años arreciaron los desalojos basados en títulos precarios con el modelo de Curuguaty. Es un formato que se aplica a rajatabla para conseguir la expansión del modelo de agronegocios que tiene en el cultivo de soya su principal rubro.

Numerosos asentamientos campesinos y comunidades indígenas fueron arrasadas por topadoras; sus casitas y escuelas incendiadas, en actos de barbarie sin igual que pasan desapercibidos en la gran prensa patronal, aliada del modelo.

Desde junio de 2012, al menos 16 dirigentes campesinos fueron asesinados por sicarios en varios puntos del país en este marco de cosas. Las organizaciones campesinas y de derechos humanos denuncian que los asesinatos dejan en claro el afán del agronegocio de seguir utilizando las siete millones de hectáreas de tierras malhabidas, que deberían destinarse a la reforma agraria como base de su acumulación rentística. Estas tierras que eran públicas fueron entregadas por Stroessner a secuaces y favorecedores.

De todos estos desalojos el peor fue el que sufriera la comunidad Ava Guaraní de Corpus Christi, Canindeyú, que hoy resiste con arcos y flechas la prepotencia de una empresa del agronegocio amparada por el poder público.

Un total de 350 familias que viven en ranchos de barro y paja debieron soportar a mediados de junio pasado la violencia de guardias armados al servicio de la firma Laguna Sociedad Anónima que usurpó funciones de la policía nacional al pretender hacer cumplir una orden judicial de desalojo con el trágico resultado de un muerto y varios heridos.

Los Avá Guaraní reclaman que las tierras se titularon y vendieron con ellos adentro, que son sus tierras ancestrales. Se trata de 1.500 hectáreas que la empresa quiere para plantar trigo y soya.

Con violencia ingresó entonces y destruyó lugares sagrados. La justicia acusó a los guardias de homicidio doloso y toma de rehenes y lesiones, pero fue también una jueza la que olvidó que los indígenas habitan la tierra desde hace siglos y dio la orden de desalojo.

El periodista Julio Benegas autor del libro La Masacre de Curuguaty. Golpe Sicario en Paraguay definió en el periódico digital E`a: “El país no sólo está en emergencia. Está en un cuadro de guerra territorial que tal vez en el tiempo se comprenda su magnitud. Esta guerra es desigual por donde se la mire... Toda la corporación empresarial, en uso irrestricto del Estado, contra el pueblo. Ni más ni menos”.

Por eso la pelea por la nulidad del juicio de la Masacre de Curuguaty es una tarea principal del movimiento social paraguayo. Esta gran impostura es la matriz en la que se basa todo el edificio de terror que hoy pretende imponerse con la fuerza bruta oficial y parapolicial.

Desde Asunción, Jorge Zárate 

Más de 200 mil inundados Superando las previsiones, el Río Paraguay creció siete centímetros por encima de los 6,50 que se estimaba alcanzaría como máximo hasta fines de junio. Igualmente se esperaba que el pico sea de siete metros en los primeros días de julio de acuerdo a lo informado por el gerente de Hidrología de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (Annp), José Ávila. La Annp prevé que el caudal siga subiendo un centímetro por día en media hasta el 10 de julio debido a las lluvias que se registran en la cuenca superior. El número de desplazados por las inundaciones subió a 199.050, de acuerdo a datos de la Secretaría de Emergencia. Hasta ahora el agua viene afectando en particular a barrios pobres ubicados en los bañados sur y norte de la capital, así como al popular barrio La Chacarita. Sin embargo, la subida constante del nivel ha empujado ya el agua hasta Sajonia, un barrio tradicional cercano al centro de la ciudad. Los evacuados en la capital están en campamentos dentro de cuarteles, han montado refugios precarios con tablas y mantas en las calles y plazas, o se han alojado con familiares. Según el último cómputo oficial, hay 39.810 familias desplazadas en el país, una cifra que la SEN multiplica por cinco miembros en media para tener una estimativa del total de personas evacuadas.