La discusión por la enmienda trasciende al Ejecutivo y al Congreso y
gana las calles con marchas a favor y en contra. Cada postulante tiene
propios intereses en la reforma. Los tiempos se acortan.
El presidente Horacio Cartes y los ex presidentes Fernando Lugo y
Nicanor Duarte Frutos motorizan la posibilidad de una enmienda
constitucional que los habilite a competir por el ejecutivo a partir del
2018. Por el contrario, los principales rechazos nacen de aquellos
dirigentes políticos que compiten en las internas con el actual
mandatario o con sus antecesores. La instalación de este tema en el
escenario político generó un clima enrarecido ante las diversas
opiniones que inclusive llegaron a manifestaciones callejeras.
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (Plra), Efraín
Alegre; el principal opositor de Cartes en la interna del Partido
Colorado, Mario Abdo Benítez (hijo) y las huestes del intendente de
Asunción, Mario Ferreiro (Avanza País), acusan a sus rivales de intentar
“violar la Constitución” en una escalada de intervenciones.
Este grupo de opositores a la reforma tiene el respaldo de buena parte
de la prensa patronal. Los grupos de Aldo Zucolillo (ABC Color, Radio
Cardinal) y de Antonio J. Vierci (diario Última Hora, Canal 4
Telefuturo, Radio Monumental, entre otros) sostienen la idea de que no
se puede reformar la cuestión electoral por enmienda constitucional. Se
amparan en el artículo 290 que en su parte final dice: “… No se
utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la
reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la
composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera
de los poderes del Estado…”.
A pesar de ello importantes constitucionalistas locales e
internacionales se manifestaron a favor de la posibilidad de cambiar el
artículo en una interpretación amplia en la que se asegura que dicha
redacción no impide la enmienda. También sostienen que como reaseguro
está el mecanismo del referendo vinculante que debe darse dentro de los
180 días posteriores para conocer la voz del pueblo. Esta segunda
postura es ampliamente difundida por los medios del Grupo Nación que
responde a la familia del presidente (diarios La Nación, Crónica y
Popular, Radio 970 AM, entre otros).
Marchas y contramarchas
El Frente Guasu (FG), la fuerza política que conduce Fernando Lugo,
suspendió una marcha que tenía prevista para el 21 de febrero
argumentando problemas de organización. En realidad, la posibilidad de
una contramarcha alentada por los opositores a la enmienda y el cruce
violento en algún lugar del centro de Asunción, provocaron preocupación
en todas las carpas.
La posibilidad de suspender la convocatoria creció cuando el ministro de
Defensa, Diógenes Martínez, dijo públicamente que si la policía se veía
sobrepasada por una movilización convocaría a las fuerzas militares.
El FG expresó su rechazo a “cualquier intento de atemorizar a la
ciudadanía a fin de evitar que esta ejerza su derecho a expresarse”
Recordó que “es responsabilidad de todos los sectores políticos asegurar
que el debate se dé en un ambiente de no violencia y respeto absoluto a
los derechos ciudadanos”.
En un comunicado, agregó que “en el marco de esta disputa política, la
movilización pacífica de manera unitaria y coordinada resulta
estratégica”. Por tal motivo instó “a los compañeros y compañeras a que
prosigan con los trabajos de organización y discusión en todos los
rincones del país, a fin de dar un mayor tiempo de organización a
aquellos distritos y departamentos que aún se encuentran generando los
recursos y coordinando puntos de movilización para acompañar el momento
del debate de la enmienda a nivel institucional”. De los tres
presidentes o ex presidentes mencionados, Lugo es quien lidera todas las
encuestas para una eventual candidatura en 2018.
Los seguidores de Cartes aseguraron a la prensa que quieren finiquitar
el plan por la reelección para evitar alargar la discusión “por los
plazos electorales y el clima político que se vive”.
Aristas
La discusión alcanzó carriles impensados cuando abogados del Partido
Colorado presentaron ante la Fiscalía una serie de diálogos en un grupo
de Whatsapp entre quienes están en contra de la enmienda. Pretendían
probar que se intentaría un “magnicidio” contra el presidente Cartes.
La principal acusada es la senadora Desirée Masi (Partido Democrático
Progresista, PDP), quien ridiculizó la denuncia y acusó a José Ortiz,
gerente de Tabacalera del Este, empresa emblema del Grupo Cartes, de
pensar “macabramente” y dar órdenes a la Policía Nacional y a las
Fuerzas Armadas.
Por su parte el senador Miguel López Perito (Avanza País, contrario a la
enmienda) que fuera jefe de abinete de Lugo, escribió una carta abierta
al expresidente: “¿No te parece, Fernando, que tu figura convocante
podría sumarse a las voces que demandan más cordura, entendimiento y
compromiso de voluntades para reencauzar el azaroso camino de nuestra
Patria? Hacer lo contrario sería faltar a tu propia naturaleza y, en un
giro extraordinario y muy doloroso, serías responsable de aquello que
tanto has aborrecido”.
Otro ex presidente favorable a la reelección, Nicanor Duarte Frutos,
alertó que “el dinero y el aparato volverán a perder”, en referencia a
que Cartes pueda utilizar su poder económico para torcer el resultado de
la próxima elección presidencial si es que se le abre la puerta para
ser candidato. Ese es el principal argumento que esgrimen quienes se
oponen a la enmienda.
Otros alientan que sin Cartes, Lugo y Duarte Frutos, el panorama se
mostrará favorable a nuevas candidaturas como las de los mencionados
Alegre, Abdo Benítez y Ferreiro. Así lo expresó Abdo: “No se dan cuenta
el juego que están jugando. Acá nosotros podemos permitir 15 años de
cartismo. No va a ser fácil ganarle a una persona con tanto poder
económico y que pueda usar el cargo de la presidencia y toda la
estructura para su campaña electoral… ningún presidente en la región que
consiguió (reformas para) su reelección perdió esa reelección”.
Lejos del debate, Paraguay no alcanza a salir de la recesión económica
que afecta el día a día de la gente que ve perder el poder adquisitivo
de sus salarios y enfrenta las indolentes políticas de Horacio Cartes,
el presidente que al asumir había prometido terminar con la pobreza y
que ahora pretende la reelección.
La temática de la enmienda aparece divorciada de la opinión pública, más
preocupada por el estado de los edificios escolares, la falta de
insumos en los hospitales y una secuencia de problemas de los que la
clase política parece haberse olvidado en esta disputa de no acabar.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Un video oportuno para explicar la ruta de los bolívares
Según la Justicia paraguaya, las 30
toneladas de billetes venezolanos incautados a mediados de febrero en
una vivienda de la ciudad de Salto del Guairá, cercana a la frontera con
Brasil, fueron introducidos al mercado negro a cambio de un millón de
dólares. Tras las primeras investigaciones judiciales fueron imputados
tres paraguayos y un brasileño, según explicó el fiscal del caso, Julio
César Yegros, en base a las imágenes.
“Existe una filmación en la que estaban ofreciendo la mercancía”, señaló
Yegros. Las tres personas que fueron identificadas en la grabación
están acusadas de lavado de dinero y asociación criminal mientras que
también fue imputado y procesado el dueño de la vivienda donde se halló
el cargamento de bolívares.
El detenido por ceder su vivienda es Bruno José Da Costa, paraguayo.
Según la prensa paraguaya la familia Da Costa Amaral es conocida en la
localidad por su cercanía con políticos influyentes. “Son amigos del
poder”, señalan las fuentes consultadas por los medios de comunicación.
Mirian Amaral, una de las cabezas de la familia, es concejal municipal
del Partido Colorado mientras que Leandro Da Costa, padre del detenido,
atiende negocios familiares.
Antes de ser concejal Amaral fue funcionaria de la Dirección Nacional de
Aduanas hasta diciembre de 2015. El negocio familiar es la importación y
venta de armas. El comercio de Salto del Guairá se llama Casa Rossi,
dedicado a la venta de armas. La firma quedó en manos de los tres hijos
de Leandro: Andrés, Erilo y el detenido Bruno.
El fiscal informó que la investigación ahora trata de determinar de
dónde y de qué manera llegó el dinero venezolano a Paraguay. Se trata de
billetes de 100 y 50 bolívares guardados en 530 sacos. Yegros confirmó
que las autoridades paraguayas trabajan de forma conjunta con las
venezolanas y con la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados
Unidos. Una de las hipótesis que se manejaron es la posible utilización
del papel de los billetes (de buena calidad) para la falsificación de
otras monedas.
A fines de 2016 el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el retiro
de todos los billetes de 100 y denunció que estos estaban siendo
extraídos del país por grupos criminales con fines diversos.
