Lugo enfrenta la escalada golpista de la derecha

 Por Jorge Zárate

Tensión: el ganadero Fidel Zavala fue secuestrado el 15 de octubre en su estancia de Paso Barreto, Concepción. El secuestro es utilizado por la derecha opositora para crear un clima de caos en el gobierno de Lugo. La creciente ola golpista obligó al Presidente a remover a 39 jefes militares. Aunque la interna castrense se apaciguó con las remociones, el peligro para el Gobierno continúa: si Zavala es ejecutado por la guerrilla del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), quien se atribuyó su cautiverio, se estaría ante un agudo escenario de desestabilización.

“Mi gobierno no es ni será indiferente ante esta situación. Estamos radicalmente en contra de este tipo de acciones que no tienen ninguna justificación humana ni política”, dijo Fernando Lugo en respuesta a la escalada de la derecha que alienta la posibilidad de un golpe de Estado o un juicio político en su contra por el secuestro del ganadero Fidel Zavala. Zavala fue secuestrado el 15 de octubre en su estancia familiar Doña Mabel, ubicada en Paso Barreto, Concepción. La creciente ola golpista obligó al presidente Lugo a remover a 39 jefes militares por considerar que existían “bolsones golpistas” en las Fuerzas Armadas. Aunque la interna militar se calmó con las remociones, el peligro para el Gobierno continúa: si Zavala es ejecutado por la guerrilla del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), que se atribuyó su cautiverio y reclama 5 millones de dólares para su liberación, se estaría ante un escenario de desestabilización agudo. Tropas policiales de elite, entrenadas en Estados Unidos, pusieron en marcha el Operativo Triángulo, destinado a “desbaratar” al EPP cuya área de influencia estaría delimitada en el triángulo constituido por las localidades de Huguá Ñandu, Paso Barreto y Puentesiño en el departamento de Concepción, a unos 350 kilómetros de la capital nacional. La puesta en marcha del operativo consiguió los elogios de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la resistencia de buena parte de los movimientos sociales quienes temen que se desate una nueva ola represiva contra la organización campesina y popular. Por su parte, la familia de Zavala pidió al Gobierno que “no se meta para facilitar la devolución con vida” del ganadero secuestrado hace más de un mes.

Ejército Paraguayo del Pueblo

“Hay policías y fiscales que están tapando al EPP. No generalizamos, pero hay gente que está metida en la mafia, en el tráfico, y esa gente está vinculada con el equipo de secuestradores”, dijo el gobernador de San Pedro, José Ledesma, aliado incondicional del presidente Lugo. El Ejército Paraguayo del Pueblo tendría unos 50 integrantes y un área de influencia en los departamentos de San Pedro y Concepción, en el límite con Brasil. Allí conviven campesinos pobres (un alto porcentaje sin tierras) junto a grandes latifundistas. Al EPP se le han atribuido por lo menos cuatro secuestros: el de María Edith de Debernardi (2001), el de Cecilia Cubas (hija del ex presidente Raúl Cubas, asesinada por sus captores en 2004), el de Luis Lindstron (ganadero de San Pedro, 2008) y el de Fidel Zavala Serrati (ganadero de Concepción, actualmente secuestrado). La policía dice tener pruebas de que sus miembros han sido entrenados por integrantes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Por el secuestro de Debernardi fueron detenidos varios ex activistas del Partido Patria Libre (PPL): Alcides Oviedo Brítez, su esposa Carmen Villalba y Aldo Meza, los primeros en hablar de la existencia del EPP. Sin embargo, vale recordar que sectores vinculados a las mafias y las fuerzas de seguridad son los principales secuestradores en Paraguay. En febrero de 2005, el diario argentino Clarín tituló una noticia: “Paraguay, 24 secuestros y 9 millones de rescate en sólo cuatro años. En la mayoría de los casos participaron policías”.

Embestida

Varios de los voceros de la oposición que controlan la mayoría parlamentaria anunciaron su pretensión de hacerle un juicio político al Presidente. El más burdo fue el senador Alfredo Jaeggli (Plra): “Yo creo sinceramente que el Presidente se va en poco tiempo”. Después confesó que existía un plan para “sacarlo” a través del juicio político “porque es un inútil”. Jaeggli agregó: “en seis meses ya no le echas porque estos grupos se están fortaleciendo”, dijo en relación a las fuerzas sociales que apoyan a Lugo. Deslizó entonces que si Lugo “se queda cuatro años más esto se vuelve Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua… irá cortando las libertades”. Dirigiéndose a los parlamentarios dijo: “Absolutamente así va a ser… si Lugo no es echado él los echará a ustedes”. Jaeggli, quien preside la Comisión Bicameral de Presupuesto añadió: “Mientras tanto le sacamos el dinero y le voy a sacar más todavía”, criticando a la Secretaría de Acción Social (SAS) por practicar “prebenda política”. En respuesta, tras meses en los que se especuló con sus intenciones de asumir la titularidad del Ejecutivo a través de la destitución del Jefe de Estado, el vicepresidente Federico Franco dijo: “Claro que sí es grave (en referencia a la declaración realizada por Jaeggli)”. El otro vocero del juicio es la espada de los colorados (Asociación Nacional Republicana) en el Senado, Juan Carlos Galaverna. “Yo pienso que él (Lugo) está involucrado (en el secuestro). Desde el año pasado anuncié la búsqueda del caos para emerger con la suma total del poder como el Proyecto Chávez”, dijo. La gran prensa también se mostró preocupada por el aterrizaje de un Hércules C 130 de la Fuerza Aérea Venezolana que bajó en escala técnica en el aeropuerto de Asunción. En un plenario, organizado por el Espacio Unitario Popular, nucleamiento de partidos de izquierda que respaldan al presidente, Lugo expuso: “Unos pocos que se acostumbraron a enriquecerse a costa del erario público y la corrupción, hoy se escudan en sus fueros, su poder económico y en los grandes medios de propaganda para realizar una campaña en contra del avance de los cambios. Quieren dictar cátedras de democracia, mientras sus alforjas están llenas de actitudes criminales, antidemocráticas, golpistas y son los responsables de la miseria y postración en que se debate hoy el pueblo en general. El pueblo es quien tiene la palabra y serán los habitantes de este país quienes decidirán el futuro que desean para sus hijos… no serán aquellos personajes quienes se enriquecieron con el bien público los que marcarán el rumbo en el Paraguay”.

Desde Asunción, Jorge Zárate

El apagón Las explicaciones técnicas sobre el apagón que el 10 de noviembre dejó a oscuras a 18 de los 26 Estados de Brasil y a Paraguay no satisfacen a nadie. Unas 60 millones de personas se quedaron sin luz y en algunos casos sin agua debido a la falta de electricidad. En Paraguay, el apagón tuvo también otras connotaciones. El diario La Nación publicó en la tapa de la edición del día siguiente que el presidente Lugo se refugió en el batallón Escolta Presidencial, vecino a la residencia Mburuvicha Roga (La Casa del Jefe, en guaraní) “por temor a un golpe”. La versión fue desmentida luego por el Ejecutivo. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Da Silva dijo: “Tiene que haber una investigación que siga todas las pistas para descubrir lo que de verdad sucedió. Si el sistema es robusto y eficiente como creemos y producimos la energía que queremos, ¿por qué tuvimos este desastre?”, se preguntó. En principio se había dicho que unos rayos cayeron sobre las líneas de transmisión y afectaron a la represa de Itaipú que genera el 87% de la energía que consume Paraguay y el 20% de la de Brasil, cuestión que fue rebatida por técnicos con el correr de las horas. La falla eléctrica se produjo tres días después de que el programa noticioso 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS reportara que otros dos apagones masivos en Brasil habían sido provocados por piratas cibernéticos o hackers. En Brasil se señala que el apagón afectó la posición de Dilma Roussef, ex ministra de Energía y candidata de Lula para que lo reemplace en la presidencia durante el próximo período. En Paraguay, se teme por el acuerdo que se alcanzó recientemente con Brasil y que debe ser ratificado por el Congreso por el que se recibirán al menos unos 300 millones de dólares anuales más en compensación por la venta de energía. El coordinador de la Comisión de Entes Binacionales, Ricardo Canese, reconoció que no es fácil la aprobación del acuerdo, pero dijo confiar en el “claro liderazgo de Lula: tenemos la convicción de que será aprobado por el Congreso brasileño”. El temor es que la derecha de Brasil puede aducir la fragilidad energética para postergar el justo reclamo paraguayo. J.Z.

Correo de un ganadero convoca a organizar grupos armados

A través de la circulación de un correo electrónico, que se reproduce a continuación, el ganadero, Eduardo Avilés, llama a la conformación de grupos armados paramilitares. La violencia de este mensaje se suma a la declaración del legislador oviedista, Víctor Yambay, quien aseguró que “el sector ganadero tiene la fuerza suficiente como para destituir a Lugo del poder”. “Ya es hora de colocarnos los pantalones. Es tiempo de combatir a estos comunistas que quieren destruir nuestro querido Paraguay como hicieran los allendistas en Chile. Cuántos países, hermanos e hijos tuvimos que enterrar para poder reaccionar. Cuánto luto y dolor tendrán que soportar nuestras madres, esposas o hijas antes de liquidar esta peste representada por los subversivos comunistas. Todos sabemos que este gobierno no solamente los esconde y los ayuda, les da dinero y alimentos, sino que cierra los ojos ante el avance de la guerrilla, en vez de capturar a esos bandidos y ejecutarlos en el lugar donde sean encontrados. Los verdaderos responsables de todo esto son Fernando Lugo, López Perito, Marcial Congo, Camilo Suárez (los intelectuales), Pakoba Ledesma, Elvio Benites y otros (los idiotas útiles), Magda Meza, Cetrine, etc, etc. (los ejecutores). Es hora de despertar:

1. Juntar dinero para liberar al amigo Fidel Zavala. 2. Juntar dinero para organizarnos, como ellos, pero en sentido contrario (en Chile, los años 1970, dio resultado). 3. Juntar dinero para que tengamos los Aire-15, AK-47, etc. 4. Perseguir, capturar y liquidar físicamente a todos los comunistas que atentan contra nuestras vidas y posesiones. 5. Comunicar públicamente al gobierno del Sr. Lugo que su fiesta está acabando, que su idílio con Chávez, Morales, Correa, Castro y otros tiene los días contados. Que Filizzola (ministro del Interior) sepa que, o hace algo para terminar con todo eso, o que esté pronto para salir del país. Yo personalmente ya viví y pasé por por todo eso y no permitiré que vuelva a ocurrir con mi nuevo y querido país, mucho menos con mi familia y mis amigos. En estas situaciones, debemos unirnos, estar dispuestos a matar y a morir, o sino seremos víctimas como fueron los salvadoreños, los cubanos, los colombianos y los bolivianos. Por la formación del Mando Anticomunista Paraguayo (CAP)”. Según el expediente de la investigación del asesinato del ex comandante del Ejército de Chile, general René Schneider, Avilés estuvo involucrado en dicho acto ocurrido el 23 de octubre de 1970, en Santiago de Chile.

Itakyry: Arcos y flechas contra el crimen organizado de los sojeros y sus representantes parlamentarios

Por Jorge Zárate

El dirigente de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas, acusó al productor sojero Tité Affonso de ser “el propietario del avión” desde el que se roció con veneno a unos 200 indígenas que ocupan unas 2.500 hectáreas de tierras ancestrales y se disputan otras 13.000 con los productores de soja en el distrito Itakyry. Se trata de 150 familias, que se dedican al cultivo de alimentos de autoconsumo como maíz, poroto, mandioca, etc…

“Alfonso es el principal responsable de esta barbaridad”, apuntó Zayas que acusó al sojero de ser “el ideólogo y ejecutor de todos estos atropellos contra indígenas y campesinos” que se dan en distintas zonas del Alto Paraná. “Usan los venenos para sacar a la gente de la tierra con la complicidad de las autoridades”, denunció. “Esta es otra acción de la mafia sojera”, agregó el dirigente. Los hermanos Affonso o Alfonso como se los conoce en la zona, son los vecinos de las comunidades Ava Guaraní de Loma Tajy, Ka’aguy Poty, Ka’aty Miní, Ka’aguy Roky y Formosa del Distrito de Itakyry que fueron rociadas desde un avión para quitarlas de sus tierras.

Como consecuencia de la agresión el líder Luciano Villalba de la comunidad de Ysaty y la adolescente Manuela Candia, de 12 años, se encuentran en grave estado, al igual que otros 5 indígenas, en tanto más de un centenar de miembros de la comunidad presentan malestares crecientes como ser cefalea, tos, gripe, dolor abdominal, molestias oculares, síndrome bronquial obstructiva, parasitosis, mialgias, diarrea y faringitis.

Zayas recordó que Affonso sería perseguido por la justicia brasileña acusado de dar “golpes de seguro”. Según comentó el hombre vendería a sus colegas sojeros máquinas agrícolas de segunda mano que trae del Brasil, mientras en el vecino país se denuncia que las mismas fueron robadas. “Este señor hizo muchísimo dinero, se transformó en un potentado y construyó un edificio que donó a la Fiscalía a cambio de que siempre se designen fiscales que hagan lo que los sojeros quieren y hasta ahora, las cosas son así”, comentó Zayas.

Mientras se espera una imputación por la criminal acción del rociado, el 10/11 la Fiscalía del Medio Ambiente imputó al brasileño Alair Afonso por “eludir medidas de mitigación de impactos ambientales, comercialización y uso no autorizado de sustancias químicas, maltrato de suelo y producción de riegos comunes”.

Según informó el portal democráticamente.com “la denuncia fue presentada por Hipólito Aceval, presidente de la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de la localidad de Loma Tajy, distrito de Itakyry. El fiscal Gustavo Sosa Ibarrola comprobó diversas irregularidades en la propiedad del extranjero que colinda con las tierras de los nativos”.

Agregó que “el cacique de la comunidad Formosa, Cristóbal Gauto, denunció que el 7 de noviembre pasado, al mediodía, una avioneta pequeña que tenía la inscripción “Edson Teixeira” procedió a realizar vuelo rasante fumigando directamente a la citada comunidad. La Fiscalía de Medio Ambiente igualmente pudo constatar que las plantaciones de soja llegan hasta escasos metros de las chozas de los indígenas sin contar con ninguna barrera viva de protección, transgrediendo disposiciones de SENAVE y del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

La organización defensora de la ecología y los derechos humanos, Amnistía Internacional emitió el 10/11 en Londres un comunicado en el que calificó de “preocupante” la actitud de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Ana Mendoza de Acha (PQ).
Allí se habría fijado el 6 de noviembre como fecha para un eventual desalojo que sobre la hora fue frenado por orden judicial. El propio Instituto del Indígena (Indi) cuestionó “la legitimidad de la reunión realizada a instancias de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reunión planteada para defender los supuestos derechos de inversores, en vez de defender los derechos inalienables de la población más vulnerable del Paraguay”.

Lucha histórica
Según informó oficialmente el INDI con su patrocinio, “las comunidades indígenas mantienen desde hace años un conflicto judicial sobre las tierras ancestrales, tituladas por el INDI, contra los brasileños Alair Affonso, Milton Affonzo, Oscar Ofelio Blanco, Carlos Augusto Nobili, Luis Alberto Jackier Cerdan y Mario Schmith. Los señores promovieron una acción de desalojo contra las comunidades indígenas completamente improcedente, razón por la cual la fiscala interviniente fue recusada, y, en consecuencia, el operativo de desalojo suspendido”.

Los ministros de Acción Social, Salud, Niñez y la Adolescencia, Interior, SEAM y el INDI respaldaron a las comunidades Ava Guaraní aunque las acciones se hacen esperar.
“Estas tierras comunitarias cuentan con una escuela a la que acuden los niños y niñas indígenas para cumplir con su escolaridad. Cuentan también con un Centro de Salud y un Jeroky Aty (lugar de culto). Es de extrema importancia destacar que allí también están los cementerios de sus antepasados, dominio sagrado para todos los pueblos guaraníes. Al respecto, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Paraguay por Ley 234/93, en su artículo 5º inc.a) expresa “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente””, expuso el Indi.

Informó a su vez que “se han promovido cinco juicios de nulidades de títulos por parte del INDI. En estos juicios se obtuvieron la medida cautelar de prohibición de innovar, todas ellas comunicadas e inscriptas en la Comandancia de la Policía Nacional, los juicios están pendientes de Resolución. Así mismo, se ha iniciado un juicio autónomo de medida cautelar, obteniendo la prohibición de innovar de hecho y de derecho a favor de las cinco comunidades, amparados en la Ley 43/89, especialmente promulgada para que dichas medidas se otorguen para proteger las tierras indígenas”.

Condenas
La Asagrapa emitió un comunicado en el que se señala: “condenamos este crimen y exigimos al gobierno de Lugo-PLRA que tome todas las acciones necesarias que conduzcan a un castigo ejemplar para los autores de este intento de homicidio masivo. Un atentado de este tipo no debe quedar impune”, dijo. Agregó que “lamentablemente no vemos ninguna medida de este gobierno en contra del uso de agrotóxicos ni a favor de los derechos indígenas”.

Pidieron entonces “medidas firmes y contundentes en contra del latifundio, el agronegocio y el consecuente uso de agrotóxicos. Es preciso poner un freno a las acciones criminales de la mafia sojera, mayormente ligada al narcotráfico, que amedrentan y matan con total impunidad en el campo”.
Recordó entonces que “los indígenas resistieron valiéndose de sus arcos y flechas con tal determinación que los guardias privados tuvieron que retroceder. Ante esta situación, los sojeros sacaron a relucir todo su odio, ensañamiento y desprecio total por la vida de aquellos humildes luchadores. Al estilo Hiroshima y Nagasaki, estos cobardes asesinos hicieron sobrevolar un avión rociando potentes agrotóxicos sobre niños, mujeres, ancianos y toda la comunidad”.

Por su parte, la diputada Aida Robles condenó el hecho: “La situación no es más que el desenlace de una prolongada lucha que las comunidades indígenas vienen manteniendo en defensa de sus derechos sobre tierras que ancestral y legalmente les pertenecen y que pretenden serles arrebatadas, con la complicidad de los órganos judiciales de la zona, por criminales que fungen de productores agrícolas”, expuso reclamando a la fiscalía “una rápida y profunda investigación con la imputación que se merezcan los salvajes que pretenden hacernos retroceder a tiempos que todos quisiéramos olvidar”.

La legisladora recordó que “esta comunidad indígena ha sufrido numerosos y premeditados atropellos, entre los cuales pueden destacarse la destrucción de la escuela y del sagrado cementerio de la comunidad, los que fueron reemplazados por plantaciones de soja”.

Nuevos Archivos del Terror certifican el Operativo Cóndor

Por Jorge Zárate

Inédito: en una decisión sin precedentes en el continente, las Fuerzas Armadas de Paraguay pusieron a disposición de la justicia archivos que ayudan a probar el funcionamiento del Operativo Cóndor, un verdadero sistema interamericano para torturar y hacer desaparecer a militantes sociales y de la izquierda política durante las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980. El hecho surgió tras la recomendación de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) al presidente Fernando Lugo de abrir los archivos militares existentes para la investigación.

Luego de que el presidente Fernando Lugo dispusiera abrir los archivos militares de las décadas de 1970 y 1980, se catalogaron unas 200 carpetas de todo el material hallado en noviembre de 2008 en los sótanos del Ministerio de Defensa. Entre los papeles, que en su mayoría están en mal estado de conservación, hay registros de los personeros de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) sobre las represiones a las Ligas Agrarias, un movimiento campesino amparado en la Iglesia católica, con centro en el Departamento de Misiones, que fue brutalmente reprimido por la dictadura. Ante el pedido de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) al presidente Fernando Lugo de que se permitieran investigar los archivos militares en el país, se descubrió casi una tonelada de papel. En el operativo trabajó un equipo de especialistas, apoyado por las Naciones Unidas, que aportó las computadoras para sistematizar el trabajo. Se estudiaron unas 10 mil carpetas; 200 de las cuales contienen información que puede ayudar a esclarecer causas de derechos humanos en todo el continente. “Encontramos carpetas que hablan del grupo de inteligencia G2, encargado del Operativo Cóndor. Estos documentos pueden ayudar a investigaciones en otros países del continente y del mundo que investigan estos casos, como España e Italia”, apuntó Norma Barrios, integrante del equipo investigador, del que participan estudiantes de historia y bibliotecología. Los estudios se realizan en el marco de la cooperación entre el Ministerio de Defensa, de Hacienda, el programa de la ONU en Paraguay y la Fundación Celestina Pérez de Almada. Dentro de los archivos también se encontró un conjunto de carpetas históricas con los nombres de los 10.300 bolivianos prisioneros en la Guerra del Chaco de 1932 y detalles de cómo se compraron los barcos de guerra Humaitá y Paraguay. “Esto sería como la segunda parte de los archivos que prueban los vínculos entre los militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay”, expuso el educador Martín Almada, quien en 1992 descubrió los famosos Archivos del Terror. Almada agregó que “es sólo una punta del iceberg, porque existen otros archivos en Latinoamérica que nos van a ayudar a que esto no se repita nunca más”.

Implicancias

“Encontramos documentos originales de cómo el ministro de Defensa informaba a Stroessner de los movimientos subversivos”, resaltó Almada para explicar que estos papeles ayudarían, por ejemplo, en el caso contra el ex ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, que tiene arresto domiciliario y enfrenta seis procesos por delitos de lesa humanidad. El Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, aseguró que designará a un fiscal comprometido a revelar qué puede servir como evidencia en las causas del Estado contra las violaciones a los derechos humanos. En un comunicado público, el Ministerio de Defensa destacó su predisposición a colaborar “con los objetivos y funciones de las diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el debido esclarecimiento de los hechos que afectan a los derechos humanos ciudadanos”.

Las cifras del horror

En su informe final, entregado en agosto de 2008, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) estableció que las víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos entre 1954 y 1989 fueron 20.090 personas. De ellas 19.862 fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 fueron torturadas; 59 ejecutadas extrajudicialmente; 336 desaparecidas y 3.470 exiliadas. Si bien se advierte que una persona pudo sufrir más de una violación y se debe tener en cuenta que en estas cifras existe un enorme sub registro de exilio y de otras formas de violencia como las violaciones de derechos contra mujeres y niñas y la violación sexual, los números no dejan de ser graves. Paraguay tiene poco más de seis millones de habitantes. La CVJ estima que los familiares afectados –víctimas indirectas– fueron 107.987 personas entre familiares y allegados. Los cálculos del número de víctimas comparado con la población total de Paraguay que en promedio fue de 2,5 millones –1,3 en 1950 y 4,1 millones en 1992 y con la población adulta del país, que fue en promedio un millón 250 mil– arrojan los siguientes resultados: se detuvo en forma arbitraria o ilegal al 0,79% de la población total, una de cada 126 personas, uno de cada 63 adultos. Se torturó al 0,75% de la población total: a una de cada 133 personas, uno de cada 67 adultos. Se ejecutó en forma extrajudicial o se hizo desaparecer a una de cada 6.345 personas. Se envió al exilio a 1,4 por mil de la población, una de cada 721 personas. En síntesis, se violó en alguno de sus derechos humanos al 0,80% de la población, a una de cada 124 personas. La Comisión formuló diez denuncias entre mayo de 2006 y marzo de 2008. En su gran mayoría se encuentran en la etapa investigativa y sus abogados luchan por declarar imprescriptibles los delitos presentados por ser crímenes de lesa humanidad.

Desde Asunción, Jorge Zárate

Financistas Los Archivos del Terror no sólo probaron el Operativo Cóndor, también la complicidad de los capitalistas paraguayos con los objetivos de la dictadura. Un documento esencial está publicado en las páginas 272/273 del libro Es mi informe. Los archivos secretos de la Policía de Stroessner, que escribieron Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González y Rosa Palau Aguilar. La Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL) estaba adherida a la Liga Mundial Anticomunista (Wacl, su sigla en inglés). La delegación paraguaya era presidida por Antonio Campos Alum y tenía como presidente de su comisión de prensa al actual senador colorado Martín Chiola (Asociación Nacional Republicana (ANR), nombre legal del Partido Colorado). El documento consigna los “Aportes comprometidos para el XII congreso de la Wacl, durante el encuentro sostenido con empresarios paraguayos el día 8 de marzo de 1979 en el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (Intn) a las 20.30” y enumera aportes desde 100 mil hasta 1,5 millones de guaraníes de la época de Nicolás Bo, Pilar SA (Alberzonni), Unión Industrial del Paraguay (UIP), Molinos Harineros, Grupo Consultor Alto Paraná, Apal, Repsa, Alberto Antebi, Bosch, Capsa, Aldo Zucolillo, Martel, Pepsi Cola, Hoeckle, Cervecería Paraguaya, Diesa, Coca Cola, Cornelius Walde, Bittar Hermanos, Madimpa, IBR y Juan Manuel Frutos, para totalizar 18,5 millones de guaraníes de la época, más de un millón de dólares.

Hallazgo en Brasil

Documentos con fichas de presos políticos y técnicas usadas contra la subversión durante la dictadura militar brasileña (1964-1985) fueron hallados en San Pablo. Este material refuerza la hipótesis de un plan represivo sistemático, tesis que es desmentida hasta ahora por las Fuerzas Armadas. El material fue encontrado en la estancia Boa Sorte, ubicada en Jaborandi, San Pablo y consta de fichas sobre 86 opositores al régimen militar y un Manual de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo, que actuaba en la represión política. La estancia era propiedad del ex comisario Tácito Pinheiro Machado El Manual de Subversión y Contra Subversión, señala el diario Estado de São Paulo, contiene indicaciones reveladoras sobre el accionar de los grupos represivos. Entre tanto, el gobierno lanzó una campaña televisiva alentando a la denuncia de hechos y entrega de materiales sobre los años de la dictadura. “El descubrimiento puede cambiar el rumbo de las pesquisas sobre la dictadura militar”, expuso el diario paulista, recordando que cada vez que los comandantes de las Fuerzas Armadas son consultados, aducen que los documentos de la dictadura “fueron quemados”. Brasil tiene un retraso importante en relación a otros países en la revisión del accionar de la dictadura, a tal punto que recién durante 2007 el gobierno del presidente Lula Da Silva consiguió editar un libro con testimonios de familiares de víctimas y ex presos políticos.

Contra el golpismo

Por Jorge Zárate

El pueblo ya percibió las fauces del golpismo acercándose y las saldrá a combatir. Esa conciencia del valor del voto es el límite que se debe imponer a la afrenta de esta derecha abusiva que se monta en el secuestro del ganadero Fidel Zavala para buscar apurar un juicio político a Fernando Lugo.

El episodio de la lapicera lo revela todo, ahí está el bueno de Federico probándose un traje que nadie cosió para él, alentado por la gran prensa, por los grupos económicos que quieren robarse lo poco que queda en manos del Estado paraguayo.

El gobierno está siendo sometido a un operativo cerrojo, a un cerco en el que se quiere forzar su debilitamiento, su rendición.

El objetivo principal es que Lugo dimita.
Pedro Fadul acaba de hacer explícito el pedido de juicio político calificando de “criminal” el discurso del presidente el pasado sábado en el Bañado Tacumbú.

Merece la pena entonces analizarse lo que efectivamente dijo el presidente en la oportunidad.
Aquí va:
“Los que quieren seguir mirando el pasado en sus privilegios, en su buen vivir, en defensa de sus cajas de ahorro en bancos internacionales, no quieren cambiar. Los que genuinamente quieren cambiar son los que no tienen cuentas bancarias, son los que no salen cada día en las páginas sociales de la prensa. Ahí está el genuino germen del cambio en nuestro país” en los “que no son tapa cada día en los periódicos, aquellos personajes anónimos, pero no menos importantes”.
Después se interrogó: “¿Cómo es posible que alguien que viva a mi lado no tenga acceso ni siquiera a una educación básica y otros tienen todo y les sobra?”.

Y agregó: “En este Bañado Tacumbú hay muchas dificultades, hay muchos problemas, incluso tengo estadísticas: solo el 24% de la población tiene un nivel de escolaridad secundaria y apenas el 0,5% tiene acceso a la educación universitaria. Eso lo que es para nosotros un escándalo. Para nosotros los que nos consideramos líderes, humanistas, cristianos, es inaceptable”, indicó.

Cualquier observador ecuánime se da cuenta de que Lugo solo describe una realidad contra la que su gobierno hizo apenas esfuerzos.

De los 7 millones de habitantes que hay en el paraguay, más de 2 millones están en pobreza y más de 1 millón están en pobreza extrema, hay 300 mil familias sin tierras, hay más de 100 mil familias sin techo en un cuadro social de gravedad extrema al que no se presta la debida atención.

El secuestro de Zavala es un episodio desgraciado pero no es lo único malo que pasa en el país.
La prudencia de los actores políticos para colocar cada cosa en su lugar será fundamental en esta hora. La inestabilidad no conviene a nadie y amenaza con agravar la pobreza.

Los movimientos de izquierda lo comprendieron y están actuando en consecuencia, pero aquí será fundamental cómo se vayan a comportar los liberales. Fernando Lugo es un presidente legítimo al que el pueblo dio mandato de cambio. Sería bueno que no olviden este punto.

El PLRA desaparecerá detrás de la aventura de hacer ascender a Franco por la ventana, abrazará la muerte con el programa de atraso de los golpistas.

Tampoco parece que sea lo mejor para las huestes coloradas. La ANR es hoy un partido débil, sin conducción, donde la gran prensa toma como vocero a Mario Abdo Benítez (h).

Los dirigentes serios saben que cualquier golpe es contra el sistema político, es contra el voto. Por eso lo alientan aquellos personajes que no tienen seguidores, que están inflados por inmerecidos espacios de expresión en los miedos de comunicación.

Si el cuadro político inteligente del país percibe esta realidad ofrecerá plataformas de salida para esta crisis.

El latifundio de la secta Moon

Por Jorge Zárate para América XXI

1.500 habitantes de Puerto Casado marcharon para reclamar las tierras donde viven

En lucha: : durante la cuarta marcha del pueblo casadeño, unas 1.500 personas caminaron por la ruta Transchaco, desde Pozo Colorado al Congreso Nacional (270 kilómetros), reclamando por las tierras que habitaron desde siempre. El gobierno de Fernando Lugo acercó una propuesta a la secta Moon para que se les entregue al menos unas 30 mil hectáreas de tierra. Con cortes intermitentes de ruta y del río Paraguay a la altura de Puerto Casado, los vecinos exigen una respuesta favorable.

En el año 2000, las tierras que habitan los seis mil habitantes de Puerto Casado fueron vendidas por la firma Carlos Casado S.A. a la secta del pastor coreano Sun Myung Moon. El pueblo, ubicado a 550 kilómetros al norte de Asunción, está asentado en parte de las tierras de las 700 mil hectáreas, propiedad de la firma Carlos Casado S.A. A mediados de los años 1990, fracciones del latifundio se ofertaban en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y a mediados de 2002, la Secta Moon compró 600 mil hectáreas, incluyendo las pertenecientes al pueblo. A partir de allí comenzó la lucha de los casadeños. Puerto Casado está ubicado en la puerta del Pantanal, una de las más importantes reservas de agua dulce y biodiversidad del continente. Desde allí se puede incidir en el comercio fluvial de Bolivia y Brasil. En su subsuelo se encuentra parte del acuífero guaraní, la segunda reserva de agua dulce del mundo. A fines de septiembre, los vecinos del pueblo marcharon por cuarta vez, desde Pozo Colorado al Congreso Nacional recorriendo 270 kilómetros. En 2005, como resultado de las movilizaciones anteriores, habían conseguido la sanción de la ley 2.730 por la que se les otorgaron 52 mil hectáreas de terreno. “Notamos el juego perverso del que son víctimas los casadeños: primero los dejan ocupar los terrenos expropiados, luego alguna mano negra, a través de un pedido de inconstitucionalidad, logra que dos ministros de la Corte Suprema de Justicia anulen la ley de expropiación a la Secta Moon que es propietaria de 600 mil hectáreas de latifundio improductivo”, relató Rubén Domínguez, integrante de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos (Conadeh). Desde el Gobierno, el canciller Héctor Lacognata informó que son optimistas en cuanto a la resolución del conflicto “que lleva varios años”. También prometió asistir a los marchantes que cortaron la ruta entre Asunción y Santa Cruz de la Sierra, frente al colegio Pa´i Puku protestando por la falta de agua y alimentos. Cientos de adultos, niños y ancianos soportaron arcos de temperatura desde los 5 hasta los 40 grados. El diputado José Chamorro, de la Asociación Nacional Republicana (ANR) indicó que el presidente Lugo mostró intención de favorecer a los casadeños. En tanto, la secta Moon dice tener intención de donar unas 30 mil hectáreas al Instituto de Tierras (Indert) para el asentamiento de los vecinos de Casado. Las hectáreas estarían separadas en dos bloques: uno cercano al casco urbano de 14 mil hectáreas y el otro, más distanciado, tendría 16 mil hectáreas y sería inundable por lo que no contaría con la aprobación de la gente. Según Chamorro, el presidente Lugo se comprometió a mediar ante Moon para lograr una propuesta satisfactoria.

Peleas desiguales

Durante la marcha, los manifestantes apedrearon uno de los móviles del diario ABC Color, propiedad de Aldo Zucolillo, quien desde sus páginas llevó adelante una férrea defensa de las “inversiones” de la Secta Moon. “Victoria S.A. impulsa una serie de proyectos de carácter social, entre ellos la fabricación de carbón vegetal, iniciativa que cuenta con autorización de la Secretaría del Ambiente”, publicó el periódico hace pocos días en un artículo en el que se acusa a la población y a sus dirigentes de dedicarse a robar hierros viejos de las instalaciones de la vieja taninera. “Están en juego la venta de hierro y el control de la ciudad”, concluyó el artículo que condenó a la dirigencia de la marcha. Sin embargo, nada se dice allí de las seis mil personas que reclaman el terreno de sus casas y algún pedazo de tierra para desarrollar actividades productivas.

Desde Asunción, Jorge Zárate

La Iglesia de la Unificación Universal La Iglesia de la Unificación Universal fue creada en 1954 por Sun Myung Moon, un ingeniero coreano que se hizo predicador y que asegura ser el nuevo mesías. Se trata de una organización que mezcla principios orientales budistas, confucionistas y taoístas con doctrinas cristianas y una buena dosis de ideales nacionalistas y anticomunistas, además de algunas enseñanzas espiritualistas y pseudo-científicas. Creen que Jesús fue un fracasado al morir en la cruz y que Sun Myung Moon es el actual mesías. Moon, que se hace llamar reverendo, estuvo preso en Estados Unidos en 1982 acusado de defraudación fiscal, aunque los investigadores lo vinculan con tráfico de armas, drogas y negocios financieros de alto riesgo. La sede central del grupo está en Estados Unidos y en el Cono Sur, en Montevideo. Entre sus simpatizantes están los ex presidentes George Bush, de Estados Unidos, y Julio María Sanguinetti, de Uruguay. En Paraguay, uno de sus principales nexos públicos sería Lino Oviedo, el polémico general líder del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace) al que se acusa de tener vínculos con el narcotráfico y negocios ilícitos. La secta Moon es propietaria de hoteles, periódicos (Washington Times), academias de baile y artes marciales, emisoras de TV y fábricas de armas. Entre 1975 y 1985, los seguidores japoneses aportaron 746 millones de dólares a las arcas de la secta. Diferentes investigadores y periodistas sostienen que la secta no es sino un instrumento camuflado de la CIA estadounidense y que sus publicaciones, entre las cuales se contó un semanario latinoamericano ya desaparecido, están al servicio de la propaganda del Departamento de Estado y de operaciones destinadas a defender políticos derechistas y calumniar a representantes de izquierda.

Casado S.A. y la Guerra del Chaco

Paraguay está dividido en dos por el Río que lleva su nombre. Después de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), Argentina tomó preeminencia en el Chaco o Región Occidental y Brasil en la Región Oriental. Carlos Casado y Compañía llegó a tener el más grande latifundio de América en el Chaco Paraguayo. Desde 1886 montó una taninera gigante como La Forestal, con el mismo sistema de explotación esclavista, cuyo centro operativo se llamó, justamente, Puerto Casado. Dispuso además de 200 kilómetros de costa sobre el litoral fluvial del Río Paraguay, de una flota de barcos, puertos y hasta de una vía férrea de 150 kilómetros. Hace 50 años, los puertos Casado, San Alberto, Médanos, Pinasco, Sastre, Guaraní y Maschwitz registraban una intensa actividad sobre la base de la explotación de los quebrachales. Hoy sólo quedan chimeneas y galpones abandonados. Casado fue fundamental en la logística del Ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco, también conocida como la guerra del Petróleo, en la que derrotó a Bolivia a un alto costo financiero y humano. Cuentan que en Puerto Casado, en una caja fuerte, se encontraron títulos por valor de 80 mil pesos oro con el aval del Estado paraguayo que se pagaron por servicios y bienes aportados por la empresa cuando Paraguay entró en guerra con Bolivia.

Poder y expresion

Escuchá aquí el discurso en la reunión anual en Octubre de 2007 del Intercambio Internacional por la libertad de Expresión (IFEX).

El derecho a organizarse

Por Jorge Zárate, para América XXI (www.americaxxi.com.ve)

Desafío: : un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó que el Comité de Libertad Sindical examinó en los últimos 20 años 48 quejas provenientes de Paraguay. 22 correspondieron a agravios por discriminación antisindical. En segundo lugar se ubicaron las violaciones a la seguridad e integridad de las personas. El tercer motivo de reclamo de los trabajadores fueron las denuncias por los castigos que reciben al participar en las huelgas. Por la persecución sistemática que históricamente llevan adelante las patronales contra los sindicatos, sólo entre un 3% y un 5% de los asalariados está afiliado a una organización gremial. El 24% de la población ocupada se encuentra en situación de subocupación. Desde su asunción, el presidente Fernando Lugo se comprometió a luchar contra la violación de la libertad sindical, un problema estructural en Paraguay.

La violación a la libertad sindical es un problema estructural en Paraguay. Desde su asunción, el presidente Fernando Lugo se comprometió a atenderlo. La baja tasa de sindicalización –sólo entre un 3% y un 5% de los asalariados está afiliado a una organización gremial– se debe en gran medida a la impunidad con que las patronales desmantelan los sindicatos, construidos con mucho esfuerzo y coraje por los trabajadores. “Tenemos que hacer reformas en el Código Laboral para poder prever la formación de los sindicatos”, admitió Filemón Delvalle, director del Trabajo, quien anunció que próximamente se realizará un foro tripartito con sindicatos, patronales y Gobierno para debatir el tema. La autoridad administrativa no puede proteger a los trabajadores con las normas actuales, “entonces cada vez que intervenimos, las patronales aducen que no se los echó por sindicalizarse sino que estaban ya en un plan de reducción”, indicó el funcionario. Durante el año de gestión de Lugo, el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) registró cinco casos de despidos a causa de la organización sindical: “en la distribuidora Trovato, el ingenio azucarero Censi & Pirota, la cooperativa menonita Neuland, la fábrica de plásticos Plaspasa y en la empresa de colectivos La San Lorenzana”, según recordó Delvalle. A ello se añaden los empleados de la empresa de transporte 29 de Junio, que administra la línea 40 de colectivos. “Aquí es fundamental entender el rol que juegan el Poder Judicial y la Fiscalía que han tomado medidas arbitrarias desconsiderando nuestro papel de fiscalizadores”, comentó Delvalle. “Hay jueces que han negado nuestra facultad de controlar una huelga, con lo que definitivamente conculcan un derecho establecido en la Constitución”, explicó el director de Trabajo. Esta arbitrariedad es una constante que viene desde la época de Alfredo Stroessner (1954-1989). Vale recordar el caso de Trovato Cisa donde 14 trabajadores fueron despedidos por persecución sindical el 17 de noviembre de 2008. “Es lógico que la patronal no quiera que se termine con 38 años de explotación y esclavitud a causa de un movimiento”, dijo Jorge Guccione, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Trovato Cisa (Sitrato). “Se trabaja como en las fábricas de inicios del 1900: no se paga el salario mínimo vigente, las jornadas laborales exceden las ocho horas, los trabajadores tienen que pagar sus propios equipos y uniformes, el recibo de sueldo dice que ganamos el mínimo pero no es lo que cobramos”. Esas son las razones principales por las que “soñamos con la formación de un sindicato”. Al día siguiente de los despidos, los trabajadores montaron una carpa de protesta frente a la empresa ubicada sobre la ruta Transchaco en la jurisdicción de Villa Hayes, a unos 20 kilómetros de Asunción. Dos de ellos comenzaron una huelga de hambre que duraría 29 días. Entonces surgieron las disposiciones de fiscales y jueces: les prohibieron acercarse a la fábrica a una distancia no menor de 300 metros y se dictaron órdenes de captura para los principales dirigentes por “perturbación de la paz pública”. Lo mismo sucedió en la cooperativa menonita Neuland. El modelo de sindicalización por empresa, que en teoría favorece la legislación laboral, “es una mera distracción que atenta contra la real organización de los trabajadores que debe ser por rama”, apuntó Julio López, integrante de la Mesa Coordinadora Sindical (MCS), la organización de trabajadores que atendió el caso cuando se dieron los despidos. El Sindicato de Trabajadores del Frigorífico de la Cooperativa Neuland Limitada se fundó el 12 de febrero de este año. El 14 de ese mes, el Consejo Administrativo de la Cooperativa decidió el despido arbitrario de 13 socios del Sindicato con el claro objetivo de destruir la organización sindical. El 18 de marzo fueron apresados sus seis principales dirigentes por “perturbación del orden público” cuando se encontraban en la puerta de la planta del rigorífico, ubicado en el Km 28,5 de la Ruta Transchaco. Los trabajadores habían decidido una huelga por tiempo indefinido porque para ese momento la cooperativa había despedido a los 25 miembros de la organización. El caso fue denunciado por los sindicalistas durante el Congreso Mundial de los Menonitas “a fin de hacer reflexionar acerca de la actitud de sus pares menonitas en el Paraguay sobre este hecho que se contrapone a todo precepto cristiano y humanista como lo son el derecho al trabajo y la organización”, expuso Gumersindo Galeano, secretario general del Sintecoss. Sólo le sellaron el recibido de la carta. Otro caso, el más reciente, es el de la empresa de colectivos La San Lorenzana. “Nos despidieron a los 24 compañeros”, contó Jorge Aranda, secretario general del Sindicato de choferes y empleados de la San Lorenzana. “Formamos el sindicato porque era imposible sobrevivir al maltrato y a la explotación. Trabajamos desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche y nos pagan por redonda”, detalló. Sólo 24 mil guaraníes (unos 5 dólares estadounidenses) por una vuelta completa que dura unos 25 kilómetros y que se recorre a velocidades promedio de entre 25 y 30 kilómetros por hora. “Tenés que cortar sí o sí 70 boletos, si cortás 69 no cobrás, trabajaste por deporte”, dijo el dirigente en la vereda del Viceministerio del Trabajo donde instalaron una carpa de hule negro en la que llevan un mes protestando y viviendo. “Al entrar a trabajar firmamos como 10 hojas en blanco y ahora la empresa está diciendo que nosotros fuimos liquidados y aceptamos, es una injusticia”, señaló el trabajador.

Datos locuaces

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta que el Comité de Libertad Sindical examinó en los últimos 20 años 48 quejas provenientes de Paraguay, de las cuales 22 correspondieron a agravios por discriminación antisindical. En segundo lugar aparecen las violaciones a la seguridad e integridad de las personas: 12 en el período 1990-2009. El tercer motivo de quejas de los trabajadores fueron los castigos por participar en una huelga. Allí se reportaron siete denuncias procesadas sobre el tema. También hay casos por la persecución de las patronales a la organización y afiliación sindical, el incumplimiento de las negociaciones colectivas, las restricciones a la libertad sindical por actos legislativos, la injerencia, la retención de cuotas sindicales de la nómina, y las violaciones a la libertad de expresión y reunión y al domicilio sindical. Este modelo de organización sindical responde a los intereses patronales que adrede han establecido una Cartera que no puede actuar. Paraguay es uno de los pocos países del mundo que no tiene un ministerio específico que atienda el trabajo y la seguridad social. El Viceministerio de Trabajo requerirá que se aumente su presupuesto de 5 mil a 20 mil millones de guaraníes (4 millones de dólares) para el ejercicio del año 2010. “Aun así no alcanzamos ni el 10% del presupuesto total del MJT, pero esperamos que los legisladores lo aprueben”, dijo el Director del Trabajo. Delvalle recordó también que se viene tratando la sugerencia que hiciera la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de crear un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: “son reformas estructurales que requieren discusión, pero es importante iniciar el proceso para su consecución”, señaló. Durante el primer año de gestión de Lugo, desde el 15 de agosto del año pasado, se inscribieron 67 sindicatos frente a 25 organizaciones registradas en el mismo período de 2007, mientras que de enero de este año a la fecha se registran 36 sindicatos reconocidos legalmente. “Constituye un aumento del 168%”, afirmó Delvalle.

Reclamos y compromisos

“En nuestro país tenemos problemas graves, tal vez el más significativo para la OIT sea la violación sistemática de la Libertad Sindical por parte de la patronal. Sindicato que se forma, al día siguiente son despedidos los dirigentes y los patrones no aceptan ni las disposiciones de nuestro Ministerio de Justicia y Trabajo, ni los fallos judiciales”, denunciaba Pedro Parra, secretario adjunto de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) durante la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra el 10 de junio pasado. Ya el 26 de junio de 2008, el presidente Fernando Lugo señalaba en el lanzamiento de la Campaña de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, alentada por las centrales sindicales afines a su gobierno que “nunca habrá una libertad sindical plena mientras los derechos humanos de los trabajadores no sean respetados, no importa el origen o clase social que tengan”. El paraguayo Víctor Báez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA) le recordó que era fundamental atender los convenios 87 y 98 de la OIT relativos a la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva que fueron ratificados por Paraguay a principios de la década de 1960 y siguen sin cumplirse efectivamente. El Presidente tomó el compromiso ante delegados internacionales de la Confederación General de Trabajadores (Cgt-Ra) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Argentina, la Central Única de Trabajadores (CUT), la FS y la UGT de Brasil y del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (Pit-Cnt) de Uruguay, como así también del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (Ccoo) de España y la Unión Network International (UNI). En esa oportunidad, Lugo afirmó: “El movimiento sindical nacional e internacional tiene la esperanza de que el nuevo gobierno electo en Paraguay tome acciones para los cambios normativos, institucionales, políticos y programáticos necesarios para garantizar los derechos sindicales y laborales como también la mejora del ambiente sociolaboral, promoviendo el desarrollo social y la generación de trabajos decentes para la sociedad paraguaya”.

Desde Asunción, Jorge Zárate



Trabajo Precario

- Un 47,6% de los asalariados tienen ingresos laborales inferiores al salario mínimo; el promedio regional es de 11,3%. - Sólo un 17,2% del total de los ocupados cotiza al sistema de jubilaciones y pensiones; el promedio regional alcanza el 60,8% - Entre los trabajadores, sólo entre un 3% y un 5% de los asalariados están afiliados a un sindicato y hay sólo 70 mil jubilados, tanto trabajadores del ámbito público como privado. - El 24% de la población ocupada se encuentra en situación de subocupación. - Cerca del 70% de los trabajadores se encuentran ocupados en establecimientos que no tienen más de cinco empleados. - Predomina el trabajador por cuenta propia (36,7%), seguido de los trabajadores familiares no remunerados: 12,5% y el empleador o patrón (4,5%). Esto implica que, un poco más de 5 de cada 10 ocupados generan ingresos a través de la venta directa de sus productos o servicios. - El sector primario o extractivo absorbe al 31,2% de los ocupados, el secundario, al 16,5% (manufactura, construcción) y el sector terciario, al 52,2%. - Alrededor del 69,6% de las mujeres ocupadas se hallan trabajando en el sector terciario, en tanto los hombres se hallan distribuidos fundamentalmente entre los sectores terciario y primario (41,8%; 37,1%).
Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec)