10 de julio de 2012

Golpe yanqui en Paraguay

Estados Unidos trata de recuperar un enclave en Suramérica


Avanzada:  con el apoyo del Partido Colorado y otras expresiones de la derecha local, Estados Unidos produjo un golpe en el corazón de Unasur, donde pierde terreno desde comienzos del siglo XXI. Las nuevas autoridades, así como otras voces del poder real, no demoraron en declarar su intención de establecer un tratado de libre comercio con la Casa Blanca, a la vez que sostuvieron la necesidad de que Washington reactive la base militar en Mariscal Estigarribia, instale allí aviones F-118 y cree nuevas bases militares en el Chaco paraguayo. La resistencia popular ya comenzó y queda planteada la batalla electoral de abril próximo en la medida en que el nuevo gobierno cumpla con los plazos constitucionales.
Con la celeridad y precisión de una operación largamente preparada, bajo la forma de un juicio parlamentario el 22 de junio fue depuesto Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay. Lugo admitió inicialmente la destitución. Su lugar lo ocupó Federico Franco, hasta ese momento vicepresidente. En un amañado juicio político de menos de 36 horas la suerte del ex obispo quedó sellada por 39 votos por la condena y cuatro por la absolución en el Senado constituido en tribunal. A los pocos minutos de la sentencia, la policía disparaba gases lacrimógenos y balas de goma contra alrededor de siete mil personas que se congregaban en las plazas del Congreso. Las fuerzas de seguridad parecieron no reparar que entre la multitud había mujeres y niños. “Este gobierno ilegítimo nace disparando contra la gente”, reclamaron los manifestantes.
Días después, en entrevista con Radio Nacional de Argentina respecto de la eventual injerencia del Departamento de Estado estadounidense para derrocarlo, Lugo respondió: “Los países que nos enviaron su solidaridad están señalando una gran injerencia de otros países. Hoy, el gobierno que está instalado en Paraguay señala que no permitirá injerencias, pero sin duda que en ningún lugar del mundo un golpe es genuinamente nacional. Siempre hay insinuaciones o efectos de que está hecho con la participación, o por lo menos la anuencia de países, no de la región sino de un poquito más hacia el norte”.
 Más directo fue Domingo Laíno, ex parlamentario y principal dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, encabezado ahora por el presidente de facto Federico Franco: “Pareciera que tanto Argentina como Brasil no se dieron cuenta de que la estrategia del imperio es tener como enclave a Paraguay, que le permite tirotear todo el proceso de integración regional y debilitar las dos economías más fuertes de América Latina. Lo que Washington no ha logrado con la medialuna boliviana, ni con Honduras, ni con la militarización de las bases en Colombia, ni con la desestabilización en Ecuador, ni con el golpe y sabotaje en Venezuela, lo está logrando a través de Paraguay. Porque Paraguay es un país pequeño, con ubicación estratégica, inmejorable en el Cono Sur, con una histórica debilidad del Estado y una oligarquía absolutamente medieval que en su afán de dominio sobre este territorio, incluso por encima de su codicia, le hace el juego a las pretensiones del Norte”.

Réplica inmediata
Sin explicitarlo, la mayoría de los gobiernos de la región coincidieron con el veterano político paraguayo, cuyo hijo Luis Domingo, renunció a su cargo de embajador en Cuba en rechazo al golpe de Franco. El nuevo Ejecutivo no fue reconocido por ninguno de los países latinoamericanos, que retiraron o llamaron a consulta a sus embajadores en Asunción. El presidente ecuatoriano Rafael Correa se adelantó y desde Río de Janeiro, donde participaba de la cumbre Río+20 declaró que, con prescindencia de la decisión de Lugo, e incluso de la postura que tomara Unasur, Ecuador no reconocería al nuevo gobierno paraguayo. Simultáneamente el primer mandatario boliviano Evo Morales adoptó idéntica posición, reiterada en instantes desde Caracas por el presidente Hugo Chávez. Por caso, a la sazón recrudecía en Bolivia un motín policial sumado al conjunto de conspiraciones que constantemente tratan de desgastar el poder de Evo Morales.
 Reunidos en Río+20, los cancilleres de Unasur respaldaron con firmeza a Lugo y una nutrida delegación viajó a Asunción mientras todavía la parodia de juicio estaba llevándose a cabo. Su misión fue infructuosa, aunque a la semana siguiente, reunidos en Mendoza, definieron la separación de Paraguay del Mercosur y Unasur (ver pág. 14).
El gobierno de facto insiste en señalar el carácter legítimo de su ejercicio, amparado en un cerrado apoyo institucional que se comenzó a configurar con el rechazo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del planteo de inconstitucionalidad al reglamento del juicio que habían interpuesto los defensores de Lugo.
También el Superior Tribunal de Justicia Electoral (Tsje) dictaminó la legitimidad del gobierno de Franco y señaló que éste debe concluir el período presidencial en agosto de 2013, tal como estaba previsto. El fallo cerró así la posibilidad de un adelanto de las elecciones, una de las salidas que propusieron algunos mandatarios y miembros de la comunidad internacional. El nuevo régimen tiene a su vez el respaldo de la prensa patronal que manejó la situación comunicacional como manda el manual del buen golpe de Estado Latinoamericano: “Todo está tranquilo”, titularon en reiteradas oportunidades.

Azuzar viejos temores
Los sucesos de Curuguaty, donde 17 personas resultaron muertas tras un presunto enfrentamiento entre campesinos y policías, fueron oportunamente azuzados para despertar temores de un levantamiento campesino y dar otro tipo de justificativo al golpe de Estado.
Es que Curuguaty fue el punto más sensible, el que cerró las filas de los antiguos partidos tradicionales de derecha y centro derecha para asegurar en primera instancia el éxito del un juicio político.
La derecha, aglutinada, sostiene que los 50 campesinos que ocuparon Curuguaty infiltraron tiradores del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) para ejecutar al jefe y el subjefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional y a cuatro de sus colaboradores, en una emboscada considerada de alta planificación.
Testimonios recogidos por defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones sociales indican, sin embargo, que bien podrían haber sido matones del terrateniente Blas N. Riquelme, ex senador y ex presidente del Partido Colorado, que se atribuye las tierras ocupadas, o fuerzas paramilitares los que dispararon la tragedia. Esta es una hipótesis que los investigadores hasta el momento no tienen en cuenta, dado que probaría el montaje de una provocación como justificación del golpe palaciego.
El presidente Lugo había decidido nombrar una comisión de notables a cargo del periodista Alcibíades González Delvalle para llevar adelante una investigación independiente sobre el caso Curuguaty. La comisión fue disuelta por Franco, en una de sus primeras medidas de gobierno.

Resistencias
Apenas se inició el proceso de juicio político, nació la resistencia popular a lo que finalmente sería un golpe institucional. La primera protesta ciudadana de magnitud se registró en la mañana del sábado 23 de junio, cuando comenzó a concentrarse gente frente al edificio de la TV Pública, en defensa de la libertad de expresión. Unas horas antes un enviado del gobierno de Franco, acompañado de una comitiva policial, intentó interrumpir la programación. Por la tarde del sábado, manifestantes y trabajadores de los medios públicos se congregaron espontáneamente frente al “Micrófono Abierto” que se instaló en la sede del canal de televisión. La transmisión continua se transformó en un fenómeno que desbordó las fronteras del país y alentó el reclamo y la movilización en todo el país en defensa del proceso democrático.
El gobierno de facto cambió las autoridades de la TV Pública, lo que descomprimió la manifestación, aunque las movilizaciones crecieron en las distintas capitales departamentales.
El bloqueo del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con la brasileña ciudad de Foz de Iguazú, por más de un millar de manifestantes, fue otro hecho destacado de la resistencia en la primera semana posterior al golpe.
 Por otra parte, el grueso del movimiento social, que sostuvo el gobierno de Lugo, tendrá posibilidades crecientes de organizarse y ganar la calle, ahora que está liberado de la carga de ser oficialista.

Flanco externo
 El canciller Jose Félix Fernández adelantó que el gobierno de facto de Federico Franco recurrirá todas las acciones que tomen Mercosur y Unasur, a sabiendas que al país no le conviene un aislamiento regional.
No obstante, tras la resolución de ambos organismos regionales de separar a Paraguay, se sumaron las voces del Ejecutivo para sostener que ahora Asunción se siente emancipada: “al ser suspendido, Paraguay está liberado de tomar decisiones. Vamos a hacer lo que más convenga a Paraguay”, declaró Franco al conocer la decisión. “Ahora se terminó el tutelaje de los países vecinos”, agregó en referencia a Brasil y Argentina. Después aclaró que evaluará costos y beneficios de la decisión regional. Otros funcionarios afirmaron la decisión oficial de concertar inmediatamente acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y China.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, retomó una de las banderas de la oligarquía paraguaya: “nos va a beneficiar grandemente salir del Mercosur”. Aventuró que Paraguay logrará “mayores opciones; vamos a desarrollar nuestro músculo para exportar a otros países, vamos a lograr que nuestros socios para el futuro sean otros países y no nuestros vecinos que, nos guste o no nos guste, fueron parte de la Triple Alianza”.
La prensa empresarial consagró la idea de que los países que reaccionaron ante el juicio político a Lugo constituyen una suerte de Triple Alianza, la unión de ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay que asoló a Paraguay en la década de 1870.
 Esta tesis tomó cariz diplomático en la exposición del embajador paraguayo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Hugo Saguier Caballero, que prácticamente reprodujo las palabras de Felippo, y que fuera reproducida en editoriales de diarios, en las redes sociales y por comunicadores de medios electrónicos. Es un viejo programa de la derecha paraguaya profundizar una alianza directa con Estados Unidos, con la formalización de una base de aviones F-118 en Mariscal Estigarribia, como parte principal del acuerdo. En el mismo sentido, el diputado José López Chávez, del partido Unace (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos), reiteró su deseo de que Estados Unidos instale bases militares para frenar lo que denominó “carrera armamentista” boliviana.
 Vale recordar que el 5 de agosto del año pasado 21 generales estadounidenses sostuvieron una reunión con la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno de la Cámara de Diputados de Paraguay. Esta comisión parlamentaria es presidida por López Chávez e integrada, entre otros, por Artemio Barrios (ANR, Partido Colorado), que en las horas del golpe catalogó al destituido presidente Lugo de “traidor a la patria”. También participaron de aquel encuentro de agosto de 2011 los senadores Julio César Franco (Plra, liberal), hermano del presidente de facto, y José Manuel Bóveda (Unace).
 “Hablamos con ellos (con los militares estadounidenses) de la intención, que en algún momento podría darse, de instalar una base militar en el Chaco y otras cosas más”, afirmó López Chávez  en aquellos días. Debe entenderse que se refería al Chaco paraguayo, y no a la provincia argentina en la que funciona desde el año pasado una sede operativa donada por Washington. Una base estadounidense en Paraguay -expuso el legislador- ayudaría a “librarse de las presiones, de las amenazas de Bolivia; y más aún de amenazas que están surgiendo, permanentemente, del bolivariano Hugo Chávez (presidente de Venezuela)”. Buena parte de la derecha paraguaya, hoy más unida que nunca, piensa de manera semejante.
 Por eso, el propio Lugo declaró antes de las reuniones de Unasur y Mercosur en Mendoza: “He tenido una reunión con un grupo de campesinos que venden piñas, mandioca, en la región, y yo no querría que los más olvidados, a quienes hemos privilegiado en nuestro gobierno, sean también perjudicados con una sanción económica”, dijo. A pesar de ello, pidió “un llamado de atención” de la comunidad internacional para aquellos que se juntaron para derrocarlo.

Desde Asunción, Carlos Cáceres y Jorge Zárate


Cinco días intensos en la vida de América
21 de junio. Congreso paraguayo inicia el proceso de juicio político al presidente Lugo -Presidentes de Unasur deciden enviar de manera urgente una misión de cancilleres a Paraguay. Evalúan la posibilidad de aplicar la Cláusula Democrática, protocolo contra golpes de Estado. -El presidente de Bolivia, Evo Morales, advierte que en Paraguay se está gestando un “golpe de Estado”. -El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, calificó de “un tanto apresurado el procedimiento” de destitución a Lugo. -La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (Alba) rechaza el juicio político contra Lugo. Denuncia una “maniobra de sectores de derecha”.
22 de junio. La Cámara de Senadores destituye al Presidente Fernando Lugo Méndez -El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asegura que la eventual salida del poder de Lugo “puede sentar un precedente nefasto para la región”. -La delegación de Unasur se entrevista con dirigentes de partidos que apoyan la destitución de Lugo. -La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, expresa: “estamos preocupados y observando de cerca la situación” en Paraguay. -La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, advierte que la situación en Paraguay “es muy complicada, más aún por el hecho de que Lugo es el actual presidente pro tempore de la Unasur”. -La presidente de Argentina, Cristina Fernández, dice que su país “no va a convalidar el golpe de Estado en Paraguay”. -Colombia lamenta cómo se llegó a la “remoción” de Lugo, aunque interpreta que “formalmente no hubo rompimiento de la democracia” porque se acataron las leyes.
23 de junio. Rechazo casi unánime de los países de América -Perú afirma que la destitución del presidente de Paraguay es un “golpe a la democracia” en América Latina. -Chile lamenta que “desgraciadamente el Congreso paraguayo, a pesar de todas las gestiones que hicimos (en Unasur), persistió en la decisión de sacar al presidente”, mediante un juicio que “no ha cumplido los estándares mínimos del debido proceso”. -Estados Unidos pide “a los paraguayos que actúen de manera pacífica, con calma y responsabilidad”. -Cuba condena el “golpe de Estado parlamentario” en Paraguay y asegura que no reconocerá autoridad alguna “que no emane del sufragio legítimo”. -El Alba advierte que la “nueva forma de golpe de Estado” tiene la finalidad “de atacar los procesos de independencia e integración latinoamericana y caribeña”. -El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dice que la destitución de Lugo se trató de un “juicio sumario” que, “aunque formalmente apegado a la ley, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa”. -Argentina retira su embajador en Asunción “hasta tanto se restablezca el orden democrático”. -Uruguay pide que se convoquen nuevas elecciones “tan pronto como sea posible”. -Brasil convoca para consultas a su embajador en Asunción y anuncia que evalúa junto con Mercosur y Unasur las medidas frente a la “ruptura del orden democrático”. -Canadá señala que “Fernando Lugo ha aceptado la decisión del Senado paraguayo de impugnarle y un nuevo presidente, Federico Franco, ha tomado posesión”.
24 de junio. Más países de Suramérica retiran a sus embajadores de Asunción -Uruguay, Colombia y Chile llaman a consultas a sus respectivos embajadores en Paraguay. -El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia el retiro de su embajador en Paraguay y el cese inmediato del suministro de petróleo a ese país. -Mercosur resuelve suspender a Paraguay en su derecho de participar en la próxima cumbre del bloque, en Argentina. La misma determinación adopta, dos días más tarde, Unasur. -México, Ecuador y Perú deciden retirar a sus embajadores en Paraguay.
25 de junio. Difícil trance para la OEA -Chile descarta la adopción de sanciones comerciales o medidas “que afecten al pueblo paraguayo”. -El presidente de Cuba, Raúl Castro, alerta que los golpes de Estado han vuelto a América Latina “disfrazados” de institucionalidad. -Colombia pide elecciones anticipadas en Paraguay “para que el hilo democrático no se rompa”. -El Consejo Permanente de la OEA aprueba el envío de una misión especial a Paraguay y a otros países de la región para evaluar la crisis política. Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia piden la restitución inmediata de Lugo en el poder.




Transnacionales y política imperialista
Canadá reconoció al gobierno de facto de Federico Franco. El país del norte pretende instalar una planta laminadora de aluminio en Paraguay. “El gobierno de Canadá, a través de su embajada de Buenos Aires concurrente en Paraguay, viene realizando desde 2009 un intenso lobby” para instalar la empresa Rio Tinto Alcán en ese país suramericano, señala el investigador Silvio Núñez. El texto subraya que “Río Tinto Alcán (RTA) es la segunda mayor fundidora de aluminio en el mundo, dedicada a la extracción de diversos minerales y con presencia en los cinco continentes”. RTA desea consumir, a bajos precios, una cantidad equivalente a la quinta parte de la energía que produce Paraguay en las hidroeléctricas que comparte con Brasil y Argentina, Itaipú y Yacyretá, respectivamente. “La inversión de RTA tenía dividido al gobierno paraguayo”, señala el artículo. Nuñez recuerda que Lugo “se había manifestado contrario a un subsidio al precio de la energía. Pero el ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas -confirmado como ministro por el nuevo régimen- y el entonces vicepresidente Federico Franco se habían manifestado favorables a cumplir las condiciones de RTA para su arribo al Paraguay. El viceministerio de Energía había afirmado, sin embargo, que los subsidios a RTA equivalían a 200 millones de dólares al año. Igual opinión compartían otros ministros no liberales”.
La sombra del agronegocio Por su parte el periodista Idilio Méndez Grimaldi, en su artículo “Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo” recuerda: “El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación”.
Méndez Grimaldi recuerda que “Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en 2010”. Tras hacer un análisis de los hechos de Curuguaty, concluye señalando que “Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por Estados Unidos. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil. Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty son una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas las formas de vida en el Planeta”.



Quién es y qué piensa hacer Franco
Federico Franco es miembro de una familia de políticos tradicionales. Su padre, Cástulo Franco, fue un caudillo liberal de la ciudad de Fernando de la Mora, una de las localidades más pobladas de la Gran Asunción. Colaboracionista con la dictadura de Alfredo Stroessner, Franco padre, médico de profesión, construyó una base política merced a la atención a pacientes de manera gratuita o a bajo precio, en el sanatorio de su propiedad. En ese camino crecieron sus hijos, Julio César “Yoyito” Franco, que fuera vicepresidente de Luis González Macchi entre 1999 y 2003, y Federico. El actual ocupante del ejecutivo fue intendente de Fernando de la Mora y gobernador del Departamento Central, cargo al que renunció a fines de 2007 para ser candidato a vicepresidente. Admirador del español José María Aznar, católico practicante, es de una derecha pragmática.
Entre sus primeras medidas, instruyó al ministro de Industria y Comercio, el ratificado Francisco Rivas, para “avanzar” en las negociaciones con la multinacional Río Tinto Alcan, que planea una inversión de 4 mil millones de dólares para construir una laminadora de aluminio. Franco prometió continuar con las políticas sociales del presidente Lugo, aunque ahora es posible que estos programas consigan los fondos que el Congreso le negó a su antecesor. Entre estos planes se anota el Tekoporã, destinado a los pobres extremos, y la pensión para unos 45 mil Adultos Mayores. Franco dijo que realizará el catastro nacional de tierras y un censo rural antes de fin de año, planes que surgieron en el gobierno anterior, tras un largo reclamo de los campesinos.
El presidente de facto reclamó la aprobación del Impuesto a la Renta Personal (IRP); la implementación del Metrobús, un sistema de transporte público que pretende eliminar los colectivos chatarra que circulan en la Gran Asunción; y que el Congreso apruebe unos 480 millones de dólares en préstamos y donaciones que están pendientes de tratamiento. “Vengo desarmado anímica y espiritualmente y pido mantener el espíritu de cuerpo. Que prioricemos la tricolor bandera y que demostremos la legitimidad del desempeño”, le dijo a diputados y senadores que horas antes habían votado por la destitución de Lugo. Su principal gesto fue nombrar a Manuel Ferreira, conocido como “el economista de los soyeros”, como ministro de Hacienda.