4 de julio de 2017

Lugo emerge de extraños acuerdos políticos

Alianza circunstancial entre el oficialismo paraguayo y el Frente Guasu
PARAGUAY
Un modesto impuesto a la soya, utilizado políticamente por algunos legisladores y resistido por el Gobierno y las clases dominantes, marcó el debut del ex obispo como presidente del Senado.  
El Senado paraguayo, presidido por Fernando Lugo desde el 1 de julio pasado, aprobó en general la aplicación de un impuesto a la exportación de soya en granos, un antiguo anhelo de las fuerzas progresistas que reivindican el tributo como un elemento de equidad ante el avance destructivo del agronegocio en el país.
La votación que arrojó 24 por la aprobación, 17 de rechazo, tres legisladores ausentes y una abstención, demandó tres horas de acalorado debate. El impuesto del 10% a la exportación de soya en estado natural fue aprobado en general y se pasó el tratamiento en particular para julio por una disputa procedimental entre los senadores que votaron a favor y los que lo hicieron en contra sobre cómo se abordaría la norma artículo por artículo.
El proyecto de la concertación Frente Guasu (FG) llegó a buen puerto gracias al apoyo del sector oficialista del Partido Colorado, disidentes del Partido Liberal y la Unión de Ciudadanos Éticos (Unace).
Originalmente el documento establecía un gravamen a la exportación de granos en estado natural de un 15%. Con las modificaciones introducidas durante el debate en el recinto quedó limitado a un 10% y sólo aplicable a la exportación de soya en estado natural. Fuera de la carga impositiva quedaron maíz y trigo, otros rubros importantes que se producen en el país. Además, lo recaudado deberá invertirse en salud, infraestructura y mantenimiento vial y a la reforma agraria integral.
Este paso importante todavía debe superar la aprobación de la Cámara de Diputados donde se hace difícil que pueda prosperar por la relación más directa de los legisladores de los partidos tradicionales con los soyeros de los departamentos donde se cultiva.
También la ministra de Hacienda, Lea Giménez, adelantó la posición del gobierno: “estamos comunicando que la posición del Poder Ejecutivo es que si se llega a aprobar este proyecto se vetará tal propuesta por ser dañina para la economía en su conjunto y nefasta para pequeños y medianos productores. Cualquier gravamen debe considerar que todo impuesto en el sector será trasladado al productor. Segundo, los ingresos al fisco del sector agro se han triplicado desde el 2013 y dada la generación de riquezas es un hecho que ellos pueden aportar más”, dijo.
Durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta los soyeros realizaron un “tractorazo” y llegaron a cerrar de manera intermitente algunas rutas principales, entre ellas un corte en el kilómetro 25 de la Supercarretera de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. Camioneros que hacen fletes a los silos y transportadores de ganado se sumaron a la protesta.
Injusticia tributaria
Aún si fuera aprobado este impuesto del 10% a las exportaciones de soya natural, el complejo soyero pagaría unos 200 millones de dólares cada año. Cómo se verá, es una ínfima parte de los 11 mil millones de dólares que insume el escuálido presupuesto anual del Estado paraguayo.
Economistas, analistas, organizaciones sociales y políticas de todo el país recordaron durante el debate público que si bien la presión fiscal en el país es del 12% promedio, para los soyeros por diferentes privilegios normados es de sólo un 2%. Advirtieron también que de 3,4 millones de hectáreas de cultivos, 3,2 millones son de soya (88% de la superficie cultivada). De ese total 83% pertenece a 4.300 empresarios de la soya que constantemente presionan y desplazan a las comunidades indígenas y campesinas, talando bosques a pesar de la vigencia de una normativa que prohíbe expresamente hacerlo en la Región Oriental del país.
En total unos 30 mil productores de soya se expanden en los departamento de Alto Paraná, Canindeju e Itapúa, donde los movimientos campesinos denuncian las fumigaciones con glifosato para permitir el desarrollo de los plantíos que se hacen con alrededor de 20 especies transgénicas, algunas de ellas prohibidas en la gran mayoría de países del mundo.
Otra cuestión clave en este problema es que cinco multinacionales, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus y Noble, manejan el 80% de las exportaciones de la soya que se produce en el país y hasta los grandes propietarios del agronegocio exhiben su malestar con esta situación.

Realpolitik
Casualidades del calendario, el impuesto a la exportación de soya se aprobó en coincidencia con el quinto aniversario del juicio político express que derrocara al entonces presidente del Paraguay Fernando Lugo. Superado el episodio de la enmienda constitucional que sacudió a la política y a las instituciones paraguayas en los primeros meses de este año, el ex obispo fue electo titular del Poder Legislativo en una extraña alianza con quienes lo derrocaron en 2012.
Lugo llegó a la presidencia del Senado luego de que el gobernante Partido Colorado lograra quitar de las presidencias de Diputados y del Senado a opositores al presidente Horacio Cartes: Hugo Velázquez, colorado disidente, y Roberto Acevedo, del Partido Liberal en el Senado, respectivamente.
La maniobra del Frente Guasu (FG) de aliarse con Cartes para buscar la posibilidad de la reelección sigue siendo cuestionada por fuerzas que se escindieron del FG para crear Avanza País, el sector que erigió a Mario Ferreiro como intendente de Asunción. Sus dos senadores, Miguel López Perito, quien fuera jefe de gabinete de Lugo, y Adolfo Ferreiro, abogado defensor del ex obispo durante el juicio político, votaron en contra del impuesto aduciendo que perjudicaría a pequeños y medianos productores, entre otros puntos.
Desde su nueva posición se vislumbra la posibilidad de que Lugo busque volver a poner en discusión su derecho a candidatearse a la Presidencia de la república, una posibilidad remota por la oposición que tiene en el Tribunal de Justicia Electoral (Tsje) donde sus magistrados en reiteradas ocasiones han expresado que su interpretación de la norma no tiene razón. Se espera que Lugo entonces recurra a la Corte Suprema (CSJ), aunque fuentes del Palacio de Justicia aseguren que el pedido sería rechazado.
Quien corre con ventaja para las presidenciales de 2018 es el ministro de Hacienda, Santiago Peña, impulsado por el presidente Cartes. Una de las caras visibles de quien podría oponerse al oficialismo es Efraín Alegre, actual presidente del Partido Liberal. Pero nada es definitivo en los acuerdos entre cúpulas. La política paraguaya puede ofrecer nuevas e insólitas alianzas en un escenario de recesión económica, pobreza y un tremendo déficit en políticas sociales.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Cinco años de la Masacre de Curuguaty
El 15 de junio se conmemoraron cinco años de la Masacre de Curuguaty, trágico evento utilizado por los representantes legislativos de las clases dominantes para expulsar mediante juicio político al entonces presidente Fernando Lugo. Un intento de desalojo de tierras públicas en Marina Kue, un distrito de la ciudad de Curuguaty, dejó 11 campesinos y seis policías muertos.
Además de la utilización política de aquella jornada se abrió una causa judicial que devino en un proceso insólito, denunciado internacionalmente. Jamás se investigaron las muertes de los campesinos que, en algunos casos, fueron ultimados a balazos por la policía mientras se encontraban heridos. Con parcialidad manifiesta, fueron condenados 11 de los ocupantes de las tierras públicas donde ocurrió la matanza.
Tras los actos de recordatorio de la masacre los abogados defensores de los condenados plantearon recursos de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que la máxima instancia judicial revea las condenas que consideran a todas luces injustas. Entre otras pruebas desechadas por la investigación, los policías fueron asesinados por balas de fusiles automáticos y los campesinos sólo tenían escopetas rudimentarias, de fabricación casera, que sólo disparan cartuchos con perdigones.
Rubén Villalba fue castigado con 30 años de pena más cinco de medidas de seguridad por homicidio doloso acabado, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Le atribuyeron además el asesinato del subcomisario Erven Lovera, jefe del ilegal operativo de desalojo. También resultaron condenados Luis Olmedo Paredes, 20 años, y Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez, 18 años, todos por homicidio doloso acabado, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López fueron condenadas a seis años de cárcel por complicidad en homicidio, asociación e invasión. Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Juan Tillería, a cuatro años de cárcel por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Los últimos ya se encuentran en libertad tras cumplir la pena en arresto domiciliario.
Cinco años después, más de 100 familias continúan resistiendo en las tierras de Marina Kue, esperando que el Estado consolide el asentamiento, les brinde luz y agua. Allí funciona la Escuela Mártires de Marina Kue y siembran hortalizas y frutas.

Joaju & Sambeat, regalaron jazz del mejor


"Cuando escuché los temas que les había pasado, me encontré con que los tocaban incluso mejor que yo", contó el gran saxofonista español, Perico Sambeat, al elogiar al Joaju Cuarteto. Un espaldarazo importante para la formación de jazz integrada por Víctor Morel, Giovanni Primerano, Bruño Muñoz y Ariel Burgos, que lo acompañó el sábado para un concierto memorable en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).
Sambeat es un maestro a escala mundial y lo ratificó en el espectáculo que brindó con estos jóvenes talentos de nuestra escena. Su calidad como instrumentista le dio un calor especial a las piezas del repertorio de Joaju que integrarán el segundo disco de la banda cuya edición está anunciada para fines de este año.
También ejecutaron temas del español, de ecléctica producción, pero de gran corazón flamenco, como pudo apreciarse en los "tangos", ejercicios de rítmica y sutileza que fueron muy aplaudidos por el público.
Una versión maravillosa de "Juego de Niños" del recordado Lobito Martínez entre Sambeat y Primerano al piano se destacó en un concierto que permitió "un intercambio cultural y musical", como bien definió Morel al presentar el espectáculo.
Un cierre a toda máquina sobre un tema de Carlos Centurión llevó a la platea al clímax, por la entrega de los músicos, un contrabajo impecable de Burgos, el virtuosismo conocido de Muñoz, las infinitas variantes del ritmo en el toque de Morel, la armonía siempre en Primerano, ese brillo melódico que bautizaron Jazz en el saxo planetario de Sambeat.
Jorge Zárate

1 de julio de 2017

Imputan a torturadores de la dictadura de Stroessner


Una decena de policías y allegados a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fueron imputados por el Ministerio Público (MP) acusados de torturadores. La fiscal encargada formuló los cargos y pidió prisión preventiva, pero solo 2 de ellos podrían ir a la cárcel porque los otros tienen más 70 años
La fiscal Liliana Zayas Guggiari, asignada a la Unidad Penal N° 2, especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, formuló imputación contra: Nicolás Lucilo Benítez Santacruz (79), Camilo Almada Morel (75), Juan Aniceto Martínez (65), Eusebio Torres Romero (81), Agustín Belotto Vouga (84), Manuel Crescencio Alcaraz (74), Obdulio Argüello Brítez (77), Mario Flores Cáceres (64), Felipe Nery Saldívar (87), Fortunato Lorenzo Laspina (72).
Lo hizo por delitos que fueron cometidos entre los años 1976 y 1978 en el entonces Departamento de Investigaciones de la capital, lugar donde cumplían funciones, en el marco de la causa iniciada por Domingo Guzmán Rolón Centurión, que denunció haber sido sometido a todo tipo de sufrimientos físicos y mentales.
La representante de la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la notificación correspondiente a los acusados y la aplicación de medidas cautelares como la prisión preventiva, aunque solo ocho podrán estar detenidos en un penal.
La etapa stronista en Paraguay se caracterizó por el mantenimiento del poder mediante la tortura, el secuestro, los asesinatos políticos y la corrupción.
El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) afirma que aproximadamente el 90% de los detenidos durante la dictadura fue sometido a los tormentos físicos y sicológicos.
Un informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), organismo que hizo una investigación cuantitativa y cualitativa de la violación de los derechos humanos en tiempos de Stroessner, estimó en 20 mil 90 las víctimas totales directas.
Al desglosarlas, menciona cómo 19 mil 862 personas fueron detenidas de manera arbitraria o ilegal, 18 mil 772 torturadas, 59 ejecutadas extrajudicialmente, 336 desaparecidas y 3 mil 470 exiliadas. Sin embargo, organizaciones y personalidades especializadas en el tema aseguran que las cifras fueron considerablemente mayores.
La CVJ explicó que el terrorismo de Estado del déspota continuó en la transición a la democracia. En una lista reveló que más de 2.850 personas apoyaron a la dictadura de manera directa. La misma está conformada por sacerdotes, militares, políticos, médicos, abogados e intelectuales que aparecen como cómplices, torturadores, delatores (pyrague, pies de lana en guaraní, en la jerga paraguaya) que colaboraron para sostener los 35 años de crueldad, terror y negocios turbios del stronismo. (JZ)