3 de junio de 2016

La nueva generación de Paraguay

Rebelión en los colegios consigue la caída de la ministra de Educación informe pgy132

Tras ocho días de tomas el Gobierno decretó la emergencia para mejorar escuelas; reformuló el funcionamiento de los Centros de Estudiantes y aceptó a los jóvenes en la Mesa por la Educación.

Los estudiantes secundarios protagonizaron durante mayo una protesta de grandes dimensiones que incluyó tomas de colegios y marchas y concluyó en una reunión con el presidente Horacio Cartes, la firma de un acta con las demandas juveniles y la renuncia de la ministra de Educación, Marta Lafuente, prima del jefe del Estado paraguayo. La consigna de la inédita movilización fue la reparación de edificios escolares, implementación efectiva del boleto estudiantil y solución de otros problemas estructurales de la enseñanza en el país.
Las protestas comenzaron con la toma de los estudiantes del Colegio República Argentina el 3 de mayo pasado en el centro de esta capital, donde una docena de alumnos decidió encerrarse en un aula hasta que se les diera respuesta a sus reclamos. El gobierno nacional en lugar de establecer una línea de diálogo con los estudiantes mostró una violenta reacción con el envío de un escuadrón de policías antimotines. La acción de los uniformados, que derrumbaron la puerta del colegio, cuyo edificio es patrimonio histórico, encendió la mecha de la rebelión y una sucesión de más de un centenar de tomas en todo el país. Organizaciones sociales, padres y estudiantes universitarios se sumaron a la protesta en el colegio República Argentina e improvisaron un festival para acompañar la vigilia de los secundarios que pasaron la noche en la institución. Allí y en el resto del país todas las voces exigían el cumplimiento de las demandas y la renuncia de la ministra Lafuente.
La protesta fue impulsada por la Organización Nacional Estudiantil (ONE), la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) y la Unidad Nacional de Centros de Estudiantes de Paraguay (Unepy), además de otros estudiantes de colegios “independientes”.
Fortalecidos
Tras ocho días de intensas movilizaciones los jóvenes lograron que el presidente Cartes los reciba y firme un decreto estableciendo la “emergencia” por 12 meses para la reconstrucción de colegios, entre otros importantes acuerdos firmados luego con el nuevo ministro de Educación, Enrique Riera. “La educación es responsabilidad de todos: la familia, la sociedad y el gobierno. Reafirmo mi compromiso por una educación de calidad en Paraguay”, dijo el mandatario paraguayo tras la reunión con representantes de los estudiantes.
Los jóvenes consiguieron en primer lugar la derogación de la resolución gubernamental 4.613 que reglamentaba de manera antidemocrática la conformación de Centros de Estudiantes. En su lugar el Ejecutivo prometió aprobar la propuesta presentada por las organizaciones a fines de octubre del año pasado. También se acordó que los presidentes de los centros de estudiantes podrán formar parte de un organismo de control del uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) junto con los docentes, directores y padres.
También se firmó la creación de una Mesa de Trabajo con implicancia resolutiva conformada por estudiantes secundarios y universitarios, padres, docentes y directivos; los presidentes de las comisiones de Educación de las cámaras de Diputados y Senadores y los ministros de Hacienda y de Educación. La Mesa se reunirá mensualmente para tratar de forma rápida y resolutiva los problemas que vayan surgiendo en el proceso educativo.
La resolución 4.613 ahora derogada fue cuestionada por los estudiantes porque limitaba la libertad de reunión y asociación, garantizada en el artículo 32 de la Constitución Nacional. También buscaba incidir en el contenido de los estatutos de los centros de estudiantes estableciendo principios y funciones. Imponía que las asambleas de los centros de estudiantes sean “monitoreadas” y “acompañadas” por un docente designado por la dirección de la institución educativa con lo cual se violaba la autonomía garantizada por la ley 3.488 de 2008 que incluso habla de “total autonomía”.
También permitía al director del colegio “digitar la presencia estudiantil en el Equipo de Gestión de la Institución Educativa (Egie), el órgano de gestión del colegio, poniendo allí al ‘representante estudiantil’ que más le agrade”.
Reversión
A la “emergencia edilicia” decretada por el presidente Cartes los estudiantes reclamaron el aumento progresivo de la inversión en la educación. Plantearon como objetivo establecer un cronograma hasta alcanzar el 7% del PBI como mínimo, parámetros similares a los que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las demandas incluyeron la mejora de la formación docente, reforma estructural del sistema educativo y del Ministerio que lo regula y la inclusión del almuerzo escolar. Este último punto será competencia de la Mesa de Trabajo integrada por los distintos sectores de la comunidad educativa y las autoridades estatales.
El ministro Riera consideró que “todos los reclamos estudiantiles son razonables, por lo que hay que sentarse a hablar con ellos”. Tras el acuerdo prometió “mirar los planes que se hicieron (durante la gestión de su antecesora) y corregir lo que me parezca oportuno”.
El flamante ministro tiene como antecedente haber sido intendente de Asunción durante la tragedia del centro comercial Ycuá Bolaños que se incendió en 2004 y provocó la muerte de más de 400 persona porque los guardias de seguridad del lugar recibieron orden de los propietarios de cerrar las puertas en el momento del siniestro.
Riera no fue imputado en la causa a pesar de la responsabilidad política de haber aprobado los planos y las inspecciones de la obra que no tenía las suficientes salidas de emergencia.
Símbolo
El caso más significativo de toda la revuelta de mayo se dio en el Colegio Técnico Nacional (CTN) donde un grupo de estudiantes retiró una placa de bronce en la que constaba la inauguración del edificio escolar por parte del dictador Alfredo Stroessner.
El hecho motivó una polémica pública en la que los jóvenes recibieron el respaldo mayoritario de la ciudadanía y los movimientos sociales y la contestación de bolsones stronistas que permanecen a pesar de haber transcurrido 25 años del golpe de Estado que lo derrocó y que inaugurara la transición democrática. La derecha reclamó la reposición de la placa pero esa posibilidad fue rechazada por los estudiantes.
Tras un acuerdo entre padres, docentes, alumnos y ex alumnos se colocará una placa que recordará la fecha como una “refundación del Colegio”, comentó Johanna Romero, vocera de los estudiantes.
Por otro lado, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (Snna) realizó una denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por hostigamiento y amenazas a menores por parte de docentes, padres y ex alumnos que se mostraron disconformes por el retiro de la placa. La fiscal Sonia Pereira que lleva adelante la investigación confirmó que ya fueron citados los denunciados.
El abogado defensor de los estudiantes, Jorge Bogarín, explicó que los jóvenes no cometieron ningún ilícito al quitar la placa con el nombre del ex dictador. El periodista Miguel H. López, ex alumno del CTN defendió la acción de los estudiantes: “los acusaron de que habían destruido y sin consulta un patrimonio del colegio; es una mentira ya que por ley una placa de esas características no tiene esa condición (de patrimonio de la institución)”. Señaló además que “por recomendación de la Comisión de Verdad y Justicia, creada por ley de la República, hay que desmontar todo tipo de homenajes y conmemoraciones al dictador por el daño causado al país”.

Visibles
La acción estudiantil de mayo no es un hecho aislado aunque sí novedoso. Los antecedentes se remiten a septiembre pasado cuando más de 10 mil jóvenes reclamaron “más educación, no corrupción” en un país donde según estadísticas oficiales de cada 10 alumnos que ingresan a la primaria menos de uno llega a la universidad.
En aquellas jornadas de 2015 los estudiantes instalaron en la agenda pública uno de los problemas más escondidos del país: la crisis del sistema educativo y la falta de capacitación de sus jóvenes. Las protestas estuvieron encabezadas por secundarios y universitarios acompañados de maestros y profesores y también de manifestantes espontáneos.
Uno de los logros de aquellos días fue la participación de diferentes sectores de la comunidad educativa. Los organizadores de la llamada Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados (Mncpp) entregaron entonces un petitorio donde reclamaron que se eleve la inversión en educación del 3,5% al 7% del PIB; capacitación docente; entrega de kits escolares; almuerzo escolar para alumnos con doble turno; mayor infraestructura; jubilación de docentes privados y boleto estudiantil universal para el sector público y privado. Ocho meses después de aquellas protestas y tras los acuerdos de mayo los jóvenes paraguayos encaran fortalecidos una nueva etapa de reivindicaciones.
Desde Asunción, Jorge Zárate

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