Termina el proceso por la Masacre de Curuguaty sin investigar a policías
La Fiscalía insistió hasta el final con la inverosímil teoría de que menos de 40 campesinos habrían emboscado a más de 300 policías en el hecho que devino en el juicio de destitución de Fernando Lugo.
La Fiscalía solicitó que se condene a 30
años de cárcel al dirigente campesino Rubén Villalba y penas de entre
25 y cinco años de encierro para los otros 12 acusados en el espurio
juicio por la Masacre de Curuguaty, el trágico hecho que desencadenó el
golpe de Estado parlamentario que derrocó a Fernando Lugo del gobierno
en junio de 2012.
Los agentes fiscales Nelson Ruiz, Liliana Alcaraz y Leonardi Guerrero, prosiguieron básicamente con la tarea que había iniciado el primer fiscal de la causa, Jalil Rachid, que desde el comienzo hizo una investigación sesgada de la Masacre. Allí murieron seis policías y 11 campesinos en un intento de desalojo de familias que esperaban conseguir un espacio de tierra para practicar la agricultura de subsistencia. Se esperaba el fallo de la Justicia cuando esta edición estaba en imprenta.
Todo el afán investigativo de cuatro años fue detrás de una absurda teoría según la cual menos de 40 campesinos habrían “emboscado” a 324 policías armados y pertrechados en aquella mañana del 15 de junio. Sobre el final del juicio los fiscales consideraron que Villalba junto con Luis Olmedo Paredes mataron a tiros al subcomisario Erven Lovera que estaba a cargo del operativo que buscaba desalojar a los labriegos de un espacio de tierra pública conocida como Marina Kue (antiguas tierras de la marina, en guaraní), en Curuguaty, departamento de Canindeyú, a 300 kilómetros al oeste de Asunción.
Para sostener la hipótesis la Fiscalía no presentó prueba alguna salvo un relato que, aunque tenga alguna coherencia, no fue sustentado con evidencias tal como sostienen todos los juristas serios que vienen analizando el caso. “Cambiaron la acusación de manera ilegal, mencionaron informes psicológicos que no fueron introducidos en juicio y a un testigo anónimo”, describió Fabricio Arnella, un activista por la liberación de los presos que viene haciendo una tarea de seguimiento diario del juicio.
Tras sostener un discurso conservador, más que una pieza jurídica, acusaron a los campesinos de organizar una asociación criminal para quedarse con tierras de la empresa Campos Morombi, propiedad del fallecido empresario Blas N. Riquelme, ex senador y hombre fuerte del Partido Colorado.
Los agentes fiscales Nelson Ruiz, Liliana Alcaraz y Leonardi Guerrero, prosiguieron básicamente con la tarea que había iniciado el primer fiscal de la causa, Jalil Rachid, que desde el comienzo hizo una investigación sesgada de la Masacre. Allí murieron seis policías y 11 campesinos en un intento de desalojo de familias que esperaban conseguir un espacio de tierra para practicar la agricultura de subsistencia. Se esperaba el fallo de la Justicia cuando esta edición estaba en imprenta.
Todo el afán investigativo de cuatro años fue detrás de una absurda teoría según la cual menos de 40 campesinos habrían “emboscado” a 324 policías armados y pertrechados en aquella mañana del 15 de junio. Sobre el final del juicio los fiscales consideraron que Villalba junto con Luis Olmedo Paredes mataron a tiros al subcomisario Erven Lovera que estaba a cargo del operativo que buscaba desalojar a los labriegos de un espacio de tierra pública conocida como Marina Kue (antiguas tierras de la marina, en guaraní), en Curuguaty, departamento de Canindeyú, a 300 kilómetros al oeste de Asunción.
Para sostener la hipótesis la Fiscalía no presentó prueba alguna salvo un relato que, aunque tenga alguna coherencia, no fue sustentado con evidencias tal como sostienen todos los juristas serios que vienen analizando el caso. “Cambiaron la acusación de manera ilegal, mencionaron informes psicológicos que no fueron introducidos en juicio y a un testigo anónimo”, describió Fabricio Arnella, un activista por la liberación de los presos que viene haciendo una tarea de seguimiento diario del juicio.
Tras sostener un discurso conservador, más que una pieza jurídica, acusaron a los campesinos de organizar una asociación criminal para quedarse con tierras de la empresa Campos Morombi, propiedad del fallecido empresario Blas N. Riquelme, ex senador y hombre fuerte del Partido Colorado.
Ni historia ni verdad
El abogado defensor Darío Aguayo Domínguez rechazó en su alegato el enfoque ideológico que los fiscales imprimieron a este juicio: “¿quiénes son los fiscales para cuestionar a los campesinos que utilicen la frase ‘Vencer o Morir’? ¡Fueron sus antepasados los que pelearon y defendieron la patria en esa guerra! No leo yo entre los nombres de los héroes combatientes los apellidos Rachid ni Riquelme, pero sí encuentro los apellidos Villalba, Castro, López. El Ministerio Público no es dueño de la historia ni de la verdad”.
El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y abogado de apoyo
en la defensa Luis Lezcano Claude recordó que no haber investigado la
muerte de los campesinos “hace caer este juicio por su propio peso”.
Otro de los defensores, Amelio Sisco, recordó que “a lo largo de estos
años de la llamada ‘transición democrática’ centenares de movilizaciones
campesinas fueron reprimidas y muchos dirigentes campesinos asesinados;
nunca en esas movilizaciones hubo un solo policía muerto. Sólo se
mataron campesinos y obreros y sus muertes nunca han sido investigadas”.
Agregó que “las tierras que fueron defendidas por nuestros antepasados en la Guerra Grande fueron luego repartidas ilegalmente durante la dictadura stronista a los amigos del poder, entre ellos a Blas N. Riquelme. Sobre esto luego se entregaron las más ricas tierras de nuestro país a empresarios extranjeros para plantar enorme extensiones de soya y soya y más soya que destruyeron el ambiente, deforestando y contaminando ríos y arroyos con agrotóxicos. En el Parlamento Nacional están muchos de esos latifundistas que se enriquecieron con la dictadura”.
También señaló que “el respeto a la propiedad privada no es una cuestión absoluta, es relativo y está supeditado a los intereses de toda la nación. Un latifundista puede ser expropiado por ley y quienes adquirieron tierras de manera irregular pueden ser pasibles de nulidad de títulos. En nombre de la propiedad privada no se puede asesinar a personas, enjuiciarlos irregularmente y mucho menos pretender condenarlos arbitrariamente”.
El abogado defensor Darío Aguayo Domínguez rechazó en su alegato el enfoque ideológico que los fiscales imprimieron a este juicio: “¿quiénes son los fiscales para cuestionar a los campesinos que utilicen la frase ‘Vencer o Morir’? ¡Fueron sus antepasados los que pelearon y defendieron la patria en esa guerra! No leo yo entre los nombres de los héroes combatientes los apellidos Rachid ni Riquelme, pero sí encuentro los apellidos Villalba, Castro, López. El Ministerio Público no es dueño de la historia ni de la verdad”.
El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y abogado de apoyo
en la defensa Luis Lezcano Claude recordó que no haber investigado la
muerte de los campesinos “hace caer este juicio por su propio peso”.
Otro de los defensores, Amelio Sisco, recordó que “a lo largo de estos
años de la llamada ‘transición democrática’ centenares de movilizaciones
campesinas fueron reprimidas y muchos dirigentes campesinos asesinados;
nunca en esas movilizaciones hubo un solo policía muerto. Sólo se
mataron campesinos y obreros y sus muertes nunca han sido investigadas”.Agregó que “las tierras que fueron defendidas por nuestros antepasados en la Guerra Grande fueron luego repartidas ilegalmente durante la dictadura stronista a los amigos del poder, entre ellos a Blas N. Riquelme. Sobre esto luego se entregaron las más ricas tierras de nuestro país a empresarios extranjeros para plantar enorme extensiones de soya y soya y más soya que destruyeron el ambiente, deforestando y contaminando ríos y arroyos con agrotóxicos. En el Parlamento Nacional están muchos de esos latifundistas que se enriquecieron con la dictadura”.
También señaló que “el respeto a la propiedad privada no es una cuestión absoluta, es relativo y está supeditado a los intereses de toda la nación. Un latifundista puede ser expropiado por ley y quienes adquirieron tierras de manera irregular pueden ser pasibles de nulidad de títulos. En nombre de la propiedad privada no se puede asesinar a personas, enjuiciarlos irregularmente y mucho menos pretender condenarlos arbitrariamente”.
Puerta hacia el golpe
Curuguaty abrió el camino al golpe parlamentario contra Fernando Lugo. El 20 de junio de 2012, cinco días después de la Masacre de Marina Cue, el diputado del Partido Colorado Luis Gneiting presentó una propuesta de someter a juicio al Presidente por la “responsabilidad política” en el caso. Se lo acusaba de gobernar “de manera impropia, negligente e irresponsable” y de fomentar “la constante confrontación y lucha de clases sociales”. La moción fue aprobada por los partidos de oposición entre ellos el Partido Liberal Radical Auténtico (Plra) que hasta entonces integraba una alianza de gobierno con Lugo y al que respondía el vicepresidente Federico Franco. Lugo fue destituido en menos de 48 horas incluyendo escasas dos horas a la defensa para su descargo oral en el Senado.
Franco se hizo cargo de manera interina del Gobierno. Convocó a elecciones para abril de 2013 que ganó Horacio Cartes, de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) y dejó en el camino al candidato del Plra, socio político en el golpe del año anterior.
Cartes estableció un gobierno de empresarios, emitió deuda pública como nunca antes en la historia del país, aplicó recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para lo cual reformó leyes y creó nuevas para abrir la economía, privatizar y achicar el Estado. Reprimió protestas sociales y puso la fuerza pública al servicio directo de terratenientes para desalojar campesinos e indígenas, inclusive de tierras públicas.
Las políticas recesivas están en un alto punto de impacto, los comercios cierran por miles y la capacidad adquisitiva de los salarios se licuó en al menos un 25% desde su asunción al poder en agosto de 2013. La lluvia de inversiones prometidas no fue tal, aunque la prensa patronal destaca algunas importantes inversiones en el sistema de maquila, que permite la importación temporaria libre de impuestos de materias primas o insumos para la elaboración de productos que luego serán exportados. Este sistema se aplica en Paraguay principalmente para el armado de autos, camiones de mediana carga, motocicletas y otros rubros. También se destaca un impulso inmobiliario para la construcción de edificios de lujo, donde un departamento puede costar más de 1 millón de dólares en un país donde más del 40% de la población está sumido en la pobreza.
Curuguaty abrió el camino al golpe parlamentario contra Fernando Lugo. El 20 de junio de 2012, cinco días después de la Masacre de Marina Cue, el diputado del Partido Colorado Luis Gneiting presentó una propuesta de someter a juicio al Presidente por la “responsabilidad política” en el caso. Se lo acusaba de gobernar “de manera impropia, negligente e irresponsable” y de fomentar “la constante confrontación y lucha de clases sociales”. La moción fue aprobada por los partidos de oposición entre ellos el Partido Liberal Radical Auténtico (Plra) que hasta entonces integraba una alianza de gobierno con Lugo y al que respondía el vicepresidente Federico Franco. Lugo fue destituido en menos de 48 horas incluyendo escasas dos horas a la defensa para su descargo oral en el Senado.
Franco se hizo cargo de manera interina del Gobierno. Convocó a elecciones para abril de 2013 que ganó Horacio Cartes, de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) y dejó en el camino al candidato del Plra, socio político en el golpe del año anterior.
Cartes estableció un gobierno de empresarios, emitió deuda pública como nunca antes en la historia del país, aplicó recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para lo cual reformó leyes y creó nuevas para abrir la economía, privatizar y achicar el Estado. Reprimió protestas sociales y puso la fuerza pública al servicio directo de terratenientes para desalojar campesinos e indígenas, inclusive de tierras públicas.
Las políticas recesivas están en un alto punto de impacto, los comercios cierran por miles y la capacidad adquisitiva de los salarios se licuó en al menos un 25% desde su asunción al poder en agosto de 2013. La lluvia de inversiones prometidas no fue tal, aunque la prensa patronal destaca algunas importantes inversiones en el sistema de maquila, que permite la importación temporaria libre de impuestos de materias primas o insumos para la elaboración de productos que luego serán exportados. Este sistema se aplica en Paraguay principalmente para el armado de autos, camiones de mediana carga, motocicletas y otros rubros. También se destaca un impulso inmobiliario para la construcción de edificios de lujo, donde un departamento puede costar más de 1 millón de dólares en un país donde más del 40% de la población está sumido en la pobreza.
“Llegaremos”
El pasado 22 de junio el ex presidente y actual senador Fernando Lugo (Frente Guasu) encabezó un acto público en conmemoración de la fecha del golpe de Estado. La presentación tuvo el tono de lanzamiento para una eventual candidatura presidencial para las elecciones del 2018.
Lugo saludó a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras derrocado por un golpe cívico-militar en junio de 2009, y a la suspendida presidente de Brasil Dilma Rousseff, a quien le dijo que “no todo está perdido” porque “una democracia popular no puede ser sustituida así nomás”. Saludó también al “hermano pueblo de Colombia” por la firma del acuerdo de paz.
Tras pedir paz para las familias paraguayas recordó que el 20 de abril de 2008, cuando se impuso en las elecciones presidenciales “se produjo una alegría en el país”. Comparó que “sin embargo mucha gente derrama lágrimas de impotencia y dolor desde 2012, lágrimas de dolor de haber perdido los derechos de la gente, de los jóvenes”. Admitió: “muchas cosas hicimos mal, muchos errores hemos cometido, pero también muchas lecciones hemos aprendido”.
“Dilma dice que condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se pueda cometer contra cualquier persona. Mañana posiblemente por el crimen que no cometieron serán condenados hermanos nuestros”, dijo Lugo en alusión al juicio por la Masacre de Curuguaty. “¿Cuántos de nosotros somos juzgados por algo que no hemos cometido o no somos responsables? Fuimos juzgados por mal desempeño de nuestras funciones”, recordó.
Aventuró que “el 2018 no nos encontrará divididos a los que creemos en la verdad, no en la verdad a medias, la manipulada por los medios de comunicación que responden a intereses mezquinos, la verdad de lo que le pasa al pueblo paraguayo no se puede esconder”. Puso como ejemplo “que una ciudad tan linda como Pedro Juan Caballero está secuestrada por el terrorismo internacional; nuestras instituciones están débiles; falta por hacer y construir en nuestra democracia”. Lugo saludó a la multitud y prometió que “no vamos a descansar, creemos en la verdad del pueblo y abrazamos la política como herramienta para hacer el bien, la verdad, la paz y la justicia. Llegaremos”.
El pasado 22 de junio el ex presidente y actual senador Fernando Lugo (Frente Guasu) encabezó un acto público en conmemoración de la fecha del golpe de Estado. La presentación tuvo el tono de lanzamiento para una eventual candidatura presidencial para las elecciones del 2018.
Lugo saludó a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras derrocado por un golpe cívico-militar en junio de 2009, y a la suspendida presidente de Brasil Dilma Rousseff, a quien le dijo que “no todo está perdido” porque “una democracia popular no puede ser sustituida así nomás”. Saludó también al “hermano pueblo de Colombia” por la firma del acuerdo de paz.
Tras pedir paz para las familias paraguayas recordó que el 20 de abril de 2008, cuando se impuso en las elecciones presidenciales “se produjo una alegría en el país”. Comparó que “sin embargo mucha gente derrama lágrimas de impotencia y dolor desde 2012, lágrimas de dolor de haber perdido los derechos de la gente, de los jóvenes”. Admitió: “muchas cosas hicimos mal, muchos errores hemos cometido, pero también muchas lecciones hemos aprendido”.
“Dilma dice que condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se pueda cometer contra cualquier persona. Mañana posiblemente por el crimen que no cometieron serán condenados hermanos nuestros”, dijo Lugo en alusión al juicio por la Masacre de Curuguaty. “¿Cuántos de nosotros somos juzgados por algo que no hemos cometido o no somos responsables? Fuimos juzgados por mal desempeño de nuestras funciones”, recordó.
Aventuró que “el 2018 no nos encontrará divididos a los que creemos en la verdad, no en la verdad a medias, la manipulada por los medios de comunicación que responden a intereses mezquinos, la verdad de lo que le pasa al pueblo paraguayo no se puede esconder”. Puso como ejemplo “que una ciudad tan linda como Pedro Juan Caballero está secuestrada por el terrorismo internacional; nuestras instituciones están débiles; falta por hacer y construir en nuestra democracia”. Lugo saludó a la multitud y prometió que “no vamos a descansar, creemos en la verdad del pueblo y abrazamos la política como herramienta para hacer el bien, la verdad, la paz y la justicia. Llegaremos”.
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