El principal colapso de la pandemia se
da en el mundo del trabajo. Los despidos y la falta de actividad golpean a
millones de obreros, principalmente a los trabajadores informales, esa marea
que batalla contra el desempleo.
En el Paraguay son 1,6 millones de
personas que ven su vida en jaque, los que no pueden cumplir la máxima de los
gobiernos que hablan para las clases medias: “Quedate en casa”.
En el país hay un déficit habitacional admitido
oficialmente de al menos 300 mil viviendas. Los asentamientos precarios se
multiplican en la Gran Asunción año a año a causa de la expulsión que genera la
expansión del agronegocio criminal.
No existe una ley de alquileres que le
garantice a los cientos de miles de personas que viven bajo este régimen que
seguirán viviendo en el mismo lugar al menos por 1 año.Todo está al arbitrio de
propietarios que pueden expulsarte cuando quieran o subir los precios ante
cualquier insinuación inflacionaria, esa que ocurre siempre, fuera de las
ridículas mediciones del Banco Central que siempren dan cero coma algo mientras
se ve la máquina remarcadora hacer estragos en los supermercados.
Por eso la gente volvió a las calles el
31/3 y será difícil de aquí en adelante sin una fuerte intervención estatal
hacer cumplir una cuarentena que podría extenderse más allá del 12/4 que es la
fecha que fijó el gobierno por ahora.
Es indispensable que el gobierno
garantice la universalidad del programa Ñangareko (Cuidado, en guaraní) y los
500 mil guaraníes por un mes que se establecieron, lleguen al menos a los que
se inscribieron, que según fuentes oficiales ya superaron el millón de
personas.
Sin embargo, al 2/4, la Secretaría de
Emergencia (SEN) había informado que llegó a poco más de 5 mil familias y que
se logró depurar mediante los cruzamientos de datos y las validaciones, 312 mil
personas de todos los inscriptos.
Existe sin embargo la promesa de que serán
asistidos con unos 300 millones de dólares que se aprobaron con la Ley de Emergencia
Sanitaria aprobada para enfrentar los embates de la pandemia del Coronavirus.
Cómo, de qué manera, insistían en
preguntar los habitantes de los cientos de asentamientos de Sin Techos que
apenas acceden a la mínima formalidad de un teléfono celular con la mínima
carga para tener habilitado el servicio del Whatsapp. “Me inscribí, pero
todavía no hay novedad. Le pregunté a mi vecina y tampoco, demasiado
necesitamos ya”, cuenta una madre soltera del asentamiento Niño Jesús y Virgen
del Carmen del barrio San José, en el kilómetro 21de Capiatá.
Hagan el cálculo.
Dura
realidad
“Situación económica de los cuentapropistas en Paraguay” se titula
el estudio de la consulturora MF Economía realizado en marzo del 2020 que nos
da una pequeña muestra del problema. Según cuenta el diario La Nación, la firma
encuestó a 355 personas de distintos sectores económicos. El 63% de ellos no
sabe de qué otra forma trabajar y admite que la forma de trabajo les permite
tener apenas ingresos para subsistir mes a mes.
El 85% de los gastronómicos tienen cuentas que pagar en bancos
y financieras, casas de crédito y usureros. La mayoría gana en un 39% por
comisión sobre las ventas y o clientes, 33% por día y 22% por mes, mientras que
el 6% gana por semana trabajada.
El 93% de las empleadas domésticas tiene cuentas que pagar en
un 15% en usuras, 23% en casas de créditos y cooperativas, mientras que solo el
23% está en bancos y financieras. La encuesta señala que el 84% de las empleadas
entrevistadas no tiene ninguna estrategia para enfrentar la parálisis
determinada por la cuarentena.
Entre tanto la presión empresaria sobre los trabajadores es
brutal, el ministerio de Trabajo (Mtess) registró un listado de 1.400 bajas y
entre 500 y 700 despidos injustificados, que fueron condenados por los
sindicatos que conforman la Unidad Sindical, liderados por la Confederación de
la Clase Trabajadora (CCT).
La ministra de Trabajo, Carla
Bacigalupo, se tomó fotos repartiendo kits de alimentos a un grupo de obreros
despedidos y dijo que intentarían llegar a todos. Anticipó también que se
trabajará en una línea con el Instituto de Previsión Social (IPS) para que la
entidad pague el 50% de los salarios de los trabajadores de Mipymes que están
inscriptos, unas 260 mil personas, buscando de esta manera que puedan conservar
el empleo.
También dio a conocer que hay unas 50
empresas que pidieron la suspensión de su personal
Urgente
y necesaria
Ante el desamparo general la solidaridad
popular viene sosteniendo la alimentación de buena parte de la población, ollas
populares florecen en todo el territorio paraguayo para ayudar a las familias
que no pueden salir a trabajar. Destacan allí los donativos de los
asentamientos campesinos que se midieron por toneladas de alimentos en las últimas
dos semanas, cuestión que lleva a reflexionar sobre el modelo productivo y la
necesidad de la soberanía alimentaria.
Todo parece indicar que la Agricultura
Familiar Campesina (AFC) será la que resistirá este embate.
Las largas filas de vehículos de
habitantes de la capital y la Gran Asunción que se desplazan hacia el interior
para hacer la cuarentena con las familias troncales, parecen tener en lo
alimentario una de las razones de su ocurrencia.
En esta instancia es importantísimo recordar
que sólo el 6% de las tierras cultivables están en poder de la AFC y allí se
produce el 60% de las frutas, verduras y hortalizas que el país consume.
En ese otro brutal 94% se hace la soja
que alimenta, entre otros, a los chanchos de la China, cuya producción industrializada
parece ser el origen del Coronavirus según los últimos estudios científicos.
También habrá que tener en cuenta que
los campesinos endeudados están al límite y que en el marco de la cuarentena
habrá que abrir una ventana al pedido de la Coordinadora Nacional
Intersectorial (CNI) de implementar un plan de asistencia a 55 mil familias en
13 departamentos y la aplicación de la ley de “Defensa, restauración y
promoción de la agricultura familiar” sancionada en diciembre de 2019 pero jamás reglamentada e implementada.
Con sus reiterados campamentos anuales
la CNI consiguió que el estado a través del Banco Nacional de Fomento acceda a
refinanciar las deudas de unos 18 mil campesinos propietarios de menos de 30
hectáreas que tienen obligaciones contraídas de hasta 2 mil dólares
estadounidenses.
Sin embargo se estima que todavía se
necesitan al menos unos 50 millones de dólares para blanquear obligaciones y
reactivar al sector que produce los alimentos del país.
Tierra y empleo van de la mano. Así lo
resumió Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional
Campesina (FNC): “Cien mil hectáreas de cultivo en rama de algodón necesitamos
para producir y satisfacer el mercado interno de productos derivados de textil,
eso significa más de 70 millones de dólares de plata para que quede en nuestro
país y más de veinte mil fuentes de trabajo en el sector industrial”.
Esto sin dejar de mencionar la propuesta
de la organización de realizar una planificación de la producción
frutihortícola con semillas, insumos, asistencia técnica e infraestructura. La
idea de producir todo el año para satisfacer el mercado interno no es una
cuestión utópica si existe la inversión y el acompañamiento técnico adecuado.
Así lo reiteran a quién los quiera escuchar desde hace 27 años en cada Marcha
del Campesinado Pobre, cita que este año fue suspendida a causa de la
cuarentena.
El cálculo de la FBC es sencillo: Invirtiendo
aproximadamente el 4,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) durante 10 años se
puede hacer una reforma agraria que dote de tierras para el cultivo a las cerca
de 300.000 familias campesinas que carecen de ella.
Dificil, se sabe, más cuando todos los
planes gubernamentales buscan vincular la producción con los grandes
supermercados, que en general, serían responsables de las oleadas importadoras,
ya por cuenta propia, ya utilizando el ejército de contrabandistas hormigas que
se moviliza desde las fronteras argentinas y brasileñas para proveerles.
A pesar de ello, en esta crisis que
descubre lo esencial, habrá que ver si el pueblo comprende de una vez por todas
la necesidad de una reforma agraria que destruya este sistema gerenciado por
capataces.
Por serviles que le hacen la guerra a
los campesinos y favorecen al agronegocio y el contrabando de hortalizas como
mandato del modelo latifundista y excluyente que rige en el país desde
terminada la Guerra de la Triple Alianza.
Es hora de encontrar un remedio a la
altura de la historia para dejar a esta tierra sin mal.
La desigualdad es la pandemia.
Jorge Zárate
