Por Jorge Zárate
El dirigente de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas, acusó al productor sojero Tité Affonso de ser “el propietario del avión” desde el que se roció con veneno a unos 200 indígenas que ocupan unas 2.500 hectáreas de tierras ancestrales y se disputan otras 13.000 con los productores de soja en el distrito Itakyry. Se trata de 150 familias, que se dedican al cultivo de alimentos de autoconsumo como maíz, poroto, mandioca, etc…
“Alfonso es el principal responsable de esta barbaridad”, apuntó Zayas que acusó al sojero de ser “el ideólogo y ejecutor de todos estos atropellos contra indígenas y campesinos” que se dan en distintas zonas del Alto Paraná. “Usan los venenos para sacar a la gente de la tierra con la complicidad de las autoridades”, denunció. “Esta es otra acción de la mafia sojera”, agregó el dirigente. Los hermanos Affonso o Alfonso como se los conoce en la zona, son los vecinos de las comunidades Ava Guaraní de Loma Tajy, Ka’aguy Poty, Ka’aty Miní, Ka’aguy Roky y Formosa del Distrito de Itakyry que fueron rociadas desde un avión para quitarlas de sus tierras.
Como consecuencia de la agresión el líder Luciano Villalba de la comunidad de Ysaty y la adolescente Manuela Candia, de 12 años, se encuentran en grave estado, al igual que otros 5 indígenas, en tanto más de un centenar de miembros de la comunidad presentan malestares crecientes como ser cefalea, tos, gripe, dolor abdominal, molestias oculares, síndrome bronquial obstructiva, parasitosis, mialgias, diarrea y faringitis.
Zayas recordó que Affonso sería perseguido por la justicia brasileña acusado de dar “golpes de seguro”. Según comentó el hombre vendería a sus colegas sojeros máquinas agrícolas de segunda mano que trae del Brasil, mientras en el vecino país se denuncia que las mismas fueron robadas. “Este señor hizo muchísimo dinero, se transformó en un potentado y construyó un edificio que donó a la Fiscalía a cambio de que siempre se designen fiscales que hagan lo que los sojeros quieren y hasta ahora, las cosas son así”, comentó Zayas.
Mientras se espera una imputación por la criminal acción del rociado, el 10/11 la Fiscalía del Medio Ambiente imputó al brasileño Alair Afonso por “eludir medidas de mitigación de impactos ambientales, comercialización y uso no autorizado de sustancias químicas, maltrato de suelo y producción de riegos comunes”.
Según informó el portal democráticamente.com “la denuncia fue presentada por Hipólito Aceval, presidente de la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de la localidad de Loma Tajy, distrito de Itakyry. El fiscal Gustavo Sosa Ibarrola comprobó diversas irregularidades en la propiedad del extranjero que colinda con las tierras de los nativos”.
Agregó que “el cacique de la comunidad Formosa, Cristóbal Gauto, denunció que el 7 de noviembre pasado, al mediodía, una avioneta pequeña que tenía la inscripción “Edson Teixeira” procedió a realizar vuelo rasante fumigando directamente a la citada comunidad. La Fiscalía de Medio Ambiente igualmente pudo constatar que las plantaciones de soja llegan hasta escasos metros de las chozas de los indígenas sin contar con ninguna barrera viva de protección, transgrediendo disposiciones de SENAVE y del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.
La organización defensora de la ecología y los derechos humanos, Amnistía Internacional emitió el 10/11 en Londres un comunicado en el que calificó de “preocupante” la actitud de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Ana Mendoza de Acha (PQ).
Allí se habría fijado el 6 de noviembre como fecha para un eventual desalojo que sobre la hora fue frenado por orden judicial. El propio Instituto del Indígena (Indi) cuestionó “la legitimidad de la reunión realizada a instancias de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reunión planteada para defender los supuestos derechos de inversores, en vez de defender los derechos inalienables de la población más vulnerable del Paraguay”.
Lucha histórica
Según informó oficialmente el INDI con su patrocinio, “las comunidades indígenas mantienen desde hace años un conflicto judicial sobre las tierras ancestrales, tituladas por el INDI, contra los brasileños Alair Affonso, Milton Affonzo, Oscar Ofelio Blanco, Carlos Augusto Nobili, Luis Alberto Jackier Cerdan y Mario Schmith. Los señores promovieron una acción de desalojo contra las comunidades indígenas completamente improcedente, razón por la cual la fiscala interviniente fue recusada, y, en consecuencia, el operativo de desalojo suspendido”.
Los ministros de Acción Social, Salud, Niñez y la Adolescencia, Interior, SEAM y el INDI respaldaron a las comunidades Ava Guaraní aunque las acciones se hacen esperar.
“Estas tierras comunitarias cuentan con una escuela a la que acuden los niños y niñas indígenas para cumplir con su escolaridad. Cuentan también con un Centro de Salud y un Jeroky Aty (lugar de culto). Es de extrema importancia destacar que allí también están los cementerios de sus antepasados, dominio sagrado para todos los pueblos guaraníes. Al respecto, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Paraguay por Ley 234/93, en su artículo 5º inc.a) expresa “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente””, expuso el Indi.
Informó a su vez que “se han promovido cinco juicios de nulidades de títulos por parte del INDI. En estos juicios se obtuvieron la medida cautelar de prohibición de innovar, todas ellas comunicadas e inscriptas en la Comandancia de la Policía Nacional, los juicios están pendientes de Resolución. Así mismo, se ha iniciado un juicio autónomo de medida cautelar, obteniendo la prohibición de innovar de hecho y de derecho a favor de las cinco comunidades, amparados en la Ley 43/89, especialmente promulgada para que dichas medidas se otorguen para proteger las tierras indígenas”.
Condenas
La Asagrapa emitió un comunicado en el que se señala: “condenamos este crimen y exigimos al gobierno de Lugo-PLRA que tome todas las acciones necesarias que conduzcan a un castigo ejemplar para los autores de este intento de homicidio masivo. Un atentado de este tipo no debe quedar impune”, dijo. Agregó que “lamentablemente no vemos ninguna medida de este gobierno en contra del uso de agrotóxicos ni a favor de los derechos indígenas”.
Pidieron entonces “medidas firmes y contundentes en contra del latifundio, el agronegocio y el consecuente uso de agrotóxicos. Es preciso poner un freno a las acciones criminales de la mafia sojera, mayormente ligada al narcotráfico, que amedrentan y matan con total impunidad en el campo”.
Recordó entonces que “los indígenas resistieron valiéndose de sus arcos y flechas con tal determinación que los guardias privados tuvieron que retroceder. Ante esta situación, los sojeros sacaron a relucir todo su odio, ensañamiento y desprecio total por la vida de aquellos humildes luchadores. Al estilo Hiroshima y Nagasaki, estos cobardes asesinos hicieron sobrevolar un avión rociando potentes agrotóxicos sobre niños, mujeres, ancianos y toda la comunidad”.
Por su parte, la diputada Aida Robles condenó el hecho: “La situación no es más que el desenlace de una prolongada lucha que las comunidades indígenas vienen manteniendo en defensa de sus derechos sobre tierras que ancestral y legalmente les pertenecen y que pretenden serles arrebatadas, con la complicidad de los órganos judiciales de la zona, por criminales que fungen de productores agrícolas”, expuso reclamando a la fiscalía “una rápida y profunda investigación con la imputación que se merezcan los salvajes que pretenden hacernos retroceder a tiempos que todos quisiéramos olvidar”.
La legisladora recordó que “esta comunidad indígena ha sufrido numerosos y premeditados atropellos, entre los cuales pueden destacarse la destrucción de la escuela y del sagrado cementerio de la comunidad, los que fueron reemplazados por plantaciones de soja”.
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