Deudas: el Gobierno logró frenar la primera huelga general convocada por las centrales sindicales en los últimos 14 años. Las demandas, actuales e históricas, ponen a prueba las relaciones del Ejecutivo con muchos de sus aliados pero, a su vez, desnudan la falta de una política oficial sobre el mundo del trabajo. La magnitud del tema pone en evidencia la ausencia en muchas empresas de un derecho obrero fundamental: la libertad de organizarse. Aunque el presidente Lugo prometió modificar la historia, Paraguay es el único país de Sudamérica que carece de un Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social.
Con un aumento salarial del 7% para el sector privado, el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, consiguió desactivar la huelga general a la que habían convocado las seis centrales sindicales más afines a su gobierno. Esta decisión hizo que el salario mínimo trepe a 1,5 millones de guaraníes, unos 300 dólares estadounidenses, y generó una rápida reacción de los empresarios que calificaron de “populista” la medida.
En la práctica, el reajuste salarial favorece sólo a una minoría de los trabajadores del país, alrededor de 750 mil personas. La reciente Encuesta Permanente de Hogares reveló que el 61% de los trabajadores no percibe el salario mínimo. “Sólo cuatro de cada 10 trabajadores asalariados del sector privado perciben el salario mínimo legal vigente o una remuneración superior al mínimo; mientras que en el sector público 8 de cada 10 empleados perciben el sueldo mínimo”, explicó la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censo (Dgceec).
Así el Gobierno pudo desmontar la que se presentaba como la primera huelga general convocada por las seis centrales sindicales, para quienes la pérdida histórica del salario por inflación ronda el 25% solicitado. La última huelga general en Paraguay fue en 1996, durante el gobierno del colorado Juan Carlos Wasmosy.
La protesta a través de un paro de actividades es una idea que crece en las organizaciones obreras. Comenzó ante la falta de respuestas a los planteos que hicieran los sindicatos del transporte, que en junio paralizaron durante dos días buena parte de la Gran Asunción. El sector reclama la intervención de la Secretaría de Transportes para “evitar que la concentración de las líneas de transporte público de pasajeros en manos de pocos empresarios deje sin trabajo a centenares de choferes y mecánicos.
Al cierre de esta edición una veintena de maestros realizaba una huelga de hambre mientras el Gobierno trabajaba para desmontar la huelga de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) que se inició a mediados de junio. Este sindicato, uno de los más fuertes del sector, anunció que no levantará la medida hasta que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un pedido de reprogramación presupuestaria de 35 mil millones de guaraníes (unos 7,3 millones de dólares) y no de 21 mil millones (4,4 millones de dólares) como pretenden las autoridades nacionales.
Otro conflicto que se extenderá es el que enfrenta al Gobierno con los trabajadores del Estado a raíz del veto del presidente Lugo a una ley que restablecía seis horas laborales para el sector. La Mesa Coordinadora Sindical (MCS) recuerda que la ley que en 2000 modificó la jornada de seis horas “es inconstitucional” porque viola “derechos adquiridos” por los trabajadores y que un 17% de los trabajadores públicos no gana siquiera el salario mínimo ni tiene seguro médico y social. El Ejecutivo expuso que “existen fundamentos de diversa índole que son suficientes para objetar totalmente el proyecto”, aunque no los precisó.
Luchas separadas
El crecimiento de las luchas obreras tropieza sin embargo con la falta de unidad en la acción. El sindicalismo paraguayo sufrió un duro golpe durante el gobierno de Wasmosy, a mediados de los años 1990, cuando la cúpula de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hasta ese entonces una estructura de mediana fortaleza, quedó involucrada en el vaciamiento del Banco de los Trabajadores, una entidad estatal de crédito que se capitalizaba con aporte obrero. La prisión de sus principales dirigentes y el descrédito público de la actividad sindical motorizada por la prensa patronal, ayudaron a desmovilizar.
Esa situación, que determinó una diáspora en la organización sindical, explica, en gran medida, el hecho de que sobrevivan en el país seis centrales sindicales, la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la CUT, la CUT Auténtica, la Central Paraguaya de Trabajadores (CPT), la Central de Sindicatos de Trabajadores del Estado (Cesitep) y la Central General de Trabajadores (CGT).
Todas acumulan una importante cantidad de sindicatos que figuran en los papeles, inscriptos en el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), pero que, en general, carecen de reuniones de sus comisiones directivas y de consejos de delegados, órganos vitales de las organizaciones.
Existen, a su vez, otros dos nucleamientos importantes, la creciente Mesa Coordinadora Sindical, que reúne a sindicatos del sector privado y público, y la Corriente Sindical Clasista (CSC) que basa su fuerza en la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep) uno de los principales gremios del sector.
Esta falta de unidad de acción de las organizaciones obreras impide a su vez sostener un programa alternativo al omnipresente plan neoliberal que representan las fuerzas de la derecha en el Congreso.
La falta de una política sobre el mundo del trabajo es una debilidad importante en el gobierno de Lugo. Si bien el mandatario anunció su intención de establecer un Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, Paraguay es el único país del Cono Sur que no tiene una cartera que atienda específicamente las cuestiones laborales.
Este prometido ministerio podría ayudar, entre otras tantas cosas, a hacer efectiva la libertad sindical en un país que no tiene sindicatos fuertes en áreas importantes de su economía como los frigoríficos o el comercio. Las patronales despiden a los trabajadores que organizan sindicatos sin recibir ningún tipo de sanciones por parte de las autoridades. Para dar un ejemplo, la Asociación de Empresarios Cristianos (AEC) premió como Empresa del Año durante 2009 al Frigorífico Neuland, sin importar que había desmantelado un sindicato.
Las crecientes luchas obreras obligan al Gobierno a mirar con inteligencia el tablero. El presidente Lugo debe ofrecer algo diferente al mero palo y los balines de goma de los policías que estableciera la dictadura de Alfredo Stroessner y que hasta hoy no se consigue desmontar.
Desde Asunción
Acepar, una pelea emblemática
Aceros del Paraguay (Acepar) es un ejemplo de la precariedad de la situación laboral y sindical, pero también es un modelo de continuidad de lucha obrera. La fuerte represión contra obreros que protestaban frente a la puerta de la fábrica en Villa Hayes no logró frenar la protesta de los operarios. El principal accionista del Consorcio Siderúrgico Paraguayo es el argentino Sergio Taselli, procesado en su país por varias causas de vaciamiento. El Sindicato de Trabajadores de Acepar (Sitrac) pide la reincorporación de 353 obreros despedidos durante una huelga, declarada ilegal por la Justicia, mediante la cual los trabajadores reclamaban el cumplimiento del contrato colectivo, aprobado en 1995. La irregularidad empresaria fue admitida por el Gobierno, cuando el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) sancionó a Acepar por “práctica desleal en contra de la libertad sindical”, con una multa –aún pendiente de pago– de 42 millones de guaraníes “por violación de las disposiciones laborales”. Según expuso el Ministerio en un sumario administrativo “se constataron hechos de discriminación y menoscabo de las garantías a la protección sindical en contra de uno de los dirigentes del sindicato. Se trata de Daniel Ibarrola, suspendido arbitrariamente por la Empresa, como consecuencia de haber promovido y acompañado una inspección del MJT a las instalaciones de Acepar. Acepar fue privatizada durante el gobierno de Wasmosy pero, gracias a la lucha de sus obreros, un 33,3% de la empresa quedó en manos de la Cooperativa de Trabajadores (Cootrapar) que en bue-na medida fueron artífices de que la empresa siga funcionando. El Sitrac denuncia el vaciamiento de la empresa por parte de la administración de Taselli. Una de las prácticas denunciadas fue el desabastecimiento del mercado interno, producto de la remisión de productos semiterminados a plantas de Argentina para su finalización y posterior reingreso al país como producto importado. Esta supuesta maniobra fraudulenta nunca fue investigada por las autoridades del Ejecutivo, el Parlamento, ni la Justicia. Tras estas denuncias, los trabajadores de Acepar fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y laborales por la persecución, el soborno y los tratos humillantes. El gobierno de Fernando Lugo sin embargo todavía no analiza con seriedad la posibilidad de recuperar para el Estado la empresa, en vista de los incumplimientos del grupo empresario.
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