Conflicto en Clarín: de derechos, democracia y calidad

Por Jorge Zárate

La libertad sindical tiene el mismo rango de derechos que la libertad de expresión: son derechos humanos.
Entonces da un poco de bronca cuando las patronales de prensa de nuestro país salen a condenar el piquete de los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, del Grupo Clarín, en Argentina.
Se rasgan las vestiduras porque con el bloqueo en la puerta de la planta impidieron la distribución de la edición del último domingo y acusan a su vez al gobierno de Cristina Fernández de “complicidad”.

Es interesante entender esta suerte de solidaridad de las patronales de prensa que comparten en general la misma matriz. Escondidos detrás de la “Libertad de Expresión”, en todo el continente, suelen olvidarse de cumplir la ley laboral.
Entonces es gracioso cuando incluso salen a hablar de que peligra “la calidad de la democracia” como se oyó de voceros que hacen sentir vergüenza ajena.
Quizá y por suerte, gracias a esta extraña manía de mezclar todo y también de mentir de manera descarada consigan lo contrario, que la gente se entere en todo el mundo que:

- El grupo Clarín despidió a delegados sindicales violando la ley del Trabajo

• No respetó los fallos judiciales que establecieron la reposición de los mismos hasta la intervención del gobierno
• A largas repuso a los delegados a los que no se les asignan tareas, ni se le pagan sus salarios
• Los trabajadores fueron recluidos en un cuarto en el que son vigilados con cámaras de video, según denunciaron

Contó el ministro argentino de Trabajo, Carlos Tomada, “hace pocos meses logramos que la empresa finalmente acatara fallos de primera y segunda instancia que disponían la reincorporación de los trabajadores”.
Y agregó: “Hemos estado reunido demasiadas horas y tenido que decirle a la policía que nos trajera por medio de la fuerza pública a los representantes con poder en la compañía para estas negociaciones, porque ni siquiera venían a las reuniones convocadas por el ministerio”, dijo.
Anunció a su vez que se designará “un inspector adentro de la planta para que verifique los hechos que se denuncian”.
Ojalá ocurriera alguna vez aquí que el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) inspeccionen los medios de comunicación.
Para verificar los contratos basura en radio y televisión, la falta de aportes al IPS, la falta de inscripción de los trabajadores, la falta de pago del salario mínimo, la explotación pura y dura, sin control, de parte de los voceros de la “libertad de expresión”, tal como lo viene denunciando de manera militante el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
“Nueve de cada diez periodistas de Paraguay no tienen seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). Y hasta un 30 por ciento de ellos cobra menos del ya reducido salario mínimo que es el equivalente a 259 dólares estadounidenses (1.341.000 guaraníes, la divisa nacional). Esos índices señalan el deterioro de sus condiciones de trabajo y son –en sí mismos- “un ataque a la libertad de expresión y de prensa”, le recordó la organización a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante su reunión en Asunción en 2009.
El cumplimiento del derecho del trabajo hace a la calidad de la democracia, aunque les duela a los que siguen creyéndose patrones de estancia.-