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| Inauguración de la TV Pública |
Por
El 98% del espacio radioeléctrico
guaraní está en manos de propietarios privados. La presencia del Estado y la
sociedad civil marginalizada. El gobierno de Fernando Lugo hizo tímidos intentos por ampliar la brecha comunicacional. Uno de ellos fue el “Foro por una Ley de Telecomunicaciones Democrática en Paraguay, Toñehendú ñane ñe´e (“Para escuchar nuestras voces”, en guaraní), que se realizó en mayo pasado. La actividad concluyó con una marcha hasta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en la que se reclamó la puesta en vigencia del reglamento de Radio y TV comunitaria presentado en octubre de 2008 por los movimientos sociales.
Esta propuesta de
normativa posibilitaba la captación de patrocinios públicos y privados
para hacer sustentables a las emisoras y simplificaba el procedimiento
para su legalización. La marcha siguió luego al Parlamento, donde se
entregó una propuesta de Ley de Comunicación Democrática.
Sin embargo, una norma de este tenor está lejos de ser tratada por el parlamento, donde la mayoría opositora defiende con uñas y dientes los privilegios de una prensa liderada en opinión por el influyente periódico de derecha ABC Color, propiedad del grupo empresarial de Aldo Zucolillo.
Antonio Vierci es la cara visible del grupo de medios liderado por el diario Última Hora, mientras que la familia Domínguez Dibb es la propietaria de los diarios La Nación y Crónica y de la radio 970 en AM y de la FM Radio Montecarlo. El cuadro sigue con el ex presidente colorado Juan Carlos Wasmosy, propietario del diario Popular y la FM Farra.
El pago con fondos de la Binacional Itaipú de la emisión de microprogramas en emisoras comunitarias, desató una campaña de ataques del ABC, que sin embargo recibe una porción fundamental de la pauta publicitaria del órgano estatal. Idéntica actitud asumieron los principales grupos de medios.
La posibilidad de acceder a una pluralidad de voces en un país donde la propiedad de los medios es concentrada, y donde a partir de allí se pretende un discurso único, es un aliciente importante.
Sin embargo, una norma de este tenor está lejos de ser tratada por el parlamento, donde la mayoría opositora defiende con uñas y dientes los privilegios de una prensa liderada en opinión por el influyente periódico de derecha ABC Color, propiedad del grupo empresarial de Aldo Zucolillo.
Antonio Vierci es la cara visible del grupo de medios liderado por el diario Última Hora, mientras que la familia Domínguez Dibb es la propietaria de los diarios La Nación y Crónica y de la radio 970 en AM y de la FM Radio Montecarlo. El cuadro sigue con el ex presidente colorado Juan Carlos Wasmosy, propietario del diario Popular y la FM Farra.
El pago con fondos de la Binacional Itaipú de la emisión de microprogramas en emisoras comunitarias, desató una campaña de ataques del ABC, que sin embargo recibe una porción fundamental de la pauta publicitaria del órgano estatal. Idéntica actitud asumieron los principales grupos de medios.
La posibilidad de acceder a una pluralidad de voces en un país donde la propiedad de los medios es concentrada, y donde a partir de allí se pretende un discurso único, es un aliciente importante.
En Paraguay, como en toda Latinoamérica, los
canales privados ofrecen una programación que distrae a las mayorías de
la población de las preocupaciones centrales. Novelas, noticieros de
periodismo amarillo o rojo, concursos de baile, programas de chismes y
películas clase B de la gran industria de Hollywood cubren la grilla de
las emisoras locales.
Aunque nunca es clara la presencia propietaria, los canales 5 y 9 estarían en manos de Ángel González, un reproductor de estas fórmulas en el importante abanico de canales de aire que maneja en todo el continente.
Los canales 4 y 11 son administrados por el grupo Vierci. El canal 13 es propiedad del grupo Chena y tiene una grilla muy parecida a la de sus competidores. El canal 2, administrado por empresarios cercanos a un grupo religioso evangelista, acuerda en general con el discurso político favorable a la oligarquía paraguaya.
El principal operador de cable de la Gran Asunción es Cablevisión, del Grupo Clarín, que tiene un canal con noticiero propio: Unicanal.
Aunque nunca es clara la presencia propietaria, los canales 5 y 9 estarían en manos de Ángel González, un reproductor de estas fórmulas en el importante abanico de canales de aire que maneja en todo el continente.
Los canales 4 y 11 son administrados por el grupo Vierci. El canal 13 es propiedad del grupo Chena y tiene una grilla muy parecida a la de sus competidores. El canal 2, administrado por empresarios cercanos a un grupo religioso evangelista, acuerda en general con el discurso político favorable a la oligarquía paraguaya.
El principal operador de cable de la Gran Asunción es Cablevisión, del Grupo Clarín, que tiene un canal con noticiero propio: Unicanal.
La
telefónica Claro fue adjudicada por la Conatel con la licencia para
ofrecer servicios de televisión satelital en el país. También lo harán
la empresa chilena TuVes HD y la telefónica Tigo. Estos tres nuevos
actores entrarán a competir directamente contra Cablevisión, dominante
en el mercado. Otros 60 operadores pequeños se nuclean en la Cámara de
Cableoperadores del Paraguay.
Todo, como se ve, está en pocas manos y lejos del pueblo.
Por
Secretario General del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
La ley de telecomunicaciones, la 642/95, es la que establece actualmente el marco de los medios de comunicación electrónicos en Paraguay.
Esta normativa establece las condiciones en que se otorgan las licencias para el espectro radioeléctrico, y contempló a las emisoras radiales comunitarias, pero con limitaciones.
Sin embargo, el actual Parlamento sancionó en 2010 una ley que restringe las operaciones de las radios comunitarias. Además de limitar a 300 vatios el alcance de las emisoras populares, que impide llegar a millares de personas, también prohíbe la financiación pública o privada para el sustento de estas radios.
El proyecto fue impulsado por los diputados Oscar Tuma (del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, cuyo principal referente es el general retirado Lino Oviedo), y por Víctor Bogado, del Partido Colorado, agrupación que dejó el gobierno en 2008, luego de más de 60 años, dictadura de Alfredo Stroessner incluida.
La cuestionada legislación fue vetada por el presidente de la República, Fernando Lugo, tras varios reclamos de organizaciones sociales. Sin embargo, la mayoría parlamentaria se ratificó y esta norma quedó vigente.
La criticada ley no fue el único campo de discusión. Una nueva ley de telecomunicaciones fue propuesta por Héctor Ocampos (UNACE).
Las organizaciones sociales, como el Colectivo por la Democratización de la Comunicación, remarcó la necesidad de una nueva ley que regule las telecomunicaciones en el país, que parta del reconocimiento de la comunicación como un derecho de todas las personas, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso al espectro radioeléctrico como dispone la Constitución Nacional.
“En la actualidad el derecho de las mayorías se encuentra vulnerado, y nuestro ordenamiento jurídico está sumamente rezagado respecto de los parámetros y mecanismos democráticos, conquistados por otros pueblos de nuestra región”, expuso el colectivo.
Otra red alternativa, Voces Paraguay también planteó la necesidad de una discusión con la sociedad para efectivamente lograr una ley tendiente a democratizar la comunicación.
Todo, como se ve, está en pocas manos y lejos del pueblo.
La lucha por una norma que democratice la comunicación
Secretario General del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
La ley de telecomunicaciones, la 642/95, es la que establece actualmente el marco de los medios de comunicación electrónicos en Paraguay.
Esta normativa establece las condiciones en que se otorgan las licencias para el espectro radioeléctrico, y contempló a las emisoras radiales comunitarias, pero con limitaciones.
Sin embargo, el actual Parlamento sancionó en 2010 una ley que restringe las operaciones de las radios comunitarias. Además de limitar a 300 vatios el alcance de las emisoras populares, que impide llegar a millares de personas, también prohíbe la financiación pública o privada para el sustento de estas radios.
El proyecto fue impulsado por los diputados Oscar Tuma (del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, cuyo principal referente es el general retirado Lino Oviedo), y por Víctor Bogado, del Partido Colorado, agrupación que dejó el gobierno en 2008, luego de más de 60 años, dictadura de Alfredo Stroessner incluida.
La cuestionada legislación fue vetada por el presidente de la República, Fernando Lugo, tras varios reclamos de organizaciones sociales. Sin embargo, la mayoría parlamentaria se ratificó y esta norma quedó vigente.
La criticada ley no fue el único campo de discusión. Una nueva ley de telecomunicaciones fue propuesta por Héctor Ocampos (UNACE).
Las organizaciones sociales, como el Colectivo por la Democratización de la Comunicación, remarcó la necesidad de una nueva ley que regule las telecomunicaciones en el país, que parta del reconocimiento de la comunicación como un derecho de todas las personas, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso al espectro radioeléctrico como dispone la Constitución Nacional.
“En la actualidad el derecho de las mayorías se encuentra vulnerado, y nuestro ordenamiento jurídico está sumamente rezagado respecto de los parámetros y mecanismos democráticos, conquistados por otros pueblos de nuestra región”, expuso el colectivo.
Otra red alternativa, Voces Paraguay también planteó la necesidad de una discusión con la sociedad para efectivamente lograr una ley tendiente a democratizar la comunicación.
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