5 de marzo de 2012

Movilización por reclamo de tierras


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Los carperos irrumpieron en la escena con su demanda de tierras
 
Alta tensión: la marcha de trabajadores rurales que reclaman el acceso a la tierra disparó la reacción de los líderes del modelo empresarial agroexportador. Por un lado quedó en el tapete la presunta ilegalidad de los documentos de las tierras administradas por el empresario de origen brasileño Tranquilo Favero. Por otro, varios sectores de la comunidad reaccionaron después de que el polémico terrateniente denostara a los llamados “carperos” y a las mujeres, y ensalzara la dictadura de Alfredo Stroessner. Mientras se dilucida el conflicto por la posesión de terrenos, unas 10 mil personas aguardan expectantes, bajo el tendido eléctrico, un pedazo de tierra para sembrar su futuro.
El 35% de la población paraguaya vive en condiciones de pobreza. Este hecho en gran parte está explicado por el dato de que 350 mil familias carecen de tierras agrícolas. En la situación opuesta, el 2% de la población cuenta con más del 70%. Entre estos terratenientes se cuentan varias corporaciones transnacionales.
En una lucha que ya lleva años, la Liga Nacional de Carperos, agrupación que salió a luz hace dos años, logró poner en discusión la legalidad de unas 167 mil hectáreas que están en manos de colonos procedentes de Brasil, en una fértil región del Este del país, lindante precisamente con el gigante vecino.
“Los títulos que dice tener Favero son falsos”, afirmó el abogado José López Gill, que es representante legal de los carperos. El asesor jurídico pretende que el Gobierno desaloje a los usurpadores de tierras –los también llamados brasiguayos, las cuales deben pasar a ser entregadas a los trabajadores rurales que las reclaman. Unas 10 mil personas acampan a la espera de la solución a sus reivindicaciones.
El litigio comenzó con el reclamo de una mensura de las tierras, medida considerada clave por los campesinos. La iniciativa es rechazada por los gremios empresariales, cuyo principal rubro es la soya. Además, el proceso está bloqueado en instancias judiciales, pese a que tiene el apoyo del organismo encargado de brindar respuestas sobre políticas de distribución de tierras, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
“Con la mensura judicial en Ñacunday, el Indert pretende ubicar las Fincas 81 y 39 para luego, en caso de existir superposición de títulos u otras situaciones irregulares, derivarlas a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial, a quienes corresponde intervenir. De ningún modo el Indert buscará anular títulos o poner en riesgo las propiedades legítimamente adquiridas, pues ni tiene competencia para hacerlo, ni está dentro de sus objetivos”, describió un pronunciamiento emitido por la entidad pública.
El Indert sostuvo que la mensura judicial es un procedimiento que no otorga ni saca derechos. Su objetivo es determinar la ubicación de una propiedad en el terreno y su correspondencia con lo que reza el título.
Las tierras en litigio pertenecerían al Estado paraguayo, según una resolución de la propia Corte Suprema de Justicia, de mediados del siglo XX. Estos inmuebles habrían formado parte del “paquete” de tierras públicas que Paraguay fue obligado a vender tras la hecatombe generada por la guerra de la Triple Alianza, entre 1864 y 1870. Varias corporaciones brasileñas y argentinas, con respaldo del capital transnacional, se quedaron con extensas áreas que pertenecían al Estado paraguayo.

Combustible al fuego
La Liga Nacional de Carperos urge al Gobierno una respuesta a sus reclamos. El Ejecutivo anunció, en forma paralela, planes de contingencia como la instalación de escuelas de emergencia para los aproximadamente mil niños y niñas que viven en las carpas. Este paliativo pretende asistir a los infantes a fin de evitar que pierdan el año escolar.
Pero el problema de fondo continúa, con amenazas incluso de que los manifestantes sean desalojados de la franja de seguridad asignada a la estatal Administración Nacional de Electricidad (Ande), bajo cuyas torres y cables están ubicados los carperos.
A la ya complicada situación se añadió un nuevo foco, que hizo remover las críticas hacia el modelo agroexportador. La publicación de una entrevista a Favero en uno de los medios brasileños de mayor alcance, Folha do São Paulo, radiografió al empresario. Según el diario, el terrateniente agroexportador calificó a los campesinos como delincuentes, denostó a las mujeres, elogió la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y señaló que es inútil negociar con los sintierras con diplomacia, pues ellos tienen que se tratados como “mujer de los bandidos, que sólo obedece a base de palos”.
Añadió que no necesitaba hablar en guaraní, lengua oficial en Paraguay junto al español, pues teniendo guaraníes (la moneda oficial del país) en el bolsillo ya no era necesario que hablara la lengua originaria de estas tierras.
La mecha se propagó y no tardaron las reacciones. Varias organizaciones sociales denunciaron a Favero ante la Fiscalía por apología al delito. Además, realizaron una manifestación frente a la oficina central de su grupo empresarial. Voces tan diversas coincidieron en descalificar al tenedor de tierras. El ministro del Interior, Carlos Filizzola, lo tildó de fascista, mientras que el vicepresidente de la República, Federico Franco, afirmó que Favero es bravucón e imperialista. Varios funcionarios y líderes sociales cerraron filas alrededor de lo que gran parte de la población tomó con una “confesión” de parte del agroempresario.
 La Junta Municipal de Asunción declaró persona no grata a Favero. Además, varios concejales, encabezados por los líderes de bancadas, solicitaron al Ministerio del Interior el retiro de la ciudadanía que había sido otorgada al brasileño, décadas atrás.
Ante tamaña indignación y al ver que su posición podía debilitarse con semejantes expresiones, Favero se vio obligado a pedir disculpas, incluso con avisos en la prensa escrita.
Este fue el lado más expuesto públicamente en medio de este conflicto. Pero existen otros elementos que quedaron sin muchas respuestas, como el caso de un dirigente de los carperos, que falleció mientras conducía su motocicleta en la zona del conflicto.
Ñacunday puede ser el punto de inflexión que abra las tranqueras para implementar la tan ansiada reforma agraria en Paraguay. El desenlace está pendiente.
Desde Asunción,
Vicente Páez

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