15 de marzo de 2013

Candidatos del agronegocio lideran encuestas



Candidatos de la derecha se presentan como administradores del negocio de la soya, pero no hablan del desplazamiento de los campesinos 

Decepción: las negociaciones de última hora no arrojan buenas noticias para los sectores de izquierda y los progresistas paraguayos: las dos corrientes populares irán divididas a las elecciones presidenciales del próximo 21 de abril. La ausencia de una estrategia común y las disputas por la obtención de cargos allanan el camino para que la derecha retorne al poder y consolida el éxito de quienes en junio pasado tomaron el Estado mediante un golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo.
El Partido Colorado saca provecho político de la ruptura institucional de junio pasado y se perfila como favorito para las presidenciales del 21 de abril. A su base electoral histórica se suma la insuficiente cosecha de voluntades del Partido Liberal (Plra), actualmente en el poder luego de liderar el golpe parlamentario contra Fernando Lugo. El Plra encabezó la movida parlamentaria que destituyó al Presidente, acompañado por los Colorados desde las sombras pero sin poner en juego prácticamente ningún costo político. La derecha también se fortalece con las divisiones en el campo popular, donde el Frente Guasu (FG) y Avanza País (AP) marchan por separado rumbo a una –hasta ahora– segura derrota electoral.
El candidato colorado, Horacio Cartes, encabeza desde hace meses las encuestas electorales que, a fines de febrero, le daban un 30% de intención de voto. Cartes es un empresario de diferentes rubros, pero su fortaleza económica reside en los negocios derivados de la explotación de la tierra. Desde hace muchos años está sospechado de tener vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. El Plra lleva como candidato a Efraín Alegre, quien muestra, según las mediciones previas, un 22% de adhesiones electorales.
El Partido Colorado tiene 1,3 millones de afiliados sobre una población de alrededor de 7 millones; mientras que el Partido Liberal administra actualmente recursos del Estado que suelen ser decisivos en las elecciones. Ambos trabajan, directa o indirectamente, para polarizar el electorado y restarle chances a los otros postulantes.
Sin embargo, los sectores progresistas se ilusionan con encuestas que le dan un 19% de intención de voto al comunicador televisivo Mario Ferreiro, de Avanza País, aunque sólo estaría en condiciones de pelear la presidencia si logra un acuerdo con el Frente Guasu, que lidera Fernando Lugo, candidato a senador. Anibal Carrillo, el postulante presidencial del FG, mide entre 3,5% y 7%, según los encuestadores, un nivel insuficiente para disputar seriamente la contienda. Sectores sociales y políticos presionan para forzar una alianza, pero Lugo sigue considerando que los que abandonaron el FG para formar AP olvidaron que esa separación agravaría aún más el escenario político e institucional en Paraguay. El ex obispo tiene, además, una razón adicional para mostrar sus reticencias a un acuerdo: Ferreiro era su candidato hasta hace unos meses, el hombre que Lugo había elegido para disputar la presidencia.

Sin Lino Oviedo
La muerte de Lino Oviedo, el general retirado, famoso por su intento de golpe de Estado en 1996, puede llegar a mover algunos votos que hasta ahora tenía cautivos. Tras su desaparición, el pasado 2 de febrero al estrellarse el helicóptero en el que viajaba, las intenciones de voto del partido Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace) cayeron abruptamente. Colorados y liberales intentan recoger esas voluntades.
La aeronave de Oviedo cayó cuando el candidato regresaba a Asunción tras participar de un acto de su campaña presidencial. Investigaciones preliminares indicaron que el helicóptero Robinson de cuatro plazas en el que se trasladaba no estaba preparado para volar de noche, pero que el piloto despegó igual porque el militar retirado debía cumplir con un compromiso en la capital del país.
Las investigaciones prosiguen, aunque se alejan las posibilidades de que Oviedo haya sido víctima de un atentado, versión que alentaron algunos partidarios de Unace, formado tras su escindió del Partido Colorado.
Para reemplazarlo en la fórmula partidaria se eligió a su sobrino homónimo, Lino César Oviedo Sánchez. Pero la intención de voto para las listas de este pequeño partido cayó de manera importante. Las últimas mediciones estiman que Unace cosechará entre un 5 y un 10% de votos. Dirigentes de esta agrupación, que busca en estas elecciones mantener su pequeña fuerza parlamentaria, se reunieron con representantes del Partido Liberal para intentar una eventual alianza que finalmente no prosperó.

La gran injusticia
Tras los reacomodamientos políticos, llegaron los asuntos de campaña. Los debates presidenciales se suceden en la televisión y los candidatos de la derecha se presentan ante los gremios empresariales como prolijos administradores del modelo del agronegocio. Entre otros compromisos de campaña, juran que de ninguna manera piensan cobrar impuestos directos a la exportación de soya en bruto. En Paraguay, la exportación no tributa un solo guaraní al Estado.
Si a los gigantes del agronegocio se les cobrara un 15% de impuestos a la exportación en bruto de la soya, el Estado tendría unos 225 millones de dólares por año para destinar a la reforma agraria, a la salud, la educación. Esta cifra surge de la estimación de que se exporte por valor de 1.500 millones de dólares, como fue durante 2011. Vale consignar que en 2010, según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las exportaciones paraguayas fueron de más de seis millones de toneladas de soya en bruto.
Claro que esta u otra alícuota debería cobrarse también al trigo y al maíz. Es razonable en un esquema tributario progresivo. La única preocupación, y con justicia, es que cuando tributen el impuesto se legitime de alguna forma un modelo que se sabe afecta la salud de las comunidades campesinas e indígenas, degrada la tierra y contamina las aguas.
Aun así y en el peor de los casos, una alícuota del 15% a la exportación de soya en bruto es un sueño. Si alguna vez se cobra, ese impuesto será de alrededor de un 5%, cifra similar a lo que cobrara el gobierno del dictador Stroessner, que además les pagaba sus exportaciones en dólar diferenciado.
El caso es emblemático porque el aporte total del sector del agronegocio, pagando impuestos indirectos, es de un 2,5% de la recaudación. También son interesantes los números de inversión del sector. Un informe de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) señala que se han invertido “37 millones 650 mil dólares en tierras, bienes de capital, infraestructuras, instalaciones como silos y depósitos, industrias y capital operativo”. Agrega que “en las finanzas la agricultura mecanizada utiliza en cartera de préstamos un millón 639 mil dólares con una mora bancaria de tan sólo 1,7%”. Menciona que “este sector ocupa al 20% de la población económicamente activa (PEA), lo que representa a unas 588.921 personas, algunas con familias de tres y hasta cinco personas”.
Es decir que “el gran complejo agroexportador salvador del país” invirtió durante los últimos 40 años menos de lo que burla al fisco en un año: 36 millones contra 40 millones de dólares que se estima, generosamente, es la evasión gracias al mecanismo de los “precios de transferencia (transfer pricing)”
Mediante este recurso, las multinacionales del agro “exportan” a una de sus filiales en el exterior la soya paraguaya a un precio mucho más bajo que el de mercado, aunque sin embargo se vende afuera al verdadero precio.
La derecha paraguaya tiene en claro que éste es el statu quo que debe mantener con el resultado de las próximas elecciones presidenciales. Mientras, en la izquierda el árbol sigue tapando el bosque.

Desde Asunción, Jorge Zárate


Condenan a adolescente por la matanza de Curuguaty
La jueza penal de la adolescencia Yianina Ríos condenó a un adolescente de 16 años a dos años de cárcel por asociación criminal, por entender que se desempeñaba como apoyo logístico de los campesinos que ocupaban tierras en Curuguaty en junio del año pasado, cuando se produjo la muerte de 17 personas. Según el fallo, el joven se encargaba de proveer alimentos y ropa a sus compañeros en la ocupación. El 15 de junio de 2012 se realizó un mega-operativo policial, que incluyó cerca de 600 efectivos, para desalojar a 50 personas que ocupaban las tierras públicas conocidas como “Marina Kue”, en la Colonia Yvy Pyta. Allí murieron 11 campesinos y 6 policías. La fiscalía imputó y encarceló a campesinos. La responsabilidad de la policía en la matanza no es objetivo de investigación. Actualmente dos de los presos, Nestor Castro y Rubén Villalba realizan una huelga de hambre por su libertad.

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