Temperatura: una serie de medidas
económicas anunciadas durante enero por el presidente Horacio Cartes
y la reacción del Ejecutivo ante las movilizaciones populares
generaron rechazo y detonaron la convocatoria a una huelga general
para fines de marzo. Los puntos desencadenantes fueron el aumento del
20% en el caótico transporte público; congelamiento salarial y
violentos hechos represivos en el campo y la ciudad. El descontento
popular va en aumento. Desde que Cartes asumió en agosto pasado se
muestra aferrado a políticas conservadoras, presentadas como panacea
para sacar a Paraguay de la pobreza. La primera huelga general en 20
años busca recomponer el maltrecho movimiento sindical y frenar la
persecución a las organizaciones obreras.
Apenas siete meses después de la
asunción del gobierno por el Partido Colorado, la plenaria de
centrales sindicales de Paraguay está en fase de preparación de una
huelga general, la primera en el país en el siglo XXI. La protesta
se llevará a cabo a fines de marzo, convocada por la Confederación
de la Clase Trabajadora (CCT), la Central Unitaria de Trabajadores
Auténtica (Cut-A), la Confederación Paraguaya de Trabajadores
(CPT), la Central General de Trabajadores (CGT), la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) y la Central Sindical de Trabajadores del
Paraguay (Cesitp). Tras casi 20 años de la última realizada a nivel
general, este llamado a la huelga es un esfuerzo por recomponer el
maltrecho movimiento sindical, en un escenario de constante
persecución a las organizaciones obreras.
“Por el reajuste salarial del 25% y
control de precio de la canasta básica; contra la suba del pasaje,
de productos y servicios públicos; por la libertad sindical; por la
derogación de la ley de Alianza Público Privada (APP) y contra el
modelo neoliberal del gobierno de Cartes”, son las consignas
expuestas por los convocantes a la huelga general.
La articulación con el movimiento
estudiantil y campesino también es una de las tareas a ejecutar para
la jornada nacional de protesta, convocada para el 26 de marzo. La
fecha tiene gran significación pues se trata del día en que fueron
asesinados varios jóvenes durante el denominado “Marzo paraguayo”,
de 1999.
En el mismo plan se encuentra la
Corriente Sindical Clasista (CSC), estrechamente ligada a la
Federación Nacional Campesina (FNC) una de las mayores
organizaciones campesinas del país. Precisamente la FNC lleva
realizadas desde 1994 marchas anuales sobre Asunción, con militantes
procedentes de diversas regiones del país, y que este año bien
podría confluir el 26 de marzo, para aunar fuerzas contra el modelo
neoliberal del presidente Horario Cartes (Asociación Nacional
Republicana, Partido Colorado), en el poder desde agosto pasado.
“Aquí sólo existen dos vías:
movilizarnos y luchar por defender los intereses populares, o
entregarse. Y nosotros estamos convencidos que el primero es nuestro
camino”, expresó Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato
de Periodistas del Paraguay (SPP), una de las organizaciones que
trabaja por la convocatoria.
Campo y ciudad
La frase preferida de Cartes fue
pronunciada por primera vez al momento de tomar el poder y resuena
permanentemente en diferentes actos públicos. “Ya no les puedo
pedir paciencia, les pido sana rebeldía. Si este presidente no
cumple, hagan lío; hagan lío, jóvenes. Ustedes son el presente”.
Sin embargo, las posibles consecuencias de la rebeldía no fueron
enunciadas. Violentas e ilegales agresiones fueron desatadas en
Asunción durante enero por los agentes policiales contra
manifestantes que se oponían a la suba del precio del transporte
público, operado por empresarios muy cuestionados por el pésimo
servicio que brindan.
El periodista del periódico de
interpretación y análisis E´a, Paulo López, fue víctima de
torturas en la sede de la comisaría policial 3ª de la capital
paraguaya. Había concurrido allí para interiorizarse de la
situación de varios jóvenes detenidos durante una marcha realizada
el 3 de enero. Fue despojado de su cámara fotográfica por los
policías, en la que estaban guardadas varias escenas de la
represión. Su denuncia ya fue radicada ante la Organización de las
Naciones Unidas.
En la norteña localidad de Capiibary,
departamento de San Pedro, varios campesinos que reclaman la
titularidad de parte del Estado de tierras ocupadas por el abogado y
empresario Gustavo de Gásperi, fueron brutalmente apaleados por los
agentes policiales luego de que se retirara una delegación
parlamentaria, presente para revisar la marcha judicial del caso. Los
trabajadores rurales sufrieron fracturas, lesiones en diversas
extremidades y golpes en la cabeza. Las trabajadoras rurales, por su
parte, denunciaron a los policías también por el robo de su dinero
y equipos de trabajo de peluquería.
Este tipo de casos está siendo
documentado por una comisión especial creada en el Senado, a fin de
intentar poner freno a tanto abuso policial, fiscal y judicial, que
opera al servicio de los grandes latifundistas foráneos y los
cuestionados empresarios locales.
Los estudiantes universitarios
convocaron a una multitudinaria manifestación, con epicentro en
Asunción y con puntos de referencia en varias otras ciudades del
país, para repudiar el alza del precio del transporte de pasajeros,
así como para exigir la implementación del boleto estudiantil
universitario. Antecedió a esta protesta, una particular expresión
de repudio contra Cartes, a través de una manifestación frente a la
residencia privada del Presidente, engalanada con papel higiénico
ante la desesperación de los escasos agentes policiales que a esas
horas custodiaban el lugar.
Desde que asumió, Cartes acumuló
normas que conforman el eje de su plan económico: la llamada Ley de
Alianza Público-Privada (APP); modificación de la Ley de Defensa
Nacional; Ley de Responsabilidad Fiscal; y otras resoluciones para
supuestamente atraer inversiones extranjeras al país. Marzo mostrará
entonces la capacidad del movimiento popular para poner o no freno al
embate oficialista.
Desde Asunción, Vicente Páez
Gerentes privados en asuntos de Estado
La presencia en el Estado de varios
directivos de las empresas particulares del presidente Horacio Cartes
motivó una serie de reclamos. Hugo Portillo, presidente del Banco
Amambay, participó en su carácter de “asesor” de la Secretaría
Nacional Antidrogas (Senad, oficina antidrogas) de un procedimiento
antinarcótico en el norte del país, en un hecho que fue calificado
de totalmente irregular por varias organizaciones políticas. El
Banco en cuestión fue investigado, años atrás, por su supuesta
vinculación con el lavado de dinero procedente del tráfico de
estupefacientes.
El senador liberal Miguel Abdón
Saguier denunció la adjudicación directa de contratos públicos a
empresas vinculadas con asesores del Presidente. Tal fue el caso de
Francisco Barriocanal, gerente de Pulp, compañía propiedad de
Cartes, que obtuvo un contrato de cerca de un millón de dólares con
la estatal Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).
Varios legisladores exhibieron
fotografías donde asesores nombrados por Cartes, como José Ortiz,
gerente de Tabacalera del Este SA (Tabesa); y Francisco Barriocanal,
gerente de Pulp; participaron de los encuentros de ministros y otras
reuniones de alto nivel. Otros hombres cercanos a Cartes con
actividades en el Estado son Carlos Cañete, dirigente del club
Libertad, que asesora en Petropar; y el dirigente deportivo Marcos
Caner, que es asesor en Yacyretá. La presencia de empresarios
privados en el gabinete del mandatario fue calificada como un “juego
peligroso para la democracia”, por el senador del Frente Guasu
(izquierda), Hugo Richer.
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