14 de febrero de 2016

El Gobierno incorpora al fiscal más cuestionado

La designación de Jalil Rachid como viceministro de Seguridad fue cuestionada por su desempeño como fiscal en el jucio por la masacre de Curuguaty
La designación de Jalil Rachid como viceministro de Seguridad fue cuestionada por su desempeño como fiscal en el jucio por la masacre de Curuguaty

Organizaciones sociales rechazan la promoción dentro del Ministerio del Interior del primer fiscal que tuvo la causa por la masacre que en junio de 2012 costó la vida de 11 campesinos y seis policías.

El ex fiscal Jalil Rachid fue designado viceministro de Seguridad Interna de Paraguay por el presidente Horacio Cartes. Su nueva responsabilidad desató la indignación de los movimientos sociales que lo acusan de llevar adelante una acción notoriamente parcial y criminal contra campesinos en el caso de la Masacre de Curuguaty.
Su designación provocó fuertes cuestionamientos y además una movilización de protesta frente a la sede del Ministerio del Interior en Asunción. “Rachid culpable, tus manos tienen sangre”, cantaba una multitud indignada. “Parece mentira”, se lamentaba una mujer, cartel en mano.
El ex fiscal acusó a 13 hombres y mujeres, todos campesinos, por la muerte de seis policías en la masacre del 15 de junio de 2012 cuando dos comandos de la policía ingresaron a un terreno a desalojar a labriegos que lo ocupaban. Aquel día murieron 11 campesinos y seis policías. Sin embargo, Rachid no imputó a nadie por la muerte de los campesinos pese a que había pruebas de que hubo ejecuciones extrajudiciales y que sólo la policía estaba allí como para cometer esos crímenes.
El defensor de los campesinos acusados de la Masacre, Víctor Azuaga, alertó que el caso que investigó el ahora ex fiscal no concluyó y todavía no hay fallo. En efecto, el nombramiento ocurre mientras en el juicio se le toman declaraciones a los policías que estuvieron en el terreno. El abogado advirtió que es posible que Rachid desde su nuevo cargo oculte pruebas. “Será el jefe directo de los policías involucrados. Va a seguir manipulando el juicio desde el Ministerio del Interior, que es el que almacena una gran cantidad de pruebas que nunca salieron a la luz”, agregó.
Durante el juicio que aún se lleva a cabo están surgiendo datos importantes como el aportado por el policía Antonio Gaona, quien dijo que todo el procedimiento fue filmado por el departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sin embargo el video nunca fue aportado a la causa.

Nexos familiares
Dos meses después de la masacre, la Secretaría Antidrogas (Senad) halló 40 hectáreas de marihuana lista para cosechar a escasos 30 kilómetros del lugar donde se produjo la matanza. El entonces secretario de Antidrogas y hoy ministro del Interior, Francisco de Vargas, opinó que “se debía investigar la posible existencia de vínculos entre el hallazgo y la masacre”. Sin embargo el fiscal Jalil Rachid relativizó los dichos del Ministro y descartó esta hipótesis.
La prensa paraguaya recuerda que “entre las reservas Mbaracayú y Morombi existe un corredor que los agentes fiscales de la zona denominan ‘el corredor de la ilegalidad’ y que por allí pasan drogas, armas y rollos sin ningún tipo de control. El fiscal de Curuguaty, Cristian Roig, dijo en una nota periodística que se trata de una zona en donde manda lo ilegal y los vínculos entre políticos, policías y traficantes hacen que el trabajo del Ministerio Público sea imposible”.
El periodista José María Quevedo señaló que el fiscal Roig “agregó que el organismo (la Fiscalía) ha sido copado por hijos y parientes de políticos que tienen como principal tarea proteger a las mafias”. “Este dato serviría quizás para explicar por qué para investigar la masacre que se produjo en tierras apropiadas por el ex presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme, el fiscal general Javier Díaz Verón designó al agente Jalil Amir Rachid Lichi, hijo de Bader Rachid Lichi, también ex titular de la ANR (Asociación Nacional Republicana, nombre oficial del Partido Colorado)”, concluyó.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando unos 340 policías iniciaron un violento desalojo de las tierras públicas ocupadas por campesinos como parte de la larga lucha de los pequeños agricultores por acceder a terrenos donde poder trabajar. Aquel hecho derivó, una semana más tarde, en un golpe de Estado parlamentario con la forma del juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo.
El Frente Guasu (FG), alianza que lidera Lugo, actual senador, denunció que la designación de Rachid “constituye un flagrante atropello a la racionalidad más elemental”. Un comunicado de la agrupación señaló que “la función de Jalil Rachid como fiscal de esa causa estuvo y sigue estando impregnada de sórdidos mecanismos para forzar la acusación y consecuente condena a un grupo de campesinos que fueron víctimas de aquel luctuoso acontecimiento”.
“Desde el comienzo del vergonzoso proceso, este fiscal adoleció de pruebas consistentes que pudieran vincular a esos campesinos en los delitos de los que se les imputa, con la clara intención de impedir una investigación profunda que conduzca al esclarecimiento del hecho y, sobre todo, a la identificación de los verdaderos responsables de la masacre de Curuguaty”, agregó el FG.
La agrupación política condenó “de forma rotunda el nombramiento por parte del Poder Ejecutivo ejercido por Horacio Cartes”; ratificó “su solidaridad con los campesinos que hoy están siendo injustamente juzgados” y denunció “ante la opinión pública nacional e internacional este flagrante atropello a los derechos humanos en Paraguay”. Por último, el FG alertó que “hoy el pueblo paraguayo se siente mucho más inseguro en cuanto a la preservación de su vida e integridad”.
Desde Asunción, Jorge Zárate

Repudio venezolano
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de “irrespetuoso” el comunicado de la Cancillería paraguaya sobre un supuesto trato denigrante a familiares del golpista Leopoldo López, quien permanece detenido en una cárcel venezolana. La República Bolivariana de Venezuela no descartó aplicar medidas diplomáticas contra Paraguay por “sumarse a la agresión imperial”.
Maduro, a través de su Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, calificó de “infundado, insidioso e irresponsable” el comunicado emitido por la Cancillería paraguaya sobre el supuesto “trato denigrante” que recibieron la esposa y la madre del detenido cuando intentaron visitarlo en la cárcel.
“Desdice mucho de la buena fe de la Cancillería paraguaya pronunciarse de manera apresurada y prejuiciosa sobre hechos a todas luces falsos e inscriptos en la agenda de agresión imperial contra Venezuela”, expresó en el comunicado el jefe de Estado bolivariano.
“Llama la atención que no haya primado un mínimo de racionalidad y atención a las formas diplomáticas por parte de las autoridades paraguayas, que ni siquiera se tomaron la molestia de solicitar información a las autoridades venezolanas sobre estos falsos hechos”, enfatizó.
“El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores expresa su más enérgico rechazo al irrespetuoso comunicado de la Cancillería paraguaya, en virtud de lo cual se reserva las medidas diplomáticas a que hubiera lugar para responder a esta reprochable posición”, concluyó el texto.

FAO reclama combate a la pobreza
El director general de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Graziano Da Silva, expresó al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, la preocupación del sistema de Naciones Unidas con la disponibilidad de informaciones para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados para 2030.
Da Silva se reunió con Cartes en Asunción durante un encuentro en el que ambos destacaron como prioridad el combate a la pobreza y el hambre, “que coincidimos como fundamental”, explicó en conferencia de prensa.  “También hay prioridad en el tema de agua, de educación y en cada uno de los objetivos del milenio, que son un reto en sí mismos”, agregó el funcionario.
El titular de la FAO estuvo acompañado por la representante de las Naciones Unidas en Paraguay, Cecilia Ugaz. La delegada de la ONU mencionó que la pobreza en el país se concentra mayormente en el campo, por lo que es en esas regiones que hay que trabajar más para mejorar las condiciones de vida de la población, así como incrementar la producción de alimentos.
Los representantes de la ONU abordaron también con el jefe del Ejecutivo paraguayo el impacto del cambio climático en la región y en particular en Paraguay, que ve  cómo aumenta la frecuencia de las emergencias climáticas. También coincidieron en la necesidad de trabajar en sistemas de prevención para evitar la destrucción de los medios de vida de las personas que dependen de la agricultura.

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