12 de julio de 2016

Caso Curuguaty: Un juicio con la vara del patrón, la única que conocen

“El Estado burgués es igual al consenso más la coerción. El consenso se construye a través de diversas vías, como la educación, la familia, la religión, la moda, la cultura, etc. Así, de manera sutil, los gobernados participan voluntaria y activamente con el poder. Cuando algo falla, los sectores dominantes apelan a la fuerza, a la coerción, a la violencia de los aparatos represivos del Estado. Asì se construye su hegemonía”.
Antonio Gramsci

Al juez Trinidad Zelaya le cuesta el español, le cuesta leerlo y hablarlo, como a muchos campesinos y trabajadores urbanos.
No es este un problema en un país bilingüe, pero sí es importante comprender que define un espacio de acción.
Para entenderlo es preciso seguir la conferencia de prensa de 27 minutos que dio el presidente del tribunal después de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia que condenó a 11 de los campesinos que eran juzgados en este bizarro, como mínimo, espurio, por naturaleza, juicio que está lejos de tener fin.
Allí se entiende su comportamiento profundo cuando precisa del guaraní para explicar las decisiones más difíciles, por arbitrarias e injustas, que tomaron.
Pero no lo hace en cualquier guaraní, lo hace en el del capataz, en el del más servil al patrón que se pueda imaginar en la sociedad paraguaya.
Son formas profundas.
“Oré la autoridá”, se le escucha durante la lectura de la sentencia, ante el señalamiento de una violación de formas que le hiciera el abogado defensor Amelio Sisco.
No se podía creer, los rostros en la calle eran la forma de la decepción, de la incredulidad, de la tristeza por el colectivo, por la pena de estar aquí, pero el tribunal daba por probado todo y sentenciaba a 30 años de prisión más 5 años de medidas de seguridad a Rubén Villalba, 20 para Luis Olmedo, 18 para Arnaldo Quintana y Néstor Castro, seis para Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López y 4 años para Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería.
Volvemos a la conferencia, donde todo se explica un poco más.
Dirá Zelaya que todo lo que hicieron está basado en pruebas: “Como dijimos, no vamos a entrar en detalles, el lunes a las 11 será todo explicado, los condenados a 4 años ya se están yendo en su casa… Rubén Villalba está recluido en Tacumbú y continúa allí… Quintana, Castro y Olmedo, en razón de que Tacumbú –el principal penal del país– no recibe más detenidos, guardarán reclusión en Emboscada”.
Los periodistas le preguntaron sobre la situación de Villalba y Olmedo, que están acusados de matar.
“No estamos más en la época inquisitiva, anteriormente, en la época inquisitiva, la muerte se comprobaba con el certificado de defunción… Ahora se puede probar por cualquier medio de prueba, testifical, imágenes de video, fotográfica… e hicimos una valoración del conjunto de testigos de los que la mayoría de 290 más de 200 fueron funcionarios policiales que estuvieron en el escenario de los hechos…”
Se le cuestionó entonces la falta de relación entre los hechos que expuso la fiscalía y lo que en realidad pasó.
“Está todo en la parte dispositiva de nuestra sentencia, el tribunal creyó, probó y comprobó que se cometieron esos hechos punibles porque los elementos objetivos, subjetivos y el nexo causal se probaron en juicio…”, consideró el magistrado.
Se llega entonces al punto central de la cuestión, la propiedad de la finca, que según todas las investigaciones y testimonios de entidades públicas, era del Estado paraguayo.
“Antes del 13 de abril, la propiedad estaba siendo pacíficamente ocupada, administrada con use y goce por Campos Morombi…”, dice Zelaya elevando la voz, asumiendo el rol.
Aquí es cuando queda claro, que se trata de una forma permanente en el poder judicial, son jueces del patrón, siempre.
Describe luego: “Las pruebas son múltiples de la asociación criminal… Fueron robados objetos, en el mismo hubo abigeato, que se invadió por la fuerza y con clandestinidad… son tres objetos, tres hechos punibles, que evidentemente se cometieron”, expone.
– ¿Se describirá quien mató a quien?, se le insiste.
Las cuestiones genéricas son objeto de nulidad, efectivamente, lógico, de estas dos personas se comprobó fehacientemente que mataron porque sino es nulo.
Y aquí se da el otro punto, que es un histórico en la justicia latinoamericana, la domesticación de los líderes rebeldes. Es un clásico en todo el continente, pero el caso paraguayo tiene un folklore especial.
“Hay 11 condicionamientos para atenuantes o agravantes… Ninguno de los atenuantes se dio en la conducta de Rubén Villalba… No tiene ningún atenuante, se probó que es el líder… Las pruebas que dicen que su teléfono celular dice que estaba en el lugar, que estaba herido, y otras cosas que tenemos…”.
Y sigue cerrando el plan
“La sentencia está firme… Esa propiedad es de Campos Morombi… Vamos a analizar la conducta de Amelio Sisco, (Luis) Lezcano Claude y Azuaga… si vivimos en un estado de derecho tenemos que respetar las decisiones judiciales… Caso contrario estamos en una anarquía absoluta y eso no se puede permitir y está prohibido… (El fallo) Es objeto de recursos ante la Cámara de Apelación o ante la Corte Suprema de Justicia… tienen la facultad de recurrir a donde corresponde.
Se le pregunta entonces por la muerte de los campesinos.
“Qué es lo que se puso frente a nosotros, muertes de (campesinos) muerte de policías y una acusación… las pruebas que se trajeron fueron relativas a ese hecho, al momento de ese incidente, el agente (Jalil) Rachid, había manifestado que la investigación de los 11 campesinos está en la Fiscalía de Derechos Humanos…
Nosotros no podemos investigar…”.
Dijo en su descargo que se enviaron notas denunciando las torturas y ejecuciones extrajudiciales testimoniadas en el juicio y por tercera vez, bíblico, de la biblia del latifundio claro, expuso: “Para nosotros, esa tierra es de Campos Morombí…”
En un escenario de verdadera justicia, estos jueces deberían ir presos por prevaricato. Vale recordar: “La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público…”, recuerda la Wikipedia.
Ellos, sin embargo, están seguros de su impunidad, han servido al patrón de la peor manera, midieron todo con esa vara que es la única que conocen, la única que permite hacer carrera en el poder judicial: Someter al pobre, al que lucha por sus derechos.
Lo importante del acto es todo lo que revela.
El telón, está aún lejos de bajarse.
Jorge Zárate

Reacciones
La justicia paraguaya “volvió a victimizar a los campesinos y campesinas del caso Curuguaty con su veredicto”, según Rosa María Ortiz, ex relatora de las Naciones Unidas. Reclamó un castigo a los responsables del Ministerio Público y consideró que los grupos que reclaman por justicia, en el tiempo, podrían producir un cambio en el país.
Para el secretario adjunto de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores del Brasil, Ariovaldo de Camargo, “es inaceptable que un tribunal se transforme en caja de resonancia del gran capital, llevando a mujeres y hombres trabajadores detrás de las rejas para favorecer los intereses de media docena de latifundistas y trasnacionales. Más que nunca es hora de vestir la camiseta por la verdad y la justicia, levantando nuestra voz por la absolución ya”, expresó.
Por su parte, Aitor Martínez, abogado español dijo que la Corte Interamericana anulará este fallo: “La Corte va a poner en libertad a estas personas y a exigir una indemizacion que va a pagar el contibuyente paraguayo. Estas arbitrariedades no se pueden sostener en las intancias internacionales” afirmó el experto.

7 de julio de 2016

Vergonzoso juicio en Paraguay a cuatro años del Golpe

Termina el proceso por la Masacre de Curuguaty sin investigar a policías

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La Fiscalía insistió hasta el final con la inverosímil teoría de que menos de 40 campesinos habrían emboscado a más de 300 policías en el hecho que devino en el juicio de destitución de Fernando Lugo.

La Fiscalía solicitó que se condene a 30 años de cárcel al dirigente campesino Rubén Villalba y penas de entre 25 y cinco años de encierro para los otros 12 acusados en el espurio juicio por la Masacre de Curuguaty, el trágico hecho que desencadenó el golpe de Estado parlamentario que derrocó a Fernando Lugo del gobierno en junio de 2012.
Los agentes fiscales Nelson Ruiz, Liliana Alcaraz y Leonardi Guerrero, prosiguieron básicamente con la tarea que había iniciado el primer fiscal de la causa, Jalil Rachid, que desde el comienzo hizo una investigación sesgada de la Masacre. Allí murieron seis policías y 11 campesinos en un intento de desalojo de familias que esperaban conseguir un espacio de tierra para practicar la agricultura de subsistencia. Se esperaba el fallo de la Justicia cuando esta edición estaba en imprenta.
Todo el afán investigativo de cuatro años fue detrás de una absurda teoría según la cual menos de 40 campesinos habrían “emboscado” a 324 policías armados y pertrechados en aquella mañana del 15 de junio. Sobre el final del juicio los fiscales consideraron que Villalba junto con Luis Olmedo Paredes mataron a tiros al subcomisario Erven Lovera que estaba a cargo del operativo que buscaba desalojar a los labriegos de un espacio de tierra pública conocida como Marina Kue (antiguas tierras de la marina, en guaraní), en Curuguaty, departamento de Canindeyú, a 300 kilómetros al oeste de Asunción.
Para sostener la hipótesis la Fiscalía no presentó prueba alguna salvo un relato que, aunque tenga alguna coherencia, no fue sustentado con evidencias tal como sostienen todos los juristas serios que vienen analizando el caso. “Cambiaron la acusación de manera ilegal, mencionaron informes psicológicos que no fueron introducidos en juicio y a un testigo anónimo”, describió Fabricio Arnella, un activista por la liberación de los presos que viene haciendo una tarea de seguimiento diario del juicio.
Tras sostener un discurso conservador, más que una pieza jurídica, acusaron a los campesinos de organizar una asociación criminal para quedarse con tierras de la empresa Campos Morombi, propiedad del fallecido empresario Blas N. Riquelme, ex senador y hombre fuerte del Partido Colorado.

Ni historia ni verdad
El abogado defensor Darío Aguayo Domínguez rechazó en su alegato el enfoque ideológico que los fiscales imprimieron a este juicio: “¿quiénes son los fiscales para cuestionar a los campesinos que utilicen la frase ‘Vencer o Morir’? ¡Fueron sus antepasados los que pelearon y defendieron la patria en esa guerra! No leo yo entre los nombres de los héroes combatientes los apellidos Rachid ni Riquelme, pero sí encuentro los apellidos Villalba, Castro, López. El Ministerio Público no es dueño de la historia ni de la verdad”.
El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y abogado de apoyo en la defensa Luis Lezcano Claude recordó que no haber investigado la muerte de los campesinos “hace caer este juicio por su propio peso”. Otro de los defensores, Amelio Sisco, recordó que “a lo largo de estos años de la llamada ‘transición democrática’ centenares de movilizaciones campesinas fueron reprimidas y muchos dirigentes campesinos asesinados; nunca en esas movilizaciones hubo un solo policía muerto. Sólo se mataron campesinos y obreros y sus muertes nunca han sido investigadas”.
Agregó que “las tierras que fueron defendidas por nuestros antepasados en la Guerra Grande fueron luego repartidas ilegalmente durante la dictadura stronista a los amigos del poder, entre ellos a Blas N. Riquelme. Sobre esto luego se entregaron las más ricas tierras de nuestro país a empresarios extranjeros para plantar enorme extensiones de soya y soya y más soya que destruyeron el ambiente, deforestando y contaminando ríos y arroyos con agrotóxicos. En el Parlamento Nacional están muchos de esos latifundistas que se enriquecieron con la dictadura”.
También señaló que “el respeto a la propiedad privada no es una cuestión absoluta, es relativo y está supeditado a los intereses de toda la nación. Un latifundista puede ser expropiado por ley y quienes adquirieron tierras de manera irregular pueden ser pasibles de nulidad de títulos. En nombre de la propiedad privada no se puede asesinar a personas, enjuiciarlos irregularmente y mucho menos pretender condenarlos arbitrariamente”.

Puerta hacia el golpe
Curuguaty abrió el camino al golpe parlamentario contra Fernando Lugo. El 20 de junio de 2012, cinco días después de la Masacre de Marina Cue, el diputado del Partido Colorado Luis Gneiting presentó una propuesta de someter a juicio al Presidente por la “responsabilidad política” en el caso. Se lo acusaba de gobernar “de manera impropia, negligente e irresponsable” y de fomentar “la constante confrontación y lucha de clases sociales”. La moción fue aprobada por los partidos de oposición entre ellos el Partido Liberal Radical Auténtico (Plra) que hasta entonces integraba una alianza de gobierno con Lugo y al que respondía el vicepresidente Federico Franco. Lugo fue destituido en menos de 48 horas incluyendo escasas dos horas a la defensa para su descargo oral en el Senado.
Franco se hizo cargo de manera interina del Gobierno. Convocó a elecciones para abril de 2013 que ganó Horacio Cartes, de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) y dejó en el camino al candidato del Plra, socio político en el golpe del año anterior.
Cartes estableció un gobierno de empresarios, emitió deuda pública como nunca antes en la historia del país, aplicó recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para lo cual reformó leyes y creó nuevas para abrir la economía, privatizar y achicar el Estado. Reprimió protestas sociales y puso la fuerza pública al servicio directo de terratenientes para desalojar campesinos e indígenas, inclusive de tierras públicas.
Las políticas recesivas están en un alto punto de impacto, los comercios cierran por miles y la capacidad adquisitiva de los salarios se licuó en al menos un 25% desde su asunción al poder en agosto de 2013. La lluvia de inversiones prometidas no fue tal, aunque la prensa patronal destaca algunas importantes inversiones en el sistema de maquila, que permite la importación temporaria libre de impuestos de materias primas o insumos para la elaboración de productos que luego serán exportados. Este sistema se aplica en Paraguay principalmente para el armado de autos, camiones de mediana carga, motocicletas y otros rubros. También se destaca un impulso inmobiliario para la construcción de edificios de lujo, donde un departamento puede costar más de 1 millón de dólares en un país donde más del 40% de la población está sumido en la pobreza.

“Llegaremos”
El pasado 22 de junio el ex presidente y actual senador Fernando Lugo (Frente Guasu) encabezó un acto público en conmemoración de la fecha del golpe de Estado. La presentación tuvo el tono de lanzamiento para una eventual candidatura presidencial para las elecciones del 2018.
Lugo saludó a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras derrocado por un golpe cívico-militar en junio de 2009, y a la suspendida presidente de Brasil Dilma Rousseff, a quien le dijo que “no todo está perdido” porque “una democracia popular no puede ser sustituida así nomás”. Saludó también al “hermano pueblo de Colombia” por la firma del acuerdo de paz.
Tras pedir paz para las familias paraguayas recordó que el 20 de abril de 2008, cuando se impuso en las elecciones presidenciales “se produjo una alegría en el país”. Comparó que “sin embargo mucha gente derrama lágrimas de impotencia y dolor desde 2012, lágrimas de dolor de haber perdido los derechos de la gente, de los jóvenes”. Admitió: “muchas cosas hicimos mal, muchos errores hemos cometido, pero también muchas lecciones hemos aprendido”.
“Dilma dice que condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se pueda cometer contra cualquier persona. Mañana posiblemente por el crimen que no cometieron serán condenados hermanos nuestros”, dijo Lugo en alusión al juicio por la Masacre de Curuguaty. “¿Cuántos de nosotros somos juzgados por algo que no hemos cometido o no somos responsables? Fuimos juzgados por mal desempeño de nuestras funciones”, recordó.
Aventuró que “el 2018 no nos encontrará divididos a los que creemos en la verdad, no en la verdad a medias, la manipulada por los medios de comunicación que responden a intereses mezquinos, la verdad de lo que le pasa al pueblo paraguayo no se puede esconder”. Puso como ejemplo “que una ciudad tan linda como Pedro Juan Caballero está secuestrada por el terrorismo internacional; nuestras instituciones están débiles; falta por hacer y construir en nuestra democracia”. Lugo saludó a la multitud y prometió que “no vamos a descansar, creemos en la verdad del pueblo y abrazamos la política como herramienta para hacer el bien, la verdad, la paz y la justicia. Llegaremos”.
Desde Asunción,
Jorge Zaráte