El país tiene 19.600 personas privadas de libertad, de las cuales unas 7 mil en están condenadas y las restantes están bajo prisión preventiva, procesados en espera de una decisión de la justicia, que construye de esta forma un problema que ya es histórico y que llevará tiempo resolver.
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| Rubén Maciel Guerreño |
Como respuesta a ello, asegura que se hace una verificación a través de una unidad especial de su cartera que “viene comunicando a los juzgados competentes cuando una persona que está bajo prisión preventiva ya compurgó la pena mínima. Unas 300 personas en esta situación ya lograron su libertad”, dice sobre esta tarea.
También menciona que en mesas conjuntas con el Poder Judicial se trabaja para que “mujeres que son infractoras primarias por hechos punibles que no son lesivos, en el sentido de que no hubo violencia, se vean beneficiadas ya con medidas alternativas”. La idea es que también madres y personas de la tercera edad que estuvieran enfermos puedan acceder a arrestos domiciliarios en el caso de que cumplan penas leves.
La forma de alivianar la población entre los condenados es apelando a la “pena discontinua” para quienes fueron condenados a 1 o 2 años “aunque en esos casos todavía no tuvimos resoluciones favorables”.
Intentar desarmar la influencia de grupos criminales como el paraguayo Clan Rotela y los brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) es otra acción fundamental para llevar “salud” al sistema penitenciario.
Maciel Guerreño destaca en ese sentido la tarea del Operativo Umbral y la puesta en marcha de prisiones modelo (ver aparte). “Ya pasamos una gran cantidad de condenados bajo este nuevo modelo de gestión penitenciaria. Esta es una manera directa de reducir el poder que tienen los grupos criminales porque ellos se fortalecen en base a las debilidades del propio sistema”.
Lo explica ejemplificando que “hay muchas personas de escasos recursos que no pueden acceder a una comida de calidad o al servicio de sanidad de una penitenciaría por el hacinamiento, la infraestructura inadecuada, por la corrupción de los funcionarios, etcétera. Entonces ellos son captados por estos grupos criminales que les facilitan el acceso a eso”.
Entonces la idea del nuevo modelo es intentar igualar las condiciones: “Por eso el tema del uniforme que iguala a todos, ahí no va a haber diferencia en cuanto a la vestimenta. También todos van a comer de lo que le provee el estado porque estas penitenciarias modelo ya no están preparadas para tener cantinas u otras modalidades donde los propios internos preparan su comida o acceden a insumos para cocinar”, describe admitiendo que esta realidad se da en muchas prisiones por “la falta de presupuesto para dar de comer a todos”.
Se espera que la división modular de las prisiones ayude en la tarea ya que permitirán “aislar” a los jerarcas de los grupos criminales. “Eso va a evitar de que ellos, mezclados con el resto de la población, puedan ir bautizando, por ejemplo. Están, por otra parte, en otro módulo personas también vinculadas a grupos criminales que tienen problemas de consumo, que ahora ya pasaron toda su etapa de abstinencia y están siendo tratados y ahí tenemos la ayuda por ejemplo de Remar, que es una fundación que tiene muchísima experiencia con el trabajo con personas que tienen problemas de consumo”, apunta.
Otro punto importante es que “no se permite la circulación de dinero porque es un elemento de extorsión tanto de parte de los funcionarios hacia los privados libertad como viceversa”.
Algunos resultados
Maciel Guerreño destaca que “en todas las requisas que se hicieron en las penitenciarías nuevas no se encuentra punzones, no se encuentran celulares, que algo muy usual como resultado de las requisan del sistema actual. Tampoco sustancias, aunque sí se encontraron cigarrillos, que también están prohibidos ya que las nuevas penitenciarías son espacios libres de humo”, recuerda.
“Se busca también mejorar los controles de ingreso gracias a la tecnología implementada con toda la inversión que hizo el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) para el control del ingreso de personas y de mercaderías. Faltan todavía muchas cosas por ajustar pero haciendo una comparación con el modelo actual es infinitamente mejor”, apunta.
“La organización busca ser diferente e implica un organigrama pensado en la funcionalidad del régimen penitenciario, también protocolos y procedimientos escritos, lo cual permite deslindar responsabilidades cuando se da algún tipo de irregularidad, cosa que no tenemos en el modelo actual”
Según explica “es mucho más difícil implementar nuevos procedimientos en los penales antiguos ya por la cultura organizacional vigente que es muy proclive a prácticas corruptas. La idea es tener organización, protocolos y procedimientos y personal, aunados en la tarea”, señala.
Lo hace recordando que a partir del 2000 se construyeron penitenciarías en Encarnación; Concepción; Misiones; San Pedro y Pedro Juan Caballero “donde se empezaron a replicar igualmente esas prácticas que queremos erradicar, entonces obviamente no es solamente la edificación, la solución, la mejora, vienen con la organización y el capital humano”, concluye.
Jóvenes infractores
Explicando que el Servicio de Atención a los Adolescentes Infractores (Senai) es el responsable de los centros de rehabilitación Maciel Guerreño dice que la misma idea de separar condenados de procesados se trata de implementar también en esa franja etaria.
“Esto se está haciendo porque es uno de los puntos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del centro Panchito López, donde el país fue condenado y en cuyo fallo se dispuso la consolidación de la jurisdicción penal adolescente, situación que nuestro país entiende debe ayudar a declarar cumplida la sentencia”
Vale recordar que la prisión preventiva en adolescentes sigue siendo mayor al número de adultos, con 8 de cada 10 adolescentes en situación de encierro preventivo y solo 2 con medidas definitivas.
La reciente convocatoria para 500 cargos de agentes penitenciarios es un punto importante en la implementación del nuevo modelo: “Estuvo destinada exclusivamente para las nuevas penitenciarias de Minga Guazú, que ya empezó a funcionar en su totalidad y para Martín Mendoza en Emboscada. No llegamos a los 300 postulantes y luego del proceso de selección y ahora que ya están haciendo el curso de introducción, el número se redujo a 133”, comenta Maciel Guerreño.
La situación se da porque “muchos no logran cumplir los requisitos y otros en el camino renuncian. Por eso en octubre se va a hacer otro llamado siempre persiguiendo que el ratio de agente agente penitenciario/personas privadas de libertad sea lo que establecen los estándares internacionales que sería un agente por cada 10 personas privadas de libertad”, explica el viceministro.
Para ello se establecieron algunos criterios mínimos que tienen que ver con “requisitos de edad, de índice de masa corporal, de estatura, tienen que tener todos por lo menos terminados al bachillerato y se solicitó también como un requisito de que tengan un promedio 3, 5 luego eso se bajó nomás al mínimo porque hubo pocos postulantes”.
Se exige el bachillerato “porque todos tienen que cursar la Tecnicatura Superior impartida por el Instituto Técnico Superior en Educación y Formación Penitenciaria responsable de formar a los nuevos agentes, a los directores, a los jefes de seguridad y también al personal de blanco y el personal administrativo que trabajan en las penitenciarías”, recuerda.
“Esta formación tiene una malla curricular de 2 años que comenzamos a revisar este año con apoyo de institutos como el ISEPOl de la policía, el de la Defensa Pública, el IAEE de los militares, porque ellos tienen mucho más know-how en todo este proceso”, apunta.
Para el viceministro de Política Crimina, Rubén Maciel Guerreño el Operativo Umbral desarrollado en agosto pasado significó “el paso del viejo al nuevo modelo penitenciario, donde se busca cumplir con ese postulado constitucional y convencional de que estén separados los procesados de los condenados que es una deuda histórica del Paraguay”, apunta.
“Se lo denominó así porque se cruza ese “umbral” para la implementación de un nuevo régimen de gestión en donde también se clasifica a los condenados por módulos en base a un análisis de riesgo, necesidad y amenaza”, explica sobre la importancia del traslado de 500 presos de Ciudad del Este al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú en que consistió el operativo.
En la nueva prisión “tenemos módulos donde están personas que ya están en el período de prueba que tienen salidas transitorias, otro módulo donde están las personas que están ya cerca de compurgar, entonces estos 2 módulos ayudan en tareas dentro de los servicios generales que hacen a la penitenciaría”, describe del funcionamiento de la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Minga Guazú.
“Luego tenemos el módulo 4 y el módulo 6, que son para personas que se encuentran en la etapa de tratamiento de sus respectivas condenas, en donde están instaladas 2 fábricas de maquila que emplean a los condenados. Les pagan porque están bajo relación de dependencia y además de eso reciben capacitación, formación, educación formal, etcétera”.
Estos reos pueden beneficiarse con la figura de la “redención” que establece que “por 3 días de trabajo o estudio, se puede restar un día de la condena y eso se acumula, entonces en un año por las reglas actualmente vigentes se puede incluso hasta acumular 90 días de redención, lo cual ya es bastante significativo”, apunta el viceministro.
“Después ya está el módulo 7 que es de alta seguridad, en donde están las personas que ya arrojan un índice de riesgo superior al 70%. Es un régimen intermedio entre el convencional y el de máxima seguridad que son aquellos que se encuentran en el módulo 8”, describe.
En la máxima seguridad son todas celdas individuales “en donde no existe un área común porque se les mantiene separados y aislados a los privados a libertad donde permanecen básicamente 22 horas encerrados y tienen 2 horas de recreación en un área otra vez restringida que se llama área de soleo”.
También en ese módulo 8, “las visitas son monitoreadas, restringidas, para evitar que aún desde el establecimiento penitenciario pueda seguir “dirigiendo” su actividad ilícita”, apunta.
Martín Mendoza
Por otra parte, el traslado de 42 personas privadas de libertad que se encontraban en Emboscada en las llamadas “celdas de privilegio” fueron llevadas recientemente al módulo 5 del nuevo penal Martín Mendoza bajo el régimen de máxima seguridad. “Ellos van a estar ahí provisoriamente”, apunta explicando que luego se determinará su destino definitivo.
En tanto, ya se procedió a desmantelar esa parte “VIP” e ingresó una constructora para restaurar y recuperar el espacio del viejo penal de Emboscada.
Además de este movimiento se sigue investigando cómo fue posible llegar a la consolidación de una estructura como esa en un penal: “Una cosa es derribar todos los lujos que puede tener una persona privada libertad pero sin destruir el esquema que permitió eso, lo que va a hacer es que se vuelva a reproducir. La intención nuestra es eliminar ese sistema que permite estos privilegios que no corresponden donde también hay funcionarios que se benefician con eso”, apunta.
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| Orlando Castillo |
“Urge un sistema penitenciario profesional y despolitizado”
Para Orlando Castillo comisionado del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) el sistema penitenciario “opera dentro de la lógica de la corrupción, ésta impera en todas las penitenciarías del país, y lastimosamente goza de buena salud. Es un sistema de indignidad para las personas privadas de libertad, donde todo tiene precio, y en el cual la reinserción se convierte en una utopía porque no hay un plan nacional de reinserción, y las escasas oportunidades laborales que realizan únicamente las personas condenadas no forman parte de un proceso implementado por la penitenciaria, sino que es financiado con recursos de cada persona privada de libertad convirtiendo por tanto en un privilegio al cual acceden muy pocos”, describe.
Para Castillo, “urge pensar un sistema penitenciario profesional, altamente calificado, despolitizado, sin injerencias políticas, sin directores políticos, que convierten a las penitenciarías junto a funcionarios corruptos, en centros de recaudación y no de reinserción”.
Al abordar el problema de la falta de condenas sostiene recuerda con datos de julio pasado que un 64% de los presos está en esa condición: “¡6 de cada 10 personas!, esto ocurre cuando los operadores de justicia no aplican de manera estricta y respetuosa la legislación vigente, y el encierro se vuelve la primera respuesta y no la última”
El comisionado entiende que “el problema no pasa por la capacidad de las penitenciarias sino por llevar adelante políticas públicas, sociales que aborden los distintos nudos de tensión antes que se conviertan en problemas. Si seguimos sin mirar lo social, terminaremos construyendo un muro en la frontera y encerrándonos todos dentro. Una problemática actual, por poner un ejemplo, es la del consumo de drogas. Esta problemática no tiene respuesta en el encierro, sino todo lo contrario, con esta respuesta se agrava la situación, pues el consumo continúa dentro de la penitenciaría y fortalece un sistema de corrupción”, ejemplifica.
“La respuesta no es más cárceles, sino tener una visión de sociedad o seguiremos teniendo hacinamiento y sobrepoblación, porque hoy tenemos una justicia mediática, una criminología mediática, donde en muchos casos las decisiones se toman no por el análisis objetivo de los hechos y las pruebas, sino más bien por el nivel de indignación social y presentación de la noticia en los medios de comunicación”, considera.
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| Dante Leguizamón |
Dante Leguizamón Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy)
“Falta una política criminal de prevención”
“El sistema penitenciario sigue en una crisis profunda”, describe Dante Leguizamón secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) por lo que considera que “la construcción de nueva infraestructura o el ingreso de nuevos agentes penitenciarios no significa que cambie. El problema central es que cada año ingresan un promedio de mil personas al sistema penitenciario, entonces siempre va a faltar espacio y nunca se va a poder superar la crisis”
Para Leguizamón otro problema central lo constituyen “las importantísimas redes de corrupción que son sumamente rentables. La precariedad de trabajo de los guardias, la fragilidad para caer en corrupción de los distintos actores y la falta de control y la impunidad que existen en torno a eso, hacen que sea muy difícil. Por eso, si construimos nuevas cárceles o nuevos espacios, esos espacios rápidamente van a adquirir los mismos vicios”, considera.
“Hay una iniciativa de un nuevo sistema penitenciario, pero si no se aborda en profundidad los problemas de, no solo de abuso de la prisión preventiva, que por supuesto es un problema importantísimo, pero si no se aborda efectivamente una política criminal, no solo desde la óptica de la reclusión, sino una que busque prevenir delitos, lo único que hace el sistema actual es que sea más fácil el reclutamiento de las redes criminales que funcionan en las cárceles”.
Links
https://insightcrime.org/es/noticias/crisis-perpetua-sistema-carcelario-paraguay/
https://mnp.gov.py/wp-content/uploads/RecomedacionesConflictoLey.pdf
