Todo comienza en “un entorno social caracterizado por la ausencia de supervisión adulta, la influencia de pares y la disponibilidad de drogas en la comunidad”, apunta un revelador informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que indagó entre adolescentes y jóvenes privados de libertad el origen de sus problemas.
El Informe “Trayectoria escolar de adolescentes en conflicto con la ley. Monitoreo temático en Centros Educativos”, expone las vulnerabilidades del grupo y da cuenta de la necesidad de políticas públicas para revertir el cuadro que describe.
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| Orlando Castillo del MNP durante la presentación del informe |
Un alto porcentaje de los adolescentes manifestaron que se iniciaron con cocaína y con el tiempo y situación económica, terminan consumiendo crack. El consumo de alcohol se encuentra generalizado y es un elemento potenciador para escalar a las drogas. El informe da cuenta de breves testimonios que van apoyando la narrativa, por ejemplo: ““Dejé la escuela por el vicio.”; “Me drogué y ya no recordé lo que hacía.”; “Después de fumar crack hacía macanada.”. Marihuana; crack; cocaína; pastillas; cola de zapatero y otros alucinógenos aparecen mencionados entre los consumos de los entrevistados.
Para Orlando Castillo, comisionado del MNP, “muchos de los niños y adolescentes que son excluidos de la escuela tienen una vida familiar muy solitaria. Barrios que se quedan completamente sin adultos durante 16 horas al día, padres que se van a las 5 de la mañana y vuelven a las 20 de sus trabajos y ese tiempo es llenado por grupos de pares y en esas ciudades, en esos barrios, la presencia de droga es cotidiana, es abrumadora y convivir en ese contexto lleva a un consumo mucho más temprano y prolongado y, sobre todo, muy conflictivo que debe ser observado”, apunta.
Recuerda el estudio: “Los adolescentes relatan que el consumo de sustancias comenzó a edades muy tempranas, generalmente entre los 8 y 13 años... Estas primeras experiencias no fueron percibidas como un comportamiento riesgoso, sino como una práctica incorporada naturalmente al ambiente en el que crecían. La ausencia de supervisión adulta y la influencia de hermanos, primos o pares mayores actuaron como factores que facilitaron esta normalización”, reporta el informe.
Vulnerables
El estudio tomó testimonios de jóvenes privados de libertad en los centros educativos Virgen de Fátima; Itauguá; La Esperanza; Concepción; El Sembrador; Ciudad del Este; Cambyretá y Pedro Juan Caballero y fue desarrollado con el apoyo académico de FLACSO Paraguay y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Albañiles, jornaleros, limpiavidrios, ayudantes de mecánica, agricultores, vendedores ambulantes, trabajadoras de limpieza, aparecen como los oficios que ejecutaron antes de cometer las infracciones que los llevaron a los centros de detención. De acuerdo a lo descripto, los varones consiguen más trabajo que las mujeres y sólo un porcentaje minoritario completó el primer ciclo de la educación básica.
Hay algunas frases claves en los testimonios consignados que dan cuenta de la situación: “Dejé la escuela por el vicio.”; “Por la mala junta ya no quería ir.”; “Pedían documentos y me cansé, empecé a trabajar.”, señalan los jóvenes entrevistados para el reporte.
Como causales de la situación describe el informe: “La trayectoria escolar de los adolescentes se encuentra marcada por múltiples discontinuidades, derivadas de la falta de acompañamiento adulto, debilidades en el sistema educativo y presiones sociales y económicas que dificultan la permanencia en la escuela. La ausencia de mecanismos de retención y seguimiento a los NNA dentro de las escuelas”.
De los datos y testimonios recogidos surge con claridad que la escuela juega un rol fundamental para intentar revertir ese cuadro. Mabel Colmán del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Senaai) lo reafirma: “La prevención empieza mucho antes del conflicto con la ley y sabemos que requiere de una presencia temprana del Estado. Es un desafío que abordamos de manera coordinada, la escuela es clave en la prevención. Por eso estamos articulando con otras instituciones para fortalecer equipos psicosociales, tanto en los Centros Educativos como en contextos escolares vulnerables”.
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| Mabel Colmán |
Colmán apunta que “desde el Ministerio de Justicia entendemos que la prioridad es mejorar constantemente las condiciones socioeducativas dentro de los Centros”, indicando esfuerzos para “fortalecer la articulación interinstitucional, especialmente con educación y salud, para atender de forma integral las situaciones de mayor vulnerabilidad”.
También destaca un trabajo en el departamento de Prevención del SENAAI “para fortalecer la presencia de nuestro equipo técnico conformado por un trabajador social y psicólogas en contextos de alta vulnerabilidad, estuvimos este año trabajando en colegios de la capital como Dahlquist; Juan Manuel Frutos entre otros”, apunta.
Allí se hicieron talleres de prevención “en el Marco del Plan Sumar con jornadas sobre salud mental, bullying y acoso escolar, ansiedad y factores de riesgo y/o conductas asociadas al consumo de sustancias ilícitas, Riesgo y prevención del suicidio, Habilidades sociales y comunicación asertiva, Comportamiento infractor e imputabilidad del adolescente, en donde participaron 310 adolescentes”, comenta.
Castillo entiende que no se puede dejar solo al docente frente a un barrio que tiene “narcotráfico, del microtráfico, consumo y violencias en general. Esa disputa hay que tenerla desde las distintas ciencias y disciplinas”, considera. “Hay que invertir, modificar esa mirada en la que educación es igual a gasto. No hay un gasto en educación, hay una inversión que debe ser sostenida”, propone.
“Y esto, por ejemplo, ya lo entendió la justicia penal adolescente que hoy tiene como asesores a profesionales de distintas ramas, un psicólogo, con un trabajador social, con un antropólogo, en el caso de los indígenas y eso debe ser mirado y entendido también dentro de la educación y se debe invertir en ello”, insiste
Malos tratos y torturas
“El contacto con la Policía, en un alto porcentaje, ha estado marcado por la violencia institucional. Se observa que las primeras horas de detención son de golpes y en algunos casos de tortura”, apunta el informe “Trayectoria escolar de adolescentes en conflicto con la ley. Monitoreo temático en Centros Educativos”.
“Me pegaron con la culata.”; “Me dieron apysarapo.”; “El GEO me golpeó para que cuente.” aparecen destacados entre los testimonios recogidos.
Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) recuerda que “el tema de la policía y la tortura es de vieja data y hace 12 años lo venimos marcando desde esta institución. Todos los estudios señalan que las primeras horas de detención son los de mayor riesgo de tortura, que se dan tanto en el lugar de la aprehensión, en los móviles de la policía y en los calabozos de las comisarías”, apunta.
Entiende que la continuidad de estas prácticas sólo es posible por omisiones institucionales: “La omisión de los médicos que no observan al chico cuando llegan con lesiones y no lo apuntan. El control médico, el certificado debe ser elaborado con presencia exclusiva del adolescente sin la presencia de la policía y debe ser apuntado todo, si tiene moretones, dónde los tiene, en qué parte del cuerpo describirlo, precisar, sacar fotografías. El protocolo de Estambul, señala el procedimiento médico a ser desarrollado y no se está cumpliendo”.
Por otra parte, “preocupa que la fiscalía que observa golpes en el adolescente, no pregunte nada. También los jueces, cuando el chico va a la audiencia, que debe ser dentro de las 6 horas, tampoco ven golpes, moretones… Es preocupante porque la inacción del sistema porque mientras la justicia no le dé un corte la cuestión va a seguir”
El sueño de la
reinserción
Los jóvenes privados de libertad manifiestan voluntad de volver a estudiar, acceder a la universidad, conseguir trabajo, reinsertarse a la sociedad en definitiva.
Mabel Colmán, directora del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI) recuerda que “el posegreso es un punto crítico porque muchos adolescentes recuperan su libertad con redes de apoyo muy frágiles y a veces inexistentes y con recursos básicos insuficientes como para sostener lo que aprendieron dentro de un centro donde reciben muchas herramientas, pero es difícil sostener eso”.
Para intentar construir un soporte “lo que estamos haciendo es fortalecer la coordinación con instituciones territoriales, con programas para asegurar la continuidad de la educación, la salud y la protección. Desde nuestra visión la seguridad pública no se fortalece sólo con medidas punitivas, sino con políticas que acompañan. Debemos ser capaces de escuchar a nuestros jóvenes y responder con la presencia institucional sostenida”, describe.
Por ello explica que “con el apoyo de la cooperación internacional ejecutamos el proyecto “Programa de Reinserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley”, que incorpora talleres de horticultura, carpintería, gastronomía y mantenimiento de aires acondicionados. Así también en coordinación con el Ministerio de Trabajo a través del SNPP, se desarrollaron este año 19 cursos de capacitación laboral en los centros educativos del país.
Orlando Castillo apunta que “los adolescentes tienen sueños, quieren cambiar su vida, un futuro mejor, esa movilidad social que la educación permite”.
Entiende que “no es solamente responsabilidad del Ministerio de Justicia la reinserción. Trabajo; Desarrollo Social, Deportes, deben ser parte de este proceso de reinserción, buscar plazas laborales, pero también estudiar el territorio donde viven estos chicos y ver cuáles son las demandas de oficios y también escucharles”, señala.
Jorge Zárate
Links
https://mnp.gov.py/informe-del-mnp-revela-exclusion-escolar-consumo-temprano-y-violencia-institucional-en-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley/
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