Alto Paraná es una zona de grandes contrastes. Por un lado cuenta con Itaipú Binacional, la mayor represa hidroeléctrica del mundo, compartida con Brasil. Ciudad del Este, la capital del departamento, es una ciudad con un gran movimiento económico que, en la década de 1990, llegó a situarse entre las urbes con mayor volumen de circulación monetaria en el mundo.
La expansión del modelo de la agricultura empresarial desató un gran repliegue de las poblaciones rurales. La producción agrícola a gran escala, con su estandarte, la soya, desplaza anualmente a millares de personas desde los sitios que habitan históricamente
El conflicto por la tierra es el tema central a atender. Se trata de una cuestión clave para aliviar la actual penuria económica que aqueja a más de dos millones de paraguayos y paraguayas que viven en situación de pobreza.
En el departamento de Alto Paraná se encuentra la zona de Ñancuday, ubicada a poco menos de 400 kilómetros al este de Asunción. Allí centenares de familias ocuparon las tierras conocidas como finca 4036, del distrito de Jesún y Trinidad. La Liga Nacional de Carperos, organización que aglutina a pobladores rurales de diversos departamentos del país, reclama unas 12 mil hectáreas. Tranquilo Favero, empresario de origen brasileño, se erige como el supuesto propietario de las tierras en litigio.
Los ya popularizados carperos (ver recuadro) aseguran que existen excedentes sin títulos en el terreno y que, en muchos casos, se trata de “bienes malhabidos”. Pero el grupo Favero se atribuye la propiedad al asegurar que posee los títulos que le acreditan esas tierras.
El área total en disputa está compuesta por 54 mil hectáreas, dimensión suficiente como para dar respuestas a cerca de 300 mil familias en todo el país que carecen de tierras según organizaciones campesinas.
El reclamo de Ñancuday es apenas una fracción de la demanda de tierras a nivel nacional. Las organizaciones campesinas estiman que cerca de 471 mil hectáreas en todo el país están en manos de empresarios brasileños que usufructúan títulos ilegítimos otorgados durante la dictadura de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989.
Oídos sordos
El juez de Paz de Ñacunday, Marcos Martínez, emitió un fallo en primera instancia que favoreció a los campesinos. “Se ha comprobado la existencia de excedentes (de tierra) conforme al plano ilustrativo que se acompaña”, señala en su resolución. Esta medida, que reconoce la demanda de los trabajadores rurales, le costó al magistrado un juicio por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la suspensión en el cargo.
Por otra parte, los pobladores y propietarios de las colonias Itaipyté, Toro-cua y Lomas Valentinas, todas del distrito de Ñacunday, denuncian haber sido objeto de estafa de parte de la empresa Agrotoro SA, propiedad del empresario Favero.
Según investigaciones periodísticas, las tierras actualmente en conflicto fueron adquiridas inicialmente por la firma Gulf + Western Americas Corporation, cuya finca madre original es, precisamente, la 4036. En 1979 estas tierras fueron vendidas a la empresa Agriex SA. Las tierras finalmente quedaron en manos de Agrotoro, de Favero.
Tras el reclamo de los campesinos, la corporación de los empresarios agrícolas, apoyados por otros sectores y por la prensa comercial, cerraron filas. Los representantes de las compañías que aseguran ser propietarias de estos predios reiteraron que no están dispuestos a ceder ante un planteamiento de justa distribución de tierras. Con sus tractores en la ruta dejaron en claro su posición, refrendada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) durante la inauguración de la Exposición de Agricultura, Industria, Comercio y Servicios, que se realizó este año en Mariano Roque Alonso, localidad aledaña a Asunción.
El dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra, Ramón Medina, estimó que “unas nueve millones de hectáreas fueron entregadas a jerarcas y adulones de la dictadura de Alfredo Stroessner. Son aquellos que acumulan riquezas sin pagar impuestos, los que se ofenden porque se les solicita que muestren sus títulos de propiedad y amenazan con un ‘tractorazo’ por una supuesta inseguridad. Son ellos mismos los que generan una situación de enfrentamiento y de atropello a derechos elementales, defendiendo sus privilegios”.
Otra de las cuestiones que quedaron en evidencia con el conflicto de Ñacunday es la falta de un catastro a nivel nacional. El Gobierno anunció la toma de un nuevo crédito para implementarlo. Este déficit es uno de los elementos que propicia la concentración de tierras. Se trata de una de las barreras a romper si se quiere dar una respuesta a fondo para la mayoría de la población.
El 12 de julio, el gobierno nacional decidió oficialmente mediar en el conflicto, reconociendo el derecho al acceso a la tierra consagrado en la Constitución del país, aunque consideró que el problema es “de naturaleza privada”. Además, el Poder Ejecutivo planteó la instalación de una mesa de diálogo para una solución de fondo.
Un comunicado firmado por el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Miguel López Perito, señala que “este conflicto (es) de naturaleza privada y de resolución jurídica, pero con gran repercusión social, derivada del involucramiento de personas y sus familias, del derecho al trabajo de la gente, a la actividad productiva en su conjunto, e igualmente a la necesidad de poner en vigencia real, más allá de cuestiones declarativas, el acceso a la tierra como un derecho constitucionalmente consagrado a favor de cada ciudadano paraguayo; el gobierno nacional, a través de sus instituciones ha estimado oportuno, conveniente y de obligación involucrarse en el afán de lograr la solución del conflicto”.
El texto admite que se ha constatado que la crisis “fue generada por instrumentos de dudosa legalidad relacionados a tierras, para favorecer negocios en detrimento del patrimonio de entidades bancarias, detrimento de la salud del sistema financiero, y finalmente, detrimento del patrimonio del propio Estado en la medida en que debió en todos los años anteriores acudir en auxilio del desamparo generado contra sus ciudadanos afectados”.
Un día más tarde del compromiso oficial, los carperos abandonaron la ocupación del predio 4036 de Ñancuday. Pero las banderas siguen flameando desde terrenos aledaños. Los campesinos prometen que la lucha continuará.
Desde Asunción, Vicente Páez
Carperos
Hasta hace un año, la sociedad paraguaya ignoraba el significado y el sentido del término “carperos”. Las protestas, fundamentalmente cortes de caminos y ocupación de tierras, popularizaron a estos campesinos que tienen en común la carencia de tierras para cultivar. Mayoritariamente provienen de los departamentos de Alto Paraná y San Pedro, aunque en los últimos tiempos se han conformado grupos en otros distritos del país. Más allá de la novedad del término que los popularizó, no son actores sociales nuevos, sino ramificaciones o desprendimientos de organizaciones campesinas históricas, muchas de las cuales apoyaron o apoyan la gestión del presidente Fernando Lugo. A comienzos de este año, la Liga Nacional de Carperos alertó que habría ocupaciones masivas si el gobierno paraguayo no solucionaba los históricos reclamos. En marzo, se registró la primera gran toma de tierras. La legimitidad de las demandas no impide a algunos dirigentes del sector alertar que los carperos están siendo infiltrados por grupos políticos afines al Partido Colorado, con la clara intención de desestabilizar al gobierno de Lugo, ya sea promoviendo el caos o provocando desalojos violentos con consecuencias insospechadas. A pesar de esta posible acción de la derecha, los organismos de Derechos Humanos alertan sobre la criminalización de las luchas sociales, frente a una demanda históricamente justa.
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