7 de noviembre de 2011

Debaten cómo gastar nuevos ingresos

El gobierno comenzó a recibir más regalías por Itaipú

Expectativa: Paraguay recibió el primer pago tras el aumento de las compensaciones anuales por la energía de la reserva Itaipú que consume Brasil. Desde mayo de este año, los brasileños están obligados a abonar 30 millones de dólares por mes, cuando antes sólo pagaban 10. El hecho fue celebrado como un logro por el gobierno de Lugo, aunque su promesa de campaña implicaba la renegociación del Tratado de Itaipú, que beneficia a Brasil, único país al que Paraguay puede vender esa energía. El debate por el destino de esos fondos es objeto de grandes pujas. Buena parte de la población impulsa la iniciativa “El 50% de Itaipú y Yacyreta es nuestro” para que el dinero se invierta en necesidades populares y generación de empleo.
 


Brasil pagó 36 millones de dólares por compensación de energía en un acto festejado por el gobierno paraguayo, ya que fue parte central de la campaña presidencial de Fernando Lugo. “Promesa cumplida”, celebraban los avisos publicados en la prensa, en los que se explicaba que la cifra corresponde a una décima parte del total que Brasil pagará. Aunque la promesa presidencial implicaba la renegociación del Tratado de Itaipú.
 El Congreso brasileño aprobó en mayo último las Notas Reversales de la hidroeléctrica binacional Itaipú, que triplica la compensación por energía de 120 a 360 millones de dólares. Cifra todavía muy lejana a los precios de mercado, ya que computan un valor de 7,8 dólares por cada megavatio/hora (Mw/h), cuando en Brasil la energía eléctrica llega a venderse hasta cinco veces más cara.
 Paraguay, a causa del Tratado de Itaipú, no puede venderle a otro país la energía que no consume. Itaipú represa al Río Paraná en la frontera con Brasil. Tiene 20 turbinas, de las cuales Paraguay es propietario de 10. Pero sólo consume la energía de una y está obligado a vender a precio muy barato la energía de las nueve turbinas restantes a Brasil.
 El tratado rige hasta 2023 y a ello se aferró la delegación brasileña durante las negociaciones. Paraguay aceptó entonces recibir este monto triplicado, que aún no constituye el objetivo final de su renegociación.
 En cuanto al destino del dinero, el Gobierno publicó que “para administrar esos fondos, el Gobierno propone la creación de un organismo para fomentar los programas de infraestructura e inversión social”, según se lee en el mencionado aviso.

Destino de los fondos
La iniciativa popular “Itaipú ha Yacyreta 50% Ñanemba`e” (“el 50% de Itaipú y Yacyretá es nuestro”, en guaraní) juntó un importante número de firmas en mayo y junio pasado para que se trate en el Congreso el proyecto de ley que establece el uso social de los 360 millones de dólares. “Para nosotros es fundamental que se use en la gente más necesitada”, indicó Luis Aguayo de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), en la misma línea que Gumersindo Galeano, sindicalista de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), quien afirmó que el dinero a recibir por las compensaciones debe “volver al pueblo”. Ricardo Canese, diputado del Parlasur que acompaña el proyecto, expuso que “esta iniciativa plantea el uso más justo de ese dinero para plantear las bases de un desarrollo con equidad”.
 El proyecto gana interés contra la voluntad del ministro de Hacienda, Dionisio Borda, que pretende utilizar el dinero para sanear las cuentas fiscales. El Partido Colorado solicitó que debe llegar a las intendencias mientras que la Federación de la Industria y la Producción (Feprinco) reclamó que se utilice para dar más crédito público.
 La iniciativa que llegará al Congreso busca lograr que unas 90 mil familias accedan a redes eléctricas, casi un millón de personas tengan agua potable y alcantarillado sanitario, se construyan caminos para 18.520 comunidades rurales; reciban asistencia 260 mil familias para la reforma agraria; se adquieran 878 mil computadoras para estudiantes, se construyan y equipen siete mil puestos de salud y se financien unas 16 mil micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros aspectos resaltados por los organizadores.
 Todas las inversiones “serán de gran sencillez: pequeñas plantas industriales, empedrados, viviendas populares, por lo que será la industria nacional y los trabajadores paraguayos los que ganarán puestos”, explicaron los promotores del proyecto de ley, que calculan que se podrán crear más de 60 mil puestos de trabajo, becar a 11 mil estudiantes, brindar tarifa eléctrica social a 500 mil familias más y establecer una pensión universal de 220 dólares al año para 100 mil adultos mayores.
 En resumen, se prevé que se destine un 76% de los recursos a gastos de capital, un 21,4% de inversión social directa y un 2,5% a otros gastos. Entre los gastos de capital, 88% se utilizaría en inversión física, caminos, líneas eléctricas, viviendas, industrias, escuelas, centros de salud y similares.
 Según el anteproyecto presentado por los integrantes de la Comisión Promotora, se prevé la creación de un “Fondo para la Promoción del Desarrollo Económico y Social (Fondes)”, dependiente del Poder Ejecutivo, que distribuirá los recursos extraordinarios provenientes de las compensaciones por la energía cedida.




XXIª Cumbre Iberoamericana

La necesidad del libre tránsito para los países sin litoral marítimo fue una de las propuestas principales de Paraguay en el marco de la XXIª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolló el 28 y 29 de octubre en Asunción bajo el lema “Transformación del Estado y Desarrollo” y contó con la presencia de 14 presidentes de Iberoamérica: Felipe Calderón (México), Evo Morales (Bolivia), José Mujica (Uruguay) y Sebastián Piñera (Chile); Porfirio Lobo (Honduras), Rafael Correa (Ecuador), Ollanta Humala (Perú), Leonel Fernández (República Dominicana), Álvaro Colom (Guatemala), Juan Manuel Santos (Colombia), Ricardo Martinelli (Panamá), Antoni Martí (Jefe de Gobierno de Andorra), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Aníbal Cavaco (Portugal). Otros puntos de interés de la delegación local fueron la cuestión de las migraciones: se reclamó a los Estados la regularización de las documentaciones, principalmente las de los paraguayos en España. También hubo una exposición especial sobre seguridad ciudadana.





Estado de excepción

El presidente Lugo declaró el estado de excepción por 60 días en los departamentos de Concepción y San Pedro, en la frontera con Brasil, para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo armado de izquierda que opera en la región. El Jefe de Estado realizó un recorrido por el Regimiento de Infantería RI-10 Sauce, de Concepción, donde están desplegadas tropas militares, policiales y blindados, que buscan capturar a los cabecillas del grupo que, según la Fiscalía, tiene vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El estado de excepción se declaró tras la muerte de dos policías en un ataque a un puesto policial de la localidad de Horqueta (Concepción), 450 kilómetros al noreste de Asunción. “Esta vez, ojalá (…) en menos de 60 días podamos devolver la sensación y realidad de seguridad y tranquilidad a la población”, dijo Lugo durante la recorrida que hizo acompañado por los ministros Carlos Filizzola, Interior; Catalino Roy, Defensa; Augusto Dos Santos, Comunicación; y el nuevo embajador de Estados Unidos en Paraguay, James Thessin. El operativo cuenta con el asesoramiento de las Fuerzas Armadas de Colombia.



Emigrados podrán votar 
Con una participación del 12,54 % de los tres millones 32 mil electores, un total de 272.834 ciudadanos (el 77,82% de los votantes), aprobaron la habilitación del sufragio electoral a los paraguayos residentes en el exterior en el referendo del 9 de octubre pasado. El artículo 120 de la Constitución Nacional de 1992 impedía esta posibilidad y había sido establecido por el temor del Partido Colorado a los votos de la diáspora paraguaya que imaginaban opositora en su mayoría. De acuerdo a la Secretaría de Repatriados, unos 600 mil paraguayos residen en Argentina, 200 mil en Brasil, 150 mil en España y alrededor de 80 mil en Estados Unidos. Fue la primera vez desde el retorno de la democracia que se realizó una consulta a la ciudadanía sobre un cambio en el texto de la Carta Magna.

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