12 de diciembre de 2011

Lugo nombra Fiscal General a un colorado

Reporte en la edición diciembre11/enero12
Ceder: luego de un acuerdo en el Senado, el Presidente nombró a Javier Díaz Verón, del opositor Partido Colorado, como nueva autoridad máxima del Ministerio Público, órgano del Estado que decide, entre otras medidas sensibles, las órdenes de desalojo y la represión de la protesta social. El modo en que el ministerio ha venido interviniendo durante los últimos años ha generado un enorme rechazo de campesinos y organizaciones populares. Mientras desde el Congreso ponen trabas al accionar del Gobierno, Lugo busca hacer equilibrio con acuerdos que generan nuevos conflictos y no pocos repudios.
El presidente Fernando Lugo nombró Fiscal General del Estado a Javier Díaz Verón y dio así fin a una pulseada política que desconcertó a propios y extraños. El nuevo titular del Ministerio Público es miembro del opositor Partido Colorado y hombre de confianza de su correligionario, el fiscal saliente Rubén Candia Amarilla, cuyo mandato venció en agosto pasado.
El cargo es clave, ya que desde allí se decide, entre otras cosas, cuándo reprimir la protesta social. En general, durante el gobierno de Lugo, el ministerio siguió los lineamientos trazados por Candia Amarilla, implacable perseguidor de las luchas campesinas.
 Vale recordar que unos dos mil dirigentes sociales permanecen imputados en causas derivadas de la lucha por la tierra, el principal problema político del país, donde el 3% de los propietarios concentra el 85% de las tierras.
 La Fiscalía es también complaciente con el avance del agronegocio: no ha dudado en actuar a favor de los grandes soyeros y en contra del movimiento campesino en actuaciones escandalosas que han sido denunciadas de manera permanente por el movimiento social. Los desalojos con fuerte intervención policial se convirtieron en una imagen común en los últimos años ante cada disputa por terrenos entre empresarios de la soya y campesinos o indígenas.
 Otra área sensible de la tarea fiscal es la investigación y seguimiento de las actividades del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a cuyos integrantes persiguen fuerzas militares y policiales amparadas en el estado de excepción que dictara el gobierno para los departamentos de San Pedro y Concepción. “Existe una política y vamos a seguir como garantes y responsables de lo que establecen la Constitución y la ley. Hay que hacer un combate frontal a esta banda criminal que utiliza métodos terroristas para poner en zozobra a la población. Vamos a ser inclaudicables en nuestros principios en pro de la sociedad y trabajar en forma coordinada con la seguridad y las Fuerzas Armadas”, dijo Díaz Verón, que prometió incrementar el personal, la infraestructura y combatir la “inseguridad ciudadana” al asumir.

Tensiones legislativas
El fiscal fue designado en una polémica sesión del Senado en la que votaron juntos los colorados, luguistas y el sector que responde a Blas Llano, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (Plra). Los senadores de Patria Querida, del Unace de Lino Oviedo y el sector liberal que responde al vicepresidente Federico Franco, no participaron de la sesión consagratoria de Díaz Verón e intentaron impugnar dicha elección aduciendo problemas formales. En su particular lectura consideraron que la elección se trata de un acuerdo para garantizar impunidades futuras cuando Lugo deje el gobierno en 2013.
Fuentes oficialistas justificaron el nombramiento en la necesidad política de sostener el difícil equilibrio de poder con un Congreso que vota sistemáticamente en contra de las normas que promueve el Gobierno. Como argumento citan el recorte que la Cámara de Diputados determinó en el presupuesto del programa Tekoporá (“vivir bien” en guaraní) para 2012.
 La nueva alianza en el Senado podría revertir este cuadro y devolver la esperanza de cubrir las necesidades de las poco más de 93 mil familias beneficiadas. Tekoporá está dirigido a los hogares en situación de extrema pobreza del área urbana y rural.
 Otro foco de conflicto se generó luego que los diputados ampliaran en 683 millones dólares el proyecto de presupuesto 2012 enviado por el Gobierno, lo que ya comenzó a disparar las preocupaciones sobre un inminente déficit fiscal. Además, el Congreso se negó a sancionar impuestos progresivos que habían sido propuestos, como el de gravar la renta personal y las exportaciones de granos y oleaginosas en bruto, que nada tributan en el país.

Desde Asunción, Jorge Zárate

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