10 de mayo de 2012

Poder judicial en la mira



Fallo: el Consejo de la Magistratura desconoció la decisión del Senado de remover a siete de los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los ministros de la CSJ se habían declarado “inamovibles” en una reunión del pleno, luego que el Senado decidiera no ratificar en sus cargos a siete de ellos, muchos de los cuales responderían al Partido Colorado. El grave conflicto institucional desnudó la pésima situación de la administración judicial del país, sospechada de corrupción por la mayoría de los paraguayos y con alto grado de ineficiencia en muchos asuntos. La población apoya la retirada de los jueces, pero no se le permite participar de la decisión.


Un conflicto de poderes estatales se desató a raíz de la decisión del Senado de no confirmar a siete de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por considerar que sus mandatos están vencidos. Pero los ministros de la CSJ se declararon “inamovibles” y fueron respaldados por un fallo del Consejo de la Magistratura el 24 de abril, en una decisión apoyada por cuatro de los siete miembros del órgano encargado de seleccionar jueces, controlar su actividad e imponer sanciones, entre otras atribuciones. Los senadores habían comunicado su medida a la Organización de Estados Americanos (OEA) y esperan ahora algún arbitraje internacional para resolver el grave problema institucional.
La confusa redacción del artículo 252 de la Constitución nacional permitió diferentes interpretaciones. Para los senadores “los miembros de la Corte necesitan de dos confirmaciones cada cinco años para adquirir la inamovilidad”, como impone la ley para los “magistrados”. Quienes defienden la tesis contraria argumentan que los jueces máximos del país son ministros y tal requisito no se les puede aplicar. Aseguran que diferentes acuerdos de cortes anteriores consagraron la inamovilidad.
El Poder Ejecutivo sostuvo siempre una posición intermedia y distante. Su representante en el Consejo de la Magistratura se abstuvo de votar y sugirió una consulta a especialistas internacionales sobre el verdadero alcance de las atribuciones constitucionales defendidas por el Senado para tomar la decisión. El presidente Fernando Lugo procura que el conflicto sea resuelto a través del diálogo político y consideró importante una mediación de la Iglesia Católica. Reiteró también que un verdadero cambio del Poder Judicial sólo podrá ocurrir luego de una reforma de la Constitución, porque se necesitan transformaciones profundas. “Mientras no haya un cambio estructural del ordenamiento jurídico del país, a través de una Constituyente, los cambios irán haciéndose muy lentamente”, sostuvo. La convocatoria a una Asamblea Constituyente es una de las propuestas centrales del Gobierno en caso que sea reelegido en 2013, aunque todavía no se han confirmado las candidaturas.

Desprestigio y corrupción
Más allá de este asunto particular, la Justicia paraguaya está hoy muy desprestigiada en varios aspectos. El sistema carcelario nacional albergaba a fines de 2011 a 7.339 internos en 16 centros, con una superpoblación de 1.700 personas. La capacidad instalada está preparada para recibir a 5.863 internos, según un informe de la Unidad de Supervisión de Penitenciarías de la CSJ. El problema es cada vez más profundo porque la población carcelaria crece a ritmo acelerado: entre 2010 y 2011 el número personas privadas de su libertad aumentó un 18% (1.143 personas más). Entre los hombres hay 4.907 procesados y 1.975 condenados; 354 son las mujeres procesadas y 103 las condenadas.
 Otro aspecto preocupante es la justicia laboral. Son pocos los casos en que los trabajadores alcanzan a litigar en la segunda instancia. La benevolencia de los jueces para con las patronales hace en muchos casos imposible que se consagre jurisprudencia sobre los derechos del trabajo, uno de los problemas principales de las relaciones entre obreros y empleadores en el país, mientras más de tres mil expedientes permanecen olvidados entre la inmensa burocracia judicial.
La titulación de tierras mal habidas es otro elemento nunca investigado por el Estado y una cuestión clave en la lucha de las organizaciones campesinas por una reforma agraria. Es común que en litigios aparezcan títulos duplicados y hasta triplicados de una misma propiedad en prejuicio de quienes trabajan la tierra. Sentencias sometidas a listas de precios, nepotismo a alta escala y turbios negocios entre estudios jurídicos y juzgados son otros de los tantos problemas que la población percibe en el sistema judicial nacional.
La inmensa mayoría de los paraguayos apoya la retirada de los siete jueces de la Corte Suprema, pero hasta el momento no se le permite participar en la resolución de la situación.

Desde Asunción, Jorge Zárate
Urupabol y la integración energética
“La energía es cada vez más importante en el mundo. Los recientes acontecimientos regionales así lo demuestran y nuestra región está reafirmando su soberanía sobre los recursos naturales propios, donde la energía es un curso natural estratégico e indispensable para el bienestar de nuestro pueblo”, declaró Cecilio Pérez Bordón, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, durante el encuentro de ministros de los países integrantes de Urupabol, convenio de integración entre Uruguay, Paraguay y Bolivia. De la reunión, realizada el 20 de abril, participaron también el ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Juan Sosa Soruco, y el de Industria uruguayo, Roberto Kreimerman. El objetivo del encuentro fue avanzar en la cooperación energética entre los tres países a partir de la presentación de un estudio de factibilidad sobre el abastecimiento de gas natural de Bolivia a Paraguay y Uruguay, y otro sobre la interconexión eléctrica entre las ciudades de Villa Hayes (Paraguay) y Villa Montes (Bolivia). La Cancillería paraguaya, a través de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, está desarrollando el estudio de pre-factibilidad de la interconexión eléctrica y gasífera entre Paraguay y Bolivia. “Esperamos renovar nuestros compromisos con esta integración solidaria, sustentada en los principios de soberanía, complementariedad, precio justo, transparencia, libre tránsito y no discriminación que defenderemos en este bloque”, concluyó el ministro Pérez Bodón al finalizar el encuentro. En la reunión se suscribieron acuerdos para la venta de gas licuado de petróleo (GLP) de Bolivia a Paraguay y Uruguay entre 2013 y 2014.

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