Desvío: el procesamiento sin pruebas firmes de 15 campesinos por el asesinato de 17 personas en Curuguaty busca esconder la falta de esclarecimiento de aquella tragedia, determinante para el posterior golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo. La justicia resolvió que cuatro de los acusados dejaran la cárcel y cumplieran arresto domiciliario, tras una huelga de hambre que los puso al borde de la muerte. El asesinato de un testigo clave de la matanza, las movilizaciones sociales, la falta de evidencias concretas y los cuestionamientos al fiscal del caso conforman uno de los mayores escándalos del régimen que se instaló tras la ruptura institucional en junio pasado.
La advertencia médica de un inminente “desenlace fatal” aceleró los tiempos para que un juez otorgara prisión domiciliaria a cuatro campesinos que se encontraban en estado crítico tras casi 60 días en huelga de hambre. Los acusados protestaban en rechazo de los cargos como presuntos responsables de la matanza de Curuguaty, ocurrida el 16 de junio, que derivó en el golpe institucional contra el presidente Fernando Lugo. En la misma situación procesal se encuentran otros ocho campesinos, detenidos en la cárcel regional de Coronel Oviedo, capital del departamento Caaguazú, en el centro del país.
El juez penal de garantías de Curuguaty, José Benítez, aceptó el 23 de noviembre un pedido de los abogados de los procesados Luis Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, quienes ayunaron para exigir su liberación. Antes de esta resolución, el régimen paraguayo había ordenado la alimentación de manera forzosa después que informes médicos coincidieran en que se trataba de casos muy graves.
Los médicos Cynthia Elizabeth Jara y Fabricio De Giacomi Zaldivar examinaron a los campesinos en huelga de hambre el 18 de noviembre. Según el informe de aquel día, los detenidos “estarían cerca de entrar en la fase 3, donde corren el riesgo de perder la vida”, ya que “el cuerpo empieza a utilizar algunas reservas y empieza a afectar algunos órganos vitales como el riñón, el corazón, y el cerebro”.
El caso más preocupante fue el de Lucía Agüero, de 25 años, quien se encontraba en estado de shock luego de haber visto cómo asesinaron a su hermano durante la masacre en Marina Cué. “Lucia se encuentra en la etapa 2 de ayuno, donde la principal fuente de energía depende de los depósitos de grasa, con signos evidentes de emaciación y flacidez muscular marcada, pero aún sin signos clínicos de consumo de proteínas, remarcando que físicamente se visibilizan depósitos grasos escasos y que la transición a la siguiente etapa del ayuno (generalmente irreversible) depende fundamentalmente del agotamiento de estas reservas, que en individuos con su contextura física se estima que durarían entre 40 y 60 días”, concluyó el informe médico.
Con este diagnóstico, el gobierno de Federico Franco obligó a alimentar en forma forzosa a los cuatro campesinos que proclaman su inocencia. Pero de forma paralela, los ministerios de Justicia e Interior reiteraron que no aceptarán los pedidos de excarcelación de los campesinos, detenidos hace cinco meses.
Movilización
La huelga de hambre fue acompañada por movilizaciones permanentes que reclamaban la libertad de los presos políticos, a quienes la fiscalía procesó sin pruebas contundentes. Los familiares de los presos y víctimas solicitaron al juez de la causa y al Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, que considere la vida de los detenidos.
En Curuguaty murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías, durante un intento policial de desalojo de familias sin tierra en una finca de Marina Cue, que se adjudicaban ilegalmente familiares del empresario Blas N. Riquelme, vinculado al Partido Colorado, recientemente fallecido.
“¿Por qué el resto (de los detenidos) no ha recibido una resolución de libertad total, pues no existe acusación firme de delito alguno cometido por ninguno de ellos el día 15 de junio en Yby Pytá?”, se preguntó la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc). Esta institución, que tiene como referente al dirigente liberal Domingo Laíno, produjo un informe alternativo en el que consta la falta de pruebas para retener en prisión a los 12 campesinos. Este mismo estudio fue presentado por Fernando Lugo al fiscal general Javier Díaz Verón, para que proceda a la liberación de los injustamente detenidos. El destituido presidente reiteró en ese momento que el desalojo practicado por la policía en las tierras de Marina Cue fue parte de “un complot” para quitarlo del poder, por lo que insistió en un esclarecimiento del caso para avanzar en la construcción democrática en el país. “La justicia tiene la gran responsabilidad de investigar” la masacre de Curuguaty, dijo el mandatario destituido. Alertó que “a cinco meses de la masacre, no se conoce investigación alguna”.
El Ministerio Público no sólo desoyó el reclamo de los familiares de los presos: contó con el apoyo de la policía para reprimir violentamente con balas de goma y gases prohibidos una pacífica vigilia de jóvenes que reclamaba la liberación de los presos frente a la sede de la Fiscalía General.
A mediados de noviembre, el juzgado de Curuguaty ofreció la libertad a Felipe Nery Urbina, uno de los campesinos presos y en franco deterioro en su estado de salud. Sin embargo, éste rechazó la oferta diciendo que el pedido de libertad es para los 12, no para uno solo. Otro hecho que conmocionó al país ocurrió el 1 de diciembre, cuando el dirigente Vidal Vega fue asesinado a tiros delante de su familia. Era testigo clave de la matanza.
Los detenidos están acusados de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros delitos. La Fiscalía concluyó que los policías “cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados”. Pero los abogados defensores insisten en que las pruebas no son concluyentes y que existen fotografías y filmaciones que demuestran que los agentes de policía fueron abatidos por “expertos tiradores” y no por los campesinos.
Los hechos
Entonces, ¿qué pasó en Curuguaty? Es la pregunta que comenzó a crecer en la población a raíz de la pésima investigación encabezada por Jalil Rachid, fiscal de la causa acusado de nexos con la familia que se atribuía la propiedad de las tierras fiscales ocupadas por los campesinos asesinados el 15 de junio.
El procedimiento judicial que terminó en la matanza de Curuguaty fue encabezado por la fiscal de ese momento, Ninfa Aguilar. El senador liberal Luis Alberto Wagner denunció que Aguilar fue anteriormente abogada del Blas N. Riquelme, político y empresario colorado a quien supuestamente pertenecía la tierra donde ocurrió la masacre, aunque luego se aclaró que eran tierras públicas.
Ninfa Aguilar se apartó del caso y fue reemplazada por Jalil Rachid, hijo del político colorado Bader Rachid Lichi. El propio fiscal admitió ante la prensa que su padre era amigo de Blas N. Riquelme. Los abogados de los campesinos solicitaron la recusación del fiscal, pero fue denegada.
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