Mensajes: un frente social logró frenar la incorporación de capital privado a la empresa pública de energía eléctrica en momentos en que el presidente electo prometía en España abrir la economía y garantizar las inversiones extranjeras. Sectores políticos admiten acuerdos entre liberales y colorados aunque niegan que se trate de un pacto de impunidad para frenar las denuncias de corrupción contra el gobierno que surgió hace un año del golpe contra Fernando Lugo. Horacio Cartes, que asumirá el próximo 15 de agosto, reclama para su país la presidencia temporaria del Mercosur, que a partir del 12 de julio debe ejercer Venezuela.
El Senado paraguayo desestimó un proyecto que abría la posibilidad de privatizar la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tras la importante presión de una coordinadora de organizaciones sociales. El rechazo a la incorporación de capitales privados a la compañía estatal se vivió como un ejercicio de medición de fuerzas por parte de los partidos tradicionales y una pequeña muestra de lo que se puede venir a partir del 15 de agosto próximo con la asunción del presidente electo, el colorado Horacio Cartes.
La posibilidad de radicación de industrias electrointensivas (que demandan grandes volúmenes de energía eléctrica), como la canadiense Rio Tinto Alcán, agudizó la ambición de las cúpulas de poder de los partidos tradicionales que jugaron un globo de ensayo para ver cómo reaccionaba la población ante la idea. Miles se manifestaron en todo el país contra la iniciativa. Unas cino mil personas lo hicieron frente al Congreso, en Asunción, mientras que en el interior 25 mil protestaron bajo el lema “No a la privatización”.
El objetivo de los grandes capitales es hacerse de la distribución de la energía que el país produce en abundancia en las represas de Itaipú y Yacyretá y venderla a las compañías que eventualmente se radiquen bajo el régimen de maquila (fábricas de productos o empresas de servicios a bajo costo con un sistema laboral precario). Este sistema de producción y empleo es la principal promesa electoral de Cartes, un empresario tabacalero que convenció a las mayorías con la idea de que generaría fuentes de trabajo.
El experto en energía Ricardo Canese, reelecto diputado al Paralmento del Mercosur (Parlasur) por el Frente Guasú, resumió los alcances de la intención de la privatización de la empresa de energía eléctrica: “en primer término se trata de un proyecto de ley claramente inconstitucional, pues las concesiones pueden otorgarse tan sólo por ley y no a través del Poder Ejecutivo, y menos por intermedio de un ente desregulador de inferior jerarquía. Eso no le preocupa a los diputados que han aprobado, en general, este proyecto de ley, que es directamente para robar al sistema eléctrico nacional y a todos los usuarios que terminarán pagando los sobrecostos de la privatización del sistema eléctrico nacional”, expuso.
En el mismo sentido, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ande (Sitrande), José Pineda, aclaró: “No descansaremos hasta que el proyecto pase al archivo”. El dirigente celebró la postergación del tratamiento del proyecto de ley del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico.
Alianzas y pactos
Éstas y otras discusiones se dan en medio de sospechas de que el futuro gobierno Colorado (PC) y el Partido Liberal (Plra) realizan acuerdos entre las cúpulas partidarias sobre la línea de subordinación al presidente electo. Un ejemplo de estos pactos es la aceptación por parte del Plra de elegir como jefe de bancada en la Cámara de Diputados a Juan “Ancho” Ramírez, un antiguo empleado de Horacio Cartes y propietario de una financiera.
La señal es vista, además, como la ratificación del acuerdo político que se hiciera entre el Plra y los Colorados para dar el golpe de Estado parlamentario a Fernando Lugo hace un año. No se descarta que Ramírez presida Diputados y que los liberales ayuden a consagrar a Julio César Velázquez, del Partido Colorado, como presidente del Senado. Este último dijo a la prensa que el acuerdo involucra obtener un alto nivel de responsabilidad fiscal, acompañar el futuro presupuesto, otorgar fondos para combatir la pobreza e “impulsar acuerdos público-privados para la concesión de obras, rutas, etc...”
Al asumir los nuevos legisladores surgidos tras las elecciones del 21 de abril (el presidente asumirá el 15 de agosto), el Partido Colorado tenía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en el Senado.
El liberal Federico Franco, vicepresidente de Lugo y luego presidente tras el golpe contra el ex obispo, admitió un acuerdo aunque descartó que esa alianza incluya un “pacto de impunidad” sobre su gestión. “El hecho de que los partidos lleguen a un acuerdo no significa de ninguna manera un pacto de impunidad y ojalá que el presidente Cartes también tenga el acompañamiento en el Congreso de todos los signos políticos”, dijo.
El ex presidente Fernando Lugo, flamante senador, rechazó “cualquier tipo de pacto de impunidad”. Advirtió que “el Frente Guasú luchará con los sectores sociales y populares para que los responsables del saqueo de los fondos públicos sean juzgados y castigados por la justicia”. Al recordar el primer aniversario de su destitución como presidente (recuadro), calificó al llamado “pacto de impunidad” entre el Plra y el PC como la “expresión más brutal y oscurantista” de los sectores golpistas “para continuar con el saqueo del Estado y la entrega de la soberanía”.
Certezas y miedos
Hubo más presiones a lo largo de junio para que el presidente electo no dude –si dudó en algún momento– de cuál es el camino del que Paraguay no debe apartarse. La oligarquía poseedora de unas ocho millones de hectáreas de tierras mal habidas y la prensa empresarial sembraron la idea de la posibilidad de que el país estalle en una guerra interna a causa de los reclamos campesinos, el problema principal del país.
En plena campaña de miedo, crecieron las versiones de que el presidente electo permitió el ingreso de asesores del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel (Mossad) para trabajar en los departamentos del Norte, San Pedro, Concepción y Amambay, en los que desarrolla actividades el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que se acusa de actos de terrorismo y secuestros entre otros delitos.
Desde España, Cartes aseguró que con su asunción se supera la crisis institucional abierta tras la destitución de Lugo; prometió que generará un clima jurídico acorde para la inversión privada y rechazó que Venezuela presida temporariamente el Mercosur a partir del 12 de julio. Reclamó esa posición para su país cuando se reintegre al bloque regional. Y señaló que “Paraguay no tiene problemas con Venezuela (aunque) nuestra voluntad política tiene un límite, que es el Estado de derecho”. También dijo que si Venezuela ocupa la presidencia del Mercosur no será posible la reincorporación de Paraguay, y consideró que a su país le corresponde ocupar la presidencia “como miembro fundador”.
Cartes se reunió el 24 de junio con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy; con empresarios españoles y con el rey Juan Carlos. En Madrid habló de las propuestas económicas de su gobierno; prometió “seguridad” a los inversores y se comprometió a fomentar una ley que garantice la acción público-privada. “Paraguay cuenta con grandes riquezas y un gran potencial y, sin embargo, exporta pobreza”, dijo. Admitió “el contraste entre un pequeño grupo de privilegiados, al cual yo pertenezco, y la pobreza de una amplia mayoría (donde) hay un alto porcentaje de desnutrición” y “enormes zonas de pobreza”.
Desde Asunción,
Jorge Zárate
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