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| Unas 5 mil personas repudiaron la aprobación de la Ley de Alianza
Público-Pivada. Foto: Cigarrapy |
Ilimitado: la promulgación de la llamada Ley de Alianza Público-Privada (APP), aprobada definitivamente por el Congreso el 28 de octubre, permite al Poder Ejecutivo autorizar inversiones sin la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas ni la intervención del Poder Legislativo. El artículo 52 abre las puertas al capital privado en proyectos de infraestructura pública; concesión de servicios de las áreas de salud, educación; y generación, distribución y transmisión de energía eléctrica y otros recursos naturales. La policía reprimió una protesta de unas cinco mil personas en Asunción durante una jornada en la que se movilizaron en forma pacífica alrededor de 50 mil manifestantes en todo el país, incluyendo cortes de puentes y rutas.
El gobierno paraguayo ya cuenta con la llamada Ley de Alianza Público-Privada (APP) aprobada definitivamente por el Congreso el 28 de octubre. Este instrumento permitirá al presidente Horacio Cartes abrir al capital privado nacional y extranjero las empresas en manos del Estado. Se trata de un eufemismo que da al Ejecutivo la posibilidad de privatizar los bienes del Estado, recursos naturales y servicios públicos.
La iniciativa forma parte de una serie de normas y resoluciones del plan económico neoliberal instrumentado por el flamante Gobierno (asumió en agosto pasado) acompañado por ministros de perfil técnico apoyados por intereses económicos del país y del exterior. En este paquete se incluyen la modificación de la Ley de Defensa Nacional, aprobada apenas asumió Cartes, que le confiere al presidente la exclusividad de utilizar las Fuerzas Armadas en conflictos de orden interno sin necesidad de pedir autorización al Congreso. Otra norma que va en el mismo sentido es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que faculta al Ejecutivo para reestructurar y modificar el presupuesto nacional sin necesidad de contar con la aprobación legislativa. Por último, Cartes adelantó que en los próximos días presentará al Congreso un proyecto de ley para “garantizar” la llegada de inversiones extranjeras en el país.
Amplitud
La legislación otorga al Ejecutivo la potestad de autorizar inversiones sin la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas ni la intervención del Poder Legislativo. El artículo 52 de la APP especifica detalladamente las áreas de infraestructura y servicios que se abren a los inversores privados provenientes de cualquier lugar del mundo: aeropuertos, autopistas, ferrocarriles, acueductos y oleoductos, edificios penitenciarios, hospitales, escuelas, cemento y caminos del área metropolitana de Asunción.
La ley incluye también a las multinacionales que estén interesadas en la producción y comercialización de hidrocarburos y productos derivados, al igual que las distintas etapas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica; telecomunicaciones; agua potable; saneamiento urbano; puentes nacionales e internacionales; y dragado y mantenimiento de ríos.
Durante la sesión en el Congreso se escucharon discursos justificatorios de la necesidad de contar con la nueva ley pero sin mayores argumentos. Las bancadas del Partido Colorado y aliados del Partido Liberal y otras pequeñas fuerzas de derecha sumaron 60 votos para dar curso a la normativa. Vano fue el intento del diputado Ramón Duarte (Frente Guasu) de plantear que la cuestión se resuelva en un plebiscito donde lógicamente el Gobierno perdería. Las encuestas que encargó el propio Poder Ejecutivo señalaban que sólo un 33% de los encuestados aprobaba la sanción de la ley.
En la calle
En la semana previa a la aprobación parlamentaria, Cartes negó que su gobierno piense en vender bienes del Estado. “Ofrezco mi cabeza en la plaza pública si se llega a vender un ladrillo del Estado”. El proyecto luego transformado en ley se denominó “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.
Cartes acusó a quienes critican la norma: “no entienden lo beneficioso que es para todos los paraguayos la alianza público-privada; la mayor generadora de empleos es el sector privado (…) no quieren que el progreso llegue a Paraguay”. Estas declaraciones del mandatario fueron hechas durante el anuncio de que el Estado recuperaría el control de Aceros de Paraguay (Acepar), una empresa concesionada al grupo argentino Taselli que no cumplió con sus compromisos de inversión y violó sistemáticamente normas laborales y ambientales durante su gestión.
Pese a las aclaraciones del Presidente, la aprobación por parte del Legislativo causó indignación en las fuerzas populares. Al conocerse la votación, unas cinco mil personas que manifestaban en la Plaza Independencia, frente al Congreso Nacional, estallaron en repudio y fueron reprimidos por la desproporcionada fuerza policial que se desplegó en la zona. La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos y persiguió por las calles del centro histórico de Asunción a los manifestantes, en su mayoría trabajadores agremiados de las empresas estatales, sindicatos fraternos y militantes de partidos de izquierda.
Esa marcha de protesta fue una de las tantas de ese día, con reclamos que se sintieron en las calles de todos los departamentos paraguayos. En total, una multitud de alrededor de 50 mil personas se movilizó de forma pacífica en todo el país, incluyendo el corte del Puente de la Amistad que une Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú, una de las principales vías de comunicación del país. También se realizaron cortes intermitentes en rutas de todo el país.
Punto de partida
Las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Democrática, integrada por sindicatos de trabajadores de instituciones del Estado, partidos y movimientos políticos progresistas y de izquierda, federaciones de campesinos, indígenas y estudiantes de todo el país continuarán con “más fuerza” dijo Luis Aguayo de la Mesa Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc) que consideró a la protesta del 28 como un “punto de partida”.
Aguayo alertó que una vez que el Parlamento delegue un poder absoluto en el presidente Horacio Cartes “él hará a su gusto los negocios con los empresarios, él va a vender y liquidar nuestras riquezas y en caso que haya controversia tendremos que litigar frente a tribunales internacionales, especialmente en Estados Unidos”.
Antes de que los legisladores aprobaran la normativa, el dirigente Juan Torales, de la Central Nacional de Trabajadores, hizo un llamado a los diputados y les advirtió que el pueblo les demandará estas decisiones. “Esta gente está clamando que se les escuche, que se dé lugar a las 70 mil firmas que hemos presentado como iniciativa popular”, dijo en referencia a las movilizaciones sociales que siguieron al debate en las calles.
El representante de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), Federico Enciso, afirmó: “los 40 mil estudiantes organizados de la educación media decimos un no rotundo al proyecto de ley porque es la puerta de un gobierno de dictadura stronissta. No lo vamos a permitir. Así como las organizaciones sindicales se van a declarar en huelga general, los 200 mil estudiantes secundarios vamos a salir a las calles a manifestarnos en contra de este atropello a la ciudadanía”
Mercedes Canese, dirigente del Frente Guasu, señaló que la ley viola el principio del equilibrio y control recíproco de los poderes del Estado, establecido en la Constitución nacional, que además señala que este tipo de emprendimientos sólo puede realizarse con el acuerdo del Congreso en cada caso particular.
Canese recordó que con la APP, las concesiones que otorgue el Estado al sector privado tendrán un plazo de 30 años, que pueden extenderse a 40 si la empresa alega que aún no tuvo la tasa de retorno suficiente o exige reparaciones por supuestos perjuicios o hechos fortuitos. Agregó que la propuesta no determina explícitamente qué organismo estará a cargo del arbitraje en caso de diferendos, hecho que abre el camino a una potencial pérdida de soberanía jurídica para el país.
Como parte de sus acciones para “atraer” inversores privados, el Estado paraguayo se compromete a brindar compensaciones en el caso de que las empresas privadas sufran pérdidas o se presenten controversias judiciales, para lo cual se prevé crear un fondo de garantía cuyo principal aportante será el Estado.
La APP seguramente será denunciada por inconstitucional por los sectores políticos y sociales que la rechazan. Sin embargo las dudas del éxito de este cuestionamiento jurídico se apoyan en una Corte Suprema de Justicia (CSJ) que es considerada venal por la mayoría del país y en el respaldo que la ley obtuvo de la mayoría de los gremios empresariales y del establishment paraguayo.
Desde Asunción, Jorge Zárate
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